La Corte reabrió el capítulo tierras del DNU 70/23 y diputados opositores intentarán voltearlo el 15 de octubre

Todo al 15. Con la inesperada interferencia de la Corte Suprema de Justicia, que en sigilosa —o no— concordancia con el deseo de la Casa Rosada, o con inversores que ya estaban listos para comprarse territorios estratégicos del país y que el Senado bloqueó, levantó la cautelar sobre el artículo 154 del Decreto 70/23 y dejó abierta la posibilidad de vender territorios a extranjeros sin límites en el mapa nacional. La oposición en Diputados ordenó los temas y va por un contraataque que será para alquilar balcones: convocó para el próximo 15 de octubre una sesión con agenda sensible: discapacidad, DNU 70 y deudores morosos.

Todo, en el mismo día, con el acompañamiento de una nueva movilización popular callejera para presionar sobre Balcarce 50 para que ponga el dinero que debería poner en las universidades, luego de que hasta la Corte Suprema decretara el jaque mate, obligando a pagar lo que el Congreso votó ya como tres veces.

La oposición ampliada craneaba a estas horas cómo seguir y la Corte, sin quererlo, le simplificó la jugada. Luego de los emplazamientos por morosidad y discapacidad, y el relativo debilitamiento que sufrió a la hora de la firma de los dictámenes, la estrategia camaleónica oficialista de meterse “dentro” de los dictámenes opositores y conceder bastante o mucho de lo pretendido por el peronismo y sus aliados tuvo éxito parcial en esta última semana al quedarse con los dictámenes de mayoría en los casos de discapacidad y morosidad. Aunque en el recinto habría una situación de empate, no es seguro que los dictámenes de mayoría se correspondan con la mayoría en el recinto.

Se sabe, el oficialismo hizo trampa desde el día cero y metió en las comisiones más gente propia o aliada de la que le correspondía por proporcionalidad. Entonces, en un clima de empate, el número real se verifica en pequeños detalles y en el recinto.

La audacia opositora se inspira en el inesperado fallo de la Corte Suprema, que luego, como una rareza, salió a explicar que “se trató de una decisión estrictamente procesal y que no fijó posición sobre el fondo del régimen que limita la compra de tierras por extranjeros”, dijeron los cortesanos y agregaron, “en el caso sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar, y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema”.

A partir de ahí, el tribunal precisó los límites de lo resuelto. “La sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”, señala, y aclara que “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”.

La Corte, al cabo, está diciendo: dejamos el 154 del 70/23 en pie, y el que quiera puede seguir presentando cautelares que vamos viendo.

La explicación de la Corte de este jueves, con curiosas definiciones políticas “contra el odio”, se inscribe en una presunta modalidad de “hablar claro” que habría adoptado, aunque en la práctica todo resulta más confuso que antes.

Ahora llega entonces el turno de mensurar la oportunidad y conveniencia de la audaz jugada opositora. Todo se verá, desde ya, con los resultados. A casi 34 meses de firmado el descomunal 70/23 que alteró todo sistema jurídico y político, y que fue la base principal de sustentación de la motosierra mileísta, Diputados se dispone otra vez a darle el golpe. ¿Han cambiado las condiciones económicas y políticas en la Argentina para que luego de la derrota electoral de medio término la oposición consiga voltear el principal instrumento de Balcarce 50?

Será una prueba de enorme trascendencia. El pedido de sesión ya ingresó formalmente a Diputados, tiene más de 30 firmas que podrían inferir 120/125 diputados sentados de acuerdo a los bloques convocantes. Aunque, se sabe, todo depende de varios bloques de la zona del medio ideológico que normalmente no honran la etimología del concepto “bloque” (pieza compacta, conjunto coherente) y sistemáticamente se comportan como un conjunto de piedras sueltas más o menos agrupadas bajo la formalidad de un mismo nombre.

Por caso, de la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón y Pablo Farías, de Provincias Unidas, son firmantes de la convocatoria, ¿Gisela Scaglia y José Núñez, del mismo bloque, darán quórum el 15 de octubre a las 14? ¿O volverán a colaborar con el gobierno de Milei como en muchas situaciones anteriores? Así como con los santafesinos, la misma pregunta cabe a cordobeses —que suelen jugar divididos según conveniencia—, y otras tantas provincias, sobre todo del norte argentino, como Salta y Misiones, que han iniciado un camino de diferenciación del color violeta, y que en este caso tendrán la oportunidad de ratificarlo o no.

El gobierno tiene la enorme ventana de tiempo de 14 días para evitar que el 15 de octubre se sienten 129 diputados y arranque la sesión. La oposición jugó con decisión con una carta fuerte, la más fuerte que tiene en su menú: el DNU 70. Si hay quórum, la votación se gana por mayoría simple, ya lo votó el Senado, y no es materia de veto. Un DNU rechazado por ambas cámaras, termina su viaje en ese momento.

El gigantesco DNU 70, con unos 370 artículos, derogó la ley de alquileres, desreguló la medicina prepaga y habilitó, entre muchas otras cosas, la privatización de empresas públicas. Fue la “herramienta” que los aliados parlamentarios del gobierno no quisieron obturar para que la Casa Rosada tenga gobernabilidad. A casi tres años de aquel 21 de diciembre de 2023, cuando entró en vigencia, la pregunta que vuelve sobre los diputados de bloques intermedios es ¿sirvió ser dadores de gobernabilidad al gobierno violeta?: una posible respuesta se discutirá muy pronto en el recinto de diputados.