Para el gobierno, los 200 jueces que se concentraron para una potente foto bajo la lluvia frente al edificio de los Tribunales de Rosario “dejaron por primera vez el palo de golf para venir a protestar” y es “una señal de que cruje la casta” en Santa Fe. Para el Colegio de Magistrados que organizó la movida judicial, no se trató de una cuestión corporativa, sino de un encuentro exitoso y necesario frente al “riesgo que corre la independencia del Poder Judicial” en la provincia.
El tema que más tiempo los ocupó fue el proyecto de reforma previsional. Los organizadores se encargaron de resaltar que hicieron gestiones para que los escuchen: fueron a todas las reuniones y presentaron documentos ante la comisión que lo debatió. Esta semana también enviaron una nota al Senado con sus argumentos críticos para que sean tenidos en cuenta cuando lo traten la semana próxima.
“Les tengo una mala noticia: la ley se va a aprobar el 12 de setiembre. No maten al mensajero”, les explicó a los magistrados el especialista en derecho previsional Armando De Feo, convocado para la última y más esperada exposición, que consumió más de una hora del encuentro y dio lugar a numerosas consultas de quienes están en actividad y próximos a jubilarse.
El reclamo de los jueces se centra en que las reformas que se hagan tienen que pasar un test de “razonabilidad, convencionalidad y constitucionalidad”, y a la vez respetar la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en materia previsional. Creen que el proyecto enviado por el Ejecutivo no cumple con el “principio de razonable proporcionalidad” y de “no confiscatoriedad”. Y sugieren que habrá una avalancha de juicios previsionales por inconstitucionalidad.
Además de jueces de toda la provincia, sumó su presencia una referente a nivel nacional, la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, la jueza Marcela Ruiz, quien trajo el apoyo y acompañamiento de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “No se sientan solos”, dijo ante un salón de actos repleto y con gente de pie. Fue quien enunció por primera vez un concepto que sería repetido: “La independencia del Poder Judicial no es un privilegio para nosotros, sino un derecho de la ciudadanía”.
“Lo que está pasando en Santa Fe es un punto de inflexión. Si hiciéramos el ABC de un intento de afectaciones a la independencia judicial, acá está todo”, resumió para nombrar las tres cuestiones que le reprochan al gobierno provincial: un intento de reformar la Constitución, la modificación de la ley previsional y la eliminación de las autolimitaciones del gobernador para nombrar magistrados.
También cuestionó que el Poder Judicial no tenga autonomía funcional ni autarquía financiera y que se lo intente asfixiar haciendo un cuello de botella con las designaciones y no brindando los recursos que se necesitan para funcionar.
“No se está tratando al judicial como otro poder del Estado, que tiene la misma jerarquía que los otros dos poderes, sino como si fuera un ministerio, una dependencia del Ejecutivo”, cuestionó. “Pero como no somos populares, es difícil revertir todo lo que se dice”, lamentó.
El especialista Luis Ayuso disertó sobre algunas ideas a debatir por el sector ante una posible reforma de la Constitución santafesina. Y también resaltó que el Judicial es “tan otro poder” como los otros dos, aunque hizo esta distinción: “No tiene la bolsa de recursos de uno ni la espada del otro, pero tiene el discernimiento, la función de controlar los actos de los otros poderes”.
Trabas al funcionamiento
El presidente y el vice del Colegio de Magistrados de Santa Fe, Roberto Dallamonica e Iván Kvasina, coincidieron en que es una cuestión medular que el Poder Judicial se “autogobierne” y no sea gobernado por otro poder del Estado. Resaltaron que el presupuesto que tienen asignado para funcionar es del 3,29% de los recursos totales de la provincia.
Reclamaron que se cubran las vacantes (“hoy estamos funcionando con el 75% del total de magistrados”, precisaron) y que se dicten los actos administrativos de designación de personal. “La independencia del Poder Judicial -reiteraron- exige que pueda administrarse y funcionar, es una garantía para los ciudadanos para que puedan tener decisiones judiciales independientes”.
“Estamos llegando a un estado de situación donde el servicio de justicia empieza a verse afectado por una serie de acciones y omisiones del actual gobierno. La calidad del servicio empieza a sufrir un deterioro y se va trabando el funcionamiento del Poder Judicial”, explicaron para justificar el encuentro.
“No se puede tener un servicio de justicia intermitente, como en muchos lugares de la provincia ya está pasando”, advirtieron.
Sin orden de mérito
El otro tema que ocupó una parte del encuentro con la misma idea de afectar la independencia judicial fue el cambio en los mecanismos para designar a los magistrados del Poder Judicial. Se lo consideró una regresión a fines de los años 80 y principios del 90.
Enfatizaron que a la hora de designar nuevos jueces “se tiene que respetar el examen y ese estándar comparativo de idoneidad que es el orden de mérito”. Cuestionaron en este punto cómo se ha manejado el Poder Ejecutivo.
Consideran que este gobierno “ha producido un quiebre: ha eliminado el orden de mérito por el orden alfabético y ha elegido darle más peso a la decisión política que al trabajo de evaluación. El gobernador quiere dejar de lado al jurado y elegir libremente entre los inscriptos, basado en su discrecionalidad política”, reprocharon.
Para darle ejemplaridad a esta cuestión proponen institucionalizar un sistema que figure en la Constitución, porque consideran “altamente nocivo que la política monopolice las designaciones de gente amiga antes que a los idóneos”. Ven en ese aspecto “una oportunidad” en la futura reforma de la Constitución provincial para establecer un sistema estable y definitivo.
La intervención de una jueza desde la platea diciendo a viva voz que no había tenido la suerte de tener un amigo cuando rindió el concurso de designación provocó uno de los pocos estruendosos aplausos de la tarde.
Al final hubo un reproche: que sólo se hubiera manifestado en contra de ese cambio de reglas en el concurso para designar jueces el colegio de Magistrados de la provincia. Y que no hubiera habido manifestaciones públicas provenientes del ámbito académico ni de la oposición política en la provincia. “Y la Asociación de Fiscales apareció un mes después”, apuntaron.
Fuera de los jueces participó también el representante del sindicato de Trabajadores Judiciales Jorge Perlo, en lo que se interpretó como un gesto de unidad del sector judicial.
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