La provincia de Santa Fe vio perder en dos años del ciclo libertario libertario 2.276 empresas y 15.128 puestos de trabajo registrados, equivalentes a un 4,5 % y 2,4 %, respectivamente. Junto con el transporte, la industria está en el podio de este deterioro, que muestra una dinámica particular: los establecimientos de menor tamaño son los que más caen y los de mayor tamaño los que más expulsan trabajadores.
El último informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) actualiza el cuadro de una crisis expuesta desde distintas fuentes de información, como el índice que ubica al Gran Rosario como el tercer aglomerado con mayor tasa de desempleo del país (8,9 %), los reportes de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) que en noviembre mostraron un derrumbe del 5,4 % y una baja de actividad en el 75 % de las ramas fabriles, y los expedientes de concursos preventivos y quiebras del año pasado, con aumentos de 150 % y 60 %, respectivamente.
Grandes “marcas industriales” de la provincia están atravesadas por crisis de diverso origen y envergadura. Sancor, en concurso y con ex directivos procesados; Acindar, que trabaja con un régimen marco de suspensiones y que en la semana vivió un pico de tensión por el conflicto del gremio con empresas contratistas; Vassalli, cuyos trabajadores penan a la espera de una venta que la saque de la parálisis; Lácteos Verónica, que el miércoles fue escenario de una pueblada en la planta de Clason, y General Motors, que seguirá cortando el trabajo una vez al mes en la planta de Alvear, con la mitad de trabajadores que hace dos años y con un futuro desafiante al que no es ajeno el reciente cambio en la cúpula sudamericana. Thomas Owsianski, un ex Volkswagen con experiencia de crisis, incluida la propia convocatoria de GM en Estados Unidos hace poco más de diez años, “llega a la región en un momento de profunda transformación” marcada por la aceleración tecnológica, dijo la firma en un comunicado. La nueva Vicentin, que hace unos días comenzó con los primeros pagos a acreedores, dio los primeros pasos para salir de ese pantanal luego del cramdown. Pero entró Bioceres SA, la otrora joya biotecnológica de la región que desde mitad del año pasado fue expulsada del purgatorio del Nasdaq, cargada con los pecados del conglomerado trasnacional que ahora dirige el hijo del fundador.
El mapa y el territorio
Estas situaciones no serán obstáculo para que las estadísticas muestren por segundo año consecutivo el crecimiento de la economía santafesina. La semana próxima, el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) difundirá el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imae) de noviembre. Hasta octubre acumuló una expansión de 6,6 %. Paradójicamente, la industria manufacturera lideró las alzas del mes, con una suba del 14,6 % y una incidencia positiva de 4,3 puntos porcentuales en la variación general. Aunque el reporte oficial no lo desagrega, informes privados como el de Fisfe habilitan a inferir que esa suba estuvo impulsada principalmente por el crecimiento del procesamiento de granos oleaginosos, secuela de la barata de tres días en derechos de exportación. En noviembre, indicadores del Indec y privados mostraron derrumbes manufactureros. Aun cuando permeen en las cifras provinciales, serán contrastadas con los efectos del arranque de la cosecha de trigo y la siembra de granos gruesos en el marco de una campaña que pintaba excelente hasta hace unas semanas, cuando las lluvias empezaron a ser esquivas en la región núcleo.
En definitiva, la economía provincial aparecerá en los grandes números como ganadora de los años de Milei, incluso el crítico 2024, cuando el PBI de Argentina cayó 1,7 % y el PBG de Santa Fe creció 4,1 %. El clima y sus consecuencias económicas hicieron la diferencia. Los efectos de la sequía histórica en el agro habían hundido 7,3 % a la provincia en 2023, por sobre la contracción del 1,4 % a nivel nacional. Ya en 2022, que fue un año de crecimiento del 5 % a nivel país, en la provincia asomaba una baja de 0,2 %.
Cambio de época
La recuperación de la producción agropecuaria y de industrias y servicios vinculados amortiguó el impacto agregado del cambio de política económica, sin frenar la incipiente transición de la estructura productiva hacia un perfil más primarizado que el de hace unos pocos años atrás. El ritmo feroz que muestran las políticas anti industriales del gobierno nacional y la rapidez con la que los actores del sector abrazaron la reconversión importadora, sumados a la consolidación de un nuevo marco de leyes nacionales y tratados internacionales, levantan la sospecha de que el sueño procesista de un país sin chimeneas está más cerca que otras veces de cumplirse.
