El INTA persigue y censura el trabajo de una agrónoma que monitorea plaguicidas en matrices ambientales

Si hay problemas, que no se noten. Si los datos son malos, que el mensajero haga silencio y tenga miedo. Esa parece ser la forma de trabajo adoptada por la dirección del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desde finales de 2023 a esta parte, en torno a un tema sensible fuertemente ligado a la salud pública: la presencia de restos de plaguicidas en plantas, animales, tierra, agua y humanos en zonas agrícolas argentinas. La persona perseguida tiene nombre, apellido y profesión: se trata de Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma e investigadora de Conicet, con amplio recorrido profesional en la estación experimental que ese organismo estatal tiene en la ciudad bonaerense de Balcarce. Desde allí, en 2018, comenzó a trabajar —dentro del marco institucional del INTA— para un proyecto financiado por la Unión Europea llamado SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach), que investiga la presencia de residuos de plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas. Argentina fue el único país extracomunitario incorporado al proyecto. A partir de finales de 2023, esa voluntad institucional para estudiar la presencia de restos de agroquímicos en esa parte de la geografía argentina se evaporó: la dirección del INTA abandonó el proyecto y Aparicio comenzó a ser hostigada, al punto de enfrentar incluso una exoneración laboral. Esta es la charla que la investigadora mantuvo con Suma Política:

—¿Cómo comenzó tu trabajo dentro de esta investigación?

—En el 2018 empecé a participar en la investigación SPRINT, financiada por la Unión Europea. Construimos un proyecto local que se aprobó y que fue avalado por INTA. Firmamos un convenio y empezamos a trabajar con comunidades bonaerenses en un monitoreo a gran escala para detectar la distribución de restos de plaguicidas en matrices vegetales, animales y humanas, entre 2020 y 2026. Cuando tuvimos los primeros resultados no se me permitió hacer una devolución a quienes habían participado como voluntarios, algo con lo cual nos habíamos comprometido, y al mismo tiempo INTA pidió salir del consorcio. Mucha gente se quedó sin información. Y lo peor es que perdimos tiempo para ponernos a trabajar sobre ese diagnóstico y desde ahí poder construir una mejor forma de producir, vivir y alimentarnos.

—¿Cuáles fueron esos resultados?

—Observamos restos de plaguicidas en todas las matrices que medimos, que fueron 206. Encontramos plaguicidas en el suelo, en lombrices, en caca de murciélagos y de humanos, y en humanos también. Si bien eran dosis bajas en la mayoría de los casos, nos hizo preguntarnos sobre los riesgos de una exposición crónica a estos productos químicos. Porque si bien conocemos algo sobre el riesgo de exposiciones agudas en contacto con un solo producto, nunca hablamos ni hemos investigado sobre las consecuencias de la exposición crónica a muchos productos. 

—¿Cuál es tu situación dentro del INTA, al día de hoy?

Al día de hoy mi situación es muy particular y, además, muy difícil. El Consejo Directivo del INTA trató mi sumario administrativo y decidió mi exoneración de la Administración Pública Nacional. Sin embargo, todavía no he recibido la notificación formal del acto administrativo que materialice esa decisión. Mi situación tiene además una particularidad importante: soy investigadora del INTA e Investigadora Independiente del CONICET, con lugar de trabajo en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Por lo tanto, una medida de esta naturaleza afecta en los hechos mi inserción y mi actividad científica dentro de ambas instituciones.

—¿Sentís respaldo de colegas y entidades?

—Sí, y ha sido enorme. He recibido apoyo de colegas de la Ciencia Digna; de investigadores argentinos y extranjeros; de organizaciones científicas, sociales y ambientales, productores, profesionales y ciudadanos. También ha sido muy importante el acompañamiento gremial. Pero hay algo que me parece especialmente valioso: muchas personas que me respaldan no necesariamente tienen que compartir cada una de mis interpretaciones. Lo que defienden es algo más elemental: que un científico pueda investigar, obtener resultados, discutirlos, someterlos a revisión por pares y comunicarlos sin temor a que aquello que encuentre pueda perjudicar su carrera. También siento una enorme responsabilidad hacia las personas que participaron voluntariamente en nuestras investigaciones. En SPRINT hubo productores, trabajadores rurales, vecinos y consumidores de alimentos que contestaron cuestionarios, permitieron ingresar a establecimientos y hogares y entregaron muestras ambientales, vegetales, animales y humanas. Sin esa participación altruista, este tipo de ciencia sería imposible. La sociedad no es solamente destinataria de la investigación: muchas veces hace posible la investigación.

