En una semana en que la Casa Rosada tuvo mucho para celebrar, y el peronismo no consiguió evitar ninguna de las dos principales leyes que atravesaron con comodidad el Senado (Reforma Laboral) y Diputados (Ley Penal Juvenil), el plan del oficialismo para las sesiones extraordinarias parece navegar sin mayores inconvenientes, al menos dentro del Palacio.
La mega ley con más de 200 artículos de “Modernización Laboral” —un verdadero quiebre cultural en la tradición del trabajo en la Argentina—, buscará obtener dictamen en la próxima semana súper corta por los feriados de carnaval, para quedar lista para el remate final en la última semana de febrero. Es el plan del gobierno.
La nueva ley, que como ya es una nueva “tradición” del mileísmo, recién se conoció minutos antes de la votación, impidió que la letra pueda ser leída y analizada en detalle antes de votarse, cosa que recién sucedió en los días posteriores. Es una práctica ya consolidada (desde ya, al borde de la legalidad reglamentaria y políticamente ilegítima) de la Casa Rosada, la trampa de “no mostrar” los dictámenes hasta el final, negociar partes con los sectores que acompañan al gobierno, y recién poner el texto definitivo al escrutinio de toda la sociedad (a través de los medios de comunicación y dispositivos de difusión) una vez que los votos ya están emitidos.
El debate, de este modo, se posterga, y se da efectivamente ante un hecho consumado, y con el recinto cerrado. En las cámaras, entre tanto, se suele discutir sobre aproximaciones y, en muchos casos, sobre datos que van cambiando. Sería un “discutamos sin saber” deliberado, para confundir a las audiencias. Sin embargo, más tarde o más temprano, la letra escrita sale a la luz: ahora es el tiempo donde los argentinos (asalariados e interesados en su propio destino) ven en detalle la ley laboral que los contendrá desde el momento de su promulgación.
Régimen penal juvenil
En Diputados, con mayor holgura, y posiblemente con la simpatía de amplios sectores sociales (votantes y no votantes de LLA), este jueves se aprobó un nuevo régimen penal juvenil, que en sus aspectos principales baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, a la vez que promete crear nuevas instituciones de tratamiento y alojamiento para estos niños y niñas de 14 y 15 años que cometan delitos, aunque destina una exigua cifra de 27 mil millones de pesos para toda la Argentina aplicable a ese concepto.
Según distintos cálculos, ese dinero sólo alcanzaría para construir unos 400 metros cuadrados de instalaciones especiales en cada provincia. La media sanción aprobada, dice, por lo demás, que “en ningún caso los menores de 14 y 15 podrán ser alojados en los mismos sitios que los mayores de 18 años”. El dinero, las provincias deberán conseguirlo (para construir las cárceles para niños de 14 y 15 años) “por convenios que hagan con el gobierno nacional u otras provincias”.
La ley de “baja de la imputabilidad” obtuvo 149 votos favorables —la alianza gobernante, en este caso acompañada por bloques intermedios, como el caso de los diputados de Unidos de Santa Fe— y 100 en contra, con el peronismo en su totalidad y sumada la izquierda trotskista.
Hay que destacar una diferencia clave entre la ley de reforma laboral y la penal juvenil: esta última viene efectivamente en discusión desde hace varios períodos en la Cámara, los debates fueron abiertos y profundos, pero no hubo acuerdo entre los dos bloques políticos mayoritarios.
Para el peronismo, que terminó votando de manera unificada y en negativo, sin embargo, se trató de un problema político interno sin solución. Hubo en la práctica tres posiciones: la de rechazo de plano a cualquier baja en la edad de imputabilidad y otras dos orientadas a crear un sistema penal juvenil específico, con distintos tipos de acciones sobre los niños que cometen delitos, sus familias y cómo último recurso el encierro en sitios especializados y con penas muy menores respecto de los adultos.
Todo empezó con la cordobesa de LLA, Laura Rodríguez Machado, que celebró el nuevo Régimen Penal Juvenil como un “gran paso” para la Argentina. “Esta Cámara tuvo muchas intenciones desde el año 2000 de modificar algo que, a todas luces, es tremendamente injusto, que es la manera en que el Estado trata a nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal”, sostuvo. La legisladora bullrichista señaló que “la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas”. Además, detalló los principales puntos del proyecto que se trató en un plenario de comisiones y que ella encabezó como presidenta de Legislación Penal.
