Desarrolladoras, concesionarias y financieras: la trama de las estafas colectivas que sacuden Rosario

Departamentos sin entregar, loteos que no avanzan, vehículos que no están e inversiones que se esfumaron. Las acusaciones y denuncias por estafa comienzan a aflorar en Rosario, con una particularidad en común: la organización colectiva, el lento avance de la Justicia y las dificultades del Estado para dar respuestas. 

Semanas atrás tomó mayor visibilidad pública un caso que se venía cocinando a fuego lento: familias apuntan contra el Grupo Roma por las demoras en la entrega de lotes para la construcción de viviendas en diversas localidades del Gran Rosario. El caso presenta tantas similitudes con las denuncias contra Bauen-Pilay que hasta las respuestas que se ensayan se emparentan.

En paralelo, la Justicia avanza con celeridad contra los socios de la concesionaria de autos Rosario MotoSport, que acumula un centenar de denuncias por vehículos vendidos y no entregados. Por el hecho hay tres socios imputados, dos de ellos con prisión preventiva por 60 días. El fiscal estima que la estafa ascendería a 500 mil dólares y 700 millones de pesos.

Menos suerte tuvieron los damnificados por el desfalco de la financiera CIAG, que vieron cómo la causa ya pasó por tres fiscales sin demasiados avances concretos a la fecha, en una maniobra que toca de cerca a otra financiera de peso en la ciudad: Rosental.

El que vende y el que autoriza

A principios de octubre, un grupo de vecinos asistió a la comisión de Planeamiento del Concejo para darle volumen político a una denuncia que ya era pública: el Grupo Roma no les entrega los lotes que compraron en diversos desarrollos inmobiliarios de la región. Estiman que son entre 800 y 1.200 familias que pagaron la totalidad del monto acordado —o están próximas a hacerlo— pero encuentran distintas dificultades para acceder a los terrenos donde buscaban edificar sus viviendas.

Los damnificados plantean haber comprado lotes comercializados por la desarrolladora rosarina en barrios abiertos de Pueblo Esther, Ibarlucea, Zavalla, Soldini, General Lagos y Roldán. Los casos se remontan a transacciones realizadas entre tres y siete años atrás. Vencidos los plazos, los terrenos no fueron entregados. Las respuestas de la firma varían según el loteo, pero en ningún caso convencen a los damnificados.

La situación más compleja se presenta en el loteo El Naranjo, donde el gobierno provincial dispuso la suspensión de las obras por incumplimiento de la normativa ambiental e hídrica. En otros desarrollos, el lento avance de las obras y la instalación de servicios generó multas de los municipios que la empresa ahora debe afrontar, como ocurrió en Pueblo Esther. 

Una situación más insólita se presenta en el loteo Campo Madero, en Ibarlucea, donde un cable de alta tensión de la EPE atraviesa el terreno y condiciona la instalación de la infraestructura correspondiente para el lugar. Por eso, el enojo de los damnificados no se limita al desarrollador privado, sino también a los distintos niveles del Estado que autorizaron y permitieron la comercialización de terrenos que no contaban con los permisos o verificaciones correspondientes.

“Cuando empezamos a preguntar por las demoras, la empresa se excusaba en la aprobación de algunos decretos provinciales. Primero era el tema hídrico, después problemas de impuestos con los municipios. De todos modos, la empresa siempre comunicaba que las obras avanzaban, pero cuando nos acercábamos al loteo veíamos que faltaba de todo”, describió una vecina damnificada.

La primera acción del grupo de damnificados fue realizar la denuncia en la Oficina Municipal de Defensa de Derechos Ciudadanos de Rosario, donde se coordinó una audiencia a la que la empresa faltó. “Nos dijeron que no tenían obligación de presentarse porque los desarrollos están por fuera de la ciudad”, explicó la vecina. Entonces elevaron el reclamo a la Secretaría de Comercio de la provincia, donde la sugerencia fue iniciar las acciones legales correspondientes.

