El paréntesis de un mes de verano que se tomó la pelea parlamentaria va llegando a su fin, con un tema crucial en el horizonte cercano. La Reforma (abolición de derechos) Laboral, que impulsa el gobierno nacional y que obtuvo un dictamen exprés antes de fin año en la Cámara alta, ingresa en la semana decisiva: llega febrero y se verá si la Casa Rosada reúne las voluntades para liquidar una media sanción en el recinto, con fecha tentativa el 11 de febrero. El gobierno tiene argumentos para pensar que, si se mantiene la velocidad crucero del portaviones continental libertario, es poco probable que las fuerzas opositoras consigan pararlo en los recintos.
Con todo, las reformas laborales pretendidamente modernizadoras, aunque objetivamente retardatarias, tienen varios antecedentes en la democracia argentina desde 1983 y vienen acompañadas de una leyenda negra: el fracaso legislativo que luego se expande a todo el sistema político nacional, y la corrupción, que como en el caso de “la Banelco” (gobierno de De la Rúa – Patricia Bullrich), terminan por hundir una experiencia política de la derecha liberal.
En el oficialismo confían en que todo es distinto en este verano de 2026 y que nunca como ahora un sector significativo incluso de la base de la pirámide social, sin bien no celebra que le quiten derechos, al menos lo tolera tal vez anestesiada por un discurso que lleva décadas, y sigue resonando como una letanía: “los sindicalistas son todos chorros”, mejor ponerse de la vereda del “patrón” y ver qué pasa. ¿Puede salir bien?, desde ya, imposible para las grandes mayorías, aunque, según un sector, habrá que experimentar.
En el Senado se empezará a visualizar la verdadera relación de fuerzas del gobierno desde la próxima semana. Con excepción de los peronistas kirchneristas, que por sí solos están al menos a ocho votos por debajo del volumen de bloqueo, el resto de los senadores de origen radical o de los provincialismos más o menos secesionistas (hoy una tendencia en auge, “yo defiendo mi provincia, lo demás no es mi tema”), aunque no lo digan, están con el ánimo de aprobarle la reforma al gobierno sin trastabillar. Pero surge un vector inverso que intentará alterar la velocidad crucero del buque patronal libertario: los sindicalistas, no en su totalidad, aunque con concurrencias numerosas, se tomaron el mes de enero para organizar la pelea en febrero.
Prometen pelear en la calle, sin garantías de triunfo, desde ya, pero pelear fuerte, bastante más fuerte que las demostraciones entre opositoras y más o menos amigables que vinieron desplegando desde que asumió Milei. Ese itinerario sindical ampliado (CTA con sectores de la CGT, como Abel Furlán de Metalúrgicos, aunque sin la cabeza en pleno cegetista) promete meter ruido frente a la gobernación cordobesa el próximo 5 de febrero, y otro tanto en Rosario, frente al gobernador Maximiliano Pullaro, en la Plaza San Martín, el próximo 10 de febrero.
“El conflicto irá escalando y será novedoso, incluso en sus formas, no se descarta un nivel entre áspero y violento; esta pelea para nosotros es definitiva, podemos ganar o perder, podemos tardar dos años u ocho años para terminar con Milei, pero cada día somos más los convencidos de que iremos a pelear a la calle todo el tiempo que sea necesario, e iremos a la puerta de la casa de cada senador, de cada diputado, la guerra será dura, y tal vez extendida en el tiempo, pero no hay otra salida posible”, se sinceró un miembro histórico del sindicalismo del ala combativa ante Suma Política.
Los gobernadores dialoguistas, socios políticos de la Rosada, querrían que la reforma laboral pase silenciosa por las cámaras, y si es posible, en febrero, durante las extraordinarias. Cuando todavía la sociedad no termina de mirar el año político con los ojos bien abiertos. Aunque esos mismos gobernadores no disfrutarían de estar en el centro de las bombas de estruendo y el humo de las manifestaciones sindicales, y sobre todo, si las fuerzas opositoras consiguen el objetivo de mínima: incorporar la reforma laboral a la discusión pública, y por sobre todas las cosas, evitar que el gobierno liquide las dos medias sanciones durante febrero.
“Si pasamos con el debate a marzo, ya estamos en otro escenario, más razonable, más abierto, más visible. Nuestro bloque (UxP diputados) buscará desde ya rechazar la propuesta oficial a la vez que construir un proyecto propio de reforma. Nosotros queremos modernización verdadera, ellos quieren volver al pre peronismo, a la década infame”, apuntó para Suma Política el diputado peronista y jefe de bloque Germán Martínez.
Por el lado santafesino, en el Senado, es cantado que el peronista Marcelo Lewandowski rechaza la reforma mileísta y que la radical Carolina Losada, ya integrada de manera explícita al mileísmo, la impulsará y votará sin dudarlo. Un poco más complicada la tiene el santafesino también radical Eduardo Galaretto, cuyo lugar en el mundo es su ciudad natal de San Lorenzo, justamente el mismo lugar donde, por caso, tiene un fenomenal desarrollo el sindicato de Aceiteros, uno de los más combativos y que mejores resultados salariales obtuvo en la última década. ¿Le pedirá una “audiencia”, o lo visitará en su casa, el sindicato de Aceiteros al senador Galaretto para pedirle que rechace una reforma laboral que perjudica inequívocamente a la eficiente estructura sindical?
Iniciar un poroteo con vistas a Diputados resulta prematuro. El gobierno sabe que surfea la parte superior de una ola continental que lo tiene dentro, y buscará aprovechar su momento. Con todo, las olas suelen tener sus ciclos, formación, máxima expansión y caída.
El gobierno hubiera querido liquidar la reforma laboral antes de fin de año, con el impulso electoral de octubre, pero luego bajó un cambio (ante una derrota en la votación del capítulo 11 del Presupuesto) y pospuso para febrero. El espíritu de que el trámite sea rápido, y no se note mucho, sigue en pie para la Casa Rosada. Todo parece cuestión de velocidades.
Mientras en la mesa de la Casa Rosada reciben informes de que éste es su momento, en las mesas opositoras reciben el apoyo de asociaciones profesionales del país y del mundo entero. Entre otras, la ALAL (Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas), la ALJT (Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo) y la Asociación Americana de Juristas, que rechazan la propuesta de reforma laboral libertaria.
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