Jehiel Fabián Marino y Ramón Alberto Velázquez tenían por delante condenas por tráfico de estupefacientes cuando ingresaron a la Unidad Penal número 7 de Resistencia. Pero la cárcel federal no fue un obstáculo para que continuaran con los negocios en el departamento San Lorenzo y hasta progresaron extendiéndose en varias localidades. La organización que comandaron a través de un teléfono fijo estuvo integrada por miembros de sus familias, pero al margen de la negligencia del servicio penitenciario chaqueño no hubiera tenido éxito sin otro factor: la protección otorgada por personal de la Prefectura Naval Argentina y específicamente, como se sospecha, de la Delegación Inteligencia Criminal e Investigaciones de San Lorenzo.
En teoría la Delegación Inteligencia Criminal investigaba aquellos delitos que Marino y Velázquez planeaban y monitoreaban desde la cárcel. El Ministerio Público Fiscal la apartó de la causa después de detectar no solo filtraciones de información sino “un peligroso patrón de conducta”: la Prefectura entregaba en principio informes positivos sobre la organización y pasado un tiempo reportaba que ya no había venta de drogas. Las tareas de inteligencia simultáneas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria descubrieron la cobertura, que según fuentes consultadas “no sería un hecho aislado sino una práctica reiterada y sistemática por parte del personal involucrado”.
Un investigador confió su indignación ante la protección de Prefectura San Lorenzo al narcotráfico: “Usaban las investigaciones para venderlas. Alrededor de esta causa arruinaron otras cuatro investigaciones. Determinar quiénes fueron es difícil”. No obstante, están bajo sospecha cinco efectivos de Prefectura (subprefecto, ayudante 1°, 2° y 3° y cabo 1°) y sus domicilios se contaron entre los veinticinco allanamientos realizados en los departamentos San Lorenzo y Rosario a fines de septiembre.
La organización criminal vendió drogas en San Lorenzo, Granadero Baigorria, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez por lo menos entre principios de 2023 y mediados de este año. No solo tuvo el paraguas de la Prefectura para “consolidar la continuidad y eficacia de sus maniobras delictivas”. El Ministerio Público Fiscal también sostiene la hipótesis de que “algunos de sus miembros contaban con fluidos y aceitados vínculos con personas allegadas a círculos políticos de la ciudad de San Lorenzo”.
La investigación está a cargo de los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, de la Unidad Fiscal Rosario; Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y responsable de la Oficina de Narcocriminalidad de Rosario; Claudio Kishimoto, de la Sede Descentralizada de San Lorenzo; y del fiscal coadyuvante de la Oficina de Narcocriminalidad, Franco Benetti. La Delegación Inteligencia Criminal de la Prefectura San Lorenzo realizó las tareas de calle hasta que las escuchas telefónicas revelaron su complicidad con la organización. Interviene el juez federal Carlos Vera Barros.
De copas con el prefecto
“Yo soy el que habla con la policía todo para que todos estén bien ahí”, se jactó Marino desde Resistencia. El dato “refuerza su sensación de impunidad y el nivel de influencia que pretende detentar dentro del circuito delictivo”, según las fuentes consultadas. Sin embargo, la comunicación con la Prefectura corría por cuenta de Iván Arias, un integrante de la organización que está prófugo precisamente gracias al aviso de sus contactos.
Al margen de indicios previos, la filtración quedó en evidencia en una conversación telefónica en clave entre Marino y su pareja, Katerina Requena:
—(Requena) Escuchá. Primero, no digas apodos, no digas nombre, no digas sobrenombres, no digas nada.
—(Marino) ¿Eh?
—Vino el chico del alquiler, que tenía que venir hoy.
—Sí.
—Bueno, me avisó que está todo mal con el dueño de la inmobiliaria para hacer trámites y esas cosas. Es mejor que nos quedemos alquilando donde estamos quietos. Hay muchos problemas.
“El chico del alquiler” sería Arias, y las “inmobiliarias”, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Para los investigadores asomó así “un vínculo directo, de confianza y trato frecuente entre Arias y un miembro de las filas de la Prefectura Naval Argentina”.
Se sospecha además que la organización también vendía a otras bandas la información que obtenía de Prefectura. En noviembre de 2024, Arias confirmó que una persona estaba siendo investigada y dio a entender que se avecinaba un allanamiento: “en cualquier momento, ¿me entendés?, pumba”, dijo. Marino habría pedido 1.500.000 pesos para pasar el dato al interesado y al parecer siguió una negociación por el precio del servicio.
El 12 de febrero de este año Arias le contó a Marino que se había reunido en el Club Noventa de San Lorenzo con “el Jefe de Investigaciones de los del Agua”, expresión referida a la Prefectura. El narco y el prefecto compartieron bebidas alcohólicas “y una conversación prolongada en un marco de evidente familiaridad”, según informó la PSA. El prefecto le mandó saludos a Marino y pidió que le avisaran cuando Velázquez saliera en libertad.
El dato ilumina —o más bien cubre de sombras— la historia previa. El prefecto que compartió copas con el narco habría participado en las detenciones de Marino —julio de 2021, en San Lorenzo— y Velázquez —abril de 2021, en Serodino—. Estos procedimientos parecen ahora entregas consensuadas con la fuerza de seguridad.
