La Casa Rosada consiguió media sanción en el Senado de una ley largamente soñada por una minoría empresaria, la Reforma Laboral, que introduce el término “modernización” en el título (y no reforma) materializando una estafa semántica, y desde el mismo título, busca ganar la batalla de sentido. Se empieza a cumplir el eterno sueño antisindical de un sector objetivamente pequeño, aunque por primera vez en 80 años con volumen necesario para revertir el carácter jurídico que distinguió a la Argentina como una rara avis en el panorama de derechos laborales continental e incluso planetario. El triunfo parlamentario del oficialismo fue claro, por 42 votos a 30 en la votación en general (y sin variaciones significativas en las votaciones por capítulos – XIII, de los más de 210 artículos-) y expresa, por ahora, la fortaleza basada en una alianza estable que consiguió el mileísmo desde su triunfo en octubre de 2025.
Indemnizaciones con tope, achicadas en el monto, y a pagar en 12 cuotas; el fin de las ocho horas de trabajo diario (que pueden ser hasta 12, según la preferencia empresaria, siempre que haya compensación intersemanal y se mantenga la ya de por sí excesiva carga de 48 horas semanales); el recorte en el pago de los días de licencia por enfermedad (que bajan al 75 o hasta el 50 %) del monto de la jornada diaria; los acuerdos paritarios por empresas y ya no más por sectores productivos, y entre muchísimas otras decisiones, el otorgamiento de las licencias por vacaciones anuales (que junto al aguinaldo ya no serán parte del cálculo indemnizatorio) durante el semestre frío del sur del planeta, y que podrían fraccionarse en segmentos de hasta siete días por vez.
La media sanción del Senado implica el derrumbe casi total de la legislación laboral argentina y todo indica profundizará los despidos y achicará aún más los salarios en términos generales, aunque, a la vez, podría crear una subcategoría minoritaria de trabajadores que al esforzarse especialmente en línea con la pretensión patronal, obtengan beneficios particulares que los coloquen en consonancia con el concepto “trabajador del mes”, que premia el individualismo y demuele la conciencia política de clase y los efectos benignos de la acción grupal de lucha sindical.
En las calles
La discusión dentro del recinto, de casi 15 horas, estuvo acompañada por una enorme movilización de convocatoria sindical que copó la Plaza del Congreso. Un dispositivo de seguridad enorme, desde muy temprano, aisló al Palacio de la plaza. La tensión fue creciendo, aunque todo transcurría en paz hasta que, a media tarde, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre la multitud disparando gases, balas de goma y el uso de camiones hidrantes. La respuesta se desató —incluyó también el grupo de infiltrados policiales que “colaboran” desde el otro lado de la vallas—, y volaron piedras y bombas incendiarias desde la plaza hacia las formaciones de Policía Federal y Gendarmería, entre otros. La plaza fue parcialmente desalojada. Como en tantas otras oportunidades, el horario para reprimir la expresión popular fue sobre las cuatro de la tarde: en las manifestaciones del 30 de marzo y el 16 de diciembre de 1982, las del 19 y 20 de diciembre de 2001, y diciembre de 2017, entre otras, las más recordadas, tienen eso en común, el horario en que las fuerzas de seguridad deciden “romper” la movilización, y son el punto de inicio del caos.
Los discursos
Dentro del Palacio, entre los bloques pequeños cuya votación estaba en duda, se destacó la senadora cordobesa Alejandra Vigo, del gobierno provincial, que, con matices, aprobó la norma en general, aunque aclaró que “no es un momento histórico, histórico fue la creación de estas leyes (1945), ahora hacemos lo que hay que hacer”.
Un discurso muy esperado y escuchado fue el del senador y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Con sus modos suaves, y matizado, Zamora rechazó con una gran batería de argumentos la propuesta del Ejecutivo nacional. Zamora demostró, con su estilo discursivo, por qué consigue hegemonizar electoralmente su provincia con el 70 por ciento de los votos, y desde hace cerca de dos décadas.
