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Política

De la prohibición al arresto: el debate sobre cuidacoches sumó una propuesta para crear alcaidías municipales

El debate sobre la prohibición de cuidacoches en Rosario sumó un nuevo capítulo este miércoles, con una propuesta particular: la creación de alcaidías municipales para encerrar a los “trapitos”. El proyecto fue presentado por el concejal de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart, que la semana pasada quedó en el foco de las polémicas por su ausencia a la reunión conjunta de comisiones. La iniciativa suma ruido a un debate que en el oficialismo describen como aletargado, mientras que en la oposición plantean falta de claridad respecto a los procedimientos de actuación. El debate continuará la semana que viene, con la posibilidad de llevarlo al recinto en la próxima sesión.

En un nuevo plenario de las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, los concejales continuaron con el análisis del mensaje enviado por el intendente Pablo Javkin para adherir a la ley provincial que prohíbe los cuidacoches en todo el territorio santafesino. Si bien no se esperaba un trámite breve, algunas voces del oficialismo empiezan a deslizar que la discusión se está demorando más de la cuenta.

El encuentro de este miércoles sumó dos novedades. Por un lado, una serie de modificaciones impulsadas por el concejal Lucas Raspall, que aporta precisiones respecto al abordaje social, algo que reclamaban sobre todo en el peronismo. Por otro, un proyecto de Aleart que propone la creación de “instalaciones específicas destinadas exclusivamente al alojamiento de infractores que deban cumplir penas de arresto contravencional”.

Sin embargo, la mayor parte de la reunión se la llevó el debate sobre los procedimientos y la conjugación de una norma provincial con la futura ordenanza local. Desde la oposición entienden que no están claros los objetivos que el municipio se propone con la ordenanza y volvieron a pedir un protocolo de actuación ante la denuncia de un vecino o, en todo caso, mayores precisiones sobre el tema.

Cuestión social

Uno de los debates de este miércoles pasó por el aspecto social. Las modificaciones impulsadas por Raspall proponen un “abordaje multisectorial” de la problemática a cargo del Gabinete Social del municipio, donde se promueva un acceso prioritario de esa población a las políticas sociales.

En ese sentido se plantean programas de formación vinculados a oficios, iniciativas de emprendimientos relacionados con la economía social y el acceso a los dispositivos de intermediación laboral del municipio. También una serie de facilidades para la vinculación con programas de acompañamiento integral en materia de salud, salud mental, discapacidad y consumos problemáticos.

En la oposición hay consenso sobre la profundización de la cuestión social; sin embargo, en el peronismo insisten con la necesidad de contar con un diagnóstico previo sobre el estado actual de la situación, para poder abordarla. En Unidos entienden que el diagnóstico ya fue expuesto con la participación previa de funcionarios municipales en distintas comisiones, donde incluso se compartieron datos sobre cantidad de cuidacoches y actas labradas durante el año pasado.

Alcaidías

Sin dudas, la novedad de la jornada fue el proyecto de Juan Pedro Aleart. Si hasta el momento el debate tensionaba posturas en torno a la prohibición, el concejal libertario fue un paso más allá: propone la creación de alcaidías contravencionales municipales para el arresto transitorio de cuidacoches. Además, plantea un arresto efectivo de 10 a 20 días por reincidencia, no sustituible por multas, que puede extenderse a 80 días para quienes sean identificados como organizadores de la actividad.

La propuesta se desarrolla en el artículo 7 bis del proyecto de Aleart, donde encomienda al Ejecutivo elaborar un “Proyecto Integral de Creación de Alcaidías Contravencionales Municipales”. La iniciativa propone la refuncionalización de inmuebles de dominio municipal, o la construcción de instalaciones específicas “destinadas exclusivamente al alojamiento de infractores que deban cumplir penas de arresto contravencional”, con una “separación estricta” de los detenidos por delitos penales. El grueso del proyecto también incorpora medidas de abordaje social, como capacitaciones para quienes deseen abandonar la actividad.

