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Informe

La reactivación de la causa por el robo a Tribunales del 84 pone de nuevo ante la Justicia a dos conocidos represores

“El más peligroso de todos”, como lo definió otro ex agente de Inteligencia del Ejército durante la dictadura, volvió a comparecer ante la Justicia Federal. Walter Salvador Pagano fue indagado el 11 de noviembre en la causa donde se investiga el robo de documentación de la Conadep en los Tribunales provinciales de Rosario. También declararon Eduardo Constanzo, reconocido exmiembro de grupos de tareas, y el ex oficial del Ejército Víctor Hugo Rodríguez.

Pagano y Constanzo integraron como personal civil el Destacamento de Inteligencia Militar 121 de Rosario y cumplen en sus domicilios condenas de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Rodríguez no está vinculado con ninguna causa pero ocupó un lugar jerárquico en la estructura de inteligencia del Ejército durante la dictadura por lo cual “se encuentra en una posición comprometida”, según el fiscal Adolfo Villatte.

Los pedidos de indagatoria surgieron de un testimonio que se creía perdido pero estaba registrado en un video con acceso público: la extensa declaración que el ex agente de inteligencia Gustavo Francisco Bueno hizo en 1985 en el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). “Se trata de una entrevista en la que Bueno dio cuenta de distintas cuestiones vinculadas al Destacamento de Inteligencia 121 y entre ellas menciona a Pagano, Constanzo y Rodríguez como participantes del operativo en Tribunales del 8 de octubre de 1984”, agrega Villatte, a cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos.

Bueno también identificó a Raúl Campilongo como “quien había ido a la cabeza” en el asalto a Tribunales. Este “colaborador de los servicios” y “brazo derecho” del mayor Jorge Alberto Fariña, como lo describió, fue denunciado además como autor del asesinato del diputado provincial Mario Domingo Armas (el 8 de febrero de 1986) y si bien falleció en el curso del año sin aceptar su presunta responsabilidad en ese caso persiste como un actor clave en la trama.

“Las defensas relativizan la declaración de Bueno. Una de las cosas que se discute es que no fue una declaración testimonial en el marco de la cual hubiera declarado bajo juramento de decir verdad”, dice Villatte. No obstante, el ex agente de inteligencia aportó la información en el marco de un detallado relato sobre los integrantes, las jerarquías y las operaciones del Destacamento de Inteligencia 121 que fue corroborado por investigaciones posteriores.

Lo más relevante de las últimas indagatorias corrió por cuenta de Constanzo. Según Villatte, el exagente “agregó documentación que podría derivar en nuevas indagatorias” y permanece reservada. En cambio, Pagano se negó a declarar y Rodríguez “se defendió diciendo que en esa época no cumplió ningún rol en operaciones de inteligencia porque estaba abocado a la asistencia de veteranos de Malvinas”.


Walter Salvador Pagano, “el más peligroso de todos”

Sin embargo, la documentación de la Conadep y la posguerra de Malvinas tenían un punto de cruce en la época: el juez Francisco Martínez Fermoselle llevaba la causa por los archivos de la represión en Rosario y al mismo tiempo otra por irregularidades en las donaciones destinadas a los soldados que combatieron en las islas.

“Rodríguez formaba parte de una estructura de inteligencia que hacía cosas muy distintas de atender a veteranos. Fue jefe del grupo de operaciones especiales y estuvo dentro de una estructura que reconoció la realización del robo a través de su jefe (Héctor Funes)”, destacó Villatte.

El exoficial del Ejército se hizo conocido después de su retiro como fundador de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Rosario y organizador de cruces de la cordillera de los Andes que evocan al prócer. Esa imagen se oscureció cuando Constanzo lo señaló como parte del grupo de tareas que secuestró a Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi en el bar Magnum de Rosario, el 14 de mayo de 1983. El Tribunal que juzgó la desaparición y asesinato de estos militantes peronistas desestimó la acusación porque no surgió de un testimonio directo: Constanzo refirió lo que había escuchado de un chofer del área de Inteligencia del Ejército.

