“Argentina no está ajena a este conflicto, cada vez que lanzan misiles hay un barco que no llega al río Paraná, el valor del gasoil sube y un embarque de cebada no llega a Arabia Saudita”. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, se refirió al impacto de la guerra en Medio Oriente en la cadena agroexportadora local durante un webinar organizado por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) en el marco de las actividades previas al XX Encuentro Argentino de Transporte Fluvial que se realizará en abril.
Con la coordinación del presidente del IDR, Juan Venesia, el titular de Ciara intercambió impresiones con el doctor en Relaciones Internacionales de la UNR, Esteban Actis, sobre los nuevos términos de desempeño de la economía global en la era de la geopolítica. Un ciclo ya instalado y que tiene al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente como su más reciente capítulo.
En un mundo en el que, como señaló Actis, el comercio exterior es “víctima y arma del conflicto geopolítico”, Idígoras señaló que este riesgo ya es “una cláusula en los contratos comerciales”. Además de la volatilidad de precios, explicó, el efecto de la guerra se siente en “la incertidumbre contractual, las condiciones de suministro y el flujo de rutas marítimas”.
El fuerte aumento del costo de los fertilizantes que provocaron los bombardeos a plantas de gas y el cierre del estrecho de Ormuz es una preocupación creciente para los empresarios agrícolas. El año pasado se importaron más de 4 millones de toneladas de nutrientes, la mitad nitrogenados, y la nueva campaña de trigo está a la vuelta de la esquina. Pero no solo es un problema de costos. “También se complica el suministro ya que, a diferencia del petróleo, en este mercado no hay reservas estratégicas y los tiempos biológicos mandan, si no se fertiliza va a haber menos producción”, señaló el titular de la cámara aceitera y el centro de exportadores de cereales.
Un mundo en conflicto
Si bien el conflicto ofrece la posibilidad de mejorar las cuentas externas por vía de una valorización de los commodities, sobre todo energéticos, habrá que esperar para sacar la cuenta real que arrojan en relación a los costos. El viernes pasado, el presidente Javier Milei anotó en la cuenta de su subordinación a Donald Trump el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que anuló la sentencia de primera instancia que ordenaba al Estado argentino pagar más 16 mil millones de dólares a un fondo buitre por la expropiación de YPF. No es inimaginable, aun tratándose de EEUU, la influencia política sobre los tribunales. Conviene recordar, no obstante, que dos administraciones norteamericanas de diferente color político se habían mostrado contrarias al reclamo del fondo británico que, por otro lado, era bastante audaz.
Por lo pronto, la crisis de la vieja globalización alienta políticas y discusiones que hoy parecen lejanas al gobierno argentino. Por caso, Actis recordó que desde el inicio de la guerra en Ucrania, que en su momento también impactó en el mercado de insumos, Brasil aumentó 20 % la producción local de fertilizantes. Idígoras subrayó la necesidad de profundizar el Mercosur para sacar ventaja de la pretensión de liderazgo global que lleva adelante el Estado vecino y acelerar la negociación de acuerdos comerciales con India, Indonesia y otros países de Asia. Venesia sumó una pregunta picante hacia un ecosistema de negocios en el que los planes para el transporte se subordinan a la necesidad competitiva de las grandes agroexportadoras radicadas en el Gran Rosario: ¿Será posible responder a la concentración y disrupción del tráfico marítimo global recreando una mayor presencia nacional en el transporte fluvial y marítimo?
La pregunta podría extenderse a una gran cantidad de actividades, como la propia industria. En otros lugares del mundo las respuestas suelen ser positivas. En la Argentina de Milei no le prestan mucho oído.
Gasoil y biocombustibles
Las urgencias del mercado energético sí indujeron al gobierno nacional a flexibilizar alguna normativa para que las refinadoras de petróleo puedan comprar más bioetanol y mezclarlo con el fósil. Durante el webinar del IDR, Idígoras anticipó que también hay negociaciones para aumentar la provisión de biodiesel destinado al corte de gasoil. Aunque viene reduciendo su dependencia, el país todavía importa este hidrocarburo a un precio que en estos momentos es superior al del biocombustible fabricado por las plantas de la región, que “tienen capacidad para abastecer cuatro veces esa demanda”, explicó.
Con aumentos de más de 20 % en menos de un mes, el precio de la energía impacta en los bolsillos de los consumidores y en los costos de todas las cadenas de valor. Esta certeza disparó el duro alerta lanzado el jueves por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). La entidad, que nuclea a 42 cámaras de todo el país incluida la rosarina ATCR, advirtió que “la escalada sin freno” en los valores de los combustibles “amenaza con interrumpir la cadena de suministro en todo el país”.
