Iban a ser diez, pero la suma da un número mayor y sigue. El Programa Integral de Recompensas que el gobierno de Santa Fe implementó en febrero de 2025 se aceleró esta semana con ofrecimientos en procura de datos para resolver múltiples causas en la provincia, además de incrementar los montos que el gobierno de la Nación dispuso para dar con prófugos de la Justicia.
No hay hasta ahora una lista de “los diez más buscados”, como se anunció a principios de mes. Lo que sucedió, en cambio, es que la Unidad de Homicidios de la Fiscalía de Rosario relevó casos con pedidos de captura, seleccionados por el tiempo que llevan sin novedades y porque son considerados de importancia para la investigación. Los recientes ofrecimientos de recompensa surgieron de un análisis conjunto entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.
Según explica la Fiscalía de Rosario, “la solicitud de colaboración se determina siguiendo el lineamiento de la investigación dictada por cada fiscal interviniente en cada caso”. Los objetivos priorizados “superan los diez casos” y “la recompensa apunta específicamente a datos puntuales y precisos que permitan la localización del buscado”.
El Programa responde a “dos cuestiones básicas”, como afirmó el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en su presentación: la pretensión de reforzar “el compromiso entre los distintos actores del Estado de luchar contra la impunidad” y de contribuir al esclarecimiento exhaustivo de los casos porque “si bien los autores pueden haber sido condenados, o estar muertos, que alguno de ellos quede vivo o en libertad representa una amenaza para la sociedad, un potencial peligro”.
Hay otros factores que gravitaron en el lanzamiento del Programa: la necesidad de mejorar la eficacia del Ministerio Público de la Acusación en la investigación de homicidios y el reclamo de familiares de víctimas, que empezaron a reunirse y se convirtieron en un actor público a partir del asesinato del arquitecto Joaquín Pérez. Este crimen se registró el 19 de octubre de 2021 en Arroyito, tiene a un imputado como partícipe pero todavía se desconoce la identidad del homicida.
Subiendo la apuesta
El Ministerio de Seguridad de la Nación también tiene su programa de recompensas, pero está focalizado en prófugos de la Justicia. El gobierno de Santa Fe, en cambio, también apunta a encauzar investigaciones que se encuentran paralizadas. Las capturas de Matías Ignacio Gazzani y Vicente Matías Pignata son objetivos compartidos, pero la provincia multiplicó los ofrecimientos: 60 millones de pesos por datos que permitan ubicar al referente de la banda Los Menores y 35 millones por el narco santafesino con inversiones en el valle del río Atuel, provincia de Mendoza.
Gazzani acumula así tres pedidos de captura desde 2024. Pignata está prófugo desde 2019. Otros buscados a los que se asigna prioridad son los siguientes:
* Los hermanos Brian Walter Bilbao y Waldo Alexis Bilbao, identificados como líderes de una banda que traía cocaína desde Bolivia con aviones propios con destino a Buenos Aires y realizó operaciones de lavado de dinero en diversos rubros. Ambos escaparon al operativo Cosecha Blanca en octubre de 2023 gracias a una filtración proveniente de una fuerza de seguridad. Se ofrecen 40 millones de pesos por información sobre el paradero.
* Fernando Sebastián Vázquez. La recompensa es de 25 millones de pesos para quienes aporten datos sobre el paradero de este integrante de la banda Los Menores, que habría participado en los crímenes de Andrés Pillín Bracamonte y Daniel Attardo. También se lo requiere en una investigación por narcotráfico en la Justicia Federal. Su hermano, Alejandro Vázquez, está detenido con prisión preventiva como partícipe necesario en los homicidios de los barras.
* Damián Vélez y Benjamín Barrios. Ambos ocupaban la camioneta Nissan Frontier que el 12 de julio chocó contra una moto Suzuki y provocó la muerte de Ricardo Heck, cerca del ingreso a Wheelwright, departamento General López. La camioneta era melliza de otra robada en agosto de 2024, fue abandonada en la ruta nacional 8 y en su interior se encontró cocaína. Vélez era investigado por narcomenudeo y robo de motos. El gobierno provincial ofreció 6 millones de pesos.
