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Política

Piden 10 días de arresto para la vecina que mantuvo un entredicho viral con Lilia Lemoine el Día de la Bandera

“Agresión sin uso de arma” es la contravención que le imputan a Mariela Franco, de 48 años, por el cruce que mantuvo con la diputada Lilia Lemoine el pasado 20 de junio en Rosario y que quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. Por el hecho, el fiscal Ramiro González Raggio pide una sanción de 10 días de prisión. La mujer reconoció estar “arrepentida” pero también asegura que la legisladora nacional de La Libertad Avanza fue quien inició la agresión. La defensa de la mujer impulsa otra demanda que tramita a ritmo más lento y cuestiona las diferencias de criterios judiciales.

Este viernes por la mañana se desarrolló la audiencia preliminar en el Centro de Justicia Penal, que pasó a un cuarto intermedio hasta dentro de 30 días. Ahora la jueza Ángeles Granato deberá resolver si admite la acusación en los términos planteados por la Fiscalía, o si hace lugar a la postura de la defensa, que rechaza el planteo acusatorio y cuestiona el encuadre legal.

La situación reaviva un episodio totalmente olvidado en la discusión pública, más allá de las horas de viralización digital que tuvo el video ese mismo día. Pero ahora volvió a generar revuelo tanto por la figura involucrada como por la sanción que se pide para la vecina de Rosario. Los abogados defensores, además, advierten por el patrocinio de abogados del Ministerio de Seguridad para la legisladora y entienden que el hecho no amerita “tal nivel de recursos públicos”.

En paralelo, organizaciones feministas como la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario, o de Derechos Humanos, como Hijos, se pronunciaron en respaldo de Franco. “La Libertad Avanza desprecia al Estado pero lo utiliza para disciplinar al pueblo”, apuntaron en un comunicado difundido en la previa de la audiencia preliminar.

El video

El entredicho se produjo en la esquina de Buenos Aires y Rioja. La legisladora se encontraba ese día en la ciudad como parte de la comitiva presidencial que viajó para participar del acto por el Día de la Bandera, en el Monumento. 

Lo que en líneas generales se conoce es que la mujer venía caminando con una bicicleta a su lado y en esa esquina vio venir a Lemoine, a unos metros, junto a un grupo de personas. “Venían los granaderos desfilando y la mina quería cruzar. Le grité: cruzá que te van a cagar a trompadas… Se da vuelta, me mira y me dice: qué te pasa renga de mierda… porque tengo una pequeña discapacidad en una pierna”, describió.

Según el relato de Franco, el grito la hizo volver sobre sus pasos para ponerse cara a cara con la legisladora, que la volvió a increpar: “¿Querés venir a pegarme?”. Y ahí la mujer reconoce haber reaccionado con un escupitajo. “Le dije que era una facha y que no era bienvenida en Rosario; ni ella ni el presidente”, contó. Luego, la diputada le respondió con una cachetada.

Una parte de la situación quedó filmada y es la que se viralizó ese mismo día por redes sociales. “Sus colaboradores grabaron mi reacción, pero no grabaron cuando ella me insultó”, dijo Franco este viernes a LT8, en la previa de la audiencia. También manifestó estar “arrepentida” por el suceso, pero consideró “desproporcionado” que se inicie un proceso judicial “por el capricho de una diputada”.



Encuadre

En ese marco, el fiscal basa su acusación en el artículo 115 del Código de Convivencia provincial, que prevé hasta 20 días de prisión para quien “golpeare o maltratare a otro sin causarle lesión”. Para Raggio los hechos califican bajo la figura de una contravención y por eso solicitó la mitad de los días previstos.

Para el abogado defensor Maximiliano Rupani la calificación no es la más acertada y sostiene que el hecho configura mejor como un delito de injuria, lo que tiene un trámite diferente: no prevé el arresto y se puede solucionar con una multa. Sin embargo, lo que más llama la atención de la defensa es que se haya convocado a una audiencia por un hecho contravencional. 

“No encontramos antecedentes de que se hayan llevado adelante audiencias preliminares por hechos de contravención y se quiera ir a un juicio. Lo consulté con los colegas de Rosario que somos los que transitamos los tribunales penales siempre y no hemos visto un precedente. Tampoco en Santa Fe”, evaluó en diálogo con Suma Política.

Rupani también consideró “desproporcionada” la sanción que se quiere imponer: “Son hechos que no pueden tener tanta entidad, porque no podemos desconocer el nivel delictual que tenemos en Rosario, con recurrentes caso de homicidios, extorsiones o ilícitos de diverso tipo”, expresó y agregó: “Acá estuvimos una hora y media ocupando una sala del Centro de Justicia Penal por un escupitajo. Hay cuestiones de mayor urgencia que merecen ser atendidas”.

En ese contexto, el abogado consideró que el avance de la causa tiene que ver con la dimensión política de la figura involucrada: “Claramente acá está la cuestión política en el medio. Si un vecino cualquiera recibe un escupitajo, apuesto lo que sea a que si presenta esa denuncia queda encajonada y la desestiman. Y acá van con todo a pedir 10 días de arresto”.

Querellante

El abogado también puntualizó un “incidente” durante la audiencia, cuando la jueza intentó brindar un nuevo plazo para que Lemoine se constituya como querellante dentro de la causa y así trabajar de manera conjunta con el fiscal. Desde la defensa objetaron esa posibilidad, entendiendo que están vencidos los plazos. La jueza les terminó dando la razón.

“Fue algo que no se consultó con las partes. Nosotros planteamos una revocatoria porque la acusación fue presentada el 3 de septiembre y el plazo que brinda el Código de Contravención son cinco días posteriores. Dentro de ese período la parte denunciante tiene la posibilidad de constituirse como querellante, pero fue una oportunidad que ya tuvieron en su momento. Así que solicitamos que la jueza revoque esa resolución, entonces se desdijo”, explicó.

La otra denuncia

En esa misma línea, Rupani recordó que su defendida también presentó una denuncia contra Lemoine, por la cachetada recibida, que hasta esta semana permanecía sin fiscal asignado. “Recién el miércoles, después de insistir y realizar distintas presentaciones, nos notificaron que se asignó la causa al doctor Eduardo Vítola”, indicó. 

Según explicó, ahora se solicitarán las pruebas y se realizarán las entrevistas correspondientes. Pero denunció que las causas tramitan a una velocidad diferente. “La diferencia en el tratamiento judicial de dos hechos que son prácticamente iguales es llamativa”, apuntó.

Una de las particularidades mencionadas por Rupani es que los abogados patrocinantes de Lemoine se presentaron dando cuenta de que prestan funciones en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Uno es Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación en el Ministerio de Seguridad de la Nación. El otro es el rosarino Germán Pugnaloni, que además de desempeñarse como director Nacional de Relacionamiento con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos, ocupó el quinto lugar de la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza por Santa Fe, el año pasado.


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