En Santa Fe hay hoy 500 mil personas que acceden al menos a una comida a través del sistema público. La asistencia a los comedores escolares aumentó 20 % en los últimos meses. La expansión de la crisis de ingresos y empleo fuerza la capacidad de asistencia estatal en la misma medida que el retiro presupuestario del Estado nacional de estas prestaciones. Este mismo efecto genera el fin del programa Remediar y el colapso del Pami sobre el servicio de salud. La cuenta mensual por estas dos prestaciones urgentes que pasaron en los hechos a ser responsabilidad exclusiva de estados subnacionales se elevó a 30 mil millones de pesos mensuales.
El traspaso forzado de responsabilidades nacionales a provincias y municipios, que empezó con el recorte de transferencias no automáticas y la paralización de obras de infraestructura, llega ahora a la última trinchera: la contención social. Y lo hace en un marco de aumento de la demanda de atención como consecuencia de la caída de la actividad, de los puestos de trabajo y del salario. Hace una semana, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro se quejó en la Bolsa de Comercio de Rosario por el abandono de las rutas nacionales, que es una de las formas de apalancar el equilibrio fiscal de Nación a costa de las provincias, también aseguró que “no van a faltar comida ni remedios en Santa Fe”, pese al freno de las partidas nacionales.
A ese estado llegaron las cosas luego de dos años de experimento libertario. Y no hay certeza de hasta dónde podrían llegar.
La Caja y la calle
“Cerrado el cuarto mes del año, la situación es de tenso equilibrio operativo, es decir de los ingresos y gastos corrientes, el déficit es equivalente al gasto de capital (infraestructura)”, señalaron desde el Ministerio de Economía de la provincia.
Los informes sobre las finanzas provinciales correspondientes a los primeros meses de 2026 no estaban publicados en la página oficial hasta el miércoles pasado, pero los datos oficiales sobre la caída de la recaudación nacional y coparticipación son indicios suficientes de la presión que el escenario recesivo ejerce sobre las cuentas públicas en todos los niveles. Hay unos 15 municipios santafesinos que pidieron adelantos de coparticipación y se espera que la lista crezca cuando se acerque el pago del medio aguinaldo.
Durante el primer bienio de su administración, el modelo de Milei le quitó fondos a las provincias al interrumpir desembolsos y frenar gastos nacionales en el territorio. Pero al mismo tiempo les garantizó el marco político para llevar adelante su propio ajuste. De hecho, durante más de un año fue frecuente escuchar a funcionarios provinciales asegurar que el ajuste local había sido mayor al del Estado nacional.
El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) describió esta trayectoria en un reciente informe: “Los recursos provinciales aumentaron un 54 % en términos reales en el último bienio, superando al crecimiento del gasto (49 %), lo que permitió un superávit primario acumulado de 181.970 millones” de pesos. En paralelo, el salario real en todos los sectores de la administración pública cayó en promedio 21 %, una contracción “mayor a la del promedio nacional”. El centro de estudios reportó caídas del 34 % en docentes, 19 % en salud, 17 % en administrativos y 15 % en fuerzas de seguridad.
“Santa Fe se posiciona como un ejecutor de la política de ancla salarial, priorizando el superávit y la obra pública sobre el sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores que garantizan los servicios básicos”, señalaron los economistas del Ceso. Su conclusión es que, al menos durante la primera mitad de la gestión, los trabajadores bancaron la liquidez del Estado a través de una “transferencia directa de ingresos”.
Junto con el endeudamiento externo y los bonos heredados del fallo de la Corte Suprema en el viejo juicio contra la Ansés, contribuyeron al “blindaje financiero” que armó la administración provincial para atravesar los nuevos tiempos de sequía.
Es cierto que la motosierra pasó en la administración subnacional más fuerte en 2024 que en 2025, cuando el ajuste se moderó aunque no permitió recuperar el salario perdido. Ya en 2026, Pullaro enfrentó su primer conflicto salarial de magnitud por el lado menos pensado, que fue el de las fuerzas de seguridad. Esa disrupción, combinada con la pelea de los sindicatos del sector público, obligó a elevar la oferta paritaria, asegurando pisos salariales que dieran alguna pelea al costo estadístico de la canasta de pobreza.