—¿Sentís que tu trabajo es censurado?

—Hay hechos concretos que permiten explicar por qué utilizo esa palabra, aunque prefiero que cada persona saque su propia conclusión. En 2023 estaba prevista la devolución de resultados del proyecto SPRINT a los participantes argentinos y su comunicación. Esa actividad fue suspendida. Posteriormente el INTA decidió retirar a la institución del proyecto. Después vino un sumario administrativo y, finalmente, la decisión de exonerarme. Por eso, cuando hablo de censura, no estoy diciendo que alguien haya podido borrar los resultados científicos. Eso no ocurrió y, a esta altura, tampoco sería posible. SPRINT fue un proyecto internacional financiado por la Unión Europea, con procedimientos comunes entre países, una enorme cantidad de datos, informes, publicaciones científicas y una evaluación final internacional. Lo que sí puede limitarse es la posibilidad de que un investigador comunique esos resultados dentro de su propia institución o continúe trabajando allí. Y hay otro efecto que me preocupa incluso más: la autocensura. ¿Qué piensa un investigador joven cuando observa lo que puede sucederle a una científica después de comunicar resultados incómodos? La ciencia necesita libertad para formular preguntas y también libertad para comunicar las respuestas, incluso cuando esas respuestas resultan incómodas.

—Decías que más allá de tu situación personal lo que está pasando plantea un grave problema relacionado con la salud pública. ¿Por qué?

—Porque creo que sería un error reducir todo esto a “el caso Virginia Aparicio”. Yo soy circunstancial. El problema científico permanece conmigo o sin mí. Hoy sabemos que la exposición a plaguicidas no puede pensarse únicamente como el episodio de una intoxicación aguda ni solamente como un problema de quien aplica un producto en el campo. SPRINT investigó precisamente algo mucho más complejo: la presencia de residuos y la exposición a mezclas de plaguicidas, estudiando simultáneamente matrices ambientales, vegetales, animales y humanas. El proyecto trabajó en diez sitios de estudio europeos y uno argentino y analizó miles de muestras. En su conferencia final se informó el análisis de más de 200 residuos de plaguicidas en aproximadamente 4.600 muestras de suelo, agua, aire, cultivos y matrices biológicas. Y aquí hay una distinción científica fundamental: detectar un compuesto no significa demostrar que esa concentración vaya a producir una enfermedad en una persona determinada. Presencia, exposición, peligro y riesgo no son sinónimos. Precisamente por eso necesitamos investigar. Lo que los resultados sí muestran es que la exposición es más compleja de lo que muchas veces suponemos. SPRINT encontró residuos en diferentes compartimentos ambientales y biológicos y puso un énfasis especial en las mezclas. El propio proyecto señala que evaluar los efectos de todas las combinaciones posibles constituye uno de los grandes desafíos científicos actuales. Por eso me preocupa hablar de negación. Frente a una señal ambiental o sanitaria, la respuesta científicamente responsable no es alarmar, pero tampoco negar. Es medir, investigar, monitorear, publicar y generar mejores herramientas de prevención. Y hay dos cuestiones que considero centrales para los próximos años: los posibles efectos de la exposición crónica, es decir, exposiciones que ocurren repetidamente durante períodos prolongados, y los efectos de la exposición a mezclas. Son problemas científicamente complejos porque gran parte de la evaluación regulatoria tradicional se ha construido sustancia por sustancia, mientras que la exposición real puede involucrar simultáneamente múltiples compuestos. SPRINT justamente buscó contribuir a cubrir esa brecha y desarrollar herramientas de evaluación más integradas. Eso es salud pública: producir información para conocer mejor las exposiciones de una población, identificar incertidumbres y riesgos potenciales, establecer prioridades de investigación y aportar evidencia para que quienes tienen responsabilidad de gestión puedan tomar decisiones mejor informadas. La peor respuesta frente a una incertidumbre no es reconocer que todavía no sabemos algo. La peor respuesta científica es dejar de hacer la pregunta.

—¿Adjudicás lo que está pasando a algo ideológico, a intereses relacionados con el agronegocio, a ignorancia o a malicia?

