Varios meses antes de que se desatara la protesta policial, el gobierno de Santa Fe venía trabajando en un plan de mejoramiento salarial para el sector, similar al que se aplicó con el personal docente a través de un premio a la asistencia.
Tal vez el problema fue la demora en terminarlo, aunque nadie podrá saber si las razones que motivaron la demanda de los uniformados hubieran sido satisfechas con aquel proyecto, ahora superado por las medidas de urgencia y acción rápida que se tuvieron que anunciar la semana pasada.
A diferencia de los aumentos en los montos de piso salarial, plus por servicio y adicionales que se establecieron por decreto, el plan original contemplaba una reforma más estructural, basada en el modelo de asistencia perfecta y también incluía una diferenciación en tres escalones para el personal de calle que presta servicio en los lugares más complicados y de mayor trabajo.
El plan llevaba meses de estudio y se encontraba en etapa de definición, viendo los últimos detalles para su aplicación dentro de la compleja organización policial, y esperando el visto bueno de Economía sobre la factibilidad de los fondos que iban a respaldar esos cambios. La inesperada protesta hizo que se adelantaran los tiempos y no se llegó a terminarlo.
La parte del modelo que se asemejaba al de asistencia perfecta que tienen los docentes interesaba especialmente al gobierno, porque iba a permitir mejorar el control de la operatividad, lo que en la administración pública llaman “carpeteros”, aquel personal que falta en exceso y sin justificación, como hizo público el gobierno con algunos docentes. Ahora esa parte del plan para la policía quedó en veremos.
Por qué estalló la protesta
En la coalición Unidos reivindicaron en una reunión posterior al final de la protesta policial la intervención que tuvo el gobernador Maximiliano Pullaro. “Cuando salió a la cancha puso fin al conflicto anunciando medidas que atendían los reclamos de los policías, pero que no eran distintas de las que se habían acordado la noche anterior y que a pesar de haber sido comunicadas públicamente y a los interlocutores policiales, no fueron aceptadas”, resaltan.
La conclusión que sacan es que “la credibilidad de este gobernador sigue intacta. Cuando salió, puso un límite y se terminó el conflicto”.
“No hay razones para seguir movilizándose”, dijo Pullaro en la última conferencia de prensa, en la que no sólo detalló las medidas a incluir en el decreto que se disponía a firmar, sino que enmarcó políticamente todo el plan de seguridad que desplegó el actual gobierno, con el que se logró bajar el delito y los niveles de violencia. Al rato, los móviles y el personal policial que protestaba frente a la Jefatura de Rosario ponía fin al conflicto.
En ese discurso el gobernador se quejó de que durante los días del conflicto “hubo mucha manipulación, le mintieron al personal policial, hubo fake news difundiendo una política salarial incorrecta y mentiras con audios de sectores que tienen otro tipo de intencionalidad”. Por eso decidió comprometerse personalmente con los anuncios.
De paso aprovechó para recordar que el de 2026 fue el enero con menos violencia en la historia de Rosario, aseguró que este conflicto no va a socavar la política de seguridad que lleva adelante ni a romper el nexo del gobierno con la policía. Repitió que fue él quien puso la cara como nadie por la policía (“discutí con todos los garantistas”, “a las fuerzas de seguridad las quiero y las defiendo”, “a mí no me van a poner enfrente de la policía”, dijo) y reiteró que el reclamo fue “justo y genuino” y que tiene más que ver con que la economía general está mal que con los déficits de Santa Fe (“no sólo los empleados públicos la pasan mal”, señaló).
En el medio no dudó en prometer que si en Santa Fe hace falta y tiene que dejar de hacer una obra para atender estas demandas del personal, lo va a hacer.
El problema de los interlocutores
Las negociaciones se enfrentaron a un problema imaginable. Al no tener la policía una representación orgánica, no había una conducción unificada de la protesta, y quienes se sentaron a dialogar no estaban en condiciones de garantizar que lo acordado con el gobierno pudiera ser cumplido.
A medida que pasaban las horas se sumaron interlocutores de distintos sectores de la policía; a la protesta original se agregaba así cada vez más gente con demandas extras, y el conflicto se hacía más difícil de destrabar.
Fue mutando el núcleo del reclamo inicial. Algunos pedían por los que viajan, otros querían que el aumento fuera al sueldo, otros que sea un plus, algunos que ese plus sea para todos, otros que no, varios estaban en nombre de los jubilados, y así cada uno daba su visión y privilegiaba algún problema concreto y a veces hasta personal.