“Lo que nosotros queremos es que los gobiernos comunales, intendentes y la Provincia nos ayuden a solucionar esto, porque también son responsables. Si estos proyectos urbanísticos fueron aprobados es porque contaban con las habilitaciones correspondientes. Entonces, ahí hay una responsabilidad del sector público. Y ni hablar de la inacción una vez conocida la situación, porque los terrenos hoy se siguen comercializando y la empresa sigue funcionando en su misma oficina de Puerto Norte”, apuntó.

Al frente del Grupo Roma aparece el empresario Pablo Cofano, un nombre de peso en el ecosistema inmobiliario y el mundo de los negocios de la ciudad. A los diversos proyectos impulsados desde esa firma se le agrega su participación dentro de la delegación santafesina de la Cámara de Comercio Argentino Qatarí, lanzada en mayo de 2023 con el objetivo de estrechar vínculos comerciales y culturales con ese país. 

Pero por fuera de la sección negocios, Cofano tiene antecedentes en las páginas policiales de los diarios de la ciudad: era quien timoneaba la lancha que el 14 de noviembre de 2012 embistió al periodista Marcelo Abram, corresponsal de La Capital en el cordón industrial, mientras nadaba en el río Paraná. La víctima fue trasladada al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, pero falleció a consecuencia de las heridas provocadas durante el accidente náutico.

Durante la investigación del hecho se confirmó que Cofano no contaba con el carnet correspondiente para conducir la lancha. También se conoció que los tripulantes brindaron información falsa para distorsionar los hechos y evitar responsabilidades. Seis años después, el empresario fue condenado a realizar tareas comunitarias y un programa de reeducación para condenados por delitos viales.

Más acá en el tiempo, en abril de este año, la mansedumbre de Puerto Norte quedó interrumpida cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se acercó a las oficinas del Grupo Roma para solicitar una serie de documentos rastreando la ruta del dinero que manejaba una banda narco sospechada de traer droga desde Bolivia hacia la región. 

Los investigadores buscaban documentación vinculada a la venta de tres lotes que habría adquirido una de las personas imputadas en la causa, y que habían sido comercializados por el Grupo Roma. Con la difusión del hecho, la firma emitió un comunicado aclarando que las transacciones contaban “con la debida justificación de fondos de la operación y la trazabilidad exigida por la UIF”.

Contabilizar los damnificados

Durante la audiencia en el Concejo, el pedido de los vecinos fue impulsar un registro de damnificados en la órbita de la Oficina Municipal de Defensa de Derechos Ciudadanos de Rosario. La medida se inspira en un antecedente reciente: a mediados de agosto el cuerpo legislativo aprobó la creación de un registro de ahorristas perjudicados por la empresa Bauen-Pilay. Los casos son tan similares que los perjudicados ensayan las mismas respuestas.

El primer reclamo público contra Bauen-Pilay se realizó a principios de marzo de este año, cuando unas cincuenta personas se autoconvocaron frente a las oficinas que Pilay S.A. tiene sobre el bulevar Oroño al 100. Se trata de personas que pagaron planes de ahorro y vivienda durante 20 años, para obtener un departamento en el centro rosarino. La firma fue demorando las fechas de adjudicación y ahora les ofrece mudarse a loteos que se desarrollan en las afueras de la ciudad.

El grupo de damnificados se fue organizando de manera autoconvocada y lograron impulsar una serie de medidas en el Palacio Vasallo, como el mencionado registro. Ahora presionan para que el tema tenga mayor visibilidad estatal: en la última sesión del Concejo lograron que el cuerpo aprobara sobre tablas una resolución que pide se informen los primeros números de ese padrón y se refuerce su difusión para que más personas se inscriban.

El tema incluso llegó a la Legislatura, con la intención de conformar un registro a nivel provincial. De manera informal, estiman que el conflicto podría alcanzar a unos 7.000 ahorristas en toda la provincia. Por eso, el objetivo es reunir información de las personas afectadas por incumplimientos, demoras, cambios en los alcances del contrato o diversas dificultades para acceder a las viviendas comprometidas.