—No puedo afirmar científicamente cuál fue la motivación de cada persona que intervino en las decisiones sobre mi situación, y no me parecería responsable adjudicar intenciones que no puedo demostrar. Sí puedo hablar de hechos y del contexto. Los plaguicidas forman parte de un sistema productivo económicamente muy importante para la Argentina y, al mismo tiempo, plantean preguntas ambientales y sanitarias que la ciencia tiene la obligación de estudiar. Es completamente esperable que alrededor de esos resultados existan intereses, posiciones y controversias diferentes. Pero justamente para eso existen —o deberían existir— las instituciones públicas de ciencia. El papel de un organismo científico público no debería ser producir solamente conocimiento que resulte cómodo para un sector productivo, para una empresa, para un gobierno o para una organización ambiental. Tiene que producir conocimiento independiente, de calidad y verificable. Yo no entiendo mi trabajo como una actividad contra el productor agropecuario. Durante décadas trabajé con productores y asesores y conozco perfectamente la importancia de la producción agropecuaria. Investigar contaminación, exposición o efectos ambientales tampoco significa estar contra la producción. Significa preguntarnos cómo producir mejor, cómo disminuir impactos, cómo proteger a trabajadores, poblaciones y ecosistemas y cómo generar alternativas cuando sean necesarias. Por eso prefiero no reducir lo ocurrido a una explicación única. Lo que sí considero peligroso es que se instale la idea de que existen preguntas que un científico del Estado no debería hacer porque sus respuestas pueden resultar incómodas. Soy una servidora pública. Mi salario y buena parte de mi formación y de la infraestructura con la que investigué fueron sostenidos por la sociedad. Mi responsabilidad, por lo tanto, es con esa sociedad y con la evidencia. No puedo elegir qué resultado encontrar.

—¿Conocés situaciones de colegas u otros investigadores que hayan atravesado situaciones parecidas por los resultados de sus investigaciones?

—Sí existen antecedentes, aunque sería muy cuidadosa en afirmar que son casos idénticos al mío, porque cada historia tiene su contexto institucional, político y científico. En Argentina es inevitable recordar a Andrés Carrasco, investigador principal del CONICET y profesor de la UBA, a partir de la controversia que generaron sus investigaciones sobre glifosato. Su caso produjo una discusión pública muy fuerte acerca de la libertad de investigación, la comunicación de resultados científicos y las presiones que pueden aparecer cuando la ciencia interviene en conflictos ambientales y productivos. No es solamente una reconstrucción periodística posterior: en 2009 hubo incluso un proyecto en la Cámara de Diputados repudiando amenazas e intimidaciones denunciadas por Carrasco, y el propio Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología consideró que la controversia planteaba cuestiones relacionadas con la integridad científica y con las relaciones entre ciencia, producción agropecuaria, ambiente y salud. Pero no quiero apropiarme de la historia de Carrasco ni decir “esto es lo mismo”. Me interesa una pregunta más amplia: ¿qué condiciones necesita una persona para investigar con libertad un problema ambiental o sanitario cuando alrededor de ese problema existen intereses económicos, institucionales o políticos importantes? Y ahí aparece nuevamente mi mayor preocupación: no solamente lo que pueda ocurrirme a mí, sino el mensaje que reciben los demás científicos. Una institución científica saludable necesita investigadores capaces de decir “estos son los datos” aunque los datos contradigan nuestras hipótesis, nuestras expectativas o nuestras conveniencias. La ciencia pública tiene que ser digna, independiente y suficientemente financiada para poder hacer eso. Y también necesita científicos que recuerden que son servidores públicos. Yo puedo dejar de estar mañana en un laboratorio. Pero los datos no desaparecen conmigo. Los resultados de SPRINT están distribuidos entre numerosos grupos científicos, existen informes, publicaciones, bases de datos y documentos públicos. Con Virginia o sin Virginia, esa evidencia seguirá formando parte de la discusión científica. Y creo que ese es el punto más importante: la ciencia no pertenece al científico que produce un dato ni a la institución que lo emplea. Cuando fue realizada con recursos públicos, con participación voluntaria de ciudadanos y siguiendo procedimientos científicos, ese conocimiento tiene una responsabilidad social. Nuestra obligación es estudiarlo, discutirlo, someterlo a crítica y ponerlo al servicio de la comunidad.