Como la construcción de esas dependencias demandaría un tiempo, el proyecto prevé que los arrestos comiencen a instrumentarse mediante un convenio con el gobierno provincial. Aleart profundizó esa idea en la comisión: “Proponemos resolver como lo hicieron en los Juegos Suramericanos. Pusieron un galpón y llevaban a los cuidacoches ahí como contravención. Si lo pudieron hacer con los Juegos Suramericanos se podrá hacer hasta tanto el municipio tenga alcaldías municipales, como corresponde”.

Aleart fundamentó la propuesta en que el sistema penitenciario se encuentra sobrecargado y el municipio “no puede mirar para otro lado ni limitarse a dictar prohibiciones que después no puede hacer cumplir”. Pero la iniciativa generó objeciones. “Si no es delito no podés poner presa a la gente”, planteó Alicia Pino, del bloque socialista. “Hay una cuestión de competencias, no podemos tener una cárcel municipal” completó Mariano Romero, del peronismo.

En el oficialismo deslizan que la propuesta “no tiene asidero”, porque desde el punto de vista constitucional los municipios no tienen facultades penales y los mecanismos de aprehensión de una persona son materia provincial. Pero por fuera del debate legal, lo describen como algo irrealizable en términos prácticos. “Sería algo así como crear un sistema penitenciario a nivel local”, describieron, recordando que la figura de arresto estuvo prevista durante 40 años en el viejo código de faltas municipal, pero nunca se aplicó.



Debate interno

Tanto en el ecosistema oficialista, como en los bloques de la oposición, leen la jugada como una forma de ganar terreno en la discusión pública, pero también una posible ventana de negociación: el oficialismo necesita la firma de Aleart para que el proyecto tenga el visto bueno en la comisión de Obras Públicas.

Sin embargo, el concejal tampoco se encuentra en una situación fácil. El debate por la habilitación de Uber y DiDi parece haber abierto una grieta en el bloque libertario, aún difícil de dimensionar. Si bien Aleart fue la voz cantante del espacio durante todo el debate parlamentario, quedó fuera de las negociaciones donde el bloque acordó los puntos finales para acompañar el mensaje del intendente. El dirigente se limitó a votar el proyecto sin intervenir en el recinto.

El panorama vuelve a tener algunas similitudes. En la reunión pasada, donde Aleart estuvo ausente por un viaje a España, el peronismo y Ciudad Futura deslizaron la existencia de un acuerdo entre Unidos y La Libertad Avanza para sacar la normativa. La principal traba que aparecía para contar con los votos libertarios era la eliminación del artículo dos que planteaba un régimen de excepciones, algo que el oficialismo no cuenta como prioridad.

Por lo pronto, la firma en Obras Públicas es una bala en favor de Aleart. En el oficialismo aguardan una “propuesta razonable” que se pueda incorporar al proyecto y así avanzar. Este miércoles fue el único concejal del bloque presente en la reunión conjunta de comisiones.



Lo que viene

En Unidos confían en terminar de limar asperezas el próximo miércoles, para llevar el proyecto al recinto en la sesión del día siguiente. Las modificaciones sobre el abordaje social acercan un poco más las partes con el peronismo, pero sigue habiendo planteos respecto a los procedimientos, tanto en las actuaciones de calle, como a la hora de sancionar.

Desde Unidos explican que, en líneas generales, la dinámica que se plantea es una intervención conjunta entre los agentes de control urbano y las fuerzas de seguridad, que luego podrá formalizarse, cuando corresponda, con una acusación en la órbita judicial. En ese proceso cobra dimensión la función del agente de control municipal que documenta el hecho y el municipio como “actor contravencional”. Posteriormente, y si los hechos lo ameritan, un juez podrá dictaminar la sanción.

Sin embargo, en la oposición algunos aspectos no terminan de convencer y piden clarificar. Lo manifestó el concejal de Ciudad Futura, Antonio Salinas. “Si una política es muy difícil de explicar casi con seguridad es difícil de implementar”, dijo y agregó: “Hay un problema enorme y es que ya le pusimos título a esta ordenanza, que es el de la prohibición”.


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