El call center de Resistencia
Los investigadores caracterizaron a la organización como “una empresa criminal de jerarquía vertical, donde diferentes personas responden necesaria y únicamente a su superior en la cadena de tráfico”. El liderazgo habría sido ejercido por Marino, ya condenado a seis años y dos meses de prisión por comercio de estupefacientes, con la asistencia de Velázquez y de otro preso al que nombraba como “secretario” (sic). Todas las llamadas entraban y salían del teléfono fijo del pabellón donde estaban alojados.
“Era una organización mediana. Tenía un sistema ágil por el cual compraba la cocaína que ya tenía ubicada. No era violenta, aunque hubo incidentes con otras bandas”, analiza la fuente. Un episodio se produjo el 16 de marzo de 2024, cuando personas desconocidas balearon el edificio de Castellanos 1518, en Rosario, y dejaron un cartel que identificaba a la destinataria del ataque; el trasfondo fue una deuda de dinero de Marino y Velázquez con una banda que reporta a referentes de Los Monos en prisión, por lo que Arias gestionó una mediación para solucionar pacíficamente el entuerto.
Otra característica de la organización fue su composición familiar. La causa involucra también a la pareja de Marino; a las madres de Marino y Velázquez, una mujer de 71 años con problemas de salud; y a la hermana y al hijo de Velázquez. Un informe de la PSA fechado en septiembre pone el foco en este último: “Se ha consolidado como colaborador: se trata de la continuidad generacional del liderazgo. En escuchas de 2024 y 2025 aparece mencionado en contextos donde recibe dinero producto de las ventas de estupefacientes. Además, surge en el relato de Arias cuando cuenta que se encontraban juntos y se les acercó un Prefecto. Esto confirma que Kiki (su apodo) se mueve en los mismos círculos de confianza que los operadores principales. El involucramiento de un hijo en la estructura revela cómo la familia funciona como un núcleo criminal hereditario, donde cada generación asume un rol en la continuidad del negocio”.
La conformación se reitera en otras bandas investigadas dentro de la causa: se trata de familias cuyos integrantes se distribuyen las tareas de fraccionamiento, distribución, recaudación y almacenamiento, o bien que se dedican a cuestiones específicas como la provisión de cocaína. La PSA menciona a la que obedece a Héctor “el Viejo” González, considerado referente del narcomenudeo en el barrio Copello de Capitán Bermúdez: “aunque se encuentra privado de la libertad, ha mantenido su influencia sobre la zona y sobre la organización familiar que llevan adelante su madre, hermanas y esposa” y desde la cárcel de Piñero instigó la balacera contra un transporte del Servicio Penitenciario en marzo de 2024, “lo que evidencia que conserva poder y capacidad de mando”.
Según el análisis de los investigadores, “para que una organización criminal funcione de manera eficiente y sostenida en el tiempo resulta indispensable que cada uno de sus integrantes lleve adelante un rol definido con precisión”. En consecuencia, “no se trata de una sumatoria aleatoria de acciones individuales, sino de una estructura en la que cada actor cumple funciones específicas que se articulan entre sí en pos de un objetivo común”. Con base en la división de tareas y la obediencia a un mando, “la organización adquiere operatividad, eficacia y cohesión interna, lo que permite alcanzar sus fines con mayor probabilidad de éxito”.
La pareja de Marino registraba la contabilidad en un cuaderno. En las comunicaciones telefónicas también reveló sus condicionamientos y sus reclamos: “¿Sabés por qué lo puse siempre todo a mi nombre? —le dijo a una persona no identificada—. Porque yo tuve que vender droga para él para yo tener una ganancia, para tener mis cosas”. Y en otra conversación con Marino, del 11 de julio: “Soy yo la que vendía droga para vos, la que puse a mi vieja a vender droga cuando yo viajaba a verte a vos, la que (puse a) mi hermana embarazada para llevar las bolsitas y tener plata para verte”.
La banda en cuestión también expuso otros aspectos del contexto que posibilita el narcomenudeo. Dos hermanos de la ciudad de San Lorenzo que se dedican a actividades financieras recibían los pesos provenientes de la venta de drogas y los cambiaban por dólares. El teléfono libre en la cárcel de Resistencia permitió observar otros negocios tolerados por los guardias como la venta de drogas entre los mismos presos y el ingreso de celulares y también comunicaciones donde reclusos de distintas prisiones federales y provinciales deliberaban sobre la venta de drogas.
La cárcel de Resistencia “funcionaba como un call center”, describió un investigador. Fue lo que también posibilitó la actividad de Jonatan Raúl Brezik, trasladado a Ezeiza después de recibir 24 años de prisión por unificación de condenas: “A lo largo de 2023 trabajó 24/7, desde la mañana a la noche, para sus búnkeres en Rosario. Nadie parecía darse cuenta”.
Los investigadores destacaron el rol de Arias: “es sin lugar a dudas el nudo operativo y financiero más importante de la organización (…); de las intervenciones telefónicas surge que manejaba sumas de dinero de relevancia, realizaba préstamos, participaba de negocios paralelos y era quien sostenía el circuito financiero en ausencia de los líderes (…), recauda, paga proveedores, recibe información sensible y organiza reuniones con vendedores”. También el de un integrante de la Asociación de Taxis de San Lorenzo, hasta ahora no imputado, quien “aparece desde el inicio de la investigación no sólo vinculado al narcomenudeo, sino también como un nexo político: aportó cobertura institucional y contactos políticos que facilitaron la permanencia de la red en San Lorenzo”. Este punto se encuentra bajo investigación.
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