Cortaron la calle, quemaron neumáticos, hicieron asambleas, eligieron delegados, redactaron petitorios, coordinaron acciones en distintas ciudades. No son parte de un gremio, pero acudieron a métodos y recursos de la práctica sindical y hasta prefirieron definirse como autoconvocados en lugar de acuartelados. Los policías de Santa Fe mostraron una organización inédita que resultó clave para el logro de sus demandas salariales y otros beneficios, aunque no hubo un liderazgo visible, y el conflicto reverbera con el desplazamiento del jefe de policía de Rosario y la sospecha de que el conflicto fue azuzado por policías presos por corrupción.
La organización policial tuvo sus fisuras, como expuso el secretario de Análisis y Gestión de la Información Esteban Santantino el martes a la noche: lo que se negociaba con el abogado Gabriel Sarla, único vocero visible de la protesta, no tenía un correlato en la actitud de las bases reunidas ante la Jefatura de Policía de Rosario. Para el gobierno provincial el ruido en la comunicación fue un síntoma de la intervención de otros agentes: “se montó una campaña para intentar desprestigiar y romper el nexo entre las fuerzas policiales y el gobierno provincial”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro.
“Vimos gente vinculada con la anterior conducción de la Unidad Regional II. Muy vinculada, muy cerca”, indicó al respecto una fuente del gobierno provincial. La referencia alude a la cúpula que encabezó Daniel Acosta hasta el estallido del naftagate, el fraude con combustibles que involucró a una docena de ex jefes policiales. “Fogonearon constantemente la manifestación”, agregó la fuente.
Sarla fue acompañado en principio por policías no identificados, se supone que elegidos frente a los portones de la Jefatura de Policía de Rosario. “Sin embargo el conflicto recién se destrabó cuando quedaron de lado los llamados voceros y el ministro habla de modo directo con los mandos medios de los policías que estaban en la manifestación. De ese diálogo surge el decreto que después firma el gobernador. Siempre que hubo intermediarios, siempre que hubo voceros, la conversación no fluía y se generaba más ruido y más conflictividad”, reveló una fuente del gobierno provincial.
“Al principio hubo un diálogo sin que se interrumpiera la salida de los patrulleros. Después hay una lógica distinta, cuando se obstruyen las salidas por ambos portones de la Jefatura. En ese punto los primeros representantes de los policías que se acercaron a conversar se corrieron, porque no podían manejar a los que se manifestaban en la puerta”, apuntó la fuente.
El anuncio de que al menos veinte policías de Rosario y otros tantos de Santa Fe habían sido puestos en disponibilidad por sumar sus móviles en hora de servicio a la protesta encrespó los ánimos. El jefe de policía de la provincia, Luis Maldonado, salió a la puerta de la Jefatura de Rosario y recibió insultos; en los registros de la televisión se apreció a un hombre corpulento, con un piluso en la cabeza, que lo estrechó en un abrazo y lo apuró diciéndole “sos policía, ponete de este lado”.
La agresión contra Maldonado profundizó el conflicto durante unas horas en que las negociaciones parecieron en suspenso. Este “maltrato”, como lo calificó Pullaro, representaba un quiebre entre la cúpula de la policía y las bases que reclamaban salarios y mejoras en la atención de la salud y al mismo tiempo entre la policía y el gobierno. Mientras tanto, policías de civil y de uniforme se quejaron de sus salarios y alguno hasta lloró ante las cámaras de los canales de televisión porteños.
Un testigo de la negociación entre los funcionarios del gobierno y los voceros del reclamo da cuenta de un teléfono descompuesto. “El gobierno hablaba con Sarla pero los principios de acuerdo llegaban totalmente distorsionados a la manifestación y a lo que se difundía. No pudo haber ingenuidad en esa maniobra. Los propios policías que estaban dentro de la Jefatura lo comentaban”.