Con el correr de los meses, los ahorristas fueron recopilando información que los hace poner el foco en dos conocidas figuras del establishment de la capital provincial. Una es el abogado Javier Vigo Leguizamón, cofundador de Pilay, que alcanzó cierto conocimiento público cuando patrocinó a la familia del coronel Argentino del Valle Larrabure en el intento de que su secuestro en 1974 y posterior asesinato a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) sea considerado un crimen de lesa humanidad.

El otro nombre es del Marcelo Vorobiof, exdirector de la compañía con pasado en el gobierno provincial como presidente del Puerto de Santa Fe durante las gestiones de Hermes Binner y Antonio Bonfati. En 2022 fue condenado a tres años de prisión condicional por negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. La investigación de Fiscalía comprobó que mientras era funcionario adjudicó obras a empresas cuyos propietarios o administradores eran familiares suyos. Incluso, una de esas sociedades había sido creada por él mismo. Durante el juicio Vorobiof reconoció su culpabilidad. 

Según plantean, muchos de los denunciantes lograron fallos favorables en primera instancia pero sospechosamente ninguno en segunda. Para los ahorristas, la influencia institucional de estas dos personas explicaría no solo el lento avance de las denuncias en la Justicia sino también la falta de respuestas del Estado a las demandas colectivas.

Estafa en cuatro ruedas

De las estafas colectivas recientes, el caso de la agencia de autos Rosario MotoSport es el único que tuvo un trámite rápido en la Justicia. Si bien los primeros incumplimientos comenzaron a registrarse de forma aislada en marzo de este año, la ola de denuncias por estafas se dio en agosto. El viernes 9 de octubre los principales socios de la agencia ya estaban detenidos preventivamente e imputados.

La maniobra denunciada por los estafados es bastante sencilla: la agencia ubicada en San Martín 2600 ofrecía vehículos a precios competitivos y con facilidades de pago, que después no entregaba. Los clientes realizaban el pago, en muchos casos entregando su auto usado, pero luego se topaban con excusas y dilaciones de la firma. Hasta que el escándalo estalló. 

La estafa también tenía otra modalidad: clientes que llevaban sus autos en consignación para que la agencia los comercialice. Según denuncian, los dueños eran notificados de la venta, asistían a la agencia para firmar los papeles correspondientes y se iban con la promesa de un pago que nunca se concretaba. También se conocieron casos en donde las firmas directamente eran falsificadas.

En medio del caso, la empresa intentó ingresar en un concurso preventivo de acreedores, que fue rechazado por la Justicia. La resolución del Juzgado Civil y Comercial Nº 10 de Rosario habla de una “opacidad informativa” que impidió dimensionar el pasivo de la empresa y las circunstancias que la llevaron a estar en cesación de pagos. En los papeles presentados para ese procedimiento, la firma reconoce más de cien acreedores. 

Para el abogado Rodrigo Mazzuchini, que representa a un grupo de 13 damnificados, se trata de una agencia que trabajaba con mucha publicidad y logró hacerse rápidamente conocida en el rubro, impulsada por una clientela muy vinculada al mundo del fútbol. A medida que el escándalo fue creciendo, Rosario Central debió publicar un comunicado donde explican que el club no tenía “ningún tipo de relación comercial” con Rosario MotoSport. 

“Los socios de la agencia siempre encontraban alguna excusa para los clientes. Que se les había caído un proveedor, que estaban esperando un camión que baje los nuevos autos que habían prometido. Eran muy muy hábiles para ir dilatando la situación y mientras tanto les pedían que vayan pagando el patentamiento, cuestiones administrativas. Todas maniobras para ganar tiempo”, explicó el abogado a Suma Política.

A principios de octubre, Juan Gabriel Alegre, uno de los dueños de la firma, fue detenido en el marco de una serie de allanamientos llevados adelante por la Policía de Investigaciones (PDI). Unos días después, Eduardo Escarcelo, el socio que permanecía prófugo, se presentó voluntariamente en la Justicia. Durante la audiencia imputativa, el fiscal Iván Enríquez los acusó de usar la agencia para montar un engaño sistemático que quedó en evidencia con la cantidad de denuncias que fueron apareciendo. 

