La política disfrutaba su verano cuando el conflicto reapareció empujado por la crisis social y económica. La pelea por el salario y las condiciones de trabajo ganó protagonismo en una agenda pública que venía girando en torno de las entelequias de la batalla cultural. Es un cambio, aunque los resultados son otra cosa. De hecho, con la calle caliente, una mayoría de senadores nacionales votó a favor del proyecto de reforma laboral que, incluso con los cambios de última hora, deja regalados a los trabajadores.
Fuera del palacio, algo se mueve. Las calles de la Región Centro, un territorio al que sus líderes sueñan desconurbanizado, recuperaron su historia de protesta. En el término de una semana, dos movilizaciones masivas recorrieron las áreas centrales de Córdoba y Rosario. Marcaron el debut de un nuevo espacio sindical que pretende tomar la posta de las luchas conjuntas de la CTA y el MTA en los 90. Los más de 80 gremios que integran el Frente de Sindicatos Unidos desbordaron a la CGT en el combate contra el proyecto que cambia el derecho del trabajo, a la vez que clavaron un mojón en la pelea de fondo contra el plan económico de Javier Milei.
“Sobran motivos para un paro, no puede ser que los abuelos sean la punta de lanza de la clase trabajadora, vamos a prender fuego el país a través de la huelga”, advirtió Daniel Yofra, secretario general de la federación de trabajadores del complejo oleaginoso durante la conferencia de prensa que se realizó el martes, antes de iniciar la marcha de más de 20 mil personas en Rosario. Un día después se movilizaron la Confederación General del Trabajo y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte.
Un mojón sindical
En la sede local de la UOM, gremio que movilizó a regionales de todo el país, su secretario nacional, Abel Furlán, subrayó que el plan de acción del nucleamiento en el que convergen sindicatos cegetistas con las dos CTA va más allá del resultado de la votación en el Senado. “El problema no es solo la ley sino el modelo económico, no nos vamos a esconder ni a ser parte del pelotón de fusilamiento de nuestros trabajadores en medio de una crisis social de la que nadie se hace responsable”, subrayó.
También interpeló a los gobernadores. “Nuestra presencia en Santa Fe es para recordar que esta provincia tiene a la industria en su corazón productivo y que el apoyo que brinda a la reforma laboral va a poner en riesgo el futuro de cientos de miles de trabajadores”, señaló. El último informe de la Unión Industrial Argentina confirma que la desprotección del trabajo y de las fábricas son parte de un mismo combo: marcó caídas de 10 % en la producción y de 60.234 obreros fabriles frente al pico registrado durante el gobierno anterior.
El secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, adelantó que la próxima parada será Tucumán. “Estas movilizaciones se multiplicarán en todos los lugares”, advirtió, al tiempo que subrayó la responsabilidad sindical de “unir todas las luchas y llevarlas a la victoria”. El escenario que describió es el de un crecimiento de los focos del conflicto. Mencionó “la lucha que los trabajadores estatales vienen dando en distintos lugares del país, las medidas que toman los obreros contra los cierres de fábricas y el conflicto salarial de las fuerzas de seguridad en Santa Fe”.
La paritaria policial
La crisis policial sorprendió al gobierno provincial, que desde el inicio de su gestión reservó para ese sector su mejor “paritaria”. Tanto en la dinámica de aumentos como en los gestos políticos. El culto a la mano dura no compensó la pulverización de ingresos y el endurecimiento de las condiciones de trabajo que también padecen los uniformados, sobre todo los de menor rango. Esta tensión entre lo simbólico y lo material se extiende a las fuerzas nacionales.
La respuesta ofrecida al reclamo consolidó la versión provincial del “salario dinámico” que propone la reforma laboral. Los ministros de Seguridad y Economía reconocieron en conferencia de prensa que van a dar mayor “premio” a este sector de la plantilla estatal. Entre otras cosas, garantizarán un ingreso equivalente al costo de la canasta de pobreza para los agentes en la base de la pirámide. Una suerte de salario mínimo policial que podría convertirse en referencia para otros ámbitos del Estado en los que hay trabajadores bajo esa línea. Por ahora, las paritarias con los gremios del sector público arrancaron con la oferta básica de compensar el desfase inflacionario del último bimestre.
Más allá de la complejidad y de los intereses que atraviesan los conflictos que involucran a personal armado, comparten con los desarmados la crisis de ingresos. El febrero caliente parece indicar que la curva de tolerancia por afinidad ideológica o condiciones políticas se empieza a cruzar con la del malestar por la caída del poder adquisitivo. “No puede ser que naturalicemos la necesidad de tener tres trabajos para llegar a fin de mes”, dijo Furlán el martes, al poner la recuperación del salario como el primer punto a reivindicar en un programa de acción contra el plan económico.
En dos años, esta caída real de los ingresos significó una transferencia de 67,2 billones de pesos desde el mundo del trabajo al del capital, según calculó el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate). Deflactado por el Índice de Precios de Caputo, los asalariados privados perdieron 6 % y los públicos 20 %, mientras que los jubilados de la mínima cedieron 28 %.
Un bife al IPC
El gobierno nacional frenó la difusión del IPC actualizado pero la maniobra apenas maquilló los números que señalan esa pérdida. La inflación de enero, medida con el método viejo, quedó a las puertas del 3 %. La tasa del 2,9 % es la más alta desde marzo y marca un nuevo máximo de la escalera ascendente que lleva ocho meses. La medición interanual completó la tercera suba consecutiva. En Santa Fe, el indicador repitió la suba de diciembre (2,6 %).