Hubo dos reuniones y varios llamados. Las demandas del primer petitorio no garantizaban el compromiso de levantar la medida. “Las bases deciden”, era la promesa que recibía el gobierno, que buscaba no solo un mensajero que se limite a retransmitir, sino que también uno que contribuyera a conciliar posiciones.
Como detalle, a la primera reunión se presentó como interlocutor de la protesta alguien que tenía un familiar preso, y hasta hubo un reclamo de un efectivo por la compra de una montura para la sección Caballería.
Fue entonces que, ante el descontento con los voceros centrales del conflicto, algunos jefes policiales empezaron a dialogar de manera más directa con las bases y se pudo cerrar un plan de medidas.
En cuanto al saldo final, seguramente dejará algunas heridas que se irán suturando. Por ahora importa que mientras duró el conflicto la policía no se retiró del servicio, que no hubo incidentes de gravedad para la sociedad, que se pudo restablecer el orden y que el Estado estuvo a la altura.
Operatividad normal y petitorio nuevo
Desde el gobierno rescatan dos situaciones: una que durante el tiempo que duró la protesta se garantizó la operatividad normal en Rosario, y que incluso no hubo homicidios y ante cada delito denunciado hubo respuesta policial. A la hora de los detalles, se admite que los patrullajes se vieron reducidos, pero a niveles aceptables. “No eran los 210 móviles a los que subimos la exigencia desde hace dos años, pero si alrededor de 100, que es muchísimo comparado con los 20 que circulaban en las calles cuando asumimos. Entonces sí que toda la ciudad era zona liberada”.
La otra es que el último petitorio policial, a diferencia de otras protestas, no tuvo puntos que históricamente formaban parte de los reclamos policiales: nadie se quejó porque le falta el arma, o porque el móvil tiene problemas mecánicos, ni porque tienen que pagarse los uniformes o los chalecos antibala están vencidos. Nada de eso fue nombrado.
Es claro que el gobierno provincial decidió un cambio en la política salarial en favor de la policía. Ahora más notablemente, aunque esa orientación ya había comenzado en las últimas tres paritarias, en las que habían concretado un gesto al darle al sector un punto más de aumento que al resto de la administración pública. Pero al partir de una base insuficiente, eso no fue tan valorado.
De todos modos, en el gobierno reconocen que hay problemas estructurales en la policía que no se arreglan con un decreto. Aseguran fuentes del gobierno que con las fuerzas de seguridad no es novedad que haya descontento, porque “nunca existe una situación general de bienestar”.
Sobre la actuación de la política durante el conflicto, hay una valoración especial del rol del gobierno nacional y de varias provincias, que se solidarizaron y ofrecieron apoyo. Al evaluar a La Libertad Avanza, en el gobierno de Santa Fe dicen que institucionalmente estuvieron diez puntos, aunque el balance cambia a la hora de considerar a algunos de sus referentes provinciales que sumaron leña al fuego y a quienes calificaron de “lamentables”.
Es que ni en la Nación ni en otras provincias querían que el conflicto escalara, como ocurrió en 2013 cuando hubo una protesta con muertos en Córdoba que se extendió a Santa Fe y a otros distritos. Pero en Santa Fe la necesidad de posicionarse llevó a algunos referentes libertarios a no reparar en daños.
“Por suerte a algunos ni los conocemos. Son referencias marginales que alimentaron el problema en las redes y ni siquiera sabemos si son diputados o concejales, pero no tuvieron el mismo perfil que la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva; el del Interior, Diego Santilli, o el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por ejemplo, que colaboraron”.
El temor de todos es que se miren en el espejo de Santa Fe los recibos de sueldos de otras policías provinciales o de las fuerzas federales. La mayoría queda por debajo. Sólo Capital Federal y Córdoba pasarían la prueba. Santa Fe pudo ser la chispa que encendiera otros reclamos, con el agravante de que la mayoría de las provincias no tienen una caja similar a la santafesina para responder tan rápidamente.
Entre otras consecuencias, queda saber cómo repercutirá el aumento otorgado a la policía en los otros sectores de la administración pública santafesina. Después del primer anuncio de aumento, precipitado y a las pocas horas de desatado el conflicto, la lección que queda puede ser algo que marca con lógica las pulseadas en cualquier sector de la administración pública: en el Estado las cuestiones siempre son universales, siempre tiene que haber algo para todos. Después se privilegia en los detalles, pero siempre sobre una base general. Pasó ahora con la policía, puede ser un modelo para la negociación con el resto de los empleados santafesinos.
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