En pocos días, la política económica enfrentará los primeros desafíos de 2026. El debut de la nueva banda cambiaria actualizada por IPC y el inicio de un exigente cronograma de vencimientos de deuda externa para el próximo bienio.
Estos acontecimientos y la forma de abordarlos alteraron el contrato electoral del 26 de octubre. La nueva política para el tipo de cambio contraría el compromiso de sostener la banda anterior, que el propio Departamento del Tesoro de EEUU defendió con su inédita intervención para frenar la última crisis. Por otra parte, la ingeniería que improvisó Luis Caputo para cumplir con el pago de enero es hija de la promesa incumplida de un mega blindaje internacional.
La indexación cambiaria habilita una mayor devaluación del peso, que a su vez presiona sobre las expectativas inflacionarias. El compromiso del Banco Central de comprar reservas para garantizar el pago de la deuda refuerza esa cláusula gatillo. Se alimenta así una rueda que pone en pausa la narrativa fundacional del equipo económico: la desinflación. Como contracara, la “remonetización” derivada de esa estrategia podría aflojar un poco el corsé a la actividad de algunos productores de bienes afectados por la suba de costo en dólares y el aumento de la competencia externa. También podría aliviar la balanza de pagos.
Tras un intento poco exitoso de traducir la victoria electoral en una vuelta al mercado de bonos, Caputo se puso a juntar los dólares para pagar los 4.200 millones por las vías más caseras y expeditivas: compra de divisas y préstamos de urgencia por parte de bancos amigos.
La independencia de Caputo
Sin agua en Wall Street, el ministro dijo que no tenía sed. Descartó colocar bonos allí porque, argumentó, quiere “ir eliminando la dependencia” con esa fuente de financiamiento. La dependencia que cultivó él mismo durante el primer tramo del gobierno de Mauricio Macri, hasta que a principios de 2018, poco antes de la mega corrida que se llevó puesta a esa gestión, dijo algo muy parecido a lo que repitió en estos días.
El ex ministro Martín Guzmán, que renegoció esa tremenda deuda heredada con los bonistas, lo expuso: “El gobierno buscó en todo momento financiarse en Wall Street, la razón por la que ahora cambia el discurso es probablemente porque Wall Street no le quiere prestar”. El primer jefe del Palacio de Hacienda de Alberto Fernández quiso blindar la economía de “endeudamientos externos profundamente dañinos” y logró en 2021 la sanción de la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. “El actual gobierno quiso ya voltearla dos veces”, recordó.
El aval para renegociar deuda en peores condiciones de tasas, montos y plazos que las operaciones originales fue incluido en el proyecto de presupuesto nacional 2026. La primera “ley de leyes” de la era Milei gira en torno del ajuste fiscal y las condiciones de nuevos negocios financieros.
El ajuste y la deuda
Una década después de que finalizara el ciclo de desendeudamiento, el ajuste y la deuda volvieron a “ordenar” la dinámica de la economía. En los hogares, que baten récords de morosidad, en las empresas y en los tres niveles de gobierno.
Las dificultades de Caputo para volver a Wall Street contrastan con las colocaciones realizadas por estados subnacionales, como Santa Fe, que blindó el plan de obras públicas para los próximos dos años con un esquema de financiamiento que incluyó el endeudamiento externo por 800 millones de dólares.
El diputado Mariano Cuvertino fue uno de los que defendió esa estrategia durante el debate legislativo del presupuesto provincial. En diálogo con el programa radial La Banda Cambiaria fundamentó: “La obra pública es la única herramienta que tiene un gobierno subnacional para sobrellevar el impacto del modelo nacional, que en Santa Fe se está llevando puestas a tres empresas y veinte puestos de trabajo por día”. En ese sentido, opinó que “colocar deuda para financiar infraestructura, no para sostener la bicicleta financiera, es bueno”. Y puso el caso de Córdoba. “Siempre se pone de ejemplo por su inversión pública pero no siempre se recuerda que afecta 8,3 por ciento de recursos al pago de la deuda para financiarla, mientras que en Santa Fe esa relación no llega al 2 por ciento”.
Cuando la bota aprieta
Durante estos dos años, el gobierno de Maximiliano Pullaro sostuvo un debate con Javier Milei dentro del dogma del ajuste, que comparten. La tesis del gobernador es que el suyo fue más profundo pero también más eficiente ya que invirtió el ahorro en infraestructura.
