Jubilados y trabajadores de los policlínicos PAMI 1 y 2 de Rosario denunciaron públicamente que está en marcha un plan para vaciar ambos nosocomios; específicamente dicen que desde que La Libertad Avanza llegó al gobierno más de 100 trabajadores renunciaron por los bajos salarios. A esto se suma la situación de 300 empleados precarizados, entre los que se cuentan mucamas, enfermeras, radiólogos, camilleros, personal de hemoterapia y de otras áreas esenciales, cuyos contratos se renuevan cada tres meses. “Actualmente el 70% somos contratados y solo el 30% del personal está en planta”, aseguró Melina Gutiérrez, secretaria general de la Junta Interna de Pami en la ciudad.
En el caso de la dirigente gremial, su situación es más complicada, ya que este miércoles 1ro de abril le confirmaron que fue dejada cesante. El rumor ya se había instalado hace un tiempo, y en la mañana de hoy quedó oficializado. “Sin dudas se trata de una represalia por los reclamos que encabeza”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario nacional de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) en un comunicado (la cesantía se confirmó este miércoles 1ro de abril). Por su parte, Gutiérrez aseguró a Suma Política que la administración libertaria planea bajar el nivel de hospitalización en ambos sanatorios y transformarlos en centros de días, eliminando la alta complejidad en las prestaciones médicas.
“En el PAMI 1 faltan 25 mucamas y 40 enfermeras que nunca fueron reemplazadas”, explicó la dirigente gremial. Además, en los últimos días se conoció la noticia de que 3 mil afiliados fueron derivados a sanatorios privados de la ciudad sin previo aviso: “Los trasladan de manera arbitraria, la mayoría se entera cuando van a sacar turno para sus médicos de cabecera”, señaló Gutiérrez y agregó que desde el 2024 perdieron alrededor de 10 mil cápitas, es decir, 10 mil jubilados a los que les cambiaron el lugar de atención. “Ellos pueden volver si realizan un trámite administrativo en la UGL (Unidad de Gestión Local), pero la mayoría no lo sabe, entonces la recuperación de nuestros pacientes es muy poca”.
Los jubilados quieren al Pami
La derivación de 3 mil afiliados de los policlínicos de PAMI a efectores de salud privados generó preocupación entre los jubilados quienes denuncian que el cambio se realizó sin consulta ni notificación previa. Según explicó Juan Manuel Isola, integrante del Frente de Jubilados en Lucha (FREJEL), la situación se inscribe en un proceso más amplio de deterioro de las condiciones de vida de los adultos mayores. “El problema fundamental de los jubilados hoy son los ingresos, tenemos una canasta básica de 1.800.000 pesos, la mayoría está cobrando la mínima”, señaló.
Isola sostuvo que en los últimos meses se incrementaron los costos de medicamentos y se restringieron algunas prestaciones. “Los precios de todas las cosas que necesitamos, medicamentos, transporte, servicios, se han ido exponencialmente para arriba”. También indicó que varios fármacos dejaron de estar cubiertos al 100%: “Un jubilado antes pagaba mil o dos mil pesos por un medicamento, hoy está llegando a 30 o 40 mil. Cuando sumás tres o cuatro medicamentos se te van cerca de 100 mil pesos”.
A esos cambios se suman modificaciones en el funcionamiento del sistema de atención. De acuerdo con el dirigente, hoy existen más requisitos administrativos para acceder a especialistas y algunos estudios médicos tienen límites anuales. No obstante, lo que más cuestiona es la forma en que se implementó la medida: “No llegó ninguna comunicación. Muchos jubilados se enteraron cuando fueron a atenderse y les dijeron: ‘Usted ya no pertenece acá’”. El traslado, sostiene Isola, debería haberse discutido previamente con los afiliados y sus familias.
Además, entre las principales preocupaciones aparece también el funcionamiento de los prestadores privados porque los tiempos de espera y las demoras en la atención pueden afectar especialmente a personas con problemas de movilidad o enfermedades crónicas. “Sacás un turno y podés estar tres o cuatro horas esperando. Y muchas veces llegás y el médico no está, entonces tenés que sacar otro turno para dentro de 30 o 40 días”. A esto se agrega el hecho de que muchos pacientes deben recorrer mayores distancias para llegar a los nuevos centros de atención.
Desde el Frente de Jubilados interpretan que la decisión podría formar parte de un proceso de reducción de la estructura sanitaria propia del Pami. “La idea de ellos es ir achicando el sistema del PAMI 1 y manejarlo con los privados”, afirmó el dirigente. Frente a este escenario, el reclamo principal es que se revierta la medida o, al menos, que se consulte a los afiliados antes de modificar su lugar de atención. “Los jubilados queremos el PAMI 1 y el PAMI 2. La atención tiene que realizarse ahí”, sostuvo.
Mientras tanto, quienes deseen regresar a los centros originales deben iniciar un trámite administrativo en las oficinas del organismo. El procedimiento implica solicitar el cambio de manera presencial en la Unidad de Gestión (UGL) del PAMI cuya sede se encuentra ubicada en calle San Lorenzo 926.
Una reunión para desmentir todo
En medio de los cuestionamientos por la situación de los trabajadores y la derivación de los jubilados a sanatorios privados de la ciudad, las autoridades de PAMI Rosario, Guido Orlandi a cargo de la Unidad de Gestión (UGL) y Pablo Flores, responsable de los policlínicos, mantuvieron una reunión a puertas cerradas con concejales de la ciudad que se desarrolló este martes a las 15. Según trascendió, los funcionarios negaron que se vayan a producir despidos en los próximos días y justificaron la migración de profesionales de la salud a otros empleos porque buscan un mejor horizonte económico.
En relación a la refuncionalización del PAMI 1 y 2, explicaron que desconocen si existe tal proyecto y sobre las cápitas plantearon que se trata de una opción que toman voluntariamente los propios jubilados y que la situación está equilibrada. Del encuentro participaron los concejales libertarios Sabrina Prence, Franco Volpe, Samanta Arias y Anabel Lencina; además, estuvo la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck; Norma López y Pablo Basso del peronismo; Antonio Salinas de Ciudad Futura; María Fernanda Gigliani de Iniciativa Popular; Leonardo Caruana del Frente Amplio; Fabricio Fiatti de Creo, y María Fernanda Rey del bloque justicialista.
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