El cierre de la planta fabril de Whirlpool puso en agenda nacional el drama que tiempo antes habían denunciado los industriales metalúrgicos de Rosario. El último mes del año se cierne como el de la ruptura de uno de los últimos diques de protección de la actividad y el empleo manufactureros. Un sector que ocupa a más de 2,5 millones de personas en forma directa, con mejores salarios y mayor porcentaje de formalidad que el promedio de la economía.
La caída de 20 mil empresas en el país y 2 mil en Santa Fe desde que asumió Javier Milei, la suba del índice del desempleo, la recesión fabril y el nuevo desplome del consumo en supermercados y mayoristas parecen expresar de forma más clara cómo llega la economía a fin de año, que el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) que publicó el Indec esta semana. El organismo sacó a la economía de la recesión estadística tras reformular retroactivamente ese indicador al ritmo del “explosivo” crecimiento que midieron en septiembre para la intermediación financiera y la pesca.
En poco más de un mes aumentó el 20 % la cantidad de empresas que se presentó al Ministerio de Trabajo de Santa Fe para ampararse en el artículo 223 Bis de la ley de contrato de trabajo, que permite flexibilizar algunos compromisos laborales a cambio del sostenimiento de los empleos. Solo en una rama de la industria, la metalúrgica, hay 4 mil trabajadores en ese purgatorio en la región.
Esta y otras trincheras de empleo, que se esperaba contribuyeran a aguantar hasta marzo las decisiones más difíciles, están cediendo ahora. En pocos días se reactivó el conflicto de Vassalli, Essen anunció decenas de despidos y su reconversión, en sintonía con la fábrica de generadores DBT de San Genaro. Se suman a crisis ya instaladas, como la del frigorífico Euro y Algodonera Avellaneda.
Sueños y pesadillas
Pero el caso de Whirlpool se convirtió en emblemático no solo porque se coló en la agenda nacional. En una “operación relámpago”, la empresa echó a más de 200 operarios y anunció el cierre de una fábrica que había inaugurado hacía tres años, con la última tecnología, después de invertir 52 millones de dólares.
Fue en 2022, cuando la economía transitaba su segundo año consecutivo de crecimiento, hecho que no había ocurrido en la década anterior y que no se repitió hasta el presente. Eran tiempos de récord de inversión, producción y empleo, cifras que cayeron al tacho junto con una gestión abominada por los escándalos de Olivos, las internas oficialistas y la inflación al galope. Eran tiempos, también, en los que las entidades industriales más representativas ocupaban el escenario clamando por facilidades para importar insumos, los necesarios y algo más, y, en más de un caso, conseguir de paso los dólares escasos a precio oficial.
Sus sueños se convirtieron en realidad aumentada, que se parece a una pesadilla. El ritmo de desmantelamiento del aparato industrial que impulsa el actual gobierno nacional supera cualquier antecedente, incluso entre las gestiones refractarias al proceso manufacturero. Y el rumbo fue convalidado en octubre por una primera minoría electoral intensa, que avaló con su voto una de las últimas estocadas a los restos del pacto social surgido del trauma de 2001. El que ponía a la actividad económica, la producción, el empleo y un piso de inclusión en el radar de las políticas públicas.
Presión por abajo
Las consecuencias de la demolición, como se dijo muchas veces, se sienten primero en los territorios. Gobernadores e intendentes de distintos colores balancean la subordinación y cierta simpatía libertaria con los desafíos que le plantean las crecientes demandas sociales que tienen que atender.
El gobierno de Santa Fe se esforzó en la última semana por subrayar públicamente esta tensión. Mientras a través de sus terminales periodísticas subrayaba el esfuerzo presupuestario volcado en contención social, el propio Maximiliano Pullaro pedía que la inversión nacional en políticas alimentarias formara parte del temario en un eventual encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli.
El proyecto de ley tributaria 2026 que envió a la Legislatura expone una estrategia de triple impacto: recoge la preocupación por el deterioro productivo y social y la articula en una hoja de ruta autóctona de cara a la discusión sobre las reformas laboral e impositiva que impulsa la Nación.