Mano de obra especializada

Además de señalar a Walter Pagano como “el más peligroso de todos”, Bueno lo identificó como jefe de los grupos de tareas (junto con Daniel Amelong) y en particular principal responsable del asesinato del abogado Felipe Rodríguez Araya, perpetrado en septiembre de 1975. “Fue quien lo ejecutó, fue quien lo retiró del domicilio. Se jactaba de todo eso”, dijo.

Bueno identificó a la plantilla completa del grupo operativo del Ejército y reveló entre otros detalles que cada uno tenía un nombre de encubrimiento: él mismo era “Germán Benegas”; Pagano, “Sergio Paz”; Walter Roscoe, “Ricardo Ríos”; Francisco José Scilabra, “Federico Silver”. A la vez reveló la infiltración de agentes de inteligencia en la Universidad Nacional de Rosario incluso antes del golpe militar de 1976 a través de Ana Rosa Cristeler, empleada en el Departamento de Extensión Universitaria; Jorge Walter Pérez Blanco, en la cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, “el súper espía”, según Bueno; y Eduardo Rebecchi en la Facultad de Derecho.



La documentación robada en los Tribunales remite a los secuestros obtenidos en una serie de allanamientos ordenados por el juez Martínez Fermoselle en septiembre de 1984. La información para esos procedimientos provino de la esposa de Pérez Blanco, quien se había separado del represor y se comunicó con la abogada Delia Rodríguez Araya (1929-2009), entonces a cargo del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

La esposa de Pérez Blanco trabajaba como perito caligráfico en los Tribunales y también era docente. Rodríguez Araya recibió la información junto con Carlos de la Torre (fallecido en 2012) y Alicia Lesgart, históricos militantes del movimiento de derechos humanos en Rosario, y la comunicó a su vez a la sede central de la Conadep en la ciudad de Buenos Aires. Lesgart falleció el 11 de noviembre, a los 76 años, después de una vida dedicada a la lucha por memoria, verdad y justicia.

Los allanamientos se hicieron en los domicilios de Pérez Blanco, Cristeler y Rebecchi y el Consulado de Rumania, donde Pérez Blanco tenía actividades. En Dorrego 1638, la casa de la familia Rebecchi, la documentación era tan voluminosa que el allanamiento se extendió casi 24 horas entre el 22 y el 23 de septiembre de 1984 y el juez Martínez Fermoselle decidió mantener las cosas en el lugar bajo llave y con custodia policial; en la biblioteca se encontró un ejemplar del libro La realidad argentina, de Silvio Frondizi, firmado en sus dos primeras páginas por Felipe Rodríguez Araya. Pero la estructura de inteligencia del Ejército estaba al tanto porque ya hacía espionaje previo de la Conadep y de la APDH y no se preocupó por disimular los seguimientos que hizo de Rodríguez Araya, De la Torre y del propio juez y su secretario, Francisco Martín.

El operativo del Ejército comprendió dos acciones simultáneas a partir de la 1.30 del 8 de octubre de 1984. Un grupo vestido con uniformes de la policía provincial redujo a la custodia policial del edificio de Tribunales, el sargento Demetrio Flores y el agente Juan José Aguirre, ingresó al despacho del juez Martínez Fermoselle y robó el material secuestrado en los allanamientos. Otro grupo integrado por cuatro personas —dos vestidos de policías y dos civiles, entre ellos una mujer— ingresó a la casa de la familia Rebecchi y redujo al consigna, Eugenio Leopoldo Encina.

