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Informe

La compra del Grupo Oroño por parte de capitales nacionales genera alertas para el sistema de salud en la región

La compra del Grupo Oroño por parte de Swiss Medical y Chicago Capital, un holding controlado por la familia propietaria del Grupo Gamma, abrió una nueva etapa para el negocio de la salud en Rosario y la provincia. La concentración y el salto de escala que implica la operación abre interrogantes sobre cómo se reconfigurará el sistema sanitario regional, la capacidad para fijar las condiciones de atención y el lugar que ocupará Estado. 

Leonardo Caruana, ex secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, subrayó la necesidad de acelerar la discusión sobre un nuevo modelo de atención, que fortalezca la capacidad estatal de regulación y control. “Si no se fortalece lo público, la salud va a ser para pocos”, explicó, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de parecerse “cada vez más al sistema de salud de Estados Unidos, donde cada persona va a tener una respuesta acorde a la aseguradora que pueda pagar”. 

La compra del Grupo Oroño involucra a una empresa con más de 4.100 trabajadores, entre empleados y cuerpo de médicos que se desempeñan en Sanatorio Parque, Medicina Esencial, ICR, Sanatorio de Niños, y numerosas clínicas de especialidades que operan bajo el sello GO.

Para Caruana, el movimiento debe leerse dentro de un proceso más amplio de reconversión y concentración económica, que coincide con un progresivo retiro del Estado nacional de la salud pública y de sus funciones regulatorias. “La concentración económica se está generalizando y, como lo dijo el Papa León XIV, ningún movimiento centrípeto en relación a las acumulaciones es socialmente justo”, dijo el actual concejal por el Frente Social y Popular (FSP). 

Señaló que este fenómeno de expansión se registra en momentos de “máximo retiro del Estado nacional de la salud pública y de la regulación”. Alertó, en ese sentido, sobre el escenario que puede abrirse si continúa la política de ajuste a nivel nacional. “Si no se fortalece lo público, la salud va a ser para pocos”, agregó quien conoce como pocos este tema. 

Su diagnóstico parte de una situación cada vez más desigual. Mientras numerosas obras sociales y prestadores médicos luchan por subsistir, otros grupos empresarios avanzan en procesos de expansión y acumulación. 

De hecho, horas antes de que trascendiera la operación, la Asociación Civil Salud Federal advirtió que unas 6.000 clínicas podrían cerrar si se levantara el paraguas que les otorga la emergencia sanitaria vigente desde 2002.  Este régimen que, entre otras cosas, brinda alivios impositivos al sector, culmina el próximo 31 de diciembre, sin certezas de que haya una nueva prórroga. 

En el marco del 6º Encuentro Nacional Salud Federal que se realizó en Rosario, la entidad que agrupa a 84 prestadores con presencia en 21 provincias pidió además que se oficialice la postergación de los embargos que el ministro de Economía Luis Caputo había anunciado días antes. También se habló sobre el aumento de los costos médicos, la caída de los ingresos por aportes y la deuda que tiene el Pami con el sector. 

En ese contexto, la compra del Grupo Oroño por parte de una de las grandes corporaciones de la salud privada del país, representa mucho más que un cambio de accionistas. Supone la incorporación de un actor con una escala económica y una capacidad de negociación diferentes a las que históricamente caracterizaron al entramado sanitario rosarino, marcado —tal como recordó Caruana— por grupos locales. “Cuando se le da tanto poder a un determinado sector o grupo, esto va en detrimento de otros, que van a tener menos voz en la arena de discusión de la salud privada”, sostuvo el concejal.



Una perinola donde pocos ganan

Según explicó, un grupo con mayor poder económico puede imponer condiciones en las prestaciones, los honorarios y las relaciones laborales, además de ganar capacidad para definir la agenda de la salud privada.

“Hay un actor muy poderoso que va a tener mayor capacidad de negociación y de imponer condiciones”, remarcó. 

Una de las preocupaciones del ex funcionario es que el crecimiento tecnológico de los grandes grupos, que vienen generalmente con promesas de innovación y medicina de avanzada, no se traduzca en un acceso más equitativo a la atención médica. Por el contrario, considera que la incorporación de equipamiento y diagnósticos de última generación puede profundizar las diferencias si no existe una regulación que contemple las necesidades del conjunto de la población.

“Tenemos cada vez más tecnología y, sin embargo, sectores de la población con mucha dificultad en el acceso; es una discusión pendiente”, afirmó.

