No hay gradualismo para la política de seguridad en Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni desplegaron en la primera semana de gestión un conjunto de definiciones y de mensajes hacia las fuerzas de seguridad y hacia las bandas narcocriminales que apunta a generar un shock de confianza en la ciudadanía y a la vez plantea interrogantes sobre las posibilidades del programa en el contexto de desmantelamiento de la policía —como lo definió el ministro— y sus efectos concretos sobre la violencia.
Pullaro no hizo nada que no haya anunciado reiteradamente en la campaña electoral. Tampoco es llamativo que esté al frente de la seguridad, en un contraste muy marcado con su antecesor Omar Perotti. Lo que en todo caso sorprende es la velocidad con que el gobierno se pone en acción y el despliegue de un programa que avanza a paso redoblado también en el plano legislativo, con la sanción exprés de la emergencia en seguridad entre otras normas.
“Vamos a tener que hacer lo que ya hicimos”, había dicho el ahora ministro Cococcioni aun antes de que Pullaro ganara las elecciones. El traslado de 86 detenidos en comisarías a establecimientos penitenciarios y el aislamiento de los presos de alto perfil en la Unidad 11 de Piñero responden a los trazos gruesos de lo que el gobierno se propone en el corto plazo: presencia policial para disuadir la violencia en la calle y reorganización de la cárcel para controlar la generación del delito.
El lunes pasado Pullaro y Cococcioni pusieron en funciones a las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y a los jefes de la policía provincial, Luis Maldonado y Daniel Filchel. El mismo día Natalio Marciani asumió como jefe de la Policía de Investigaciones —en reemplazo de la Agencia de Investigación Criminal— y se presentaron las nuevas autoridades políticas y de carrera del Servicio Penitenciario. En los tres actos hubo definiciones políticas.
“No los voy a dejar solos”, dijo Pullaro a los policías de la provincia en el acto donde puso en funciones a los nuevos jefes, en el Instituto de Seguridad Pública. Más tarde, cuando el video empezó a circular, refrendó el mensaje con un agregado significativo en X: “No queremos otro caso Nocelli. Es ilógico que condenen a un policía por cumplir su función, por eso, como Gobierno vamos a defender a la fuerza policial con las herramientas judiciales y legislativas que tengamos al alcance”.
El gobernador se refirió a Luciano Mariano Nocelli, un policía del Comando Radioeléctrico de Rosario condenado a 25 años de prisión por el asesinato de un joven que había robado una cartera y de su pareja, que lo esperaba en una moto, el 21 de mayo de 2019. La prueba decisiva contra el “Chocobar rosarino”, como se llamó a Nocelli en alusión al policía federal que mató por la espalda a un delincuente en la Ciudad de Buenos Aires, fue un video en el que se observa que el agente del Comando dispara sobre las víctimas, Jimena Gramajo y Adrián Rosasco, cuando están en el piso.
Antes del desenlace, Rosasco efectuó un disparo contra el policía que acompañaba a Nocelli. “No puede prescindirse del uso de armas en determinadas situaciones, para impedir o hacer cesar el hecho que motiva la actuación funcional, pero tampoco pueden desconocerse los límites en cuanto al tipo de uso y modo en que deben utilizarse y que delimitan el accionar de las fuerzas de seguridad”, sostuvo el Tribunal que condenó a Nocelli. “Los excesos pueden llevar a consecuencias letales para cualquier ciudadano”, agregaron los jueces.
La sentencia contra Nocelli fue apelada. Más allá de la causa puntual, en el menú de leyes presentado por el gobierno a los legisladores de la provincia se encuentra la implementación del juicio por jurados para policías acusados de gatillo fácil. El presupuesto de Pullaro es que la ciudadanía aprueba ese tipo de intervenciones de la policía.
En esa línea, el gobernador y el ministro coincidieron esta semana en otra declaración: las fuerzas policiales y penitenciarias “tienen un arma en la cintura y cuando se requiera, según la ley, estarán autorizados a usarla”, para lo cual “tendrán todo el respaldo político”.
El compromiso de Pullaro con las fuerzas de seguridad también fue adelantado en la campaña electoral y esta semana se difundió en las redes sociales. El gobernador destaca que conoce a la policía de Santa Fe, reivindica el trabajo “codo a codo” durante su etapa como ministro de Seguridad durante el gobierno de Miguel Lifschitz, por lo cual “sé de primera mano sus problemas y comprendo al detalle sus necesidades”.
La idea de que la justicia los expone a persecuciones cuando intervienen ante el delito es en efecto un pensamiento difundido en las filas de la policía. Esta corriente de opinión tiene varios matices para observar. En primer lugar es un reclamo de larga data y expresa también frustraciones que atraviesan a la institución, en primer lugar las salariales, cuando el principal motivo de ingreso a la fuerza es el económico; también es una reacción ante el desprestigio social de la policía; por otra parte plantea el interrogante acerca de hasta qué punto las supuestas persecuciones de la justicia influyeron en la pérdida del control de la calle; y finalmente, no se condice con las estadísticas sobre episodios de violencia institucional, donde fallos como el de Nocelli son excepcionales.
En el acto del lunes, el gobernador también resaltó el carácter de la policía “cuando tiene una conducción clara, con órdenes precisas y firmes, y cuenta con el respaldo de las autoridades políticas” y recordó una frase del comisario Marcelo Villanúa como jefe de policía de la provincia durante una entrega de patrulleros en marzo de 2018: “A los Harry (delincuentes) les va a temblar la pera”. A principios de 2020 Villanúa sostuvo un entredicho público con Marcelo Sain, que creyó ver su influencia en lo que planteó la primera crisis policial de su gestión como ministro, y es el flamante subsecretario de Formación y Carrera Policial.