Bajarle el precio a los ponderadores de servicios licúa el impacto de los tarifazos del 2026 en el índice general pero, como se había anticipado, potencia el peso del rubro alimentario en la canasta del Indec, amplificando los efectos de la suba de la carne, ya no solo de la vacuna sino también la de sus sustitutos, como el pollo.
Alimentos y bebidas, que en diciembre había presentado aumentos de 3,1 %, saltó a 4,7 % en enero. Por encima del promedio general también cerraron restaurantes y hoteles (4,1 %), comunicaciones (3,6 %) y servicios de la vivienda (3 %).
El único rubro con deflación (0,5 %) fue prendas de vestir y calzado. Al costo de empujar al sector a trabajar a un 30 % de capacidad instalada, con sus consecuentes despidos, Caputo está ahora un poco más cerca de comprarse un saco de confección nacional.
Dura de bajar
La tasa de sacrificio luce elevada para el resultado obtenido. Una conclusión que se puede extender al proceso en general. “El ajuste que sumió en la pobreza a jubilados y estatales, que frenó obras viales y de saneamiento elementales y que dejó al borde del cierre a las universidades y al sistema científico nacional, no alcanzó para terminar con la inflación”, disparó el último reporte de Mate.
El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) explicó por qué entiende que no hay muchas posibilidades de que esto cambie en el mediano plazo. Los economistas se remitieron a una experiencia cercana al corazón libertario: la de Chile durante la dictadura de Pinochet.
“Al inicio del régimen autoritario, en 1973, el país vecino tenía una inflación anual de tres dígitos. Las políticas implementadas (fuerte ajuste fiscal, contención monetaria y salarial, y apertura importadora) no lograron reducirla de manera significativa hasta 1978, cuando se introdujo un esquema de microdevaluaciones que derivó posteriormente en un tipo de cambio fijo sostenido mediante endeudamiento externo”, recordaron. Este nuevo régimen permitió alcanzar tasas mensuales de inflación de un dígito hacia 1980 pero “colapsó al no poder sostener el ingreso de divisas” requerido. “Fue recién a fines de esa década, con la adopción de un régimen de metas de inflación, que logró una reducción sostenida a niveles cercanos al 3 % anual hacia fines de los noventa”, agregó.
Su conclusión es que “el éxito inicial para salir de tasas de inflación de tres dígitos puede continuar con una situación prolongada de tasas de inflación de dos dígitos”. Es lo que entiende pasará en el caso argentino, “dada la ausencia de una política antiinflacionaria clara y sostenida en el tiempo”.
A poco más de un mes de que se cumplan 50 años del golpe militar de 1976 en Argentina, revisar las experiencias pioneras que el neoliberalismo realizó a punta de pistola en América del Sur permite sacar conclusiones sobre el costo y la sustentabilidad de los modelos que se intentan repetir.
En lo inmediato, la tasa de inflación que arranque con cero no parece cercana. La ampliación temporal del cupo de exportación de carne vacuna a EEUU, una de las pocas concesiones que realizó Donald Trump en el marco de las “negociaciones” comerciales con Milei, entonará los precios de este producto que supo ser un clásico del consumo popular.
Destino sudamericano
Aceptar el destino vegetariano no será una opción de vida sino el resultado de la supresión de la puja distributiva. Es la tarea que quiere completar la coalición política que le dio media sanción a la reforma laboral. La iniciativa es la llave para desarticular las paritarias.
Aprovechando en parte la movilización callejera, distintos lobbies salvaron sus cajas en las roscas de pasillo. Los sindicatos y cámaras empresarias retuvieron los aportes obligatorios, los bancos el negocio del pago de sueldos, el mercado de capitales se ganó el negocio millonario del fondo de despidos y los gobernadores evitaron recortes en la coparticipación. Para eso sacrificaron la jornada de ocho horas, la ultraactividad de los convenios colectivos, la indemnización plena, las vacaciones y el derecho de huelga, entre otras cosas.
Como la traición no da derechos, esas “ventajas” durarán lo que quieran las dinámicas de la relación de fuerzas y de la propia crisis económica. De hecho, los ingresos coparticipables cayeron en enero, en forma inversa al crecimiento de las demandas a atender en los territorios. La vieja canción española adquiere un sentido casi literal: es muy probable que ese dinero lo terminen gastando en medicina.
Según calculó en su momento el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Santa Fe evitó por ahora el recorte de unos 97 mil millones de pesos en 2027 con la eliminación del capítulo de reducción de Ganancias en el proyecto laboral. Mientras tanto, el Tesoro de la provincia aportó casi 312 mil millones para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones en 2025, como consecuencia del incumplimiento del gobierno nacional. Según el último análisis provisorio de las finanzas provinciales publicado por el Ministerio de Economía, por ese motivo las cuentas cerraron el año pasado con un leve superávit financiero de 8.200 millones de pesos, en lugar de algo más de 320.000 millones.
El resultado positivo se recuperó sobre el final del año, luego de tres meses, con un notable aumento de 64,3 % interanual en los ingresos corrientes durante diciembre, contra gastos que se movieron al 31,7 %. El rubro remuneraciones explicó el 42,67 % de esas erogaciones en el acumulado de 2025.
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