En contrario, y al defender el dictamen en minoría de su espacio, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz calificó como “un mamarracho jurídico” al proyecto del oficialismo. Recordó que su bloque tiene “un dictamen propio que fija una posición clara: los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años, y en la concurrencia de delitos graves la pena máxima será de 10 años —expresó—. Nos hacemos cargo de lo que escribimos, eso cumple el principio de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que lo va a juzgar, defender, y le va a dar una salida en base a la Constitución. Pero además nos encargamos de los jóvenes punibles y escuchamos a 31 especialistas que pasaron por los plenarios de comisión: pena progresiva; proporcionalidad en la pena; lugares especializados, no durlock en cárcel de adultos. Queremos como última ratio la pena de restricción de la libertad en lugares que tenemos que reconstruir en muchas provincias, o tenemos que volver a hacer en otras”.
Dirigiéndose al oficialismo, lanzó que “no tiene la solución al problema; esta no lo es. Esto no se soluciona con márketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker. Se soluciona conociendo primero la realidad argentina, las normas procesales de cada provincia, entre otras cosas”. E insistió en que “la no punibilidad tendrá que tener una respuesta también, incluso cuando comete un delito”.
A su turno, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que “hay un montón de aportes” de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría que “lamentablemente no fueron tenidos en cuenta. La opinión ha sido muy potente alrededor de que tengamos en este tema todos los cuidados que teníamos que tener. Lamentablemente fueron desoídos”, agregó.
Para el santafesino, en esta iniciativa hay “un vacío de política pública alrededor de los niños y adolescentes no punibles”, al tiempo que “no dice una palabra sobre la cuestión preventiva”. “Y hay un abordaje desde el punto de vista presupuestario ínfimo, que no incluye a las provincias”, observó.
Y sobre el final dijo que “la respuesta debe estar en un régimen penal juvenil fondeado en un Código Penal”, por lo que le pidió a su par Rodríguez Machado la posibilidad de incorporar en el Código Penal una pequeña modificación al artículo 34, que establezca que no son punibles todas aquellas personas que no hayan cumplido los 14 años de edad. “Si usted toma esa modificación que yo le estoy pidiendo, esta ley va a tener destino. De lo contrario, va a terminar judicializada, a tiro de que cualquier magistrado entienda que la única forma de establecer una ley de comprensión de la criminalidad del acto debe estar fijado en el Código Penal y no en una ley complementaria”.
Más adelante, las diputadas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá cuestionaron duramente la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad y denunciaron que se trata de una “persecusión” a los pibes. Bregman aseguró que esta ley es “para darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios”. “No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora”, alertó y añadió: “El Gobierno de no hay plata tiene plata para la persecución penal de los pibes”.
Acuerdo Mercosur Unión Europea
Terminado el debate y votada la baja en la edad de imputabilidad, también el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero de 2026 en Asunción, y enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero, obtuvo su media sanción. La votación se concretó cerca de la medianoche y tuvo como resultado un amplísimo 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.
Como quedó en evidencia, el bloque del peronismo se dividió. Por caso, entre los santafesinos, Florencia Carignano expuso y argumentó el rechazo, mientras que Agustín Rossi, que también habló en el recinto, lo hizo de manera favorable: anunció que votaría a favor porque el acuerdo “fortalece al Mercosur; lo fortalece ante los ya existentes acuerdos bilaterales asimétricos. Si no hubiese existido este acuerdo con la Unión Europea, tensionarían más el Mercosur. Como peronista lo reivindico; nunca nos imaginamos saliendo del Mercosur”.
En igual sentido positivo que Rossi, lo hicieron Germán Martínez, Caren Tepp y Diego Giuliano. Alejandrina Borgatta y la mencionada Carignano lo rechazaron. Todo el resto de los bloques santafesinos votaron a favor.
Según La Casa Rosada, el acuerdo conseguirá incrementar la proporción del PBI global con el que Argentina mantiene acuerdos comerciales, superando el 30 por ciento tras su entrada en vigor; otorgar previsibilidad y señal de apertura a los operadores económicos internacionales, y fortalecer la estrategia de inserción externa de la administración Milei, en línea con las reformas económicas implementadas. Por lo demás, Las mayores cuotas agrícolas jamás otorgadas por la UE, incluyendo carne bovina, carne aviar, maíz, arroz y lácteos, y mejoras arancelarias inmediatas o de corto plazo para carne, langostinos, calamares, merluza, miel, cítricos, frutas y biodiesel. Acceso libre de aranceles desde la entrada en vigor para productos pesqueros clave como langostinos, merluza Hubbsi y calamar. Eliminación de aranceles al vino, junto con el reconocimiento de indicaciones geográficas argentinas y expresiones tradicionales (“reserva”, “gran reserva”). Beneficios para productos hoy afectados por aranceles elevados: frutas frescas, frutos secos, legumbres, tabaco, hortalizas, aceite esencial de limón, mate y té.
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