Un socio en la paritaria
En esa ronda de negociaciones, las más duras que enfrentó hasta el momento, apareció un tercer socio en la negociación salarial: el acreedor. Como también ocurre en el sector privado, los agentes públicos se endeudan para llegar a fin de mes y los manotazos que prestamistas de distinto tipo le dan a su liquidación de sueldo deprime el efecto de los aumentos acordados o decretados. Justo en un momento en que la preocupación de cualquier gestión se desplaza de sostener el equilibrio fiscal a mantener la paz social.
El 33 % de los empleados públicos, unos 35 mil, está endeudado a través del sistema de códigos de descuentos, que permite a unas 35 entidades de préstamo cobrarse a través del débito directo de las cuentas sueldo. El universo de acreedores es variado. Un 10 % de las deudas es con el agente financiero provincial, algo mayor es el porcentaje de participación de las mutuales sindicales y el grueso está vinculado a una red de mutuales coordinada por un grupo financiero.
Con la intención de encauzar a tiempo este problema que puede crecer como una bola de nieve, el gobierno provincial anticipó a principios de marzo que diseñaba un plan de desendeudamiento. El miércoles pasado lo anunció. Incluye distintas herramientas pero se trata, básicamente, de promover una refinanciación de esos pasivos a una tasa más razonable y limitando al 25 % el porcentaje del salario que se puede afectar a ese pago. Apunta a aliviar la situación de unos 12 mil estatales activos y 7 mil jubilados que tienen, en promedio, más del 30 % de sus haberes tomados por estas obligaciones. Aunque el camino es menos directo, también intentará armar un esquema de alivio para unos 50 mil asalariados privados santafesinos que cobran hasta 1,5 millones de pesos.
El que fía se fue
El endeudamiento familiar con el sistema bancario creció 34 billones de pesos en todo el país durante los últimos dos años, según el último informe de Mate. La morosidad saltó de menos del 2 % al 13 % en préstamos personales y el 11 % en tarjetas de créditos. El problema se multiplica y ramifica hacia distintos grupos de prestamistas, desde fintech y mutuales hasta préstamos informales y, cada vez más, economías delictivas.
El raid de morosidad, que ya comenzó a afectar la propia expansión del crédito formal, es un problema crítico. La tasa real positiva sobre una economía en recesión profundiza una iliquidez que puede ser tan letal como las restricciones para retirar efectivo en 2001.
La sequía monetaria afecta también a la industria y el comercio. “Hoy estamos todos endeudados, no solo con los bancos sino también con Arca”, describió un importante dirigente del empresariado metalúrgico de la región, que en los próximos días saldrá con un duro documento con reclamos del sector. El sector fierrero baja un escalón de actividad todos los días.
Crisis y conflictos
Electrolux dio las malas nuevas al confirmar que dejará de fabricar heladeras en Rosario. Dos años atrás, la firma de capitales suecos ocupaba a 750 personas en su fábrica local. Hoy quedan 250 y marcha hacia 150. En el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia revisaron su diagnóstico sobre el sector productivo: “Hasta hace unos meses veíamos una situación heterogénea, con diferencias según el sector que miraras en la provincia, hoy la gran mayoría está mal y muchos están perdiendo plata con tal de vender”, señalaron.
El último informe del capítulo rosarino del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) señaló que desde el cambio de gestión nacional se perdieron 13.676 puestos de trabajo registrados en Santa Fe. Una caída del 2,2 %. De ese total, 8.089 corresponden a la industria manufacturera, que experimentó una retracción de casi 6 %. Pero también cayeron 2.533 empleadores, lo que equivale a una caída del 5 %. El 96,3 % eran unidades con menos de 50 trabajadores.
La provincia no solo es uno de los cuatro distritos que más empresas perdieron. También es la segunda con mayor cantidad de conflictos laborales, suspensiones, retiros voluntarios, cierres de empresa o quiebras: 83, según contó Cepa.