Entre las pruebas y documentos robados había organigramas de los grupos de represión ilegal, con nombres y apodos de los integrantes; localización de operativos y tareas asignadas a los integrantes de esos grupos; ficheros con información personal de los represores; álbumes de fotografías; agendas con listas de personas desaparecidas; registros fotográficos e informes escritos sobre actividades de la APDH, la Conadep filial Rosario, el movimiento de derechos humanos en Villa Constitución y reuniones que habían sido infiltradas. Desde entonces no hay ninguna pista sobre la documentación.

Los actores ocultos

La declaración de Bueno se suma a la condena firme de cuatro años de prisión contra el exjefe de inteligencia del Comando del Cuerpo II del Ejército, Héctor Fructuoso Funes, quien reconoció la participación de la estructura de inteligencia del Ejército en el robo a Tribunales, y al reclamo administrativo en el que el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, Luis Américo Muñoz, reivindicó el robo de la documentación de la Conadep como una “operación especial de inteligencia” por la cual pretendió un ascenso.

El excomandante del Segundo Cuerpo Víctor Pino Cano también fue imputado, pero murió en mayo de 2021. Muñoz falleció a su vez en julio de 2022, pero el descubrimiento de su reclamo por parte del fiscal Juan Ignacio Murray abrió la investigación en curso.

Murray revisó el legajo del militar en la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, en 2011. Muñoz quería ascender a coronel y presentó cómo méritos los resultados de dos operaciones de inteligencia, en particular el robo a Tribunales: “La operación —dijo— consistió en un gran despliegue de efectivos y medios, pero en esta oportunidad la finalidad fue disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos, para llevar ante los estrados judiciales a personal militar y civil de la Fuerza, como así también personal policial. Debo señalar que este operativo cumplió ampliamente con su cometido, pues permitió disminuir el hostigamiento de la subversión enancada en las organizaciones de derechos humanos y por ende llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas”.

El Ejército argentino ordenó y organizó entonces el robo de documentación y pruebas del terrorismo de Estado en Tribunales, según lo que reconstruye la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Pero el golpe se completó con las negligencias complementarias de la policía provincial y del juez Ernesto Navarro, a cargo de investigar el robo.

Las omisiones y los errores de la investigación se multiplicaron. El juez y el secretario Jorge Martino se limitaron a escuchar la narración de los declarantes, sin preguntar; la mayoría de los policías, vecinos y comerciantes convocados a declarar no estaban en el lugar cuando sucedió el hecho; las diligencias policiales estuvieron a cargo de Alberto Gianola, subjefe de la Unidad Regional II y ex integrante de la patota de Agustín Feced; la pericia de rastros en el despacho de Martínez Fermoselle solo detectó huellas del juez y de su secretario; hubo un testigo que vio parte del operativo, se presentó en forma espontánea pero no fue convocado a la reconstrucción y se convirtió él mismo en objeto de investigación, ya que el expediente incluyó un informe sobre su actividad gremial y estudiantil firmado por el comisario Felipe Orefice, otro integrante de la policía de Feced.

La intervención de Jorge Martino fue otro dato significativo. Apodado el Cura por su devoción religiosa, se desempeñaba como secretario del Juzgado del Crimen de la 5ta Nominación y el juez Navarro pidió su colaboración. La abogada Matilde Bruera recordó que Martino “se vanagloriaba de ser agente de inteligencia” y a la vez estaba “ostentosamente vinculado” con el abogado Héctor Cerrutti, cuyo estudio fue la cocina de la Justicia de Rosario en la transición de la dictadura a la democracia.

El estudio de Cerrutti contaba además con los oficios de Raúl Campilongo, lo que finalmente enlaza en la trama a militares, espías, políticos y funcionarios judiciales. El exagente había trabajado para el abogado Walther Cattáneo entre 1965 y 1979, antes de ingresar al Ejército como personal civil de inteligencia con la recomendación de Jorge Alberto Fariña, por lo que pisaba suelo firme en la madrugada del 8 de octubre, cuando según Gustavo Bueno encabezó el asalto a los Tribunales de Rosario.


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