Hace unos meses, el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) subrayó la primera parte de esa afirmación. En un informe difundido en septiembre mostró que “el ajuste del gasto provincial excedió a la caída de los recursos obtenidos”. Ese colchón fue mayor durante los primeros cinco meses de 2024, cuando los egresos bajaron 24 % y los ingresos 13 %, en promedio, respecto del año anterior. Esas líneas se suavizaron hacia mitad de este año, acumulando bajas de 10 % y 7 % con relación a 2023, respectivamente.
Por su peso en el gasto, las remuneraciones del sector público son las que más aportaron. En relación a los recursos totales, tocaron un mínimo histórico al caer del 42 % al 32 % en poco más de un año y medio. La consecuencia fue “una importante caída del salario estatal que, a pesar del cobro de premios en algunos casos, sigue por debajo del nivel que tenía al comenzar el mandato de Pullaro”, destacó Mate. También disminuyó el gasto en jubilaciones, que alcanzaron el valor mínimo en 15 años, respecto a los ingresos del Estado. Según el trabajo, en 2023 se volcaban 20 de cada 100 pesos de recursos a financiar este ítem del gasto. Ese año cayó a 16 pesos.
El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) publicó en la última semana un estudio sobre la evolución del empleo público provincial que profundiza ese análisis. El informe se elaboró a partir del relevamiento de información publicada en decretos provinciales y acuerdos paritarios firmados entre el Poder Ejecutivo provincial y los distintos sindicatos del sector público, disponibles en fuentes oficiales, y se analiza en detalle en esta nota.
El informe fue un centro al área para los gremios más combativos. “Si Milei nos ajustó 7, Pullaro ajustó 10, y lo hizo para sostener a funcionarios que no están precisamente atendiendo o mejorando la salud o la educación”, subrayó la secretaria general de ATE y CTA- A Rosario, Lorena Almirón.
El titular de Sadop Rosario (docentes privados), y actual secretario adjunto de la CGT Rosario, Martín Lucero, disparó desde otro ángulo. Rechazó la decisión del gobierno de pagar el medio aguinaldo el día 23 de diciembre. “Esto no se registra desde hace al menos 15 años y deja en evidencia una forma de gobernar basada en el ajuste, la insensibilidad y el desprecio”, denunció.
Estas tensiones acumuladas se trasladarán a un año desafiante, durante el que la nueva banda cambiaria de Milei podría modificar algunos planes. Por ejemplo, la expectativa oficial de acuerdos paritarios más largos.
La sábana se acorta por el lado de los recursos. Aunque el análisis de las finanzas provinciales publicado en el portal de Santa Fe no llega a ese mes, las cuentas a partir de septiembre podrían mostrar resultados deficitarios, según especuló el ex ministro de Economía Walter Agosto en ocasión del debate presupuestario.
Provincias y municipios extremaron sus previsiones para lubricar el cambio de año en un contexto en el que el superávit nacional se dibuja con recortes a las jurisdicciones subnacionales. Una tendencia que se podría profundizar si avanza la reforma fiscal. Un anticipo ya vino escondido en el proyecto de cambios a la ley de contrato de trabajo. Allí se contemplan beneficios a sociedades en el Impuesto a las Ganancias que podrían restar más de 90 mil millones de pesos a Santa Fe en 2027, según un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Sábana corta
En este contexto, la Legislatura santafesina comenzará a debatir en febrero los proyectos de ley derivados de la reforma de la Constitución. Entre los pendientes está la sanción de una nueva ley de coparticipación a municipios y comunas, que reemplace al actual sistema, basado en normas que rigen específicamente la distribución de cada impuesto o masa coparticipable. A diferencia de las otras asignaturas, en esta se discute el reparto de plata entre jurisdicciones, justo en un momento de escasa liquidez.
Si bien no hay un borrador oficial, circulan ideas sobre la posibilidad de impulsar un cronograma gradual de aumento del porcentaje a distribuir, actualmente del 13,43 % para Ingresos Brutos y la coparticipación federal, donde está el filón, hasta el 15 %. Y, al mismo tiempo, ajustar los parámetros del reparto secundario.
Mientras transitan estas discusiones, la relación entre los distintos niveles del Estado se juega en buena medida en la asistencia frente a situaciones complejas, y en la asignación de la obra pública.
Con la inauguración de la nueva pista del aeropuerto y el lanzamiento de la segunda etapa del plan de mejoramiento del acceso a los puertos, el gobierno provincial refuerza una apuesta al posicionamiento logístico de la provincia. En el caso del poderoso lobby agroexportador, conecta con el único proyecto de envergadura que pilotea el gobierno nacional: la nueva licitación del dragado y balizamiento de la hidrovía.
El complejo agroindustrial es beneficiario explícito de estos planes, en tiempos de súper cosecha y promesas de divisas y señales de vida frente a una actividad económica que languidece en la mayoría de los sectores.
