En San José de la Esquina, una pequeña ciudad del sur santafesino en donde todos se conocen y la confianza suele reemplazar a los protocolos, una mujer de 29 años se presentó como médica con especialización en cardiología en el hospital local y fue contratada para hacerse cargo de las guardias. Sin embargo, algo llamó la atención entre sus pares de trabajo: presentaba dificultades para realizar procedimientos médicos básicos, tenía errores cuando recetaba medicamentos y hasta la descubrieron buscando información sobre enfermedades en Google o Chat GPT. Una investigación alentada por una de sus compañeras develó el misterio: había presentado un título falsificado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y una matrícula que pertenecía a un profesional fallecido.
La enfermera investigadora
Lo que al principio parecía una sospecha aislada terminó revelando uno de los episodios más desconcertantes que haya atravesado el sistema de salud en esta localidad. La denuncia fue presentada formalmente ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por Fernanda Prida, la directora del SAMCO local, aunque tuvo como antecedente una investigación realizada por Patricia Fernández, la enfermera que descubrió a la falsa médica. “Vi la forma en que ella trabajaba, cómo se movía, cómo trataba a los pacientes, cómo manejaba los fármacos, yo soy muy detallista en esas cosas”, declaró la profesional en una entrevista concedida a la radio y canal streaming TVES.
Las dudas de Fernández no surgieron de un día para el otro. Con 17 años de experiencia en el hospital está acostumbrada a acompañar a médicos jóvenes que llegan para cubrir las guardias durante los fines de semana. “Ellos vienen con todos los libros, pero les falta la práctica. Nosotros tratamos de ayudarlos”, explicó. Sin embargo, en este caso algo no cerraba. La mujer que decía ser médica egresada de la UNR y especialista en cardiología pero tenía una edad que no coincidía con los años que requiere completar esa formación. “Yo sacaba cuentas y no me daban los números. Nunca puede salir un médico en menos de siete años y más ya teniendo una especialidad”, manifestó.
Con el correr de los días, las inconsistencias comenzaron a multiplicarse. Según relató la enfermera, la joven presentaba dificultades para resolver situaciones básicas de la práctica clínica y consultaba constantemente su teléfono para despejar dudas. “La he visto buscar en el celular cómo dar tal o cual dosis”, contó. Esa escena, repetida más de una vez en medio de la atención a pacientes, terminó de encender las alarmas dentro del equipo de enfermería. “Fui al Colegio de Médicos, me comuniqué con la universidad de Entre Ríos, con la UNR, con lugares donde ella decía que trabajaba. En todos lados me decían no, no, no”, relató.
Con esa información, Patricia atravesó días de mucha tensión antes de tomar una decisión. “Cuando confirmé que no era médica estuve tres días para decidir qué hacer”, explicó. Sabía que el caso involucraba a una joven del pueblo y que la denuncia podía tener consecuencias personales y laborales. Finalmente, decidió entregar toda la documentación reunida a la directora del hospital. “No sé de dónde saqué la valentía, pero dije: hasta acá llegué”, recuerda. Fue ese paso el que terminó de activar el procedimiento institucional que derivó en la denuncia ante la Justicia. Según la reconstrucción que realizaron las autoridades, la joven comenzó a cubrir guardias en mayo de 2025 y permaneció allí cerca de nueve meses. Durante ese tiempo atendió pacientes, indicó tratamientos y percibió pagos por sus trabajos.
¿Quién la contrató?
Mientras tanto, en la conversación pública que se generó en San José de la Esquina una vez conocida la noticia sobre la falsa médica, una de las preguntas que se repite de manera insistente es ¿quién la contrató? La falta de precisiones sobre el procedimiento administrativo que permitió su designación abrió una serie de interrogantes sobre las responsabilidades dentro de la institución.
Mientras algunos sostienen que esa potestad recae en la dirección del SAMCO (Sistema de Atención Médica a la Comunidad), hay quienes aseguran que la responsabilidad es del Consejo de Administración, integrado por representantes de las distintas instituciones de la ciudad. Esa superposición de versiones alimenta las dudas sobre quién debía verificar la autenticidad de la documentación profesional antes de que comenzara a atender pacientes. A la confusión generalizada se suma un cambio en la dirección de la institución a finales del año pasado.
El malestar también se ve profundizado por el silencio de las autoridades locales. Valeria Fanelli, conductora de la radio y canal de streaming TVES, manifestó que “no tenemos declaraciones públicas ni del director anterior, ni de ningún integrante del consejo, ni del área administrativa”. Para muchos vecinos, esa falta de explicaciones oficiales incrementa la desconfianza y refuerza el reclamo para que se esclarezca no solo la responsabilidad de la mujer imputada, sino también sobre quién permitió que trabajara durante meses como médica sin tener un título habilitante.
Imputada y en prisión preventiva
En la audiencia imputativa realizada en los tribunales de Casilda el viernes 27 de marzo, el fiscal Emiliano Ehret le atribuyó a la falsa médica decenas de hechos vinculados al ejercicio ilegal de la medicina, además de falsificación de documentos y defraudación a la administración pública.
De acuerdo con la acusación, la mujer enfrenta cinco hechos de falsificación material de documentos públicos y dos hechos de falsificación de sellos junto al uso de documentación adulterada. Además, se le atribuyen 27 hechos de defraudación contra la administración pública y 55 episodios de ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos, todos considerados en carácter de autora y en concurso entre sí.
Durante la audiencia, la imputada se limitó a brindar sus datos personales y decidió no declarar ante las acusaciones formuladas. En ese contexto, el fiscal solicitó que se le dicte prisión preventiva por 90 días al considerar que existen elementos suficientes para sostener la imputación y riesgos procesales que justifican la medida. La defensa, en cambio, rechazó el pedido y planteó que no estaban dadas las condiciones para ordenar el encarcelamiento, por lo que ofreció una caución económica y solicitó su libertad o una alternativa menos gravosa. Finalmente, tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez resolvió dictar la prisión preventiva de la imputada hasta el próximo 5 de mayo, plazo durante el cual continuará avanzando la investigación para determinar el alcance de los hechos que se le atribuyen.
En declaraciones periodísticas, el fiscal Ehret aseguró que el perjuicio económico asciende a 9 millones de pesos en conceptos de la remuneración percibida durante estos meses, y aseguró que la acusada solo tenía el 10 por ciento de la carrera de medicina cursada.
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