En año electoral, la política disputa todos los espacios. Algo de eso pasará este martes a la mañana cuando los responsables del área de Seguridad del gobierno santafesino asistan a la convocatoria realizada por los legisladores para que expliquen si se ejecutaron y con qué destino los fondos que llegaron para ser utilizados en el marco de la ley de emergencia en seguridad.
Es una exigencia que le pusieron diputados y senadores antes de aprobar una renovación por lo que resta del 2023 de ese procedimiento, que le permite al Gobierno utilizar los recursos sin tantas exigencias burocráticas y facilita la compra de insumos y equipos.
El gobierno ya adelantó que irá a la reunión convocada para las 10 y que preparó un informe con el detalle de lo gastado con el 99% de los recursos afectados a la emergencia, tal como había adelantado la ya renunciada secretaria financiera de Seguridad, Ana Morel.
El trámite será cumplido por el nuevo funcionario a cargo del área, Gustavo Bode, de perfil más político que su antecesora, y el ministro Rubén Rimoldi, junto a gran parte de su gabinete de colaboradores.
Pero el primer problema será dónde y ante quienes brindarán ese informe a la comisión bicameral de seguimiento de la ley de emergencia. Desde el gobierno destacan que por ley deben hacerlo sólo ante los seis miembros designados por la Legislatura, tres por cada Cámara.
El lugar acordado es “un salón” de la Cámara de Diputados, pero no el recinto. Esta última aclaración está destinada a desalentar la participación de los presidentes de bloque de Diputados, que según el oficialismo se “autoconvocaron” para participar también de la rendición de las inversiones en seguridad. En cambio los senadores no habrían realizado similar convocatoria.
Desde la Casa Gris advierten que si el encuentro termina siendo ante más de seis legisladores, es probable que los funcionarios dejen el informe y se vayan de la reunión, aunque las negociaciones de las primeras horas de la mañana pueden hacer que la sangre no llegue al río.
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