Con la autonomía municipal en el horizonte, un grupo de intendentes y presidentes comunales fueron invitados a participar de la tercera audiencia pública convocada por la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Constituyente encargada de reformar la Constitución de Santa Fe. El encuentro tuvo lugar en el recinto de la Cámara de Diputados, y entre los expositores estuvo el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, quien apoyó el pedido de autonomía, pero “sin aumentar el gasto público” ni impuestos. En diálogo con Suma Política, el mandatario habló sobre la necesidad de tener “municipios ordenados, eficientes y en caja”, defendió la posibilidad de asociarse con otras localidades de la región y pidió evitar la “sobrelegislación” a nivel provincial, de modo que cada ciudad pueda tomar sus propias decisiones sobre los temas urbanos y ambientales.
—¿Qué implica para una ciudad como San Lorenzo tener plena autonomía?
—La importancia de lograr la autonomía es, primero, adecuarnos a la Constitución Nacional. En 1994 se reformó la Constitución y se estableció como criterio constitucional para todo el país que los municipios son autónomos. ¿Qué significa eso? Que tienen potestades de carácter administrativo, normativo, tributario, organizacional; es decir, un Municipio tiene la posibilidad de dictar su propia carta orgánica, establecer su sistema de organización interna, cuestiones vinculadas a lo patrimonial; en definitiva, autorregularse. Durante todos estos años se negó este principio de autonomía porque nos seguimos rigiendo por la ley 2756 que es muy vetusta. Yo creo que es positivo siempre que entendamos que la autonomía no significa crear más cargos públicos, ni generar más gasto público, ni tampoco generar más impuestos, sino todo lo contrario. Necesitamos tener municipios ordenados, eficientes y en caja.
—¿Qué significa exactamente eso? ¿Van a tener la posibilidad de contar con más presupuesto para obra pública, por ejemplo, pero no para la creación de cargos?
—El sistema es bastante complejo. Se dice que los municipios pueden cobrar tasas en contraprestación de servicios públicos divisibles, es decir, se paga una tasa municipal por los trabajos de barrido y limpieza. En cambio los tributos, los impuestos, sólo los pueden cobrar la Provincia y la Nación, y coparticipan una parte a los municipios. La verdad es que la coparticipación no es una fuente totalmente adecuada para los municipios, no alcanza a cubrir los gastos. Entonces es importante la autonomía para cubrir los gastos propios. En el caso de la Municipalidad de San Lorenzo, nosotros pensamos una autonomía para seguir haciendo un Estado municipal sostenible, sin déficit, con superávit fiscal, con inversión, obra pública y sin endeudamiento. Yo encontré un Municipio con juicios, pagué todas las deudas heredadas y durante todos estos años hemos tenido equilibrio fiscal o superávit fiscal. Y pudimos hacer obra pública sin tomar deuda. Por eso digo que la autonomía no necesariamente significa generar Estados locales monstruosos o aumentar la burocracia, sino que tenemos que generar municipios virtuosos, austeros, eficientes y modernos.
—Si en la Provincia hay un gobierno de un signo político distinto al Municipio, ¿con la autonomía se terminan los envíos de fondos de manera discrecional?
Totalmente. Yo creo que hay que terminar con las discrecionalidades entre Nación y Provincia, Provincia y Municipio, en todos los territorios de la Argentina. También es importante que toda nueva atribución de funciones a los municipios esté acompañada por la creación de recursos porque, si no, estamos desfinanciando a los municipios y haciendo pagar a los vecinos gastos que son de otra jurisdicción. También es importante la posibilidad del asociativismo, que distintas municipalidades se unan para compartir servicios públicos, para hacer de manera común determinadas prestaciones y bajar costos. Y también el asociativismo regional, el Ente de Coordinación Metropolitana en el Gran Rosario es uno de los ejemplos más importantes de Argentina en la experiencia de coordinación sobre temas estratégicos metropolitanos. Queremos el reconocimiento constitucional de este tipo de entidades que no generan gastos, ni estructuras supramunicipales, sino que generan la posibilidad de articular para resolver problemas en conjunto que exceden al municipio, como es la disposición final de los residuos sólidos urbanos, la cuestión del medioambiente o el transporte regional.
—En su exposición usted pidió terminar con la “sobrelegislación” a nivel provincial. ¿Cómo debe entenderse este pedido?
—La autonomía debería quitar las contingencias y límites que pone hoy la legislación provincial y fundamentalmente sacarnos de arriba leyes como la ley de arbolado público provincial, que le indica a los intendentes qué se puede hacer y qué no. Eso lo debería regular cada ciudad. No es lo mismo una ciudad pegada al río, que aquellas que están al norte o noroeste de la provincia, con características climáticas o hidrológicas distintas. O por ejemplo la ley vinculada a loteos, a urbanización, a transporte interurbano. Hay un montón de normas provinciales que le dicen a los municipios qué hacer y cómo. Y la verdad es que hay un montón de burocracia. Eso tiene que desaparecer para facilitar la producción, la inversión, el trabajo y la administración eficiente y rápida de la cosa pública.
—Con la autonomía, cada municipio deberá redactar su carta orgánica. ¿Está de acuerdo en que esa tarea la lleven adelante los concejales de cada ciudad o hay que convocar a elecciones de convencionales a nivel local?
—Eso está normado y será parte del debate de la Constituyente. Lo importante es que cada Municipio tenga su norma clara, su propio sistema “estatuyente” de su propia organización dentro de los límites de la división de poderes, el sistema de control, la participación ciudadana y la democracia republicana que emana de la Constitución Nacional y de las constituciones provinciales. Igual, una cosa no es incompatible con otra, puede haber una ordenanza que declare la autonomía transitoriamente y convocar a “estatuyentes” locales. Las normas tienen que tener rigidez para durar y cierta flexibilidad para afrontar los cambios que demanda el día a día.
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