En el primer trimestre de 2025, el presidente Javier Milei inició con un terrible discurso en Davos una “sucesión de hechos desafortunados” que incluyeron el descubrimiento de la cripto estafa y la crisis cambiaria que apuró, en medio de un zafarrancho dialéctico de Luis Caputo, una devaluación y el oneroso rescate financiero del FMI. Fue el arranque de un año difícil y generoso en corridas, escándalos y salvatajes que, no sin susto, cosecharon igualmente una extraña recompensa electoral.
Con esa licencia social, la historia parece volver en una versión un poco más degradada. Sin mucho auditorio en Suiza para escuchar sus alucinaciones maquiavélicas, el jefe del Estado recondujo el bullying del verano hacia Paolo Rocca, dueño del holding al que hace un par de años le entregó el sillón mayor de YPF. De lo particular a lo general, la ofensiva escaló contra la industria nacional y el ministro Luis Caputo la remató apuñalando a la agonizante rama textil. No se vistió para ese industricidio con el ropaje de antiguos tribunos sino con un saco comprado en Nueva York, porque él no compra en el país. Hasta al gobierno de Santa Fe le pareció demasiado y lo cruzó por esa ofensa anti industrial.
Caputo se enredó otra vez en explicaciones más jabonosas que las de Fidel Pintos cuando hablaba del dólar en Polémica en el Bar. En el foco de la polémica no solo quedaron sus hábitos de consumos sino también el archivo prematuro del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). La suspensión se mantendrá, dio a entender, hasta que al gobierno le cierren los números. Según trascendió, el ajuste en base a la encuesta de gastos de 2017/18 iba a resultar en un indicador que reflejaría un alza mensual superior al 3 % en enero. Esta cifra ponía en otro escalón la evidencia sobre la aceleración inflacionaria de los últimos ocho meses. Otra historia conocida: Milei ordenó meter mano en el Indec.
Un Libra estadístico
Si en febrero del año pasado el caso Libra acabó técnicamente con la narrativa anticasta, la intervención sobre el índice de precios sepultó la de la desinflación. Sofía Botto, directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política (Isepci) se preguntó qué busca esconder el gobierno nacional con esta maniobra. Y se contestó: “Lo que todos sabemos cada vez que vamos al almacén del barrio, cuando nos llega una nueva factura o cuando se nos actualiza el precio del alquiler: que todo el ‘esfuerzo para estar mejor’ que Milei le pide al pueblo argentino es una mentira; que la inflación es mucho mayor que lo que se muestra mes a mes y que están construyendo un país para pocos”.
El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) cuestionó tempranamente la demora del gobierno en aplicar la nueva metodología. Estimó que la inflación acumulada fue del 249,5 % entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025. Pero saltaría al 288,2 % si se aplicaran los ponderadores de 2017/2018. Son 38,7 puntos más. Las diferencias se concentraron en 2024, por grandes saltos en los rubros que informan de aumentos de tarifas. Como el IPC atraviesa múltiples mediciones, estas brechas se trasladan al cálculo del salario real, las jubilaciones, la pobreza y la indigencia.
“Siendo la inflación a la baja su principal carta de validación ante la sociedad, la resistencia a la aplicación de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (Engho) a finales de 2023 se convirtió en una bandera política innegociable”, recordó el Cepa. Tras los sucesos de la última semana, Botto, de Isepci, completó: “Un IPC bien medido brinda datos reales sobre pobreza e indigencia y elimina el relato del gobierno libertario sobre los frutos nobles de su política económica”.
En rigor, el costo de esta y otras opacidades no tuvo impacto pleno en las urnas. El oficialismo atravesó con suerte desde tremendos escándalos de corrupción hasta pequeños misterios estadísticos, como el excepcional aumento de ingresos que ve el Indec para los trabajadores informales o el imposible crecimiento económico del tercer trimestre de 2025. La indiferencia cubre también la fuga del oro del Banco Central y los detalles del enigmático salvataje con intereses de Scott Bessent. Ni hablar del cierre de la investigación sobre el origen del endeudamiento con el FMI. Incluso el superávit financiero, una de las últimas trincheras discursivas de la política económica, se sostiene escondiendo bajo la alfombra la deuda capitalizable.
Romper el tablero
Desde esa perspectiva, la destrucción del termómetro inflacionario mira más al futuro que al pasado. La brutalidad de la decisión invita a sospechar que el problema es mayor al que se quiere esconder. La inquietud llega incluso a los acreedores. El cambio metodológico había sido monitoreado por el Fondo Monetario, que tiene en el país una misión auditando el cumplimiento del programa crediticio. La manipulación impacta en gastos inerciales como la movilidad jubilatoria y los bonos ajustados por CER. Se abre una pequeña Caja de Pandora en ese aspecto.