La exigencia a la policía para volcarse a la calle —con la suspensión de licencias y de tareas administrativas por 90 días, la evacuación de presos de comisarías y el reacondicionamiento de la maltrecha flota de patrulleros, como primeras medidas— se complementa en el plano material con un incentivo económico —un aumento de más del 100 por ciento en las horas extra, también para los penitenciarios— y en el simbólico con una reparación: no solo la reivindicación de la fuerza “en la lucha sin cuartel contra el crimen organizado” sino la atribución de funciones que son vistas desde la policía como parte de un protagonismo perdido después de la reforma del sistema penal.
El ministro Cococcioni resumió ese punto en un pasaje de su discurso al poner en funciones a las autoridades de la Policía de Investigaciones: la tarea de los fiscales será la de litigar y dirigir jurídicamente la investigación penal preparatoria; la de la PDI centralizar las investigaciones “con un grado mayor de autonomía”.
La palabra autonomía aplicada a la policía no tiene los mejores antecedentes. Cococcioni dijo que será “con el control permanente del Ministerio Público de la Acusación”, pero al mismo tiempo queda la puerta abierta para que los jefes policiales procedan con su criterio o sin contacto con los fiscales: “La PDI trabajará por directivas y protocolos y no por solicitudes cara a cara”.
“Ser auxiliar de la Justicia no quiere decir hacer todo lo que las fiscales digan. No quiere decir hacer todo lo que los jueces digan. Quiere decir conducir procesos investigativos serios en el marco de una directiva fiscal”, planteó Cococcioni.
Esta reconfiguración se corresponde por un lado con la adhesión de la provincia a la ley nacional de narcomenudeo —que exigirá más intervención policial— y por otro se fundamenta en la situación de la Fiscalía Regional de Rosario. No tanto en las denuncias cruzadas entre fiscales que pusieron en jaque al MPA como en la práctica de actuaciones donde, según el gobierno, los fiscales se repartían brigadistas de la extinta Agencia de Investigación Criminal y trabajaban de modo aislado en detrimento de una investigación conducida institucionalmente en el marco de una política criminal. “La PDI va a asumir estas funciones”, anunció el ministro de Seguridad.
En coincidencia con ese diseño, la fiscal general de la provincia Cecilia Vranicich dispuso el jueves fusionar la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, el Equipo de Trabajo para el abordaje de balaceras y la Unidad de Homicidios Dolosos en “un único plantel organizado en equipos de fiscales orientados a focos investigativos”. Al mismo tiempo resolvió “avanzar en la regulación de las técnicas especiales de investigación” que fueron puestas en entredicho en las denuncias entre fiscales. Habrá que ver si se hace la paz en la Fiscalía de Rosario.
El talón de Aquiles
El jefe de la PDI, Natalio Marciani, desarrolló su carrera en comisarías de Rosario, la sección Sustracción de Automotores, la División Judicial, Seguridad Rural, la División Operaciones, la subjefatura de la Unidad Regional I y la Unidad Regional IV de Casilda, entre otros destinos, y el departamento de Relaciones de la provincia, hasta llegar a la cúpula de la Unidad Regional II. No tiene un perfil de investigador, pero eso no sería lo necesario en el momento que Cococcioni definió como “una etapa no tanto de técnica investigativa en sí, porque eso la PDI ya lo maneja, sino de reconstrucción de una autoridad muy limada por cómo se ha definido la función de la AIC que es colocar policías en las unidades fiscales sin una conducción centralizada”. Las operaciones del área estarán bajo control de Marcelo Albornoz, el último jefe de la PDI en los tiempos de Pullaro como ministro y ahora subsecretario de Investigación Criminal.
En la sede de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Santa Fe, donde asumieron las nuevas autoridades, el ministro de Seguridad anunció la próxima sanción de la ley orgánica de la fuerza y de una ley provincial de ejecución penal “para que el Servicio Penitenciario retome el control de las cárceles, en particular sobre las poblaciones de reclusos de alto perfil” como parte del paquete enviado a la legislatura. Como los policías, “tendrán todo el respaldo político”.
Las balaceras contra una sucursal del banco Macro, el Hospital de Emergencias y una escuela y las amenazas contra el gobernador después del reagrupamiento de los presos de alto perfil en un pabellón de Piñero dieron aliento a la fuerte intervención en la cárcel. Los videos que circularon en las redes sociales mostraron un enfoque que, salvando las distancias, recuerda a los del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, un nuevo paradigma de la mano dura: en ambientes oscuros y degradantes, los presos señalados como de alto perfil son exhibidos a la mirada pública en situaciones humillantes que significarían la imposición del orden.
“Se van a venir tiempos de muchos cambios, esperamos que la conducción y el personal acompañen”, dijo Cococcioni ante las nuevas autoridades del Servicio Penitenciario. Esta expectativa tiene un trasfondo de incertidumbre que se presentó en la semana con un hecho sintomático: el descubrimiento de un búnker con marihuana fraccionada para la venta y celulares dentro del pabellón 9 de Piñero. En noviembre ya se había hecho un hallazgo parecido en el mismo lugar, es decir que la cárcel no solo genera circuitos delictivos hacia el exterior sino en su propio ámbito y no se sabe qué parte le corresponde al Servicio Penitenciario en ese proceso.
La situación tiene un correlato en la policía que también surgió en la semana, cuando la fiscal Georgina Pairola ordenó la detención de un suboficial de la PDI de Granadero Baigorria y de otro con “carpeta médica” —eufemismo que reúne múltiples causas de licencia— por colaborar con una banda narcocriminal. Casos testigos de problemas con los que debe lidiar el gobierno, tanto como los patrulleros destartalados que la gestión de Perotti dejó arrumbar en los galpones de la policía.
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