En la provincia de Santa Fe, el sector público sintió el paso de la motosierra en 2025. “El ajuste recayó sobre los trabajadores y los sectores esenciales del Estado”, reveló un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) el cual mostró un fuerte deterioro del mercado laboral, no sólo en cantidad —por la pérdida de puestos de trabajo— sino también en calidad, debido a la fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios.
En paralelo, mientras los sectores esenciales para el funcionamiento del Estado se fueron deteriorando, “la planta política se triplicó, concentrando los cargos de mayores ingresos”, agregó el centro de estudios.
Mientras el gobierno de Maximiliano Pullaro trabaja junto a las empresas para armar políticas contracíclicas que oficien como una línea de contención ante el deterioro de la actividad y la caída del empleo privado —subsidio de tasas, mesas sectoriales, obras de infraestructura para motorizar la producción, entre otras— y el propio mandatario milita una “modernización laboral que les permita a las pymes sostener los puestos de trabajo” —según indicó— los estatales terminaron siendo el pato de la boda.
Ese contraste representa “un ajuste selectivo”, apuntó CEPA y está lejos de constituir un proceso homogéneo orientado exclusivamente a mejorar la tan mentada “eficiencia” del Estado.
“El gobernador (Maximiliano) Pullaro ajustó más que Milei”, denunció Lorena Almirón, secretaria general de ATE y CTAA Rosario, quien puso énfasis en el deterioro de los ingresos de los estatales en Santa Fe, una provincia en la cual los últimos incrementos salariales se terminaron otorgando por decreto, desvirtuando la esencia de la negociación paritaria.
Entre el año 2023 y 2025 se perdieron casi 6.000 empleos en el sector público sobre todo en Educación y Administración, un número que estuvo acompañado además por una fuerte caída del salario real: los docentes perdieron 17,4 %, enfermeros 17,3 %, fuerzas de seguridad, 15,7 % y administración central, 11 %, todos sectores esenciales del Estado, detalló el relevamiento.
Para la diputada provincial por el Frente Amplio por la Soberanía y ex ministra de Educación, Claudia Balagué, la situación no será mucho mejor y para eso solo basta mirar los números del presupuesto provincial 2026 que aprobó recientemente la Legislatura y que su bloque no acompañó. “Se recorta en áreas sociales fundamentalmente y hay aumento de las partidas nada más que del 20 por ciento cuando la inflación interanual va a estar más cerca del 30 por ciento”, planteó en Lat Stream, y advirtió que en el área de Educación “claramente hay un recorte que mayoritariamente afecta al salario docente, que ha tenido una pérdida importante en los últimos años”, pero que “además supera a lo estrictamente salarial”, agregó.
Un plantel más chico
La evolución del personal público ocupado en Santa Fe, sin considerar a los funcionarios políticos, “muestra claramente una caída en la cantidad de trabajadores a partir de los años 2024 y 2025”, detalló el informe.
En el año 2024 se registra una disminución respecto de 2023 de alrededor de 4.800 puestos de trabajo, lo que significó una caída del 3 %, y en 2025 se produjo una reducción adicional de 1.150 puestos de trabajo (-0,7 %). Esta reducción se dio luego del aumento registrado entre 2022 y 2023, cuando la planta estatal se había incrementado en casi 6.000 puestos de trabajo.
“En términos relativos, esto implica una caída en 2025 respecto de 2023 del 3,7 %”, explicó CEPA.
Pero al observar los sectores por donde pasó la motosierra, se observa un profundo desequilibrio. Las principales áreas del Estado afectadas por esta reducción entre 2023 y 2025 fueron el sector educativo, con una caída del 8 %, lo que representa en valores absolutos una pérdida de alrededor de 4.800 puestos de trabajo; el escalafón general, con una disminución del 5 %, equivalente a cerca de 1.000 puestos; y el resto de los trabajadores del sector público, donde se observa una caída de 1.055 puestos.
“En 2023 sólo en la regional sexta del Ministerio de Educación se precisaban alrededor de 600 cargos más para funcionar y se perdieron 4.800. Eso implica que quienes nos quedamos en las escuelas tengamos que trabajar más, en peores condiciones y seamos peores pagos y sin acceso a las licencias médicas”, planteó Almirón.
En contraste, en el mismo período analizado se registraron incrementos en el sector salud, con un aumento del 1% (179 trabajadores), y en el sector seguridad, con una suba del 3 %, equivalente a aproximadamente 814 trabajadores.
Un sector indexado
La principal vía de incorporación de personal al Estado no fue la ampliación de la planta administrativa, sino el incremento de la planta de funcionarios políticos. Según reveló CEPA este crecimiento se produjo a través de dos mecanismos principales.