Los socios fueron imputados y quedaron con prisión preventiva por seis meses. También fue imputada Noelia Escarcelo —hermana de Eduardo— como coautora, aunque no quedó detenida. El fiscal estima que la estafa ascendería a 500 mil dólares y 700 millones de pesos.

Expedientes que queman

Distinta velocidad tuvo la investigación de las maniobras denunciadas por una treintena de inversores de la financiera CIAG, que funcionaba en el Palacio Minetti. Desde 2022 la causa ya pasó por tres fiscales, con pocos resultados concretos: la mayoría de los elementos que se conocen fueron aportados por el único imputado que tuvo la causa: un extrabajador de la firma que también dice haber sido estafado y encarcelado durante más de un año injustamente. 

Según la demanda, la consultora tomaba el dinero de los ahorristas y los canalizaba en inversiones a través de subcuentas en Rosental S.A. No era un esquema que ofreciera grandes retornos, pero permitía hacer retiros en cualquier momento, sin las restricciones que suelen poner los bancos. Según los clientes, el respaldo que aportaba ese presunto vínculo con Rosental era el verdadero atractivo de la financiera.

Los ahorristas nunca tuvieron inconvenientes para retirar su dinero, hasta que en pandemia algo de ese mecanismo se rompió y se encontraron con que los fondos no estaban. La sospecha es que los dueños de CIAG usaron el dinero de los inversores para negocios propios y no para invertir en las subcuentas de Rosental, como habían prometido. Se estima que la operación ronda entre los 4 y 6 millones de dólares.

De las mismas oficinas de CIAG surgieron pruebas y documentación que permiten rastrear parte del dinero hacia propiedades y bienes, tanto en Argentina como en el exterior, que los denunciantes presumen fueron adquiridos con sus ahorros. Las sospechas están puestas sobre el titular de la financiera, Juan Carlos Culhane, y su esposa Paola Allegranza. Los denunciantes sostienen que la mujer sigue capitalizando los rendimientos de las inversiones tras el fallecimiento de su marido en 2017. 

Por la investigación, en 2023 fue detenido Luis Roatta, un exempleado de la financiera. El hombre no sólo sostiene su inocencia sino que dice ser quien descubrió la maniobra y la advirtió a algunos clientes. Eso le provocó amenazas de muerte que lo llevaron a irse del país. En 2024 recuperó la libertad bajo probation y aportó información para la causa.

Mientras tanto, no existe ninguna acusación formal de Fiscalía contra Allegranza, pese al reclamo de los denunciantes, que aseguran existe documentación que la vincula directamente con el manejo de los fondos.

En todo ese recorrido, quizás el principal avance fue la citación a Santiago Freytes y Jorgelina Vallejos, gerente y subgerente del área Real Estate de Rosental. En esa audiencia aseguraron que la firma nunca administró los fondos de los inversores que denuncian, pero sí reconocieron que Culhane había sido cliente e inversor de Rosental, desde donde había realizado operaciones vinculadas a proyectos inmobiliarios en el exterior, una serie de activos que pasaron a su esposa tras su fallecimiento. Entre los damnificados hay quienes apuntan contra la responsabilidad de Rosental en la maniobra.

La última novedad del caso se dio a principios de octubre, cuando los ahorristas fueron recibidos en el Centro de Justicia Penal por el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, acompañado de Sebastián Narvaja y María Teresa Granato. Del encuentro trascendió que los investigadores habrían accedido a nueva evidencia y que preparaban una nueva ronda de entrevistas con los damnificados para seguir recopilando pruebas.

Los denunciantes, sin embargo, miran de reojo el calendario, advirtiendo que los tiempos apremian: según la interpretación que se haga sobre la fecha del inicio de la maniobra, la causa podría prescribir en diciembre.