El espejo de la Argentina nos devuelve una imagen impensada: familias, empresas, provincias y hasta el propio Estado nacional comparten una misma pesadilla: todos deben plata. Claro que se diferencian en sus causas y formas de sobrellevar el problema.
En la calle, millones de familias conviven y padecen el drama de no llegar a fin de mes. Sin plata para comida, colectivo, remedios, gas, luz, impuestos ni para pagar las cuotas de los créditos personales. Y el problema llegó a los primeros planos del debate público. Uno de cada cuatro argentinos con deuda están en mora.
Según el Banco Central, en junio, la morosidad de las familias alcanzó el 12,8% de los créditos bancarios, mientras que en las empresas llegó al 3,5%. El registro familiar prácticamente triplica el observado poco más de un año atrás. Y en las billeteras virtuales superó el 34%. Pero ¿qué es estar en “mora” según el sistema financiero argentino?
Para el lenguaje financiero estar en mora es un atraso en el pago de más de 31 días, a partir del cual se empieza a contar el “grado” de la mora: 90, 180 ó 365 días, límite donde se considera a la deuda como irrecuperable. Ahora bien, el crédito dejó de ser, para muchos, una herramienta para anticipar consumo y se transformó en una forma de completar el ingreso mensual. Tarjeta para comprar alimentos. Préstamo personal para cancelar la tarjeta. Refinanciación para pagar el préstamo. Así hasta que la rueda deja de girar y entonces aparece la mora y arranca la pesadilla.
En el caso de las empresas, el problema se manifiesta en el quiebre de la cadena de pagos. Y una variable que aproxima el problema con los ingresos de las empresas son los cheques rechazados sin fondos. Ahí, nuevamente el Banco Central nos informa que durante el período marzo de 2024 y julio de 2026 la cantidad de unidades rebotadas se cuadruplicó, en tanto que si tenemos en cuenta los importes, la cifra se quintuplicó. Toda una señal de alerta.
Pero el problema no queda solo “entre privados”. El sector público está siendo seriamente afectado por el mismo fenómeno, aunque en proporciones distintas. En efecto, según datos del Ministerio de Economía, al 31 de julio de 2026 la deuda pública bruta de la Administración Central alcanzó los 484.722 millones de dólares, superando en un 31% el valor existente en diciembre de 2023. Para detalle, basta mostrar que sólo en julio aumentó 10.530 millones de dólares. Aquí cabe la pregunta, ¿no es que el ajuste fiscal y monetario evitaba que la deuda siguiera subiendo? Y la respuesta es no. El superávit en el primer semestre ni siquiera alcanzó a cubrir los intereses de la deuda y la mecánica de indexación del capital hace que el stock suba permanentemente.
Finalmente, la situación de los estados provinciales tampoco da lugar para el alivio. Según el Ministerio de Economía, en el primer semestre del 2026, de las 24 jurisdicciones sólo siete tuvieron superávit fiscal en el arranque del año, mientras que las restantes presentaron déficit. Toda una señal de fragilidad. Padecen el “rojo” las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Chaco y Corrientes, entre otras. El dato resulta especialmente relevante porque las provincias enfrentan restricciones crecientes sobre sus recursos debido a la caída de transferencias nacionales y la menor disponibilidad de fondos discrecionales que, combinado con una creciente demanda social de servicios como la salud, educación o seguridad pública, hacen un cóctel explosivo en los tesoros provinciales.
El mapa deja así una conclusión preliminar: el superávit —fiscal o privado— está lejos de ser una realidad generalizada en el territorio argentino.
Mientras el Gobierno nacional busca presentar el equilibrio de sus cuentas como una bandera de gestión, las provincias muestran otra fotografía. Y los privados ni hablar. El ajuste se fue extendiendo en todo el territorio como una mancha de aceite de manera desigual e injusta.
De ahí que el interrogante no es solamente cuánto se debe y a quién, sino ¿por qué la mayoría de los actores del sistema económico están inmersos en un mismo conflicto? La lectura oficial de una foto del “superávit fiscal”, encubre el drama de la película que viven las familias, las empresas que cierran o las provincias que comprimen y ajustan los gastos. ¿Acaso el diseño del modelo de política de ingreso libertario contiene una falla en el Excel? Puede ocurrir que algún sector minoritario sufra pero, ¿todos al mismo tiempo experimentando dificultades? ¿Será que el diseño falló o sobran 5,9 millones de familias, 17 provincias, miles y miles de Pymes y hasta el propio Estado federal? Mientras muchos pierden, ¿quiénes son los ganadores? Algo pareciera decir que el modelo no funciona. Necesita una rectificación urgente porque el fenómeno no es sólo “entre privados”. Es general y afecta a todos los argentinos.
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