El Concejo avanza con la prohibición de cuidacoches: excepciones y abordaje social, los puntos del desacuerdo

Saldada la discusión sobre la habilitación de plataformas de viaje, el Concejo ya puso en marcha otro debate espinoso: la prohibición de los cuidacoches en Rosario. Desde el Ejecutivo entienden que la sanción de la ley provincial allanó el camino para avanzar con un tema que permanece estancado en el Concejo desde hace años, con decenas de proyectos que naufragaron por comisiones, sin llegar a ningún consenso. Una vez más, el oficialismo deberá conseguir los acuerdos para llevar el tema el recinto, incluso sorteando algunas diferencias dentro de su propio espacio. La posibilidad de habilitar excepciones y los mecanismos de inclusión social aparecen como los puntos conflictivos del proyecto.

A mediados de septiembre, el Senado santafesino convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en todo el territorio provincial. El proyecto incorpora la actividad como una contravención –no como un delito– dentro del Código de Convivencia santafesino, estableciendo sanciones que van desde trabajo comunitario hasta 20 días de arresto para quienes infrinjan la norma. 

La iniciativa fue impulsada por el senador rosarino Ciro Seisas y no tuvo un trámite sencillo en la Legislatura. El proyecto tuvo media sanción en la Cámara alta y luego pasó a Diputados, donde se introdujeron una serie de modificaciones que reducían las sanciones solo a quienes exijan “de modo intimidatorio el pago de una suma de dinero” al ejercer la actividad. El proyecto volvió al Senado donde se rechazaron todos los cambios y se insistió con el texto original, que finalmente fue aprobado.

En ese contexto, la Legislatura fijó un marco normativo para que los municipios luego adhieran, redactando sus propias ordenanzas. Eso hizo el intendente Pablo Javkin a mediados de octubre, enviando un proyecto propio al Concejo. El mensaje comenzó a tratarse la semana pasada y este miércoles por la mañana el debate adquirió un tono más formal con la conformación de una reunión conjunta entre las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana.

¿Qué dice el proyecto?

El mensaje enviado por el Ejecutivo es breve. Plantea la adhesión a la ley provincial 14.486, prohibiendo en toda la ciudad “ofrecer o disponer espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, así como su guarda, cuidado, lavado o limpieza, cuando se realice a cambio de un beneficio o retribución económica, sea voluntaria o no”.

Luego se faculta al Ejecutivo a establecer excepciones en determinados sectores y circunstancias. Además, propone modificar el Código de Convivencia Ciudadana para fijar sanciones que incluyen multas, tareas educativas y concientizadoras, así como también el decomiso de elementos. También plantea que las sanciones se agraven ante situaciones de violencia o amenazas, en zonas específicas o cuando se identifica a organizadores de la actividad.

La iniciativa contempla medidas de prevención e inclusión social para promover la reconversión laboral, la capacitación en oficios, el acceso a programas de empleo y el acompañamiento a emprendimientos productivos. Asimismo, prevé facilitar la terminalidad educativa y el acceso a dispositivos de atención de la salud mental y de consumos problemáticos.

En los fundamentos, el mensaje del intendente sostiene que los cuidacoches pueden generar “situaciones que afectan la seguridad, tranquilidad y libertad de circulación de los vecinos y usuarios de la vía pública, particularmente cuando el ofrecimiento de cuidado o guarda de vehículos se transforma en una exigencia, condicionamiento o presión para obtener una retribución”. 

Y agrega que, además de establecer “reglas claras para el uso del espacio público” se deben articular medidas de regulación, “con acciones de abordaje social y generación de alternativas de inclusión laboral”.

Régimen de excepciones

La reunión conjunta de comisiones comenzó con el concejal Fabrizio Fiatti explicando los alcances de la normativa. Desde el oficialismo consideran que hay una suerte de “punto de acuerdo” entre todos los bloques para avanzar en la prohibición, a partir de la sanción de la normativa provincial. Las discrepancias surgen en torno a los alcances del abordaje social que propone el municipio y en cómo se definirán las “excepciones” que menciona el mensaje del intendente.

En ese sentido, desde el interbloque peronista cuestionaron la claridad del mensaje: sostienen que es “contradictorio” avanzar en la prohibición de la actividad y, un artículo después, habilitar un régimen de excepciones. Pero el principal cuestionamiento del sector es que el régimen de excepciones queda librado a la reglamentación que hace la Intendencia, en lugar de discutirse en el ámbito legislativo, según se explicita en el texto.