La federación fue al hueso cuando culpó al “debilitamiento de los mecanismos que permiten desacoplar los precios internos de los internacionales” por la imposibilidad de moderar el shock externo. El precio del barril de Brent saltó en el mercado internacional de 65 a más de 100 dólares en tres semanas. En el país, el gasoil y las naftas se incrementaron entre tres y cinco veces desde principios de marzo, con un rango que oscila entre 20 % y 25 %. “El gasoil de grado 2, el de mayor uso en el sector del transporte, ya supera los 2.100 pesos por litro, y todo indica que el mes cerrará con el aumento de costos de gasoil más elevado de los últimos dos años”, explicó la entidad que agrupa a los transportistas en un comunicado en el que también señaló que los valores locales ya superaron a los de otros países de la región.
Este diagnóstico, que incluyó la advertencia sobre el cierre de empresas en el sector, les dio pie para llamar la atención de “toda la cadena” sobre la necesidad de un aumento tarifario.
Otra vuelta de crisis
No son buenas noticias para lo que queda de la narrativa asociada a la política económica del gobierno nacional. La inflación no afloja y la última encuesta de la Universidad Di Tella midió una expectativa de aceleración al 4 % mensual para los próximos treinta días.
Hace cuatro años, cuando la invasión a Ucrania impactaba en Argentina, el ex presidente Alberto Fernández le declaró “la guerra” a una inflación que había superado el 5 %. Fue rápidamente derrotado en medio de un inevitable festival de burlas, amonestaciones y chascarrillos. Hoy no hay mayores risas cuando el actual jefe de Estado da por sentada su victoria en ese terreno y promete tasas mensuales del 0 %. No es la única diferencia. La consultora Scentia reportaba en aquellos tiempos una suba del consumo masivo del 3,7 %. Esta semana informó un derrumbe de 3,4 % en febrero.
Los misiles que el gobierno nacional disparó a la economía real no mataron a la inflación pero sí a otras formas de vida. Mientras la morosidad crediticia gana centralidad en la discusión pública, el coordinador del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda, Ariel D’Orazio, advirtió sobre la mora en el pago de alquileres, que saltó al 9 %. El índice de salarios que mide el Indec volvió a mostrar una caída real y la calificadora de riesgo crediticio Fidelitas informó que el rechazo de cheques por falta de fondos alcanzó en el primer bimestre de 2026 niveles comparables a los registrados durante la pandemia de Covid-19.
Fidelitas subrayó en su informe que el problema trasciende la solvencia individual de las empresas ya que muchas de las afectadas son proveedoras de insumos o subcontratistas de grandes compañías industriales. Y advirtió que la interrupción de un eslabón clave puede trasladar el impacto al resto de la cadena.
El conurbano en la Región Centro
Esta reacción en cadena también fue observada por el centro de estudios conocido como Grupo Atenas, que conduce el economista Martín Pollera, al momento de analizar la pérdida de empleo industrial durante el gobierno de Javier Milei.
En un estudio difundido en la última semana, el grupo sumó a los 73 mil puestos directos dados de baja en los registros públicos otros 30 mil ligados a los insumos, los servicios, la logística, el comercio y la construcción. En una mirada estructural, advirtió que “el desmantelamiento industrial genera efectos negativos persistentes: obsolescencia de instalaciones, deterioro del capital humano técnico y clima adverso para la inversión”. En síntesis, genera “inestabilidad macroeconómica”.
El análisis también derriba la falsa disputa entre conurbano e interior productivo, que suelen levantar los gobernadores de la Región Centro como coartada táctica para desviar la ira del gobierno central hacia la provincia de Buenos Aires. “Más de la mitad de los departamentos del país perdieron empleo industrial, tanto el conurbano como los distritos del interior productivo”, explicó.
Esta realidad acelera el giro discursivo del gobierno santafesino respecto del impacto de la política económica nacional en la industria y el empleo. El relato de la excepcionalidad santafesina, con sus pequeñas y medianas empresas de base rural intercambiando bienes y servicios en las ferias agropecuarias, se ve tensionado por los conflictos propios de cualquier región con conurbanos.
