Se ubicó en la segunda fila para la foto con otros condenados por crímenes de lesa humanidad y los diputados de La Libertad Avanza que fueron de visita a la cárcel de Ezeiza, pero se lo distingue con nitidez en la imagen. Mario Alfredo Marcote hasta esboza una sonrisa, quizá con la expectativa de recuperar la libertad con las gestiones de un grupo de legisladores libertarios y abogados para que los represores de la última dictadura tengan su puerta giratoria.
“Marcote fue uno de los represores emblemáticos del Servicio de Informaciones de la policía de Rosario. Desde un principio estuvo entre los más nombrados por los sobrevivientes. Junto con José Rubén Lofiego, mostró la cara más feroz del centro clandestino que funcionó en la ex Jefatura de Policía de Rosario, porque ambos estaban directamente asociados con el circuito de la tortura”, explica la abogada Jesica Pellegrini, representante de la querella en la causa Feced.
“Las víctimas lo recordaban como el Cura porque Marcote hacía ostentación de símbolos religiosos: andaba con un crucifijo, tenía afiches con motivos de la Iglesia Católica, daba sermones e intentaba sacar información a los prisioneros apelando a la figura de Dios y a que confesaran”, agrega Pellegrini, también concejal por Ciudad Futura. Si los represores utilizaron alias para ocultar sus identidades, “en este caso particular el apodo fue parte de la ostentación y de la perversidad con que se manejaba Marcote”.
La espiritualidad no era más que una máscara. “No tengo ningún problema en que me vean, porque los voy a matar a todos”, amenazaba Marcote a los prisioneros. El 2 de diciembre de 1980 pidió la baja de la policía y entre ese año y 1984 trabajó en el Instituto de Servicios Sociales Bancarios. El Arzobispado de Rosario le facilitó un empleo como celador en el Colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones, de Salta y Ovidio Lagos. Carlos del Frade lo ubicó en el lugar en 1995, y Marcote intentó una vez más el número del represor bueno: había querido humanizar la tortura, dijo, y preparaba un libro llamado “La corporación”. El escándalo del momento forzó su renuncia.
La psicopatía del Cura se recortó con un perfil particular en la galería de criminales que rodeaba al jefe de policía Agustín Feced. “Si bien participó de secuestros, interrogatorios y torturas, se caracterizó por la violencia sexual hacia las víctimas: Marcote fue el violador serial del Servicio de Informaciones”, puntualiza Pellegrini.
Marcote tiene 74 años y cumple tres condenas, la primera de 2012: 25 años de prisión por privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, en la causa Feced I; prisión perpetua por privación ilegítima de la libertad, tormentos, homicidios calificados y violación agravada contra dos ex detenidas, en la causa Feced III y IV; y 17 años de prisión por privación ilegítima de la libertad, tormentos y violación agravada en perjuicio de otra ex prisionera. “Si bien fue de los que optó por declarar, no brindó ningún elemento que sirviera para la causa. Admitió haber trabajado en el Servicio de Informaciones en el momento en que se lo enjuiciaba”, detalla Pellegrini.
“Hice las cosas lo mejor que pude. No me arrepiento de nada. Duermo con absoluta tranquilidad de confianza”, declaró Marcote en marzo de 1995, entrevistado por José Maggi para el noticiero de Cablehogar. “Marcote fue el que pegó una frase en La Favela (un sector del centro clandestino) que decía felices los que vuelven a empezar. Además todos sabíamos que era violador”, denunció entonces Ana Moro, ex detenida desaparecida. Ahora Marcote se ilusiona con la libertad que avanza en defensa de los represores.
El clima de época
Los responsables del terrorismo de Estado en la zona de Rosario no se resignan a la prisión. Pero las últimas resoluciones de la Justicia Federal de Rosario desalientan las expectativas que abona el clima de época.
A principios de julio, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario rechazó el pedido de libertad condicional de Lucio César Nast y revocó el beneficio de prisión domiciliaria del que gozaba “por haber variado las condiciones excepcionales de su otorgamiento (durante la pandemia de COVID 19) y porque las afecciones de salud invocadas no impiden ser tratadas en un establecimiento carcelario, no implicando ello un trato cruel, inhumano ni degradante”. Nast tiene una condena firme de 22 años de prisión en la causa Feced II y otra apelada a 16 años de prisión en la causa Feced III, ambas por crímenes de lesa humanidad; además el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario le impuso prisión preventiva recientemente por su probable responsabilidad en seis homicidios calificados que se investigan en la causa Valle.
Juan Daniel Ámelong, condenado con una prisión perpetua firme, penas de 13 y 10 años de prisión también firmes y otras dos prisiones perpetuas aún no ratificadas, tampoco tuvo suerte: el 8 de mayo, el juez federal Germán Sutter Schneider rechazó su pedido de libertad condicional. El fiscal Adolfo Villatte planteó que el ex oficial del Ejército “está procesado con prisión preventiva en dos causas elevadas a juicio y es investigado en una tercera causa”, además de recordar la sentencia firme por 36 homicidios agravados, otra no ratificada por diecinueve desapariciones forzadas, y condenas por 72 casos de torturas y 59 privaciones ilegítimas de la libertad.
