De los 6 millones de deudores morosos que hay en el país, casi 2,5 millones tomaron créditos por montos menores a un salario mínimo, que ahora es de 383.800 pesos. Pero entre quienes deben menos de un cuarto de esa suma se registra la tasa más alta de irregularidad, 36 %. “Que alguien no pueda devolver noventa mil pesos no habla del tamaño de la deuda sino del ingreso”, enfatizó el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) en un informe que difundió en la semana con la radiografía del endeudamiento.
El trabajo, elaborado en base a datos del Banco Central, el Indec y balances empresarios, demuele el discurso oficial que vincula el endeudamiento y la morosidad a decisiones individuales de inversión tomadas en base a expectativas incumplidas sobre el fracaso del plan económico. Bajo el título “No es la gente, es la economía”, asocia, en cambio, este creciente drama social con la caída del salario. Desde esta perspectiva, el monto bajo que predomina en el endeudamiento “no es una señal de que el problema sea menor, es la señal de qué clase social lo tiene” y la mora “no mide irresponsabilidad individual sino la distancia entre el costo de vivir y lo que paga el trabajo”.
Deber para comer
La secuencia que reconstruyó el centro de estudios, a partir del cruce de datos estadísticos, apoya esa conclusión. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 el salario privado registrado perdió 14 puntos y las jubilaciones casi 40. Luego se recuperaron parcialmente pero nunca volvieron al mismo nivel. Dos años más tarde, siguen 9 y 24 puntos abajo, respectivamente.
El hueco que dejó este desfase en la economía familiar se intentó tapar, primero, con los ahorros. En ese primer año, las personas con un plazo fijo pasaron de 4,8 millones a 2,6 millones. Los economistas de Mate reconocen que “el desarme suele leerse como una decisión financiera asociada a que las tasas dejaron de convenir”, pero aclaran que “las personas que salieron del sistema de plazos fijos fueron las que tenían un colchón chico y lo gastaron”.
Con los ahorros quemados, se empezó a pedir prestado. El aumento de la deuda coincidió con el de la participación de las entidades no financieras en el negocio del préstamo. La irrupción del “crédito fácil” no es reciente pero la coincidencia entre ambas curvas es “propia de este ciclo”.
El endeudamiento de los hogares, apuntó Mate, permitió que el consumo “no se derrumbara al mismo tiempo que el salario”. El resultado es conocido. En julio de 2024, de cada 100 personas con deuda, 14 no podían pagarla. En junio de 2026, ese número fue de 28. Hoy se está viendo “el límite de ese mecanismo”.
Desde el sector financiero, la consultora First Capital Group se arrimó a una conclusión parecida. Al reportar una caída de 10,1 % interanual en la operatoria con tarjetas de crédito durante agosto, explicó que “los clientes en situación irregular no pueden utilizar sus plásticos, pues han sido suspendidos, y los que reciben mayores calificaciones son, paradójicamente, los menos propensos a endeudarse dada la situación actual”.
La segmentación del mercado crediticio es también de clase. Mate recordó que el crédito de los sectores populares pasó durante décadas por la financiación en el mostrador de la casa de electrodomésticos, la tarjeta de la cadena regional o la mutual del sindicato. Hoy crece el préstamo que “se pide desde el teléfono, se aprueba en minutos, no exige recibo de sueldo y se otorga sin que medie ninguna conversación”.
Pero esta ventaja real tiene un precio, que es “el motor de la bola de nieve” de la deuda. Por encima de la inflación, un crédito bancario cuesta 4,1 % mensual y una fintech 8,9 %. La tasa, agrega el informe, se convierte así en “un mecanismo de distribución regresivo”, ya que “el que menos tiene paga el doble por la misma plata”.
Deber para fugar
El rol de la deuda como mecanismo de redistribución también había sido abordado por este centro de estudios en el trabajo “El poder económico y la frágil economía de los bajos salarios”, elaborado para la fundación Friedrich Ebert. Este informe, presentado el año pasado, analizó el círculo vicioso que conectó, entre 2015 y 2024, la caída de ingresos de la población con la presión cambiaria y el endeudamiento externo, en un proceso que provocó una transferencia de 290 mil millones de dólares.
Ese es el monto de los excedentes que, calculan, fueron “apropiados por el sector privado” durante esa década, a través de la caída de los salarios reales. La dolarización de la ganancia adicional que dejó esta transferencia de ingresos provocó una pérdida de divisas de 190.000 millones de dólares en el período. Este proceso fue apalancado por un crecimiento del endeudamiento externo, tanto del sector público como del privado, de 114.000 millones de dólares, con un costo financiero de 68.000 millones de la misma moneda.