¿Quiénes montaron la campaña que denunció el gobernador? El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dio una pista en la conferencia de prensa del martes: “gente allegada a sectores desplazados de la policía, en algunos casos vinculados a hechos de corrupción cuyos perpetradores están privados de su libertad”. Pasado en limpio se entendió como referencia al naftagate, el fraude con combustibles. El ministro no dio detalles, pero según sus palabras no se trató de una sospecha sino de un hecho comprobado: “tenemos detectada gente y allegados a personal desplazado de la policía”, dijo.
El fiscal José Luis Caterina, a cargo de la investigación del naftagate, dice en cambio que no tiene evidencia sobre la participación en la protesta de los jefes imputados en el fraude: “Siguen siendo policías, y si los familiares querían participar no estaba fuera de sus derechos. Pero si el ministro de Justicia hace esa afirmación algún tipo de evidencia debe tener. Espero que nos la facilite”.
Caterina destaca la significación del hecho: “Si hubo acciones de desestabilización instigadas desde las cárceles por presos o por imputados en las causas del combustible o de los tercios del Comando Radioeléctrico desde luego le interesa a la fiscalía, como una pauta de peligrosidad procesal extremadamente delicada, pero sobre todo le interesa al ministro, porque ellos son los primeros en sostener que no debe haber direccionamiento del delito desde las cárceles”. La causa de tercios es la de diez policías —entre ellos Luis Pais, en su momento promocionado como policía ejemplar de mano dura— , acusados por robos, falsificación de documentos, allanamientos ilegales y detenciones sin motivo en más de veinte causas donde además plantaron armas.
“Hoy se efectuó una imputación a once policías, básicamente las mismas personas a las que la provincia abrió un sumario administrativo y pasó a disponibilidad aunque en menos de 24 horas revirtió esa decisión. Tomaron el turno para después agolparse en la puerta de Jefatura, desoyendo los reclamos de la central 911 de constituirse en sus zonas de patrullaje”, indica Caterina.
En la conferencia de prensa donde presentó la nueva escala salarial de la policía, Pullaro también se refirió a la difusión de fake news en redes sociales como parte de la campaña. En el gobierno sostienen que se editaron imágenes y videos en función de azuzar el conflicto y limar su principal capital político mientras arreciaban las críticas de todo el arco de la oposición política. El gobernador respondió con una nueva profesión de fe punitiva: “A mí que puse la cara como nadie por la policía y por el servicio penitenciario, a mí que me peleé con todos los garantistas, ¿a mí me van a decir asesino de policías, manipulando de manera artera el suicidio de un personal policial?”, se indignó Pullaro, refiriendo a un cartel que lo asoció con el suicidio del suboficial Oscar Valdez, el episodio que detonó la protesta.
Apropol, la Asociación Profesional Policial que aspira a ser reconocida como gremio, afirmó que como tal “no participa orgánicamente de las manifestaciones”, aunque “sus miembros, afiliados y simpatizantes lo hacen”. La web de Apropol, sin embargo, hizo más que informar sobre los hechos: entre otras acciones, convocó a una marcha el martes al mediodía frente a la Casa de Gobierno en Santa Fe, que no tuvo eco, y cuando se estaba resolviendo la negociación, exigió la renuncia de Maldonado y del jefe de policía de Rosario, Guillermo Solari. Previamente había convocado a una marcha de “la familia penitenciaria” en Santa Fe, donde los asistentes, todos retirados, se contaron con los dedos de una mano.
El abogado y ex policía Sarla integra la comunidad que Apropol llama “la familia policial”, y ya ofició de vocero en septiembre de 2020, cuando el grupo de presión policial organizó una concentración frente a la Jefatura de Rosario para rechazar un proyecto de reforma de la fuerza. Sin embargo, el gobierno provincial concedió que los reclamos eran justos y el conflicto se extendió sobre una situación de malestar existente y generalizada. En ese contexto, según la fuente del gobierno, “hay gente que nos quiere ver caer, y estaban ahí: no tenemos dudas”. Puertas adentro la onda expansiva de la protesta no se agota, como muestra el desplazamiento del comisario Guillermo Solari de la Jefatura de Rosario.
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