Aunque la mayoría de los sectores políticos y judiciales de la provincia evaluaron como positivo el encuentro nacional de jueces federales en Rosario para tratar el problema del juzgamiento del narcotráfico, hubo malestar expresado por lo bajo en contra de lo que calificaron como “humo santafesino y rafaelino” y a todo lo que se jugó detrás de la cumbre judicial.
Los reproches empezaron por la entidad convocante, una organización gremial, la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina. Los conocedores del tema la equiparan a una entidad como Justicia Legítima, y advierten que tiene una disputa interna con la Asociación de Magistrados, donde también conviven dos grupos: los celestes y los bordó.
La contracara de las calificaciones relevantes que se hicieron del encuentro de más de cien jueces utilizaron definiciones para nada elogiosas: “fue patético, tragicómico, vergonzoso”.
Si bien nadie arriesga demasiado sobre cuáles pudieron haber sido los motivos ocultos del encuentro, aseguran que “vienen por otros fines”, y en primer término mencionan la disputa interna de los dos supremos santafesinos, el actual presidente Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, de gran predicamento en la entidad organizadora del encuentro nacional.
También se resalta que se trata de un juego político que apunta a exponer y criticar al gobierno nacional, el único ausente en la jornada de la Facultad de Derecho.
Los de Comodoro Py
Uno de los detalles que molestó a integrantes de la comunidad judicial santafesina fue la presencia masiva de los jueces de Comodoro Py. Les cuestionan no ser la mejor referencia y se asombran de que ni cuando se realizaron los juicios de lesa humanidad hubo semejante movilización de jueces federales a Rosario.
“Que no vengan a hacer su show con la sangre y los muertos de Rosario”, le reprochan mientras comparten una publicación del diario La Nación del 10 de octubre de 2018 titulada “Los jueces de Comodoro Py tienen el peor rendimiento en causas de narcotráfico”, plagada de datos críticos sobre el funcionamiento de esos juzgados.
Sobre la actuación del federal en Santa Fe hay opiniones también contundentes que no pueden expresarse en público: “Es patético que vengan a apoyar a una justicia federal que cuando menos siempre miró para otro lado y que, como mínimo, fue negligente o, peor aún, cómplice”.
Uno de los que explicitó alguno de estos comentarios fue un ministro de la Corte provincial, directamente ante las autoridades provinciales y municipales.
La carga laboral
Otro cuestionamiento escuchado alrededor del reclamo que hace la justicia federal se basó en la ausencia de datos que respalden sus pedidos. Si bien reconocen el alto nivel de vacantes y admiten que deben ser cubiertas, aseguran que no hay tanto problema de estructura y de recursos, o que al menos no se puede asegurar eso porque nadie sabe cuántos juicios orales hacen los tribunales de Rosario.
No hay datos asentados en el Ministerio de Justicia de la Nación (no se informan desde 2017) y el Consejo de la Magistratura nacional no tiene datos de Rosario, por lo que no se sabe cuántas causas hay, para tener una base sobre la que fundamentar el reclamo de los cargos.
Los últimos datos indican que en 2016 hubo 2.622 causas en toda la jurisdicción federal que incluye ciudades de varias provincias de esta región; a Rosario corresponden 1.590: el 68 por ciento de ellos son por drogas y de esos el 96 por ciento corresponde a causas menores de narcomenudeo. Mientras que a las fiscalías provinciales llegan 120 mil legajos por año.
“No es un problema de estructura, quedó demostrado en el juicio a Alvarado que a la justicia federal el investigador de la policía aeroportuaria en 2013 le llevó más de siete informes, le pidió allanamientos, intervenciones telefónicas y nunca se las dieron. Y ahí no hay problema de estructura, se negaron lisa y llanamente a investigar a la banda de Alvarado”, contestan con tono crítico desde la justicia provincial.
También cuestionan la adhesión del propio gobernador de la provincia: “mientras el Ministerio Público le pone el pecho a las balas, en la justicia provincial hay también al menos 70 vacantes urgentes que no se cubren. Que se ocupen de eso antes de los reclamos federales”.
En cambio, desde el gobierno de Omar Perotti resaltan que nunca antes un gobierno provincial apoyó y lideró un reclamo de estas características, y se puso al hombro la justicia federal como el actual, y que desde la democracia hasta acá este es el único gobernador que fue a la Cámara Federal a hacer planteos.
Santa Fe no sólo tiene presos federales en penales, sino que el doble de ellos están con prisión domiciliaria y libertad condicional sin control.
Alvarado y Los Monos
Para reforzar las críticas a la justicia federal, desde algunos sectores de la justicia santafesina resaltan que el narco Esteban Alvarado (actualmente sometido a juicio) “no tiene una sola condena por narcotráfico, y Los Monos nunca tuvieron proceso por narcotráfico hasta que no pudieron tapar el sol con las manos después de las condenas de la justicia provincial y tuvieron que iniciar un juicio o dos”.
Hay cierta coincidencia en que el fuero federal siempre fue “pasivo y oculto”, y que “los juicios y la agilidad resolutiva de algunas causas de la justicia santafesina (narcos enjuiciados, policías y fiscales presos) enrostra la lentitud de la Federal”.
Para estas voces críticas “ninguno de los que vienen acá, desde la Corte nacional para abajo, tiene la menor idea de lo que es el narcotráfico, y mucho menos de lo que pasa en Rosario, y además no les interesa. ¿Vienen a darnos una lección de qué, a quiénes, a los que investigaron, a los que metieron en cana a los narcos, a los que son amenazados?”, se preguntan con la molestia del que se siente invadido.
Proponen sí reformular primero la forma de trabajar, ya que comparan: “los tres tribunales orales federales de Rosario tienen 9 jueces para hacer juicios leídos, mientras que los jueces provinciales son 27 y trabajan 70 audiencias por día.”
Para ese sector crítico, el encuentro de jueces en Rosario es una forma de mostrar que hacen algo y de la Corte de trasladar sus disputas a otro terreno, que no tiene que ver con encontrar una solución real al problema del narcotráfico en Rosario.
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