En una resolución que define apenas en qué lugar tiene que tramitar un caso toma sustancia una compleja trama que vincula el campo de la seguridad y la política. Este martes un juez definió que el encubrimiento de un homicidio que implica a oficiales superiores que terminaron su carrera en San Lorenzo sea juzgado en los Tribunales de esa ciudad y no en Rosario.
El caso es el del ocultamiento presunto de parte de estos policías de un incidente en un control de alcoholemia en Capitán Bermúdez que terminó con el asesinato de un conductor de 23 años, Juan Cruz Vitali, que en apariencia evadió un puesto con presencia policial. Esto ocurrió el 12 de mayo de 2019. Vitali no se detuvo ante los conos naranjas del operativo conjunto de personal de tránsito y la policía de la Unidad Regional de San Lorenzo. Fue perseguido por móviles hasta ser detenido por patrullas que se le cruzaron. Hubo cuatro disparos en el lugar. Vitali que iba acompañado por su novia se escapó corriendo hasta entrar en lo de su tío y tratar de ingresar al patio. Era perseguido por el comisario Sergio Di Franco que le disparó según la acusación y la querella dos veces. Uno de los tiros dio en la nuca del joven y lo mató.
Por este caso, el del homicidio, hay una investigación fiscal promovida inicialmente por el fiscal Luis Schiappa Pietra que tiene presentada la acusación y espera juicio oral y público en San Lorenzo, con un pedido de prisión perpetua para Sergio Di Franco.
Este caso tramitó siempre en San Lorenzo y primero estuvo a cargo de la fiscal Melisa Serena. El entonces fiscal regional de Rosario Patricio Serjal incorporó al caso al fiscal de Rosario Miguel Moreno, hoy camarista penal que entonces trabajaba en Homicidios. Frente a eso el legajo se trasladó a Rosario pero no la competencia territorial. Moreno avanzó y admitió una prisión domiciliaria como medida cautelar para Di Franco. Luego el comisario quedó en libertad hasta la actualidad.
Di Franco estaba vinculado a un sector de oficiales con historia controvertida en Santa Fe. Eran efectivos que en los años 90 fueron personal jerárquico de la antigua sección Drogas Peligrosas. Entre ellos estaban los comisarios Gustavo Spoletti y Gonzalo “Chino” Paz. Ambos hicieron el tramo final de sus carreras policiales en la Jefatura de San Lorenzo con vínculos reconocidos con el senador Armando Traferri, el dirigente de mayor peso en el distrito en las últimas dos décadas.

Cuando en la causa Alvarado se abrió el teléfono de Gustavo Spoletti aparecieron alusiones concretas de lo de Vitali. Allí los fiscales del caso, el mencionado Schiappa Pietra y Matías Edery, encontraron indicios categóricos de que se había generado una versión alternativa para disimular la responsabilidad de Di Franco en el homicidio del muchacho. Estos policías habían sido camaradas de Di Franco en Drogas Peligrosas y en ese momento eran sus colegas de cúpula en San Lorenzo.
Esto es lo que generó una segunda causa adicional a la del homicidio, que es la de su encubrimiento. Lo que se planteó es que los policías Gonzalo Paz y Jorge Quintana realizaron maniobras para construir la idea de que los disparos de Di Franco que mataron a Vitali habían sido accidentales, producto de un forcejeo entre Di Franco y el joven de 23 años. Paz en ese momento era jefe de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo.
Sobre este tema se dio la controversia de la competencia que el juez Aldo Bilbao resolvió en audiencia. Los defensores de los policías imputados de tergiversar los hechos reclamaron que la causa debía tramitar en San Lorenzo donde también está radicada el expediente principal que es el del crimen de Vitali. El fiscal José Luis Caterina, que reemplaza a los que originariamente investigaron, postulaba que siguiera en Rosario ante la idea, definida con anterioridad, de que fue en esta ciudad donde se orquestó el ocultamiento de los hechos. Bilbao les dio la razón a los defensores de los implicados y remitió las actuaciones a San Lorenzo.
Por el encubrimiento están imputados Gonzalo Paz, Jorge Quintana y el mismo Di Franco acusado de matar a Vitali. Di Franco era entonces jefe de la Agrupación Cuerpos de San Lorenzo. Quintana era Jefe Criminalístico de la PDI y le atribuyen haber presionado a un perito para cambiar la evidencia balística de modo de favorecer a Di Franco.

Hay una disputa lógica en este caso y es la inadmisible demora de la fiscalía en avanzar con un encubrimiento ocurrido presuntamente hace siete años. Y un problema para las defensas al mismo tiempo para objetar la facticidad de lo que está en debate. Y es que el mismo Spoletti , en aquel momento jefe de Plana Mayor de San Lorenzo, aceptó condena en juicio abreviado por el encubrimiento en el asesinato de Vitali. Él era el cuarto acusado por el falseamiento de los hechos.
Todo el asunto está, de uno y otro lado, cruzado de sinuosidades adicionales. El defensor de Gonzalo Paz es el ex fiscal Mariano Ríos Artacho, quien renunció a ese cargo en el Ministerio de la Acusación cuando fiscales de la Procuración Contra el Narcotráfico (Procunar) descubrieron que un vehículo a su nombre lo manejaba el condenado policía Juan José Raffo por pertenecer a la Banda de Los Monos. No hubo no obstante ningún proceso penal contra Ríos Artacho que ejerce legal y legítimamente como abogado.
“Para nosotros no tiene lógica que tramite en Rosario un hecho vinculado de modo indisociable al caso principal que es el homicidio y que se lleva en San Lorenzo”, le dijo Ríos Artacho a Suma Política. Su posición fue la que prevaleció en la audiencia. El abogado de Paz consignó que su cliente solo fue implicado “por avisar de una reunión que habría en una estación de servicio Shell de un perito de Reconstrucciones Integrales y un jefe policial. No estuvo en esa reunión y a nuestro criterio no hay nada que indique mérito para estar involucrado en este legajo”, refirió.
Raffo es un ex policía que tiene lazos acreditados con el campo del delito y se constituyó como agente financiero de sectores vinculados al lavado de activos. Es un hombre de relación estrecha con la oficialidad de Drogas Peligrosas de la que Gonzalo Paz fue un miembro prominente. Se trataba de una repartición muy opaca. Es un hito en los procesos ligados al narcotráfico en Rosario cuando el traficante Jorge Halford dijo en un juicio refiriéndose a Drogas Peligrosas: “El verdadero cartel de drogas en Santa Fe es la policía. En Rosario nadie vende si no es con el permiso de la policía. Tienen más de doscientas personas y a mí me usaron para limpiarse”.
En ese juicio en la Justicia Federal en Oroño al 900 Halford admitió que 153 kilos de drogas secuestrados eran suyos. Pero dijo que llegaron a ellos con un procedimiento plantado de Drogas Peligrosas que fue una práctica ilícita histórica de la repartición. En ese juicio Halford terminó condenado y Gonzalo Paz y sus oficiales libres de reproche.
Respecto del caso remitido a San Lorenzo, el que respecta al encubrimiento del caso Vitali, ahora tanto el caso por el cual Sergio Di Franco está acusado de homicidio agravado y el encubrimiento podrían tramitar juntos en San Lorenzo. Para reanudar el demorado trámite de un pleito por lo que aparece como dos desmesuras. La mayor es la ejecución por la espalda de un joven frente a una infracción aparente de naturaleza menor ante la concreción de su homicidio. También el armado oficial de una versión alternativa para disimular lo ocurrido.

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