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Informe

La detención de dos abogados del clan Alvarado reaviva el debate sobre los profesionales en bandas criminales

La detención de dos abogados del grupo de Esteban Alvarado se convierte en la última novedad de un debate que en Santa Fe escaló en los últimos dos meses. Y es el de los profesionales que, alejándose de las funciones profesionales del ejercicio de la defensa, que es un rol crucial en un sistema jurídico democrático, quedan sospechados de trabajar para las organizaciones criminales. Es decir de cometer delitos para ser facilitadores o afianzar los negocios delictivos de las bandas.

El jueves pasado hubo 38 allanamientos con foco en el aglomerado de Rosario, aunque también en Buenos Aires y en Córdoba, luego de tres años de investigación, con un total de once detenidos. Fue a raíz de una investigación que muestra, según un equipo de cinco fiscales federales, cómo el histórico líder narcocriminal Esteban Alvarado, condenado a prisión perpetua, persiste desde la cárcel federal de Ezeiza en el manejo de negocios centrados en el narcotráfico a través de su hijo Santino Alvarado, de 21 años. 

Entre los implicados están Santino, detenido en su casa de Funes, el propio Esteban cuya celda en la cárcel de Ezeiza fue allanada, y María Fernanda Rojas como gestora de los enlaces desde la prisión y administradora de los negocios del grupo. Pero también fue detenido, por segunda vez Claudio Tavella, quien fue condenado en 2020 por lavado de dinero de la estructura criminal. Y un abogado llamado Martín Fabio Castillo acusado de participar en acciones alejadas de la defensa y propiciadoras de actos ilícitos.

En octubre pasado Maximiliano Pullaro, durante un discurso ante procuradores y fiscales de todo el país en la Estación Fluvial de Rosario, sostuvo que para desarticular redes ligadas al lavado de activos de sus ingresos ilícitos se debían investigar a “los abogados, contadores y escribanos que asesoran a las organizaciones criminales”. 


El gobernador Maximiliano Pullaro lanza la primera piedra

Declaraciones anteriores y posteriores de Pullaro dieron lugar a comunicados de distintas entidades que representan a profesionales, especialmente de Colegios de Abogados de distintas circunscripciones de la provincia de Santa Fe, en respuesta a las declaraciones del gobernador santafesino. Quien dobló la apuesta y recordó casos de abogados cuyas detenciones habían merecido objeciones similares, pero que luego habían sido condenados de manera firme por actuar no como defensores sino como miembros activos de los grupos. 

Uno de los casos que mencionó Pullaro fue el de Tavella que el jueves pasado fue nuevamente detenido, y quien ya cumplió una condena a tres años de prisión impuesta en 2020 por blanquear con su nombre un campo en Coronel Bogado, en el sur de Santa Fe, comprado por Esteban Alvarado con dinero de sus movimientos narco para instalar allí un haras para caballos de polo.

Los fiscales federales Matías Scilabra, Diego Iglesias, Gonzalo Ruggieri, Juan Argibay Molina y Diego Velasco describen los roles concretos de cada persona a la que imputan participar de la estructura de Alvarado. Detallan por ejemplo compras de cargamentos de droga a Bolivia y Paraguay y con la reconstrucción describen, por ejemplo, que el grupo pagó 800 mil dólares por una de esas cargas.

Indican que el grupo operó con estamentos funcionales, que compartían recursos humanos y materiales, y que desembocaban en un mismo centro de decisión. Ese lugar era el de la conducción que, según los fiscales, ejercían Esteban y Santino Alvarado, María Fernanda Rojas y el abogado Claudio Tavella. Quien justamente en estos días, y hasta ser arrestado el pasado jueves, lo estaba representando a Esteban Alvarado en un juicio oral que se desarrolla en La Plata.

Los fiscales analizaron el papel de Tavella y distinguieron sus acciones de lo que supone la defensa privada en el trámite contra un acusado. Lo que precisaron ante el juez federal Carlos Vera Barros es que Tavella era el canal primordial entre Esteban Alvarado, que está sometido a un régimen de alto riesgo y con sus comunicaciones prohibidas, y la estructura de la banda. Aducen que esos actos fueron ajenos a la defensa técnica, que por ese rol percibió una remuneración mensual pagada con fondos de la organización y que con esas acciones fue un facilitador de los delitos del grupo.

Los acusadores indican que entre las acciones ilícitas estaban haber transmitido desde Esteban a Santino Alvarado directivas sobre deudores, órdenes de intimarlos “por carta documento” a los morosos, la remisión de datos para efectuar transferencias, o de estirar fechas de pago

También aducen que Alvarado le ordenó a Tavella que armase un staff para que todos los allegados a su entorno con trámites penales fueran defendidos por él. Según los fiscales Tavella organizó una coartada para que María Fernanda Rojas, que era la que luego cumplía órdenes para organizar a la banda, pudiera entrar a Ezeiza a visitar a Esteban. También le atribuyen haber comprado un BMW 120i en abril de 2025 con dinero de la organización e inscripto registralmente en favor de su madre.