A mediados de semana, el gobernador Maximiliano Pullaro profundizó su viraje durante el discurso de inauguración de obras energéticas en el área industrial Los Polígonos I en Santa Fe. Dijo que “la economía no está bien en el orden nacional” y que “las familias la están pasando mal”. También alertó que “se están perdiendo puestos de trabajo” y opinó que el Estado “tiene que estar al lado de la industria nacional”. Destacó en ese contexto las políticas de asistencia a la producción y el papel de su plan de obras públicas en el sostenimiento de empleo. Horas antes la fábrica multinacional de herramientas Bahco había anunciado el cierre de su operación industrial en Santo Tomé.
La gradual incomodidad que exhibe con el modelo nacional encripta otro dato. La desindustrialización empezó a ser un problema político. Una reciente encuesta realizada por el consultor Hugo Haime mostró un 56 % de respuestas a favor de que el próximo presidente lleve adelante una política de estabilidad económica con fortalecimiento de la industria nacional y generación de empleo.
¿Qué crisis?
Frente a estos datos, el gobierno nacional se atalona. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, negó que exista una crisis de consumo en la economía doméstica. Un día después lo respaldó el ministro Luis Caputo. Desde la Casa Rosada se blindan con los fabulosos datos del Indec sobre crecimiento de la actividad arrastrado por el agro, la energía, la minería y la intermediación financiera. Sectores que en términos netos vienen expulsando empleo y que, con la excepción del negocio bancario, presentan una dinámica histórica de expansión que solo en el margen puede tener algo que ver con la actual política económica.
Sin embargo, más allá de la batalla discursiva, en el equipo económico comienzan a percibir que hay un problema. Por eso el directorio del BCRA decidió no prorrogar una norma de agosto de 2025, que había establecido un incremento transitorio de cinco puntos porcentuales de encajes en bonos. Esta medida, que regía para los bancos más grandes del país que reúnen el 90 % de los depósitos del sistema, había tenido un primer vencimiento a fines de noviembre de 2025. Fue prorrogado hasta el próximo 31 de marzo pero dejará de correr desde el 1° de abril.
La autoridad monetaria aspira a liberar pesos para contribuir a recrear el crédito y frenar el deterioro de la actividad. Testeará en el terreno las grandes disputas doctrinarias entre keynesianos y monetaristas, intentando revivir la demanda por el lado de la oferta de préstamos en un escenario de creciente morosidad, caída de la inversión y bajas expectativas de crecimiento. Lo que aparece claro es que se deja en pausa la obsesión de bajar la inflación restringiendo la liquidez. Otras ideas que circulan para la remonetización encierran grandes peligros, como la posible flexibilización de los créditos en dólares. Barrería con un consenso de un cuarto de siglo, heredado de la crisis de la convertibilidad.
El trading del despido
La pragmática de Luis Caputo incluye la posibilidad de reescribir sus propios manuales. En su fase forzadamente antiimperialista, el ministro sobreactúa la distancia que Wall Street tomó de él y busca alternativas para afrontar los vencimientos de deuda pública este año, en dólares y en pesos.
En el marco de esa ingeniería, el Palacio de Hacienda y la Comisión Nacional de Valores (CNV) buscan acelerar la reglamentación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) creados por la reciente reforma laboral. Se trata de la herramienta presentada cuando se discutió esa norma como una ayuda para abaratar despidos. En definitiva, será una transferencia de aportes desde las empresas al mercado de capitales por un valor estimado en 3 mil millones de dólares. Como esa carga podrá ser descontada de los pagos a la seguridad social, la cuenta de este negocio será finalmente absorbida por la Ansés.
Hace unos días, el presidente de la CNV, Roberto Silva, mantuvo una reunión con 70 representantes de Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc), que serán quienes podrán recibir dinero de los FAL. Les habló de la “oportunidad de crecimiento enorme” que representan para el mercado de capitales.
Al final de la cadena, el Tesoro parece estar ansioso por poder ofrecerles sus bonos y sostener su andamiaje financiero y fiscal, en momentos en que la emisión de deuda corporativa comienza mostrar señales de desaceleración, tras alcanzar más de 3.300 millones de dólares a principios de año. Este crédito fue uno de los principales puentes que utilizó el BCRA para atravesar el verano y llegar a la cosecha con el dólar más que planchado. El Banco Central solo capta parte de ese pasamanos hacia los pagos de deuda, importación y atesoramiento. Por eso la insistencia del gobierno para que los tenedores saquen “la plata del colchón”. El tiempo es corto. La distribución de dividendos que viene siendo aprobada por los directorios de grandes compañías financieras indica que próximamente la demanda sobre el mercado cambiario podría sumar volumen.
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