Las declaraciones como arrepentidos del financista Fernando Whpei y del ex director regional de la ex AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna van confirmando evidencia de casos de corrupción en la Justicia Federal de Rosario. Pero a veces dan referencias de hechos desconocidos por los fiscales. Así fue que surgieron indicios de la relación controversial que conecta al ex juez federal Marcelo Bailaque con una empresa constructora rosarina. A esta compañía se le cerró por prescripción una causa por delitos económicos que estaba radicada en el juzgado de Bailaque. Al mismo tiempo que el expediente iba al archivo por la falta de movimiento judicial, la esposa del juez inscribió a su nombre un terreno en un barrio privado en Funes que desarrollaba esa misma empresa.
Esto motivó hace veinte días el allanamiento de EDECA SA, firma con trayectoria en importantes obras civiles, portuarias y desarrollos privados en la provincia de Santa Fe y otras del país. La última novedad fue el secuestro de dos celulares a su presidente, Marcelo Burgués, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo esperó el martes 11 de noviembre pasado cuando retornaba de una misión laboral en China. El directivo entregó los dos teléfonos que llevaba y también sus claves de desbloqueo a los investigadores que era lo único que le fue requerido. No está imputado y tampoco mencionado en el legajo que se le abrió a Edeca hace siete años por un delito penal económico.
La pesquisa que motivó los allanamientos y la extracción de los teléfonos del empresario comenzó hace apenas un mes cuando se supo que una causa penal tributaria por subfacturación de IVA en 2018 había cerrado en 2024 por prescripción de los plazos para ser investigada. El caso había estado en el juzgado federal 4, a cargo de Bailaque hasta su renuncia aceptada en julio de este año. También en 2024 se definió la inscripción de un terreno en el barrio privado Vida Club de Campo de Funes que explotaba Edeca SA escriturado a nombre de la esposa del magistrado que es funcionaria en los Tribunales Provinciales de Rosario. Según fuentes con acceso a la pesquisa el documento consigna que fue por 35 mil dólares cuando el valor de mercado de ese lote supera en tres o cuatro veces lo inscripto.
La punta de eso que parece un beneficio recíproco, para la empresa y la familia del juez, apareció imprevistamente en el testimonio como arrepentido de Fernando Whpei. Este financista está implicado en tres causas penales junto con Bailaque y tiene al igual que el ex magistrado prisión domiciliaria. Pero aceptó el rol de imputado colaborador apuntando a una reducción de pena.
Y allí a principios de octubre aportó el relato que derivó en estos allanamientos. Ante cinco fiscales federales, Whpei contó que en 2020, durante la pandemia, Bailaque le preguntó si conocía a una persona llamada Marcelo Burgués, “que es un empresario de la construcción, presidente de la empresa EDECA SA, a quien conocía porque estábamos por hacer un edificio en Buenos Aires y nos estaba cotizando”. Contó además, siguió el financista, que el entonces juez le dijo que se había hecho movimiento de suelos en el barrio Vida y que le interesaba invertir ahí.
Whpei dijo que los puso entonces en contacto. En una siguiente ocasión, siguió, Bailaque le dijo que había comprado allí un terreno y lo había puesto a nombre de su esposa. Y que a los dos años le preguntó sobre si sabía del pago de unos impuestos de parte de Edeca porque lo tenía en una causa en su juzgado, que tenía que tomar indagatorias y quería “que se metiera en una moratoria. “Como lo puse a nombre de mi mujer (menciona el nombre) tengo ahí un problema”, consignó Whpei que le dijo el magistrado.
A fines de septiembre los fiscales habían obtenido aval judicial para la investigación patrimonial del grupo familiar más estrecho de Bailaque con el levantamiento para ellos del secreto fiscal, bancario y bursátil. Gracias a eso pudieron constatar que figuraba el terreno en el barrio privado Vida de Funes del cual la esposa del ex juez era propietaria. Según contó en la audiencia como arrepentido, Whpei, que es abogado y escribano, conoció antes a la esposa de Bailaque que al juez, en la Facultad de Derecho donde ambos se graduaron. El juez y el financista tenían una relación de amistad admitida por ambos, que habían incluso viajado a Chile juntos en 2024 en plan de turismo, algo que reveló en audiencia en mayo pasado uno de los fiscales mostrando un informe de la Dirección Nacional de Migraciones.