* Jorge Alberto Mendieta. Buscado por venta de estupefacientes, con una causa en el Juzgado Federal número 2 de la ciudad de Santa Fe. En este caso el ofrecimiento es del Ministerio de Seguridad de la Nación: 5 millones de pesos. Mendieta está acusado de integrar una red de narcomenudeo que funcionaba tras la fachada de un club de bochas del barrio Las Flores.
* Aibori Alcides Aragón, identificado como autor del homicidio de Juan Ojeda en Puerto General San Martín. El crimen ocurrió el 9 de enero, cuando Ojeda se encontraba con su sobrino y fue apuñalado por Aragón. El ofrecimiento es de 8 millones de pesos.
Pero la mayoría de los ofrecimientos del gobierno provincial se refieren a homicidas que no fueron identificados y dan cuenta de investigaciones sin resultados. Se trata de casos producidos por enfrentamientos entre bandas criminales, que tuvieron como víctimas a personas ajenas: Marcelo Alejandro Padial, de 58 años, asesinado en noviembre de 2023 en el barrio Stella Maris; Juan Cruz Osuna, de 13 años, víctima de una balacera el 6 de julio cuando estaba en el comedor de su casa, en Tío Rolo; Matías Alberto Coria, de 35 años, el 30 de abril de 2024 en la esquina de Larrechea y Cavia, barrio Parque Casas; Máximo Luján y Maite Gálvez, de 13 y 14 años, asesinados el 9 de mayo en La Cerámica, cuando circuló la noticia falsa sobre un toque de queda narco.
Walter Paglia, de 47 años, fue asesinado en su casa, en Santa Fe, el 13 de junio de 2024; se supone que se resistió a un robo, el MPA difundió imágenes del autor del homicidio y el gobierno ofreció 10 millones de pesos de recompensa por datos que permitan su identificación. Otros pedidos de colaboración refieren a crímenes de mujeres: Andrea Verónica Portillo, de 45 años, quien apareció asesinada en Ricardone en julio de 2024; María Florencia Gómez, de 35 años, militante feminista asesinada en San Jorge el 12 de octubre de 2020; Mónica Aquino, de 29 años, desaparecida el 5 de mayo de 2023 en Santa Fe, víctima de explotación sexual.
El Programa Integral de Recompensas está destinado a casos no aclarados a partir de 2014, pero incluye también la solicitud de datos sobre el paradero de Paula Perassi, desaparecida en septiembre de 2011 en San Lorenzo; el gobierno provincial ofreció el año pasado una recompensa de 30 millones de pesos por ese caso.
Homicidios sin autores identificados
En la presentación del Programa Integral de Recompensas, cuando se abrió la ronda con periodistas en el Salón Blanco de la sede del gobierno provincial en Rosario, Almudena Munera Muñoz preguntó si había algún cálculo de los homicidios no esclarecidos desde la mañana del 10 de febrero de 2014, cuando entró en vigencia el sistema acusatorio. La fiscal general del MPA María Cecilia Vranicich dio un rodeo para contestar finalmente: “aproximadamente podemos hablar de un 50 por ciento” de homicidios sin autores identificados.
En el rodeo antes de llegar a la cifra aproximada, Vranicich dijo que el término “esclarecido” pertenece al lenguaje policial y que en el MPA utilizan en su lugar “índice de individualización formal”. En contextos de criminalidad organizada “baja el índice de identificación, pero no es por el desempeño mejor o peor que podemos tener como MPA sino que son cifras a nivel mundial”, agregó la fiscal.