El dictamen de los fiscales señala que no valoran los actos referidos a la defensa técnica sino las directivas que el letrado recibe y retransmite sobre la cartera de deudores y los fondos de la organización. También con cómo construye la versión a sostener ante la autoridad penitenciaria sobre la visita clave de María Fernanda Rojas, el modo en que alinea defensas de terceros con fondos de la estructura o releva información sobre investigaciones en curso. “Ninguna de esas funciones integra el contenido protegido del ejercicio profesional”, dicen textualmente los fiscales. 

También aluden a una cantidad dispar y rutinaria de dinero que por orden de Esteban Alvarado se asigna a Tavella quien, según los acusadores, no lo muestran como un profesional que factura honorarios a un cliente sino como un integrante de la organización retribuido por la caja común. Tavella no cobra por un trabajo de defensa penal en un caso de imputación puntual, dicen los fiscales, sino que percibe una retribución mensual fija, como ocurre no con contrataciones eventuales sino en una empresa. 

Esto último para los fiscales es importante porque hay una distinción en el ejercicio de la defensa. Defender a personas acusadas de delitos eventuales, aunque ese mismo acusado tenga más de un delito, es una cosa. Pero hay estudios, sospechan los fiscales, que son en realidad la sección de asuntos jurídicos de la organización criminal. Cuando se cubre de manera rutinaria a las personas implicadas en los mismos delitos el defensor no ejerce la representación frente a un hecho que ocurrió en el pasado sino que vela por su futuro, es decir, garantiza la viabilidad del delito. 

“Una cosa es defender a un acusado”, le dice uno de los fiscales intervinientes en este caso a este medio. “Otra cosa es ser su cómplice”. La actividad registrada de Tavella como defensor de Alvarado según la Oficina de Gestión Judicial de Rosario comprende 31 carpetas judiciales entre 2014 y 2026.

La defensa

El viernes pasado, cuando fue la indagatoria de Tavella, sus abogados plantearon que hay una total confusión a su criterio entre el trabajo profesional y el delito. “Confunden el rol legal, jurídico, autorizado y constitucional del doctor Tavella en su carácter de abogado defensor, y abogado en general, con el involucramiento en una organización criminal”, dijo a Suma Política Antonela Travesaro.

Según la letrada, todos los hechos que se atribuyen a Tavella como delito son actos de defensa. “Gestiones de cobro, mandar una carta documento, ocuparse de acciones que tienen que ver con la defensa de otras personas no son hechos contrarios a la ley. No hay escuchas, no hay órdenes, no hay nada que involucre ningún delito”, siguió. “Con respecto al BMW es un vehículo modelo 2017 fundido, a reparar, comprado con ahorros que tenía la madre que es gente de trabajo de toda la vida, después de cobrar además un seguro de una hermana fallecida. Nada es asimilable a lavado ni a un rol de organizador de una banda”, redondeó.

El otro abogado que tuvo orden de detención ya estaba en realidad detenido. Es Martín Castillo, a quien se atribuye en su condición de defensor ceder su línea con la que se comunica con personas que están presas para hacer triangulaciones con terceras personas no autorizadas a comunicarse con ellas. También los fiscales lo implican en la gestión para comprar en la ciudad de Córdoba cuatro kilos de marihuana junto a Santino Alvarado y Luis Daniel Palavecino. Los acusadores dicen que los implica a todos el aporte del vehículo, la negociación del precio y la verificación de la mercadería y el viaje a ese destino en junio de 2025.

Castillo ya estaba preso desde fines de agosto cuando lo detuvieron en Buenos Aires por maniobras en la defensa de Fran Riquelme, un hombre con historial de delitos de violencia y comercio urbano de drogas. Fue requerido por el fiscal de Rosario Patricio Saldutti por triangular llamadas entre Fran Riquelme, su hermano Jonatan Riquelme y su hijo Ezequiel Riquelme. Este último apareció desde el crimen de Andrés Pillín Bracamonte en posiciones de conducción de la barra brava de Rosario Central en fotografías junto a Santino Alvarado.


(Desde la izquierda) Ezequiel Riquelme, Laucha Ghiselli, Alan Insaurralde, Santino Alvarado y Pedro Kolonisky al frente de la barra brava de Central

Hace dos meses los colegios de abogados de Santa Fe y Reconquista reaccionaron contra las primeras declaraciones de Pullaro indicando que la condición profesional no puede convertirse en presunción de criminalidad. También lo reprochó la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario.

Pullaro respondió en aquel encuentro en Rosario del 1° de octubre ante fiscales de todo el país y la ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva indicando que no estaba haciendo una acusación generalizada hacia el ejercicio profesional. “Que no se hagan los zonzos. Ellos saben muy bien de quién estoy hablando, tienen muy claro de quiénes les estamos hablando. No le hablamos al derecho a la defensa. Les hablamos a aquellos que son parte de las organizaciones criminales”.


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