“El Concejo no puede renunciar a esas potestades. Si hay un régimen de excepciones es este cuerpo el que tiene que definir qué se exceptúa y cuáles son los criterios”, describió la concejala Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular. “Es un discurso confuso el del oficialismo, porque una cosa es combatir el delito, que para eso tenemos las leyes vigentes, y otra cosa es criminalizar la pobreza”, completó Norma López. “Las excepciones tienen que ser tratadas en este Concejo, si no cerremos la puerta”, añadió.

En Unidos entienden que la norma plantea cierta flexibilidad con algunos casos excepcionales que, en cierto modo, ya se vienen articulando. El caso citado fue el de Colectividades, donde en los últimos años el municipio habilitó una serie de espacios para estacionar, a cambio de un bono contribución –el año pasado fue de 6.000 pesos– para colaborar con la Asociación Cooperadora del Hospital Alberdi. Un esquema similar se utilizó en otros eventos masivos sobre el Parque Independencia.

“Son casos en donde se hace un perímetro y se determina cómo se trabaja dentro de ese espacio, en acuerdo con algunas organizaciones sociales o instituciones. Pero podrían no ser los únicos casos. Es uno de los temas a consensuar”, explicaron desde el bloque oficialista, ante la consulta de Suma Política.

Abordaje social

Otro de los puntos de desacuerdo tiene que ver con el abordaje social. Desde el peronismo sostienen que el texto es “liviano” en ese aspecto y reclaman que se profundice en las formas y los alcances de un programa de inclusión y reinserción laboral de las personas que hoy ejercen la actividad como forma de sustento. En todo momento se aclaró que el planteo está dirigido hacia ese sector social y no a las mafias organizadas que usan la actividad como fachada, donde lo que se configura es un delito, para el que ya hay leyes vigentes.

“Me preocupa la cuestión social no solo porque estamos flojos de números, sino porque cada vez que viene un actor a plantear una situación social al Concejo, desde el municipio lo que se dice es que no tenemos las herramientas para poder abordarlo”, sostuvo Mariano Romero, que reclamó “información clara y concisa”, sobre lo que el municipio busca lograr con la norma.

En tanto, desde Ciudad Futura remarcaron que en Rosario no está permitida la actividad de cuidacoches. Para esa afirmación se amparan en el artículo 300 del Código de Convivencia local. Y recordaron que durante el 2025, el área de Control del municipio labró más de 9.000 actas por infracciones a ese artículo. 

“Dudo que lo que estemos debatiendo acá sea una ordenanza a la que nos interese adherir y resolver un problema. Me parece que lo que estamos buscando acá es el reel de mañana o el videíto para redes sociales”, cuestionó Antonio Salinas. “Lo que están haciendo es crear otro debate ficticio en la previa del año electoral para decir que acá se resuelve algo”, completó.

No tan Unidos

Similar a lo que sucedió durante el debate de aplicaciones, desde La Libertad Avanza se mostraron de acuerdo con el objetivo del proyecto, pero entienden que queda corto: sostienen que la actividad debe estar prohibida sin ningún tipo de excepción. También solicitaron definiciones sobre el protocolo de actuación e intervención que propone el municipio.

La particularidad del debate es que en esa misma línea se pronunció Federico Lifschitz. El dirigente del socialismo planteó sus críticas al proyecto del intendente y reclamó una “prohibición total” de los cuidacoches en la ciudad. De hecho, previo al encuentro de este miércoles había lanzado una gacetilla que adelantaba su posicionamiento en el debate: “Así como lo presentó el Ejecutivo, el proyecto no se aprueba”.

Para Lifschitz, el régimen de excepciones abre la puerta a una “legalización encubierta” y consideró que la normativa debe tener reglas claras. “Si aprobamos el proyecto tal cual se plantea, vamos a facultar al Ejecutivo a reglamentar excepciones, definiendo sectores, circunstancias, requisitos, condiciones, modalidades y plazos para autorizar estas actividades. Es justo lo que no queremos, la salida es prohibir la actividad”, describió.

Los concejales acordaron volver a reunirse en un plenario de las tres comisiones el próximo martes. Desde el oficialismo deslizaron que el debate podría ser “más extenso” que con la ordenanza de aplicaciones, pero desde la oposición entienden que la intención de Unidos es aprobarlo en la próxima sesión. El debate asoma trabado de entrada, pero habrá que ver si afloran acuerdos con el correr de la semana.