El optimismo verde
El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, creció 10 % interanual en noviembre, y batió un récord. Siete de las doce series que lo integran registraron variaciones mensuales positivas. Subió la producción de biodiesel (10,1 %) y bioetanol (4,3 %), se avanzó en las labores agrícolas (5 %) y crecieron las exportaciones de los principales complejos agropecuarios (3,3 %). En cambio, la molienda de soja bajó 1,4 %, por la mayor exportación de poroto sin procesar.
Estos números ayudan a explicar la disparada del índice de confianza de los productores agropecuarios que elabora el Ag Barometer del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. El indicador subió 28 %, a 159 puntos, el máximo de la serie. Sin pretensión de alarmar, hay que señalar que el último récord fue en julio de 2019, antes de las famosas Paso.
La encuesta realizada a 400 productores con un valor bruto de producción igual o superior a 200.000 dólares reflejó en su última edición “un cambio muy relevante en el ánimo”, explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral. El optimismo no se traduce automáticamente en inversiones: un 38 %, a pesar de considerar favorable el contexto, no planea hacerlo en el corto plazo. El 68 % identifica a las altas tasas de interés como el principal freno.
Pero lo que está por arriba es la emoción política. Milei cumplió las expectativas del 65 % de los consultados y las superó para otro 10 %. Pero un 64 % todavía duerme atormentado por “la amenaza de un retorno del populismo en 2027, aun después del resultado de las elecciones legislativas”, explicó el trabajo.
El gobierno quiere institucionalizar este mapa electoral, con sus ganadores y perdedores. El mundo de los agronegocios augura tiempos felices y se entusiasma con invertir en “tierras (29 %), tractores (27 %), hacienda de cría (20 %) y hacienda de invernada (19 %)”. También apoya en un 95 % un tratado de libre comercio con Estados Unidos, destacando especialmente el potencial impacto sobre las exportaciones de carnes.
El asado pisado
En otro rincón, la carne vacuna se convierte en sueño y el futuro del ingreso y el trabajo en pesadilla. Los conflictos laborales más emblemáticos de la provincia, como el del frigorífico Euro o el de lácteos Verónica ensombrecieron las fiestas de fin de año. La consultora Audemus, que conduce el economista Matías Kulfas, estimó que en 2026 se perderían hasta 2.000 empleos industriales al mes.
Este proceso acentuará la precarización. Ana Rameri, coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), trazó durante un encuentro realizado hace unos días en la sede nacional de la CTA Autónoma, un panorama sombrío. Explicó que solo el 44,8 % de los ocupados tiene un puesto asalariado registrado y el resto queda repartido entre “relaciones laborales clandestinas, trabajo por cuenta propia, microemprendimientos, changas y modalidades híbridas que, demasiadas veces, encubren fraude laboral y traslado de riesgos”. El 12 % son pluriempleados y el 30 % sobreocupados, con jornadas de entre 9 y 11 horas por día, que se estiran hasta las 16 horas para casi un millón de trabajadores.
El proyecto de reforma laboral quiere convertir esta realidad en norma. El objetivo es contrario a la pretendida “modernización”. Rameri lo ilustró con un ejemplo: “El proyecto deroga la única norma reciente que intentó hacerse cargo, al menos parcialmente, de los dilemas que trajeron las tecnologías digitales; se trata de la ley de teletrabajo, que reconocía el derecho a la desconexión digital y establecía ciertos márgenes de soberanía personal sobre el reparto del tiempo de trabajo, especialmente para quienes tienen tareas de cuidado”.
La economista recordó que la limitación de la jornada, el reconocimiento de derechos, la construcción de ciudadanía social y la instalación de protecciones fueron conquistas defensivas de la clase trabajadora. Pero al mismo tiempo expresaron un pacto, siempre tenso, en el que “el capital industrial encontraba condiciones de reproducción que incluían, entre otras cosas, un mercado interno vigoroso”.
Hoy, la inversión del empresario “se diluye en la especulación del accionista y la rentabilidad deviene cada vez más renta que ganancia”. En este marco, las formas de trabajo precario, autónomo dependiente, por encargo o mediado por plataformas, conviven con un sistema de protección que, en lo esencial, continúa atado al contrato laboral típico. Para Rameri, la discusión de fondo que debería ordenar cualquier agenda de reformas no pasa por “universalizar la desprotección” sino por “universalizar derechos y seguridades sociales en un mundo en el que la producción de valor ya no se deja encerrar en la fábrica ni en la relación salarial estándar”.
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