Ámelong “ha tenido actitudes provocadoras, irónicas y humillantes en referencia a las víctimas de estas causas y sus familiares, e incluso ha generado escenas escandalosas en las salas de audiencia”, sostuvo Villatte. El represor está preso desde el 17 de mayo de 2004 y se encuentra en la Unidad 34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo.
El 7 de marzo, Ámelong participó con otros condenados de una reunión con funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación: el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar Guillermo Madero y el director nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes. En Campo de Mayo está detenido también el ex oficial de inteligencia de la policía santafesina Eduardo “Curro” Ramos.
“No se presentaron hasta el momento otros pedidos de condenados en Rosario. Sí hay un pedido nuestro para que se revea la situación de Julio Héctor Fermoselle, condenado en las causas Feced, para que se revoque la prisión domiciliaria y vuelva a una cárcel común como ordenó el Tribunal de Casación. Tenemos una audiencia el 22 de agosto para discutir esta cuestión”, informa el fiscal Villate.
“Está todo raro, aparecen distintos mensajes”, dice el titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario a propósito de la coyuntura. En ese marco, “la posición que asume el Papa tiene un mensaje político muy fuerte: al recibir a la hija de víctima de Alfredo Astiz y al visitar a la sobrina de la monja Leónie Duquet, desaparecida en la Esma, está marcando la cancha en el sentido de no avanzar en el sentido de la impunidad”.
Bajo amenaza
El 11 de julio Mario Alfredo Marcote recibió junto a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio “Rata” Pernías y otros condenados por delitos de lesa humanidad a los diputados nacionales Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Guillermo Montenegro. Según una investigación del sitio Data Clave documentada con imágenes y reproducciones de chats, la visita a la cárcel de Ezeiza formó parte de las acciones de un grupo más amplio de legisladores, abogados y religiosos que delibera desde mediados de febrero con el objetivo de liberar a los represores.
La denuncia menciona entre los integrantes del grupo a Nicolás Mayoraz, diputado nacional de La Libertad Avanza, promotor además de la campaña “basta de adoctrinamiento” en la Universidad Nacional de Rosario y, de acuerdo a otra versión que suena fuerte, candidato de los libertarios para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Rocío Bonacci se desmarcó de inmediato de los objetivos de la visita a Ezeiza, adonde dijo que fue engañada. La diputada santafesina afirmó que el encuentro tuvo la venia de la ministra Patricia Bullrich, quien abrió las puertas del Servicio Penitenciario Federal para los diputados, y confirmó que existe “una planificación para disminuir las penas o darles prisión domiciliaria” a los represores. Mayoraz, en cambio, se mantiene en silencio.
A fines de abril los concejales Sabrina Prence y Franco Volpe, del bloque Vida y Libertad, anunciaron el lanzamiento de la plataforma Basta de Adoctrinamiento para denunciar supuestos actos de discriminación y persecución ideológica en la Universidad Nacional de Rosario. El 15 de mayo, el diputado Mayoraz dijo que ya se habían recibido un centenar de testimonios.
Ese mismo día fueron amenazados de muerte la presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes, Violeta Finocchiaro, y un militante de la Juventud Universitaria Peronista de la Escuela de Enfermería de Ciencias Médicas, de nombre Ignacio. Ambos recibieron sobres cerrados a su nombre, con sus números de documento, y en el interior el mismo mensaje: “Para vos, cárcel o bala. Sabemos dónde encontrarte. VLLC”. En el caso de Ignacio, el mensaje incluyó una foto que le habían tomado cuando salía de su casa.
Las amenazas son investigadas por el fiscal Marcelo Maximino. “Tiene prevista unas tomas de declaraciones por una línea concreta investigativa en curso. Por el momento (se mantiene) en reserva”, informó Sebastián Carranza, director de la Oficina de Prensa de la Fiscalía Regional de Rosario.
“Las amenazas de muerte contra estudiantes, junto con los hechos de amedrentamiento de la compañera de Hijos, no solo forman parte de un clima de época que baja de las altas esferas de nuestro país”, afirma la concejala Pellegrini. “Estos hechos tienen directa relación con una posición negacionista y de apología del delito de las autoridades del Ejecutivo nacional y distintos poderes de La Libertad Avanza, que habilita la violencia y la impunidad”.
También habría una directa relación entre la campaña contra el llamado adoctrinamiento que impulsa al candidato a integrar la Corte Suprema de Santa Fe y las amenazas contra estudiantes, según expresó Violeta Finocchiaro: “Hubo una marcha estudiantil y en la semana se habló de adoctrinamiento en las facultades de Ciencias Médicas y Humanidades, donde recibimos las amenazas”. Teléfono para la Fiscalía de Rosario.
Agradecimientos: Museo de la Memoria de Rosario.
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