Esta calesita explica por qué, en medio de una crisis de endeudamiento familiar, el gobierno sigue apostando al crédito, incluso en dólares, para reactivar la economía. El mismo Mate arroja unos datos sobre el tema en su último informe de coyuntura. Señala allí, por ejemplo, que a pesar del incremento récord de las exportaciones, la economía perdió en lo que va del año 1.346 millones de dólares mensuales. La razón es que “no alcanza el saldo comercial para cubrir la salida de dólares financieros”. Más de mil millones de dólares al mes egresan por los pagos de intereses de la deuda pública y privada, y otros 3 mil millones se van en dolarización de excedentes de personas jurídicas y personas físicas. Por el envío al exterior de utilidades y dividendos ya se fueron 3.487 millones de dólares, con el petróleo como protagonista. “Los dólares que la economía real genera no son suficientes para atender la demanda de la economía financiera”, señala. La brecha se cubre con deuda. Los dos países quedan, otra vez, expuestos: uno se endeuda para fugar excedentes y otro para sobrevivir.
La ola de morosidad
El incremento de la mora en los hogares afecta cada vez más el funcionamiento de la economía. El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) detectó en su relevamiento mensual que los precios de alquiler de departamentos de uno y dos ambientes se mantuvieron en los mismos niveles entre julio y agosto, mientras que los de tres ambientes bajaron casi 8 %. Vincularon esta moderación con una demanda debilitada en un contexto de creciente morosidad y pérdida de poder adquisitivo.
“El mercado comienza así a mostrar con mayor claridad los límites que impone la capacidad de pago de los hogares”, señalaron desde el centro de estudios. Poco antes, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, sede Rosario (Cocir) y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) señalaron que el 43 % de los corredores consultados tuvo durante el primer cuatrimestre del año casos de rescisión de contratos de viviendas y locales comerciales por imposibilidad de pago de los inquilinos.
La crisis familiar va en paralelo con la empresaria. El Observatorio Económico de la Federación Gremial de Comercio e Industria (Fecoi) registró una caída de ventas en Rosario del 7,5 % interanual y del 3,5 % entre julio y agosto
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Rosario aportó más noticias al boletín en su reciente “panorama productivo”. Informó que las causas ingresadas por quiebras en la Justicia civil y comercial de la provincia crecieron 173 % interanual en 2025 hasta alcanzar los 2.000 expedientes. Ese nivel sería superado en 2026 si se tiene en cuenta que en siete meses ya se sumaron 1.656 nuevos trámites. Los expedientes por concursos preventivos aumentaron 75 % respecto de lo observado entre los años 2021 y 2023. Empresas que hasta no hace tanto tiempo se expandían, como Expreso Brío y D’Ricco, entraron en las últimas semanas a este purgatorio.
En todo el país, según los datos de Apyme, se rechazaron 105.297 cheques por falta de fondos durante julio, un 57 % más que en el mismo mes del año anterior.
“Los industriales tenemos los mismos problemas que las familias, estamos endeudados y golpeados por la recesión”, señaló Rafael Catalano, presidente de la asociación que nuclea a los empresarios metalúrgicos de Rosario, al presentar nuevos números sobre la caída de la actividad, de 14 % interanual en el primer semestre del año. Con 44 meses consecutivos de baja, el 73 % de sus ramas factura en la ciudad por debajo de la inflación.
“Hoy el mayor problema es la caída del consumo ya que no se venden ni los productos importados”, señaló el presidente de AIM. Germán Medina, tesorero de la entidad, advirtió sobre el crecimiento de la morosidad. “Hoy la deuda promedio equivale a cuatro meses de facturación”, dijo y apuntó contra la presión fiscal; “Pagamos anticipos de Ganancias por resultados que no tenemos y mientras a nosotros nos pagan a 120 días, Arca exige el pago de IVA a los 30”.
Un día difícil
En este marco se conmemoró el Día de la Industria. Pasados más de 30 meses desde el cambio de gobierno, el presidente de la UIA, Martín Rapallini, comenzó a marcar distancia con la política económica. Reclamó “un puente” para llegar a la expansión prometida por el actual modelo y aseguró que la marcha de la economía no se puede medir solo por la inflación. “Es fundamental recuperar el consumo”, dijo al hablar en el acto central de la jornada, ante un auditorio despoblado de funcionarios nacionales.
La lectura política, las urgencias económicas y la presión de las bases inducen el cambio de actitud. De hecho, minutos antes del discurso de Rapallini, uno de los vicepresidentes de la entidad, Guillermo Moretti, se despachaba por radio contra el ministro Luis Caputo, a quien volvió a calificar de “endeudador” y de “trader que no sabe lo que es un torno”.
