La provincia de Santa Fe está a las puertas de suscribir un acuerdo con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que le significará un ahorro del orden de los 12.500 millones de pesos y un beneficio concreto para miles de santafesinos, a quienes les perdonarán a su vez deudas que no pueden pagar con la Empresa Provincial de la Energía (EPE)
El convenio está a la firma de la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación y tiene que ver con un incumplimiento generado por la EPE con Cammesa de cinco facturas y media, asumida en los primeros meses de la actual gestión de gobierno. Desde julio del año pasado la EPE volvió a cumplir con los pagos a la empresa mayorista.
El convenio está casi cerrado, apenas faltan los últimos pasos, especialmente por una diferencia que surgió al final de las negociaciones en torno a intereses por alrededor de 800 millones de pesos. Pero es probable que en breve se firme y anuncie.
Como los usuarios residenciales, la EPE paga facturas mensuales a Cammesa por la compra de energía, ya que la empresa santafesina no produce sino que distribuye ese insumo. Al acumularse una deuda de cinco meses y medio, se abrió una instancia de negociación que llevó ocho meses y que ahora está a punto de cerrarse.
Las facturas adeudadas a la empresa mayorista de energía son del orden de los 2.200 millones de pesos cada una (cinco facturas completas y la mitad de otra), o sea que el monto total asciende a 12.100 millones que, sumado a los intereses por el tiempo transcurrido redondea en total unos 12.500 millones.
Los términos del acuerdo
De acuerdo a la resolución 371 de la Secretaría de Energía, que se publicó el pasado 28 de abril en el Boletín Oficial, las empresas podrán regularizar sus deudas en un período de cinco años sin reajuste, con seis meses de gracia, a una tasa que es la mitad de la que aplica el Banco de la Nación Argentina.
Según pudo averiguar Suma Política, el acuerdo alcanzado entre Santa Fe y Cammesa incluye un perdón de cuatro facturas y un cuarto, de las cinco y media que se deben, con lo que a la EPE le quedarían a pagar unos 3.000 millones de pesos.
El acuerdo alcanzado con la empresa mayorista es un reconocimiento a la decisión de la provincia de haber mantenido congeladas las tarifas de la energía eléctrica hasta mediados de este año, tal como lo recomendó el gobierno nacional. Esa indicación no fue cumplida por todas las provincias y el oficialismo tiene un voto de oro en el directorio de la sociedad anónima que es Cammesa.
El último aumento de la EPE lo aplicó el ex gobernador Miguel Lifschitz poco después de las elecciones que ganó Omar Perotti, y recién ahora en junio volvieron a anunciarse aumentos en esas tarifas. En el medio estuvo el período en el que la Nación pidió congelarlas. En marzo del año pasado, además, cuando la pandemia apareció en escena, el gobierno nacional estableció que las empresas prestadoras de servicios de energía eléctrica no podían suspender el suministro por falta de pago a usuarios de sectores vulnerables. Si bien la deuda de Santa Fe se generó antes de la pandemia, el hecho de que la EPE se encolumnara con las decisiones de la Nación fue clave a la hora de las negociaciones.
El acuerdo al que llegó la provincia con Cammesa incluye además una condición que beneficiará a los usuarios de la EPE: que no sean exigidas las deudas que un buen número de clientes tienen con la empresa provincial y que están en la categoría de incobrables o que no pueden ser pagadas por motivos justificados.
La tercera condición habla de la obligación de realizar una cantidad de obras que apuntan a modernizar a la empresa de energía de la provincia, muchas de las cuales ya están incluidas en el presupuesto de este año.
Las negociaciones en representación de la EPE fueron llevadas adelante por el ahora renunciante vicepresidente Alberto Joaquín, y por parte de Cammesa tuvieron especial protagonismo el presidente del directorio Federico Basualdo y el gerente general Javier Gallo Mendoza.
Cammesa es una sociedad anónima en cuyo directorio están representados cinco grupos, con el 20 % cada uno del capital social: el Estado nacional y asociaciones que representan a las empresas de generación, transmisión, distribución (son más de 40) y a los grandes usuarios. El directorio lo integran diez directores titulares (dos por cada sector). El gobierno nacional designa al presidente, que tiene derecho a veto.
Las distribuidoras le deben más de 103 mil millones a Cammesa. Los mayores deudores son Edesur y Edenor (ciudad y provincia de Buenos Aires), mientras que Emsa (Misiones), Edemsa (Mendoza) y las cooperativas de Chubut están en condiciones similares a la EPE. En una segunda línea aparecen Secheep (Chaco), Edersa (Río Negro) y la Epec (Córdoba).
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