Liderado por una generación de políticos que fue permeada en parte por este imaginario “transformador”, el actual gobierno santafesino eligió no convertir esta problemática en un eje de confrontación. A diferencia de la administración de Miguel Lifschitz en sus primeros tiempos, la actual eligió no plantarse frente a los efectos de la política económica en el empleo y las industrias, sino adoptar una estrategia adaptativa. Con excepción de temas puntuales que pegan en su base electoral, como el de las retenciones, los gritos federales se apagan en los conflictos laborales, y dejan paso a una gestión de acompañamiento y potenciación de las actividades supervivientes.
Esa estrategia adolece de épica pero tiene su miga. Con el objetivo declarado de convertir a Santa Fe en una plataforma logística, de servicios y eventualmente de agregado de valor de las actividades y regiones ganadoras del nuevo modelo económico, puso en marcha un plan de infraestructura que sobresale en esta época y cumple el rol multiplicador de mejorar la conexión de esas producciones con el complejo portuario de la región, ampliar la provisión de energía (por ejemplo con el plan de gasoductos) y crear puestos de trabajo en un sector dinámico como la construcción.
En otro nivel, asiste a las empresas que invierten en la adaptación local al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (Rigi), ofrece créditos a tasas subsidiadas, alienta los debates sobre una nueva ley de biocombustibles, diseña fondos de garantía y de promoción científica, promueve rondas de negocios nacionales e internacionales, como el Santa Fe Business Forum, y participa en algunas batallas de baja intensidad pero alta relevancia con el gobierno nacional. Por ejemplo, la que permitió avanzar un paso en la búsqueda de reducir la tarifa de gas a grandes usuarios, que hoy pagan el transporte de ese fluido como si todavía se importara de Bolivia y diera toda la vuelta.
El fortalecimiento de políticas de Estado como la mesa de gas, petróleo y minería es una contribución importante a que la golpeada industria local se reinserte como abastecedora de las actividades económicas en la cordillera. Es intenso también el trabajo en asistencia técnica y capacitación, lo que permitió reactivar el astillero de Pueblo Esther y coordinar acciones con el Polo Tecnológico para incentivar la adopción de Inteligencia Artificial en las fábricas. La nueva ley tributaria le puso algo de audacia a ese rumbo al localizar beneficios impositivos atados a la creación de empleo y decisiones de inversión en la provincia. “Un poco de trumpismo”, bromean con algo de exageración en el gabinete santafesino. A miles de kilómetros, mientras el foro económico mundial enterraba el viejo orden ídem, el avatar pampeano del estadounidense declaraba su amor ciego al libre comercio.
Maquiavelo vive
Como Maquiavelo murió pero su espectro vive en Casa Rosada, el intento santafesino de “adaptación activa” al modelo nacional choca con la preferencia del Ejecutivo nacional por tejer acuerdos más rústicos con gobernadores urgidos por pagar sueldos pese a que conducen, en más de un caso, territorios teóricamente llamados a embucharse de inversiones en recursos naturales.
La administración nacional ve el proyecto de reforma laboral, y la reforma tributaria que contrabandea dentro de él, como una oportunidad para cerrar el cerco sobre los distritos que ostentan algún grado de autonomía. Sin que sobren las reservas económicas y condicionados por su ideología y las presiones de sus círculos rojos, sus mandatarios no solo comparten con la CGT alguna foto ya lejana, sino la incertidumbre frente a una jugada de jaque.
Hacia ambos se dirigió el pronunciamiento de 25 gremios que el miércoles se reunieron en la sede porteña de la Unión Obrera Metalúrgica. Referentes sindicales de las ramas metalúrgica, aceitera y del transporte, entre otros, visibilizaron su inquietud por la falta de resistencia a la iniciativa que apunta a demoler el mundo del trabajo y la producción tal cual se conoció hasta hace poco. “Los gobernadores no pueden negociar exclusivamente en base a sus intereses locales, llevándose puestos los derechos de todos los trabajadores”, advirtieron. La convocatoria tendrá nuevos capítulos y más protagonistas. Una medida de fuerza asoma en el horizonte.
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