Otra incógnita que se develó ya sobre el final de la sesión fue la posición del gobernador de Santa Cruz, y los senadores que le responden por la mayoría de esa provincia. Fiel a su tradición sindical (petrolero) Claudio Vidal le dio la espalda al gobierno y rechazó la “modernización”.
En el inicio de la sesión, el chaqueño de LLA, Juan Cruz Godoy, debutante en el recinto, explicó que se trata de “una ley en la que creo fervientemente”, y defendió el concepto de “modernización” al recordar que las leyes vigentes se pensaron para una realidad de hace 50 ó 70 años.
La visión libertaria se basa en la idea de “una realidad muy cambiante”, a la que esta ley “viene a dar soluciones”. Por ejemplo “la problemática de contratar, al miedo que tienen los empleadores de los riesgos de litigios laborales que pueden hacer quebrar a su empresa por una discusión con un empleado”.
En un mismo sentido, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero se refirió al discutido Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aclarando que “no sustituye ni modifica el régimen actual de indemnizaciones. Se crea para asegurar el cumplimiento del pago. Es para trabajadores registrados y no se aplica al trabajador de la construcción ni personal de casas particulares.
La principal espada opositora estuvo en la voz del senador del bloque Justicialista Mariano Recalde: el FAL es “el despido subsidiado por el Estado. El FAL es un escándalo. Es un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP”, expresó y cargó contra los bloques dialoguistas: “Van a ser cómplices de un negociado de los amigos de Caputo”.
En esa línea, apuntó que “es un fondo que se lo van a quedar administradoras privadas”. “Los premiados van a ser los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños y cuando volvamos al Gobierno los vamos a meter presos. Acuérdense. Acuérdense. Otra vez lo de las AFJP no”, advirtió.
“Cada vez que se atacaron los derechos de los trabajadores (dictadura, gobiernos de Menem y De la Rúa), el resultado es objetivo, empeoraron las condiciones de empleo y no se creó más trabajo”, dijo a su turno Juliana Di Tullio (bloque Justicialista), que luego subrayó que esta ley “es pedida expresamente por el Fondo Monetario Internacional”.
La Modernización Laboral que presenta el gobierno promete “la eliminación de la industria del juicio”, un capítulo muy discutido desde hace años por los empresarios adversarios del sistema de protección laboral, y por una parte de los trabajadores que están fuera de registración. En la práctica, la carga indemnizatoria tal cual se conoce, en caso de aprobarse la nueva ley, tendrá un tope máximo, no incorporará todos los ítems de cálculo actual, y podrá pagarse en 12 cuotas.
También la nueva ley crea un polémico “banco de horas”, que posibilita al empresario a variar la carga horaria diaria de trabajo, aunque respetando un promedio de 48 horas semanales, según la antigua ley laboral argentina. Todo indica que el grueso de los trabajadores que suman ingresos con horas extras dejará de cobrarlas a partir de esta sorprendente flexibilización.
“Es un momento de desolación de los trabajadores”, señaló Di Tullio, y concluyó “ustedes (LLA) tienen el poder, pero lo van a perder”.
De los senadores santafesinos tomaron la palabra en el debate Carolina Losada (aliada del oficialismo) y Marcelo Lewandowski (peronismo). El rosarino hizo un largo recorrido sobre los cerca de 200 artículos de la nueva mega ley. Y argumentó el rechazo en un concepto central, “la nueva ley no creará empleo a la vez que quitará derechos y reducirá los ingresos salariales”.
Losada, por su parte, fiel a su estilo, más que argumentar a favor de la ley castigó a los gobiernos kirchneristas y se sorprendió por la defensa que hicieron los senadores opositores de un “gobierno que fracasó, y que tiene a la ex presidente condenada, detenida y con tobillera”. El tercer senador por Santa Fe, presente en la sesión, Eduardo Galaretto —alineado con el gobernador Maximiliano Pullaro—, apoyó la propuesta del oficialismo, aunque no tomó la palabra.
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