Para Caruana, el problema es que las distintas demandas del sistema sanitario aparecen fragmentadas. Los trabajadores discuten salarios, los afiliados a obras sociales reclaman por los coseguros y los copagos, y las personas con enfermedades poco frecuentes deben impulsar leyes específicas para conseguir que sus patologías sean atendidas. Mientras tanto, “falta una discusión integral sobre el modelo de salud que necesita el país”, dijo.



El sistema estadounidense

Advirtió, en ese aspecto, que “nos parecemos cada vez más al sistema de salud de Estados Unidos, donde cada persona va a tener una respuesta acorde a la aseguradora que pueda pagar”. De hecho, señaló que fue el propio presidente Javier Milei quien fijó explícitamente ese norte.

El propio dueño de Swiss Médical, Claudio Belocopitt, dejó clara su posición sobre el negocio de la salud cuando, a fines de 2023, se desreguló el sector y las prepagas aumentaron el valor de las cuotas y dejaron afuera a muchos afiliados de ingresos medios. “Diría que están complicados, se supone que los números deberían normalizarse y las empresas actualizar los ingresos, a eso apostamos. Si no sucede, la gente se va a caer del sistema. La realidad es así”, dijo sin cortapisas.

La concentración empresarial, con sus consecuencias en una mayor capacidad para negociar con profesionales, fijar honorarios y establecer condiciones a clínicas más pequeñas, puede terminar trasladándose a los pacientes, tanto a través de los costos como de las posibilidades concretas de acceder a determinadas prestaciones.

Por eso, Caruana propuso “estar atentos a lo que va a pasar tras esta adquisición, mirar la cartilla de prestaciones, ver si aumentan las cuotas”, señaló. Igual, aclaró que este seguimiento no alcanza. En paralelo, consideró necesario discutir un sistema integrado de salud en el que “el Estado vuelva a regular”.

El impacto sobre Rosario y el Iapos

También llamó la atención sobre el impacto que esta concentración tendrá en las relaciones que durante décadas se construyeron entre los prestadores privados, el Estado municipal y las obras sociales en Rosario. Recordó su experiencia al frente de la Secretaría de Salud municipal, ante situaciones sanitarias complejas, como la pandemia de Covid. “Convocaba a una mesa de diálogo con los distintos actores locales y participaban los principales referentes de todos los grupos”, recordó. “El día a día y el cara a cara también cambia cuando se trata de actores que traspasan esta escala”, observó.

La escala económica de los nuevos grupos puede traducirse, advirtió, en una mayor capacidad de condicionamiento y de influencia no solamente sobre la seguridad social, sino también en el terreno político y mediático. “¿Cómo es la relación del Iapos con alguien que no vive acá y no conoce la cotidianidad del trabajo, de las dificultades, del abordaje de la salud?”, se preguntó.

Para el ex secretario de Salud, el desafío es pensar cómo se va a organizar el sistema sanitario de Rosario y la región en los próximos años, frente a un escenario en el que los principales actores privados pueden dejar de responder exclusivamente a lógicas y decisiones locales.

Esa problemática se discutió recientemente en el Concejo Municipal en una jornada sobre el futuro de la salud en Rosario y la región, de la que participaron 250 personas. Para Caruana, esa convocatoria refleja que existe una demanda social por discutir el modelo sanitario.

El Estado como regulador

Ese modelo, dijo, debe partir de la centralidad de los gobiernos nacional y provincial a la hora de establecer las reglas de juego a una escala que excede a la posibilidad de los municipios. Este control es clave para definir cómo se relacionarán estos grupos con los distintos actores del sistema.

La discusión, explicó, debería incluir cuestiones concretas como las ofertas de diagnóstico por imágenes, la incorporación de equipamiento y tecnología y las condiciones en las que esos servicios llegan a la población.

El concejal aclaró que no considera que la operación constituya una catástrofe ni cuestiona que las empresas busquen rentabilidad. Pero sostuvo que el Estado debe intervenir para evitar que la capacidad económica de los pacientes determine qué nivel de atención pueden recibir.

“Hay que meterse en esas cosas para que no sea un calvario para la gente pobre acceder a una tecnología, o para alguien de una obra social precaria, mientras alguien que tiene muchísimos recursos sobreutiliza o utiliza la tecnología de más alta gama”, planteó.


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