Moretti es también dirigente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), la central fabril santafesina que sostiene casi desde el inicio posiciones críticas frente al modelo económico nacional. Una semana antes había organizado, junto a Adimra, Came y la CGT, una mesa de diálogo para impulsar un programa productivo que sea discutido en el proceso electoral de 2027.
Los quinchos rebeldes siguieron esta semana con un encuentro organizado por el sindicato de Luz y Fuerza de Rosario para analizar las transformaciones en el mundo del trabajo, del que participaron junto al anfitrión, Alberto Botto, los empresarios Juan Milito (Centro Unión Almaceneros), Juan Sisca (Apyme), Ricardo Diab (Came), Mariano Ferrazzini (Fisfe) y el secretario General de la CGT Rosario, Miguel Vivas.
La próxima juntada será el viernes próximo en Esperanza, donde se realizará el almuerzo anual de Fisfe por el Día de la Industria. Es probable que asista el gobernador Maximiliano Pullaro, quien el martes pasado estuvo en el acto organizado por la Unión Industrial de la capital provincial.
“Como gobernador me siento muy orgulloso de representarlos y defenderlos, una industria que cae no se puede reemplazar: detrás hay personas, recursos e inversiones de años para sostener un proceso productivo”, dijo a las pocas horas de que se confirmara oficialmente el cierre de la fábrica de caucho sintético que operaba Pampa Energía en Puerto San Martín.
El Tinder de los negocios
El músculo del Ministerio de Desarrollo Productivo estuvo puesto en la semana en el Santa Fe Business Forum, la mega ronda inversa de negocios de la que participaron más de 250 compradores de 50 países. En su tercera edición, el evento ganó escala. Se organizaron 55 circuitos de visitas a empresas en 60 localidades, se reservó una jornada para la ciudad de Santa Fe y se activó un puente aéreo entre Rosario y Reconquista para facilitar la integración del norte santafesino en la actividad.
Durante el encuentro se realizaron 5.800 mil contactos comerciales y 1.800 en el foro de inversiones. Unas 300 startups de la región pudieron vincularse con 40 fondos de capital de riesgo. Desde su lugar de invitado, el secretario de Coordinación Productiva de la Nación, Pablo Lavigne, anunció que promoverá un gran encuentro entre las empresas beneficiarias del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi) y potenciales proveedores santafesinos.
El Rigi, que otorga amplios beneficios a grandes compañías concentradas, sobre todo en petróleo y minería, traza a fuego el mapa productivo que le gusta al gobierno nacional. La provincia acumula un trabajo de casi una década para enganchar a los industriales locales en esos enclaves. En el Santa Fe Business Forum, la mesa de petróleo, gas y minería de Santa Fe escuchó de boca del ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, las últimas noticias sobre las posibilidades de acompañar el boom minero de esa provincia. Los empresarios que participaron del encuentro saludaron la intensa diplomacia subnacional que despliega la cartera productiva santafesina. Pero también consideran que los plazos de los proyectos en marcha, los desafíos de escala y los regímenes industriales de esos territorios son retenes duros de superar en el camino a la Cordillera.
Cambio de régimen
Una visión particular de este cruce entre estos dos mundos fiscales y productivos la expuso Pablo Cattoni, director institucional de Sidersa, cuando disertó a fines de agosto en la reunión plenaria del Senado en la que se debatió el proyecto de Súper Rigi.
La empresa nicoleña, de origen rosarino, es la única industrial que fue calificada para un Rigi. Está invirtiendo 300 millones de dólares para construir una planta siderúrgica integrada de última generación y, con la excepción de la maquinaria que no se produce en el país, optó por contratar proveedores nacionales para trabajar en el proyecto.
Durante su exposición, Cattoni sugirió introducir modificaciones al régimen para multiplicar su impacto positivo en el entramado productivo nacional. Por ejemplo, precisar que el compromiso mínimo de contratación de proveedores locales equivalente al 20 % del monto de inversión se aplique exclusivamente a bienes transables.
También propuso eliminar la exigencia a la oferta local para que esté “en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. Esta condición, dijo, resulta difícil de cumplir cuando existen asimetrías generadas por el propio Rigi. Puso como ejemplo que “mientras un proyecto adherido puede importar productos terminados sin aranceles, esos mismos productos pueden provenir de economías que, además, subsidian sus exportaciones”. Al mismo tiempo, una productora local debe importar los insumos necesarios para fabricar ese mismo bien pagando aranceles y tasas. “Esta combinación puede generar una brecha superior al 25 % entre el importado y el nacional de igual calidad”, explicó. Y alertó: “Debe evitarse que los incentivos que brinda el régimen terminen reemplazando producción argentina por importaciones subsidiadas”.
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