El endeudamiento de las familias se convirtió en un problema de política pública en Santa Fe: entre 50 y 60 mil personas tienen deudas que superan el 25 % de su salario y en algunos casos llegan hasta el 50 %. Para frenar esa espiral creciente y evitar que la crisis le estalle en la cara, el gobierno de Maximiliano Pullaro lanzó un conjunto de medidas que buscan, por un lado, atender la situación de los empleados públicos poniendo un tope a los porcentajes de descuentos que bancos o mutuales realizan sobre sus salarios, y por otro, ofreciendo herramientas de refinanciación a tasas más bajas para el resto de los trabajadores del sector privado. Lo llamó “plan de protección al salario”.
Hoy en Santa Fe hay 35 mil trabajadores estatales (el 33 % del total) a los que se les descuenta parte de sus haberes por algún tipo de préstamo. Pero hay 12 mil (9 %) para los cuales esa quita representa entre el 25 % y 50 % de su sueldo neto. Además, unos 7 mil jubilados están en idéntica situación y entre 30 mil y 40 mil empleados del sector privado.
“El stock de deuda creció exponencialmente respecto de los salarios y también el porcentaje del sueldo que hay que destinar para pagarla”, dijo el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, para darle contexto a un paquete de medidas que hoy anunció públicamente el gobierno.
Señaló que eso se agigantó a partir de un cambio de modelo económico durante el gobierno de Javier Milei. “Veníamos de aumentos de salarios acompañados de inflación más alta con tasas negativas, lo que permitía a las familias y las personas endeudarse sin problemas, a un escenario de tasas negativas”, lo que aceleró el endeudamiento y lo convirtió en “un tema crítico”.
Para abordar el problema de raíz, el gobierno provincial decidió actuar en dos frentes. En primer lugar, atender la problemática que afecta a sus propios empleados, con medidas directas y utilizando toda la estructura del Estado, y en segundo lugar, ofrecer alternativas para el resto de los santafesinos.
Mediante un decreto, ordenará el sistema de códigos de descuento, a través del cual las entidades financieras, bancos, mutuales —que hoy suman 35 habilitadas— pueden descontar los préstamos otorgados de los haberes de empleados activos o jubilados de la provincia.
La medida más radical es que fijará un límite máximo de descuento del 25 % de los salarios (hoy está en el 50 %), pero también realizará una actualización de datos de las entidades beneficiarias y un reempadronamiento de cero. “Es una forma clara que tenemos como Estado provincial de proteger el recibo de sueldo del sector público”, dijo Olivares.
Pero además, para aliviar la carga de las deudas pasadas que vienen cargando los trabajadores estatales, el gobierno les pedirá a las entidades que ofrezcan una refinanciación a una tasa que no supere la TNA del Banco Nación (hoy en el 60 %) para aquellos deudores que tengan comprometido más del 25 % de su salario.
Aquellos que no se sumen no serán obligados, pero sí recibirán un vuelto: quedarán suspendidos por el Estado como entidad habilitada para realizar códigos de descuento.
En ese punto, desde Economía estiman que jugar contra la decisión oficial traería más pérdidas que beneficios para las entidades financieras porque les haría perder un mercado cautivo. Pero no descartan que haya díscolos.
Por otro lado, la provincia pondrá a disposición de los estatales endeudados un préstamo a tasa cero para aquellos a los cuales las entidades financieras no les refinancien la deuda, que se irá descontando en forma progresiva de sus salarios.
Una última opción es recurrir al Banco de Santa Fe (BSF), que acordó con la provincia poner a disposición una línea a 60 meses con una tasa que no supere a la más baja del mercado que es la del Banco Nación.
Plata cautiva
Hoy en Santa Fe los prestatarios de los códigos de descuento se dividen en cinco grandes grupos: el Banco de Santa Fe, que es el agente financiero de la provincia y tiene sólo el 10 % de los préstamos; las mutuales sindicales (ATE, UPCN, Maestra, la de empleados Judiciales, de la Legislatura, Viales y Círculo Policial) que ofrecen tasas accesibles para los afiliados; AMEP (Asociación Mutual de Empleados Públicos); Red Mutual (que tiene la mayor porción de créditos y es manejada por Walter Grenon); y un conjunto de mutuales chicas ligadas a clubes o instituciones.
En el caso del BSF está prestando a una TNA del 70 %, mientras que en otras como Red Mutual los créditos alcanzan un costo financiero total (CFT) de entre 120 % y 130 % porque además de la tasa pura se le suman adicionales como cuota societaria y servicios.
Aunque la decisión de regular un mercado que genera tantos beneficios no será gratuito, desde el gobierno santafesino prefieren pagar ese costo en lugar de afrontar reclamos que caldean el clima social o alteran la gobernabilidad, como la protesta policial donde los efectivos santafesinos cuestionaban ante las cámaras de televisión de todo el país que no podían vivir con salarios de 800 mil pesos, un número que en muchos casos terminaba siendo el resultado de sueldos planchados por los descuentos por préstamos.
Para el sector privado
Además del sector público, la provincia salió a ofrecer alternativas para los trabajadores del sector privado cuyas deudas terminan ahogando sus ingresos. La intención es atender a aquellos que ganen menos de 1,5 millón de pesos o bien a quienes ganen más pero su sueldo esté por debajo de ese monto porque deben afrontar el pago de créditos.
Para ese sector dispuso de una línea “bandera” del BSF, similar a la que estará disponible para estatales a 60 meses y concertar con otros bancos —está charlando con Coinag, Banco Municipal de Rosario y Bica— para que lancen instrumentos similares.
También prevé abrir una ronda de diálogo, junto al Ministerio de Trabajo, con entidades empresarias para conocer qué trabajadores necesitan refinanciar deudas. En ese caso, el gobierno pondrá a disposición líneas de capital de trabajo para las empresas y éstas destinarán esos montos para afrontar las deudas de los empleados.
“El stock de deuda no es mucho, el BSF tiene un promedio per cápita de entre 5 y 6 millones”, detalló Olivares.
Finalmente, utilizará el Programa Banco Solidario que funciona en la provincia para microcréditos, para atender la situación de los sectores con ingresos en negro o emprendedores.
Olivares precisó que la medida busca atender “un problema crítico que viene creciendo” y que para la provincia, en el caso más extremo de tener que atender al 100 % de las refinanciaciones del sector público, le demandaría unos 8.000 millones de pesos en un semestre, menos de un tercio de lo que destina mensualmente el Estado provincial para atender la demanda de comedores, tarjeta única de ciudadanía y medicamentos.
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