La Provincia presentó una denuncia penal contra 12 comedores que funcionaron en la gestión Perotti

Los resultados de la auditoría que encargó el actual gobierno de la provincia sobre comedores y merenderos que funcionaron hasta el año pasado derivaron en 12 denuncias en la Justicia, que pueden complicar a funcionarios que actuaron en la gestión de Omar Perotti y al resto de los involucrados.

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano logró auditar hasta el momento el 85% de las instituciones, de las cuales 120 fueron dadas de baja. En algunos casos la decisión se tomó por cuestiones administrativas, como la no rendición de cuentas; en otros, más graves, se detectó usurpación de identidad.  

De los 12 casos que fueron judicializados solo trascendió el nombre de Protegiendo Sueños, una ONG de San Lorenzo a la que se vincula con el actual concejal Esteban Aricó. El 7 de junio pasado, Suma Política dio cuenta de la denuncia penal contra la institución (ver la nota completa acá). Cuando fue dada de baja del sistema alimentario provincial, Protegiendo Sueños recibía 3 millones de pesos mensuales por el programa Tarjeta Institucional y 325 mil pesos por el Prosonu (programa destinado a atender las necesidades básicas de niños de 2 a 14 años).

Ahora se sumaron denuncias contra otras once instituciones: seis por usurpación de identidad y las restantes porque eran comedores fantasmas.  

La sospecha es que Protegiendo Sueños habría sido utilizada como pantalla y en realidad esos fondos eran derivados a la campaña electoral de Arico. En las elecciones del año pasado, Aricó se presentó como candidato a intendente y contó con el apoyo del exgobernador Perotti.

Por varias razones, es un caso emblemático. Fue la primera institución en ser denunciada penalmente, con supuestos vínculos políticos y, además, vecinos de lugar registraron el pasado 5 de abril cómo se llevaban del lugar cartelería y afiches de la campaña electoral.

La nota que oportunamente enviara la ministra Victoria Tejeda al fiscal Regional de la 1ª Circunscripción, Jorge Nessier, advierte que los hechos denunciados podrían configurar ilícitos penales. Y remite copia de las actuaciones realizadas en el expediente Nº 01502-0009180-4, “en el marco del proceso de relevamiento y control de la Tarjeta Institucional Alimentaria asignada a Protegiendo Sueños de la ciudad de San Lorenzo, donde surgen irregularidades vinculadas a la asistencia alimentaria brindada por el ex Ministerio de Desarrollo Social”.

Como presidenta de Protegiendo Sueños se desempeñaba Stella Maris Bravo, a quien acompañaban en la comisión directiva dos excandidatas a concejal por el espacio de Aricó: María Cristina Ramírez —secretaria—, y Agustina Campano —tesorera—. 

Las autoridades del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano se contactaron por primera vez con la institución el 9 de febrero pasado; en ese encuentro la presidenta les comunicó que Protegiendo Sueños derivaba la mercadería a seis comedores de la ciudad, una tercerización del programa que no estaba registrado en ningún documento oficial. Sin embargo, cuando fueron contactados, todos los comedores negaron recibir asistencia alimentaria de la institución. De inmediato, el Ministerio suspendió el envío de partidas.

De allí surgió otro elemento que apuntaló la decisión de avanzar con la denuncia: ninguna organización reclamó que se dejaron de enviar los fondos.

Panorama complejo

Mientras avanza la auditoría y a la espera de los resultados de la investigación que está llevando adelante la Justicia en las doce denuncias realizadas, el gobierno provincial debió suplir la ausencia de la Nación en ayuda alimentaria. Desde la asunción de Javier Milei, el dinero que llegaba a la provincia dejó de llegar.

Los tres programas vigentes demandaban en enero una erogación mensual de 1.050 millones; esa cifra, a partir del mes próximo, ascenderá a 2.800 millones. Según estimaciones formuladas por Jorge Márquez, subsecretario de Seguridad Alimentaria, en Red FM de San Lorenzo, 320 mil personas asisten a los comedores comunitarios en la provincia de Santa Fe. “Lo más preocupante es que el número crece, calculamos que aumentó un 30% desde diciembre pasado”, sostuvo el funcionario.