Y después de tres años, volvió el debate por el Presupuesto. El gobierno triunfante en 2023 lo durmió por dos períodos, esperó su momento de relativa mayoría que consiguió con la elección de octubre pasado y en la primera sesión del nuevo Congreso aceleró a fondo con su receta implacable: velocidad sin precedentes (apenas 48 horas después de conocido el dictamen definitivo) y profundidad ideológica, también sin antecedentes en la historia argentina.
Con 132 votos favorables, 97 en contra y 19 abstenciones, el oficialismo, luego de 10 horas de sesión, consiguió este miércoles la aprobación en general del Presupuesto 2026. Luego, ya en la madrugada, se reiteraron 11 votaciones, una por cada capítulo (totalizando los 85 artículos, la totalidad de la ley).
A pesar de las propuestas de modificaciones, que no fueron aceptadas, el oficialismo pudo sortear todas las votaciones con holgura, excepto en el capítulo 11, que incluyó de manera oculta —el oficialismo impidió la votación por artículo— la derogación de las leyes de Discapacidad y Presupuesto universitario. Pero la jugada le salió mal a la bancada libertaria: la oposición se impuso 123 a 117, con dos abstenciones. Es decir que, pese al deseo manifiesto de gobierno nacional por derogarlo, se mantiene el financiamiento para discapacidad y las universidades.
Las abstenciones, con leves variaciones según los capítulos, fueron impulsadas por el bloque Provincias Unidas, a través de la santafesina Gisela Scaglia.
Con el mantra del equilibrio fiscal, La Libertad Avanza y su consolidado sistema de alianzas (“el bloque Kueider” según Nicolás del Caño, del FIT), construyó una guía de recaudaciones y gastos que golpea sobre la enorme mayoría de los argentinos —donde se incluyen millones de votantes de LLA— y beneficia a un pequeño sector de la cúpula de la pirámide social y económica. El sector público, la producción nacional, jubilados, estudiantes y el sistema de salud, entre otros, no tendrán nada que festejar cuando empiece a correr el año 2026.
El primer Presupuesto del mileísmo excede largamente una propuesta de administración nacional para el próximo año y luce como una transformación profunda de toda la estructura económica y social de la Argentina.
Para conseguir los votos, el oficialismo distribuyó a cuentagotas, en las últimas semanas, algunas decenas de miles de millones de pesos entre un puñado de gobernadores sensibles a los llamados de la Casa Rosada, entre ellos algunos de origen peronista, con el caso de Tucumán y Catamarca como los más llamativos.
La aprobación en general del Presupuesto nunca estuvo en duda, aunque el debate más fino se centró en la jugada de última hora del oficialismo de introducir la derogación de las leyes de presupuesto universitario y discapacidad (ambas leyes aprobadas con más de dos tercios, por insistencia contra los vetos presidenciales). Unión por la Patria impugnó ese cambio de última hora, y promete llevarlo a la justicia por presunta inconstitucionalidad. También la oposición pugnó por lograr una votación artículo por artículo —y no por capítulos, como finalmente se votó en particular)— pero el oficialismo, en el inicio de la sesión, impulsó y ganó la votación en el recinto por ese aspecto reglamentario: ganó 130 a 112, y despejó la única duda que flotaba en el ambiente del recinto.
Sobre este aspecto, fue el santafesino Nicolás Mayoraz (LLA) quién argumentó a favor de la presunta legalidad en el sentido de que una ley de Presupuesto puede derogar leyes previamente existentes. También Mayoraz justificó como legítima la decisión del oficialismo de no abrir (para algunos artículos especialmente conflictivos) la votación artículo por artículo, como ha sido tradición en todas las votaciones de presupuestos, al menos en los últimos 25 años.
En el inicio de la sesión, fue el también santafesino Agustín Rossi (UxP) quién puso la lupa sobre ese aspecto clave que, aprobado por el Senado, agudizaría el declive y deterioro del sistema educativo superior argentino. En total, el Presupuesto asigna a toda la educación pública argentina el 0,77 por ciento, casi la mitad del promedio que se aplicó durante los gobiernos peronistas cuando rondaba el 1,4 por ciento.
El nuevo recinto de Diputados, más que nunca, estuvo dividido en argumentos y posiciones irreconciliables. Del lado del oficialismo, fue todo justificación del programa oficialista y ataques permanentes al bloque principal de la oposición, que se identificó con el cartel “Cristina libre” colocado en las bancas de la casi totalidad de los 93 miembros peronistas.
En la pequeña zona ideológica no libertaria y no peronista-kirchnerista, por caso, la cordobesa Natalia De la Sota, calificó el Presupuesto como “absolutamente de ajuste y antifederal”. “Queda claro que este presidente es el más antifederal de la historia, los aportes a las provincias cayeron el 70 por ciento en promedio en 2024 y cifras parecidas en 2025. El gobierno festeja el equilibrio fiscal cuando estamos viviendo un trágico desequilibrio social y económico”.
“Hoy nos explotaron los teléfonos a muchos de los que estamos acá, desde el sector de la educación y de la discapacidad”, completó De la Sota.
Ya a la hora de los cierres, con casi 10 horas de sesión, Máximo Kirchner intervino y se preguntó: “¿Qué país quieren? Suelen decir que al peronismo lo votan ‘los que no tienen educación’ pero resulta que desfinancian la educación, no se entiende”. Y luego agregó, “¿Por qué sacan el beneficio de zonas frías? Perjudican a cientos de miles de argentinos de varias provincias”, siguió el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires.
“Y a los discapacitados, ¿para qué quitan esos subsidios? ¿Creen que le van a poder pagar al FMI con la plata de los discapacitados? Eso no va a ocurrir”, continuó Kirchner, para concluir, con más preguntas: “¿Dónde están los dólares de la deuda que tomó Milei? En infraestructura no se ve, en inversiones tampoco. La sociedad argentina les dio una oportunidad más, y la están empezando a desaprovechar hoy. La sociedad va a terminar pidiendo lo que merece”.
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