Por un lado, “se observa un aumento en las autoridades superiores —directores provinciales, subsecretarios, secretarios y ministros—, que pasaron de 562 cargos en 2023 a 749 en 2025, lo que implica un incremento del 33 % en este segmento de la planta política”, detalló. Por otro lado, “se registró una fuerte expansión de los cargos de asistentes técnicos”, que son cargos políticos de designación directa del gobernador y no requieren concurso. Hasta las gestiones anteriores existían cuatro niveles de asistentes técnicos (niveles 1 a 4). “Un elemento central del actual gobierno fue, además de mantener estas categorías, la creación de siete nuevos niveles de asistentes técnicos, que van del nivel 5 al nivel 12”, especificó el informe.
Difícil llegar a fin de mes
Así como en Santa Fe se achicó la planta de estatales en sectores esenciales, también fueron éstos los más golpeados por la pérdida del poder adquisitivo del salario.
En el área de salud el caso más evidente es el del personal de enfermería, que sostiene jornadas extendidas, turnos rotativos y un alto nivel de exigencia física y emocional. Los datos muestran una caída significativa del ingreso real desde noviembre de 2023: ese sector perdió 7.688.805 pesos en el período analizado.
“La pérdida real acumulada alcanza el 17,3 %, lo que implica que, para igualar el ingreso que percibían en noviembre de 2023 a valores de diciembre de 2025, deberían percibir 310.182 pesos adicionales”, especificó CEPA.
En educación, los asistentes escolares —como los porteros de categoría 2— también presentan un deterioro salarial significativo. Desde noviembre de 2023 perdieron 2.926.697 pesos, lo que representa una caída del 8,5 % de su poder adquisitivo.
Esta situación se agrava en el caso de los maestros de grado con 10 años de antigüedad. Desde noviembre de 2023, acumularon una pérdida en sus salarios de casi 5 millones de pesos (4.964.362), o el 17,4 % de sus ingresos reales.
Pero además se trata de un sector cuyos ingresos están condicionados por la decisión del gobierno santafesino de incorporar el denominado “premio” a los docentes con asistencia perfecta, una medida que los gremios y diferentes sectores calificaron como la reedición del presentismo y que tiene un fuerte impacto sobre los bolsillos, pero también sobre la calidad del empleo. Así lo apuntó Balagué, quien con su experiencia a cargo de la cartera docente dijo que “es una medida que plantea que un docente, para cuidar una parte de su salario, termina yendo a trabajar enfermo o una docente no puede gozar de sus licencias por maternidad, por ejemplo”, lo cual, “deteriora la calidad educativa”.
En el caso del personal policial se analizó el salario mínimo garantizado, que establece que ningún agente comprendido en los escalafones Policial, del Servicio Penitenciario y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias puede percibir una remuneración neta inferior a un piso determinado, otorgándole, de ser necesario, una Asignación Especial Remunerativa y No Bonificable para cubrir la diferencia. Es decir, es el ingreso más bajo que puede recibir un policía en funciones. En diciembre de 2025, este salario mínimo garantizado asciende a 848.474 pesos.
No obstante, “considerando la vigencia de este piso salarial, desde noviembre de 2023 la pérdida de poder adquisitivo del ingreso para las fuerzas policiales alcanza el 15,7 %”, detalló el informe de CEPA y aseguró que la pérdida acumulada en el período asciende a 3.761.635 pesos.
Al analizar la administración pública provincial general, que incluye a trabajadores de ministerios, la situación es similar. Perdieron en el período un acumulado de 3.605.982, es decir sus bolsillos se achicaron un 11,09 %.
Aquí, los trabajadores que más sufrieron el ajuste fueron los contenidos en las categorías bajas, que registraron una caída del salario real del 9,8 % entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, y se mantuvieron permanentemente por debajo de los ingresos reales de 2023, aunque con una leve tendencia de mejora desde el piso alcanzado en enero de 2024, cuando la caída llegó al 33 % de los ingresos.
La deuda de Pullaro
Con estos números, Almirón planteó que “por el atraso salarial, Pullaro le debe a cada trabajador y trabajadora jubilada más de 4 millones de pesos y a cada trabajador/a en actividad más de 8 millones de pesos”, lo que a su juicio es similar a decir que “el gobierno le robó a cada hijo de un estatal 14 canastas de crianza (un año y dos meses)”.
“El ajuste sobre el poder adquisitivo de los trabajadores terminó recayendo principalmente sobre los sectores más vulnerables, con ingresos por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo, que además representan la gran mayoría de los trabajadores estatales de la provincia”, concluyó CEPA.
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