En los tiempos del Indec de Guillermo Moreno proliferaron los informes alternativos, desde el llamado IPC Congreso hasta el “índice changuito” que Hugo Moyano decía tomar como referencia para negociar las paritarias. La CGT anunció que hará su propia medición.
La novedad en este capítulo es que las negociaciones salariales comenzaron a diluirse antes que el nuevo IPC. Contribuyeron a eso el decrecimiento de la proporción de trabajadores bajo convenio, los aumentos pactados por debajo de la inflación y los topes impuestos por el Estado.
En su informe de enero, el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) actualizó el monto de ingresos que transfirió el trabajo al capital a través de la caída del salario durante la gestión de Milei: 67,2 billones de pesos. Deflactado por el Índice de Precios de Caputo, los asalariados privados perdieron 6 % y los públicos 20 %. Los jubilados de la mínima cedieron 28 %.
El fin de las paritarias
El gobierno no solo quiere acabar con el índice changuito. Quiere acabar con las paritarias y con cualquier otra fórmula de ajuste de ingresos que apunte a cambiar este orden de cosas. Lo intentó incluso con la Asignación Universal por Hijo (AUH) en el proyecto de Presupuesto 2026. Por eso, no teme que la manipulación de las estadísticas dispare un descontrol en las negociaciones. Para evitarlo, confía en la sanción de la reforma laboral.
La destrucción del derecho del trabajo y de las herramientas que permiten organizarse para defenderlo empujará la discusión salarial al terreno individual, donde el único parámetro es la relación de fuerza. Licuar el IPC es funcional a esa estrategia de desanclaje, al dejar a los trabajadores sin convenio y sin brújula.
Una pista sobre esta obsesión de política económica la brindó el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) en su último estudio de coyuntura. El trabajo relata que, después del salto de precios que acompañó la mega devaluación de diciembre de 2023, el equipo económico logró meter a la inflación en un sendero descendente hasta abril de 2025, cuando la curva se volvió a empinar. Ese período de estabilización se alcanzó con la coordinación de cuatro anclas: cambiaria, monetaria-financiera, fiscal y salarial. Las dos primeras se fueron relajando por distintos motivos, dentro de los cuales sobresalen las presiones sobre el dólar. Se sostienen las otras dos, emparentadas entre sí por el peso de la reducción de haberes en el Estado.
Estas anclas se llevan puesta a la actividad, la producción y el empleo, a la vez que empujan el endeudamiento y la morosidad. Algunas cifras de Mate para ilustrar: derrumbe de 29 % en la producción textil, de 23,6 % en la metalmecánica y de 20,7 % en la automotriz; caída de 320 mil empleos registrados y un nivel de mora en préstamos a familias que llega al récord del 11 % en el sistema bancario y del 27,1 % en el no bancario. Por ahora, esta tensión se expresa en conflictos que aparecen aislados. Desde paros, acampes, marchas y ocupaciones de fábricas inactivas hasta tomas de tierras. Los reclamos llegan a las propias fuerzas de seguridad, supuestamente mimadas por el gobierno nacional y los provinciales.
Patear la calle
En otro verano caliente, el de 2024, la Confederación General del Trabajo (CGT) estuvo en la cabeza de una de las movilizaciones más grandes contra la política económica de Javier Milei. Ese activismo fue clave para postergar el tratamiento de la primera versión de la ley Bases y congelar su capítulo laboral, un texto similar al que se quiere votar ahora. También exhibió a la calle como una herramienta eficaz para poner límites al proyecto oficial.
Dos años después, esa línea Maginot amenaza con romperse. El Frente de Sindicatos Unidos, nacido del encuentro de más de ochenta gremios de ramas muy variadas, se lanzó a la protesta en un intento desesperado por reforzarla. Protagonizó una masiva movilización en Córdoba y el martes próximo buscará multiplicarla en Rosario.
La CGT apostó hasta el final por el cabildeo con legisladores y algunos gobernadores que no dudan en negociar derechos ajenos por la caja propia y que se conducen con sus prejuicios y una condición particular que los emparenta con los gerentes: cobran de la misma masa salarial que los trabajadores pero actúan como patrones. De hecho, convirtieron los aumentos por decreto, el presentismo, los premios, los plus y la expansión de cargos políticos en la versión provincial del “salario dinámico” que fomenta la Secretaría de Trabajo de la Nación como parte del dispositivo para bajar el precio de las paritarias.
El jueves que viene se conocerá la suerte del proyecto laboral, que el oficialismo y sus aliados visualizan como fundamental para cambiar de raíz el modelo económico pero también para recrear el juego de las expectativas. Con pocos dólares, mucha deuda, una economía en crisis y el relato desinflacionario en la picota, la venganza de clase que prometen ejecutar opera desde la política como el llamado a un nuevo carry trade. Sin resultados medibles, la nueva casta compra tiempo vendiendo batalla cultural.
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