El problema del transporte es la distorsión a favor del Área Metropolitana de Buenos Aires, que recibe más del triple de los subsidios que se destinan al interior del país. Las cifras que recibe Capital Federal y zona equivalen a cuatro veces más por coche de lo que le tocan a Rosario o Santa Fe.
Para tener una idea más clara: mientras en el Amba el boleto sigue costando 25 pesos (aunque tuvo un “duro ajuste” ya que a principios de año estaba en 18 pesos y recién en diciembre subirá a 35), en el interior ya aumentó un 80 % en lo que va de este año, y los valores actuales oscilan entre 80 y 95 pesos.
La tarifa de trenes en el Amba cubre apenas el 3 % de los costos del servicio, el 97 % restante es compensado por subsidios. Esa distorsión es el nudo del problema que esta semana vuelve a afectar con un paro de 48 horas al transporte de pasajeros de corta y media distancia en todo el interior.
Con la consigna “igual remuneración por igual tarea” los choferes del interior buscan cerrar un aumento similar al que consiguieron sus pares del Amba, del orden del 35 %, que implica un salario básico de 200 mil pesos desde diciembre y un aumento en el año del 100 %. El paro afecta a nueve millones de usuarios diarios. Una medida similar se había anunciado por 72 horas para mayo, en vísperas del censo, pero después pudo ser levantada.
Cómo mejorar
Hay dos caminos para mejorar este panorama y que la misma historia no vuelva a repetirse. Uno es que en las discusiones que se están dando estos días en el Congreso nacional con motivo de la ley de presupuesto para 2023, los diputados logren un aumento en las partidas asignadas para los subsidios. Y después que esos montos se distribuyan más equitativamente en todo el país.
El principal problema es que la economía argentina va en dirección contraria a eso que habría que lograr para resolver en parte el problema. Las medidas de ajuste de Sergio Massa impulsaron un achique en las partidas para subsidios destinados al transporte para el 2023: se prevén 66 mil millones de pesos para todo el interior, lo que equivale a un 40 % de aumento con respecto a lo que se asignó en 2022.
En la comisión de Presupuesto tres diputados de distintas provincias, un cordobés y un correntino del Frente de Todos y un jujeño que preside la comisión de Transporte le pidieron al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, que amplíe esos montos a 100 mil millones. Es probable que lo consigan por mayoría legislativa más que por un cambio en los números del Ejecutivo. Pero desde las provincias y ciudades coinciden en que “ahora es el momento”, cuando hay que negociar los números de la ley de leyes.
Ya en el presupuesto de este año, esas partidas para subsidios al transporte quedaron licuadas por la inflación, porque contemplaban una pauta de actualización del 33 % y es probable que a fin de año llegue al 100.
Todos ponen
El otro problema es la distorsión que se da en la distribución, con los montos de antes y los que se consigan a futuro. Además de los fondos nacionales que vienen mal repartidos, en Santa Fe también aportan para el transporte los otros dos niveles del Estado: Rosario, que tiene un fondo compensador, y la provincia, que hasta hace unos años no ponía nada, salvo el 6 % de lo que ingresaba por la ley de Sellos (la denominada ley Rubeo).
El secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, detalló a Suma Política que la provincia pone actualmente para el transporte la mitad de lo que aporta el gobierno nacional, y algunas veces más.
Citó como ejemplo el último desembolso del mes de octubre, en el que Santa Fe dispuso 700 millones de pesos y la Nación 450 millones, correspondientes al mes de setiembre, ya que se paga a mes vencido.
El presupuesto 2023 de la provincia, recién ingresado a la Legislatura, prevé aumentar un 140 % los fondos para el transporte con respecto al 2022. Con todos los subsidios actualmente se llega a cubrir el 50 % del servicio de transporte y la tarifa ya llegó a un tope que no parece posible seguir estirando.
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