La posibilidad que tendrán los empresarios de desgravar de Ingresos Brutos los salarios de los empleados que se tomen a partir de diciembre y el costo de la tarifa de energía eléctrica, asocian los beneficios patronales a un objetivo de política económica. Va en línea con el argumento de ajustar el gasto para financiar obra pública con ahorro.
El marco impositivo que se propone para 2026 atiende también un viejo reclamo fiscal de las industrias que trabajan a fazon, segmenta territorialmente gravámenes a la producción agropecuaria y ofrece estímulos a bancos y fintech que financien producción y vivienda. La presentación conjunta de los ministros de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo fue una foto que contrastó con la del secretario de Producción de la Nación, Pablo Lavigne, repitiendo el latiguillo de que “la mejor política industrial es la que no existe”.
La verdad es que el Ejecutivo nacional despliega políticas muy activas para el sector. Algunas para incomodarlo, como el subsidio a las importaciones. Otras para seducirlo, como el ataque frontal a la ley de contrato de trabajo.
Trabajo y capital
En medio de polémicas y filtraciones, el Consejo de Mayo discute la propuesta de reforma laboral. Al menos para la tribuna, las propuestas de flexibilización del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, espantaron al propio Gerardo Martínez, el secretario general de la Uocra. La escenificación de su enojo coincidió con la reunión que mantuvieron los nuevos jefes de la CGT nacional con entidades empresariales del sector pyme.
La virulencia de la nueva ofensiva patronal fue uno de los motores que impulsaron la normalización de la central obrera rosarina. Casi cien gremios participaron el jueves de la asamblea que proclamó a Miguel Vivas, titular del sindicato de la industria de la alimentación, como secretario general.
No faltó liturgia en el salón colmado del Sindicato de la Carne, en el que convergieron las distintas corrientes y movimientos que transitaron divididos los casi 15 años de inactividad cegetista. La mayoría de los “tanques” sindicales de la ciudad participan de la nueva conducción, negociada con dedicación de artista. Cinco adjuntos y decenas de secretarías institucionalizan ese delicado equilibrio. “Creo que pudimos contener y abrazar a todos”, dijo en declaraciones posteriores al encuentro Sergio Aladio, el líder de los camioneros santafesinos que ocupará una de las Secretarías Adjuntas. Otra de esas dependencias estará a cargo de Martín Lucero, el secretario general de Sadop (docentes privados) y referente de la Intersindical.
La unidad, igual, no es completa. Una gran fractura seguirá abierta con el distanciamiento en las últimas horas de negociación de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), un núcleo sindical poderoso y activo que en la región encabeza Edgardo Arrieta.
En su discurso ante la asamblea, Vivas aseguró que seguirá buscando el acercamiento y prometió llevar la CGT “a cada lugar en la que haya un trabajador”. También prometió apertura al diálogo con autoridades políticas y sectores empresariales, aunque al mismo tiempo advirtió: “Si quieren quilombo van a tener quilombo”.
Mientras en Corrientes y Córdoba, la elección del presidente de la Bolsa de Comercio entre 600 personas (hubo récord porque se presentaron dos listas) se llevaba la atención, en el sur rosarino cientos de referentes y militantes sindicales hacían su propia demostración de fuerza.
“Nos pisan la paritaria, tenemos salarios de pobreza y el aguinaldo se usa para pagar deudas pero para el gobierno los trabajadores somos los culpables de lo que pasa en el país”, se quejó el nuevo secretario general de la CGT, al tiempo que denunció que el empleo está siendo demolido por una política económica que “ destruye la industria y nos deja sin trabajo”.
Quizás el Indec no lo capte pero el aire está cargado. Sin Repros ni programas de Asistencia al Trabajo y la Producción, los sectores económicos que más puestos de trabajo generan ven solo nubes en el horizonte. En la semana, el secretario de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Walter Andreozzi, fue consultado en LT8 por los cierres de fábricas y despidos que ya no son por goteo sino en torrente. “La tormenta se viene”, respondió.
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