En la audiencia donde daba testimonio participaron los fiscales Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac), Sergio Rodríguez de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) y Federico Reynares Solari y Matías Scilabra, del área de Investigación y Litigio de Casos Completos de Rosario.
Los fiscales intentarán ahora determinar si en los teléfonos secuestrados existe una alguna conversación o negociación que permita relacionar la compra del terreno -que Edeca le vendió a la esposa de Bailaque- con el hecho de que la causa contra esa empresa hubiera quedado sin trámite y congelada durante seis años, y finalizara sin sanción por prescripción, en el juzgado de Bailaque.
Edeca es una constructora rosarina fundada en los años 70 por el empresario Roberto Podadera, que se caracteriza por su fuerte presencia en concursos públicos y privados para obras civiles e hidráulicas con gran afectación de maquinaria en distintas zonas de la ciudad. Sus directivos gozan de buen concepto en el campo político y empresarial y en el ámbito judicial tomaron positivamente la colaboración de su CEO al entregar sin reservas los teléfonos con sus claves de acceso. La firma construyó en Buenos Aires los estacionamientos subterráneos en la avenida 9 de Julio y actualmente es la adjudicataria de la reconstrucción de la pista en el aeropuerto de Rosario. Lo fue del Museo del Deporte, de la avenida Jorge Newbery, de la cárcel de Piñero y del Hospital Alassia de Santa Fe. Fue subcontratista de Supercemento y es adjudicataria de obras de servicios en distintos municipios.
La causa que tenía Edeca entró al juzgado de Bailaque en 2018 y tras una demora sin movimientos derivó en un sobreseimiento por prescripción en 2024 según fuentes judiciales. Este tipo de actos, causas que quedan paralizadas sin motivos, llamó la atención varias veces a fiscales de diversas jurisdicciones. Uno de estos casos fue descubierto por fiscales federales de Córdoba el año pasado. Era una denuncia contra ocho personas identificadas por haber organizado y dirigido una asociación ilícita de personas destinada a evadir el pago de impuestos derivados de la comercialización de granos adquiridos en el mercado marginal a una empresa cerealera y a una accionista de la empresa. La firma acusada se llama Antepuerto SA. Hubo otras dos firmas implicadas en la denuncia denominadas Ser Agropecuaria SA y Granos del Centro SA.
Según el escrito del fiscal general cordobés Maximiliano Hairabedián, el juez federal Bailaque recibió la causa en mayo de 2013 luego de que Córdoba declarara la incompetencia territorial el 14 de ese mes. La Justicia Federal de Rosario había mandado el caso a Córdoba porque el domicilio fiscal de la empresa estaba en esa ciudad. No obstante Córdoba la devolvió porque las maniobras atribuidas, la empresa formalmente y las personas señaladas estaban en Rosario.
Transcurridos casi nueve años, el 11 de marzo de 2022, Bailaque resolvió rechazar la competencia y devolvió la causa a Córdoba sin haber tomado una sola medida. “Ahí advertimos que en esos nueve años la causa estuvo por completo cajoneada sin movimientos”, dijo Hairabedián en declaraciones públicas.
Otra causa que se consideró cajoneada con graves consecuencias fue la que motivó la primera denuncia que Bailaque tuvo ante el Consejo de la Magistratura. Ocurrió en 2020 cuando los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery alegaban en el juicio contra el empresario criminal Esteban Alvarado. Allí señalaron que Bailaque había omitido avanzar en una causa contra Alvarado, e impulsa medidas pedidas por el fiscal del caso, cuando había 14 informes de la PSA que revelaban la actividad delictiva vinculada al narcotráfico de Alvarado, sus conexiones policiales y su organización empresarial.
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