En el informe de gestión del MPA 2024, presentado en mayo, Vranicich explicó que el índice de individualización formal “consiste en la identificación de los/as autores/as de los homicidios en las investigaciones, incluyendo legajos con al menos una audiencia imputativa, al menos una orden de detención, los casos remitidos a la justicia federal y la justicia de menores provincial y aquellos casos que hayan sido archivos (sic) con autores identificados pero que no necesariamente hayan sido imputados (ej.: casos considerados de legítima defensa, fallecimiento del imputado, etc.)”. Es decir que el índice puede establecerse con mucha amplitud (basta una orden de detención) pero a la vez (o por lo mismo) resulta impreciso porque refiere a estados provisorios de las investigaciones.
Si se observa el vaso lleno, el índice de individualización registrado para los casos de 2024 (59,76 %) es mayor al elaborado para el período 2020- 2023. Si se observa el vaso vacío, el último índice es menor al del período 2014-2019. Vranicich informó que el registro es “dinámico”; como las investigaciones están en curso, los números pueden mejorar. Pero el tiempo que pasa es la verdad que huye: la posibilidad de identificar a los responsables de homicidios disminuye a medida que los casos se distancian del presente, y en ese sentido podría actuar el mecanismo de las recompensas.
Vranicich también destacó que “la criminalidad organizada no es lineal”, a diferencia de los homicidios por cuestiones interpersonales y que los hechos suelen tramarse entre sí. Esta característica mantiene abierta la mayoría de los casos, por la cantidad de participantes y la diversidad de funciones que se acoplan en un crimen (instigación, pago, autoría material, provisión de armas y vehículos, fuga, encubrimiento); también descubre déficits comunes en las investigaciones, que suelen tener dificultades para avanzar más allá de lo que surge en la escena de los crímenes.
El gobernador Maximiliano Pullaro planteó un objetivo de exhaustividad para “saldar la impunidad con la que tuvimos que convivir”, lo que redobla la exigencia sobre el MPA, y dijo que el Programa constituye también un mensaje: “cada persona que está dispuesta a cometer delitos violentos debe saber que habrá alguien de su entorno dispuesto a entregarlo por las recompensas”.
La efectividad de las recompensas se comprobó en marzo de 2024, cuando un ofrecimiento del gobierno provincial permitió obtener datos que posibilitó despejar la trama de los crímenes de trabajadores perpetrados ese mes. Otro caso resonante fue la detención de Damián Reifenstuel; un testigo cuya identidad fue reservada informó que el agresor de Ivana Garcilazo estaba en la localidad de Samaipata, Bolivia. El mecanismo también funciona para dar mayor visibilidad a las búsquedas, como sucedió con José Mauricio Maturano, con pedido de captura en relación al homicidio del chofer Marcos Daloia, detenido por la policía de la ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2024.
El Programa se hizo eco de la demanda de un grupo de familiares de víctimas que conmemoran los aniversarios que los afectan y realizaron actividades de visibilización frente a la sede del gobierno provincial en Rosario. Los episodios en cuestión cuentan también con ofrecimientos de recompensas: se trata de los homicidios de Damián Lucero, Joaquín Pérez, Lautaro Aranda, Nicolás Agüero, Candelaria Enrique, Rocío Romano y Mauro Villamil. Más allá de los casos puntuales, la impunidad comprende una cifra que todavía parece oscura.
Nota: Los datos sobre homicidios y personas buscadas pueden comunicarse al 911, al mail recompensas@mpa.santafe.gov.ar, a las redes sociales del Ministerio Público de la Acusación o ante cualquier Fiscalía Regional de la provincia.
Actualización. 5/8/2025
El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, presentó este martes la lista de los diez delincuentes más buscados por el Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil. “La captura de estos hombres es una prioridad debido a su peligrosidad, al impacto que pueden generar en la sociedad y a su participación en organizaciones criminales o en hechos de gran repercusión”, remarcaron desde la Provincia. Las recompensas ofrecidas por datos que faciliten su arresto -o que confirmen su muerte- oscilan entre los 20 y los 60 millones de pesos.
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