Los trabajadores
En un mundo del trabajo cada vez más tensionado, el sindicalismo sostiene la presencia en la calle y busca construir representatividad. La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó en la ciudad de Buenos Aires y la seccional rosarina, recientemente unificada, replicó la movida cerca de su sede histórica
En paralelo, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), el nucleamiento combativo que reúne a la UOM, Aceiteros y ATE junto a un centenar de organizaciones, realizó su primer plenario nacional, con miles de delegados reunidos en el camping metalúrgico de Pilar. Recogiendo la tradición de experiencias como la CGT de los Argentinos, discutió un “programa de las y los trabajadores para recuperar la Patria”, con eje en la exigencia de un salario mínimo, vital y móvil que garantice alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.
El programa de acción incluye el combate contra la precarización y la reforma laboral, la defensa de la industria nacional y la soberanía, y también la del derecho a huelga y libertad sindical.
Puja distributiva
La crisis de representación política potencia el protagonismo de los reclamos sectoriales. El complejo agroexportador asistió el viernes pasado a la misa anual de la soja, durante la cual se repasaron los puntos principales del sector: mejoras en la infraestructura que baje su costo logístico y reducción de retenciones. Pocos días después, el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial (Eatf) convocó al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), Iñaki Arreseygor, para exponer sobre la “joya” del primer punto: el dragado y balizamiento de la hidrovía. El funcionario actualizó el cronograma del proceso licitatorio, que actualmente se encuentra en la etapa de evaluación de los planes presentados por los dos oferentes en carrera, Jan De Nul y Deme. En tres semanas se abrirían los sobres económicos y en junio se adjudicaría al consorcio ganador el proyecto de obra pública más grande de la administración Milei.
Arreseygor aseguró que no se avanzará en mayores profundidades hasta que no se realicen y evalúen los estudios de impacto ambiental que el nuevo concesionario debe realizar en la primera etapa de gestión. En los próximos días, por otra parte, se conocerá el borrador de resolución para crear un ente de control que, dio a entender, tendrá un formato de consejo consultivo más que de órgano de control.
Un reciente estudio del Departamento de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Rosario sobre el origen provincial de las exportaciones en 2025 ayuda a dimensionar el interés estratégico que el círculo rojo local le asigna a la administración del “estrecho de Ormuz” regional, como calificó el jefe de la Anpyn a la vía navegable del río Paraná.
El estudio indica que la región pampeana, con el complejo agroalimentario como locomotora, mantiene su liderazgo en las exportaciones nacionales. Sin embargo, la Patagonia, impulsada por el sector energético, crece a un ritmo más acelerado y le va “comiendo” participación. En el primer caso, el porcentaje sobre el total de envíos del país se redujo del 78 % al 70% entre 2021 y 2025. En el segundo, se duplicó en doce años hasta llegar al 15 %.
Esta posición en el circuito de ingresos dolarizados tiene impacto en la centralidad política. Por ahora, la energía patagónica sacó ventajas del Rigi mientras el agro pampeano carga con el mayor peso de las retenciones. A una, la guerra en Medio Oriente le mejora los precios de venta, al otro le aumenta el costo de producción y logístico. En este desfiladero, la liquidación de agrodivisas habría desacelerado en abril, según los primeros informes.
La cautela de los agronegocios frente a márgenes de rentabilidad más ajustados por el aumento de los costos, el dólar planchado y las retenciones al mismo nivel que el año anterior prima por sobre la simpatía política o ideológica.
El Agbarometer Austral, que mide la confianza de los productores agropecuarios, registró una caída del 16 % en el segundo bimestre del año, al ubicarse en 132 puntos frente a los 158 del bimestre anterior. El dato, relevado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, marca un punto de inflexión en el agro tras los máximos históricos alcanzados a fines de 2025.
“El cambio de tendencia responde, en gran medida, al impacto del contexto internacional sobre los costos de producción, especialmente por la suba del petróleo y su efecto en insumos clave como el gasoil y los fertilizantes”, explicó Carlos Steiger, director del indicador. La percepción sobre la situación financiera actual cayó 21 % y las expectativas de inversión bajaron 14 %.
El 61 % percibe un escenario desfavorable para la campaña 2026/27. “Las tasas de interés siguen siendo un factor limitante”, señaló el estudio.
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