Fideicomisos y sociedades comerciales pasarán a ser controladas por el Poder Ejecutivo en Santa Fe, que decidió sacar de la órbita del Poder Judicial el Registro Público de Comercio. Esa función quedará en manos de la Inspección General de Personas Jurídicas.
La medida implica una fuerte decisión del gobierno de Maximiliano Pullaro en la política anunciada de atacar en todos los frentes posibles a la vez la actividad de las bandas narco y su correlato en el manejo del dinero que producen con actividades ilícitas.
Para implementar este cambio apenas falta que la Cámara de Diputados convierta en ley un proyecto que ya tiene media sanción del Senado. “Si no le seguimos el hilo conductor al movimiento del dinero, vamos a estar siempre corriendo desde atrás”, argumentan desde el oficialismo.
Con ese foco, el gobierno provincial propone ese cambio drástico para asumir el control político de todas las sociedades comerciales. “A diferencia de otras provincias, en Santa Fe el lavado está amparado en las SRL”, aseguran desde el gobierno santafesino que casualmente hasta ahora no tenía injerencia sobre esas entidades legales. La decisión promete asegurar una trazabilidad y más estricto control de estas sociedades.
Actualmente el Ejecutivo no tiene el control de la ruta del dinero en esa parte, en lo que denomina una especie de “agujero negro” con las SRL. En otras provincias el dinero ilícito se lava a través de las Sociedad por Acciones Simplificadas, pero en Santa Fe no. Detectaron que eso ocurre más con las SRL, ya que es más difícil acceder a la información pública sobre las mismas.
Con el mismo sentido de facilitar la trazabilidad del dinero de negocios ilícitos se empezará a controlar información sobre los fideicomisos. En la provincia está demostrado que el lavado de dinero está estrechamente vinculado a desarrollos inmobiliarios.
La explicación desde el gobierno es sencilla: cuando se hace un fideicomiso, alguien pone la plata pero el fiduciario es otro; quienes hacen la inversión y lo venden nunca figuran, sólo aparecen los que escrituran de buena fe. El Estado no accede nunca a la información de los verdaderos beneficiarios que son quienes realizan la inversión, porque eso no se registra en ningún lado. Se conoce al que escritura, pero no al inversor beneficiado.
“Vamos a empezar a registrar los fideicomisos para tener más control desde el gobierno provincial porque el lavado está ahí”, explican.
“¿Quién controla el Registro Público de Comercio?”, se preguntan en la provincia para resaltar que por ahí pasa la vida económica de las sociedades, como el aumento de capital accionario, los cambios de cuotapartistas y de directivos. “A la IGPJ se llevan papelitos, pero las SRL solo se inscriben y se registran en el Registro Público de Comercio”, aclaran.
Por ese mismo motivo se van a registrar los fideicomisos en el Poder Ejecutivo. “No va a haber más Registro Público de Comercio, todo el control de las sociedades comerciales, las personas jurídicas con o sin fines de lucro, públicas o privadas, van a depender de la IGPJ, que depende del Ministerio de Gobierno. No más de la Corte”, detallan.
Los controles de los fideicomisos se van a dividir en dos: los inmobiliarios los va a registrar el Registro de la Propiedad Inmueble, y el fideicomiso comercial la IGPJ.
También se decidió que para garantizar un seguimiento riguroso de toda la operatoria, se cruzará la información del Registro Civil, del Registro de la Propiedad, de la IGPJ y las SRL.
El Registro Público de Comercio es considerado por el gobierno como una estructura arcaica, que en realidad depende tanto en Santa Fe como en Rosario del Juzgado Civil y Comercial 1ª.
Esta transformación pone a Santa Fe en este punto en igualdad de gestión con la Nación y la provincia de Buenos Aires. A partir de este cambio, el Poder Ejecutivo va a tener el control político y la responsabilidad sobre la IGPJ. Hasta ahora sólo era noticia ese organismo por cuestiones vinculadas a las asociaciones que manejan los clubes, o cuando tuvo que dirimir problemas en Newell’s y Central.
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