Mientras el Gobierno nacional apura la sanción del Presupuesto 2026 y una reforma laboral express, desde Provincias Unidas apuntan sus reparos y evitan anticipar su postura antes del inicio del debate parlamentario. Casi en estado asambleario permanente —vía teléfono o aplicaciones— la presidenta del bloque Gisela Scaglia convocará a sus 18 diputados para avanzar en el análisis de una posición común.
Sobre la ley de leyes coinciden en acompañar el dictamen de minoría que ya pasó por comisión y que entre otros elaboraron Oscar Agost Carreño —ahora jefe del bloque de diputados del PRO en la Legislatura provincial de Córdoba— y Nicolás Massot, que junto a Miguel Pichetto se sumó al interbloque de Unidos. Esa iniciativa incluye las partidas para las leyes sancionadas por el Congreso que el presidente Javier Milei promulgó pero no ejecutó ni prevé hacerlo: la emergencia para salud pediátrica, la suba para las universidades y más recursos para discapacidad. “El tiempo no da para hacer otro trabajo”, admitieron varios dirigentes en alusión al apuro del gobierno nacional por votar la media sanción en la sesión convocada para el próximo miércoles 17.
Aunque hubo dictámenes con el recambio de la mitad de la Cámara y ahora en período de extraordinarias, las nuevas comisiones deben volver a votar los proyectos, lo que tendría lugar el próximo martes. En ese marco, los diputados que responden a los gobernadores de la “U” insistirán con su iniciativa pero admiten que no podrán sostenerla en el recinto. También reconocen que les resultaría difícil votar por la negativa el proyecto del gobierno cuando su argumento es que el presidente debe tener este instrumento y está en falta tras dos años de prórroga y sin ley. La abstención podría ser una opción más cómoda que no les generaría contradicción.
Antes de esa instancia, debe definirse la integración de las comisiones. Scaglia le dijo a Suma Política que Provincias Unidas ya le rechazó a Martín Menem la propuesta de composición de la comisión de Presupuesto y Hacienda que les hizo con el poder que le delegó la Cámara de Diputados en la sesión preparatoria. “Nos dan menos lugares de los que nos corresponden”, se quejó la exvicegobernadora santafesina a la espera de una definición este lunes.
Otra situación que generó malestar fue el ingreso del proyecto de Modernización Laboral a través del Senado. Al mismo tiempo que Esteban Paulón intimaba a Victoria Villarruel y a Manuel Adorni a retirar la iniciativa y reingresarla por Diputados, el diputado Sergio Capozzi llamaba a Patricia Bullrich, flamante jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza en el Senado. “Acá hay un problemita”, dicen que le dijo. El rionegrino Capozzi fue uno de los últimos en sumarse desde el PRO a Provincias Unidas pero antes participó de la redacción del proyecto de ley laboral en representación de Cristian Ritondo. Durante tres meses integró una comisión conformada en paralelo al Consejo de Mayo, que tuvo a su cargo la redacción de la iniciativa. El tema fue que a posteriori el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sumó letra que no estaba acordada ni siquiera con el secretario de Trabajo Julio Cordero. Además de Capozzi, cada martes se reunieron Cordero, la senadora santafesina Carolina Losada, representantes de la UIA, de los bancos, CAME, el Ministerio de Desregulación y Anses.
Uno de los agregados del ministro desregulador fue el capítulo impositivo que para varios de los diputados de Provincias Unidas —y de otros espacios— obliga a que el proyecto tenga como cámara de origen la de Diputados y no el Senado de la Nación. De un lado se insiste en que según la Constitución la suba o baja de un impuesto debe discutirse primero en Diputados. El Gobierno sostiene que esa obligación sólo se aplica en caso de creación de un nuevo impuesto y que no en este en que se bajan alícuotas de Ganancias para pequeñas y medianas empresas y grandes compañías. La ley también promueve recortes en el IVA.
Entre los integrantes de la “U” hay ciertas diferencias aunque están supeditadas a la decisión final de sus respectivos gobernadores. También, convencidos de que La Libertad Avanza no dará marcha atrás con su estrategia, esperan las negociaciones del Senado, donde creen que la necesidad de sumar votos obligará al Gobierno a ceder algunos puntos de la reforma laboral y aceptar modificaciones. Los libertarios tienen 21 votos propios y necesitan llegar a 36.
“La reforma es necesaria pero hay que ver cómo se hace”, indicaron a este medio allegados a la bancada de Provincias Unidas, donde ya un grupo trabaja en el debate del Presupuesto pero no aún con la reforma laboral que pronostican llegará a la Cámara baja recién en febrero, después de que el presidente amplíe el periodo de las extraordinarias. Para los próximos días planean recibir a representantes de instituciones, organizaciones y mesas de sindicatos que pidieron ser escuchados después de que los gobernadores Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir e Ignacio Torres se reunieron con la mesa ejecutiva de la CGT.
Sobre los otros proyectos que probablemente lleguen el próximo jueves al recinto —el de Responsabilidad Fiscal y el de Inocencia Fiscal— todavía no hay una postura común. Algunos se sorprendieron, varios creen que Responsabilidad Fiscal es inconstitucional y votarían en contra como Paulón, que ya votó en contra el blanqueo cuando se trató dentro del paquete de la Ley Bases.
Autor
