En medio de una crisis cada vez más evidente, el presidente Javier Milei reapareció frente a auditorios corporativos con un relato recargado y virulento que ya no enciende las pasiones de antes. Como un puñal, el frío lo acecha en esos foros patricios que militan la república de los negocios pero se muestran cansados, y algo atemorizados, por la deriva emocional de su pretor. Mientras tanto, en la calle se apilan los conflictos.
La movilización de las centrales obreras y los movimientos sociales para reclamar una solución al drama del endeudamiento de los hogares fue más que otra escala del plan de acción “a la francesa” que arrancó la Confederación General del Trabajo (CGT), con las marchas por San Cayetano y la ley de tierras. Como ocurrió en los 90 con los desocupados, la movida interpreta una nueva demanda social: la que involucra a casi seis millones de personas que, por el deterioro de las condiciones laborales y de ingresos, quedaron presas de una economía financiera que, como señaló el economista Lavih Abraham, se está comiendo a la economía real.
La deuda en la cabeza
“El plan económico es el arma en la cabeza”, le recordaron los manifestantes al presidente, que semanas antes echó sal en la herida de los deudores responsabilizándolos por entero de su situación. Funcionarios y economistas libertarios salieron a reforzar la coartada de este supuesto albedrío financiero. Los indicadores de morosidad, que este año compiten en interés público con los de inflación, riesgo país, empleo o pobreza, ponen el problema en un contexto más amplio. La contracara de los 100 billones de pesos transferidos del sector asalariado al del capital en los últimos dos años y medio es, como señaló el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate), la mora del 16% en préstamos personales, del 26% en fintech y del 58% en otras formas de “crédito fácil”. Según un informe de la Fundación Friedrich Ebert y el Centro de Estudios para la Ciudad, 137 mil rosarinos no pudieron cumplir con sus pagos a los acreedores. Más de 50 mil están atrasados con entidades no financieras. La tasa de mora supera el 17%. Entre los menores de 25 años, sube al 37,9%.
Durante la semana, el Ministerio de Economía de Santa Fe informó que más de 18.000 endeudados se adhirieron al plan de reprogramación que impulsó: 10.000 son trabajadores provinciales, más de 2.000 jubilados y pensionados, y casi 6.000 empleados del sector privado.
“La financiarización de la vida cotidiana llevó a que el endeudamiento pase de ser una estrategia para vehiculizar proyectos de inversión de los hogares a convertirse en un mecanismo de supervivencia diaria que recae, sobre todo, en las mujeres trabajadoras y sus hogares”, concluye un estudio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) elaborado en base a una encuesta realizada entre abril y julio entre los afiliados de todo el país. Dentro de un cuestionario más amplio, uno de los capítulos mostró que el 87% de los consultados y consultadas tomó deuda para sostener gastos corrientes. El 73% no tiene un solo acreedor, el 54% no conoce la tasa interés que paga y el 52% dice que está atrasado
La encuesta también indagó sobre el impacto vital del incremento del tiempo dedicado al trabajo remunerado. El 85,4% reportó un deterioro en su salud mental en el último año. Los síntomas más frecuentes fueron ansiedad (73.4%), angustia (65.2%) y agotamiento. “Este escenario se traduce en el repliegue de los lazos comunitarios y políticos, limitando severamente la capacidad de organización y acción”, sintetiza el estudio.
El día de las pymes
Entre los actores que salieron a la calle en la semana estuvieron también las entidades que nuclean a las pequeñas y medianas empresas. Eligieron el Día del Empresario Nacional, durante el que se conmemora la creación de la Confederación General Económica (CGE), para denunciar el industricidio del gobierno nacional. Se concentraron frente a la Casa Rosada con un trapo que decía: “Las pymes también son argentinas”.
El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) actualizó por estos días los datos sobre caída de empresas y empleo registrado en Santa Fe. A mayo de este año había 3.065 empleadores menos que en noviembre de 2023. El equivalente a un 6% menos. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, los puestos de trabajo perdidos en el período fueron 20.412. Más de la mitad fueron expulsados de la industria manufacturera.
En una alocución que no levantó aplausos ni en el Consejo de las Américas, el presidente volvió a tratar de “hijos de puta prebendarios” a los industriales locales, a quienes les deseó la quiebra. La conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA), que hizo un flemático llamado a la moderación cuando el ministro de Economía los trató de “tarados”, asegura estar preparando una sorpresa para los actos del Día de la Industria.
Las organizaciones de base no muestran tanta paciencia. El jueves próximo se reunirán en la Asociación Empresaria de Rosario los referentes de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) con la cúpula nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT). Bajo la consigna “Argentina produce”, convocan a un diálogo “entre empresarios y trabajadores” sobre “los desafíos que hoy enfrentan la producción, el empleo, la industria y la competitividad”. En paralelo, ese mismo día se realizará un foro de pymes organizado en el ámbito del Concejo municipal. Uno de los invitados centrales sería el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa.
El desembarco del referente de Axel Kicillof para el sector productivo forma parte de los movimientos que empezó a realizar en distintos territorios sectoriales y geográficos el equipo de quien hoy aparece como principal contrincante electoral del presidente.
Pisar la provincia vecina tiene lógica geográfica. Entre otras cosas, Santa Fe y Buenos Aires comparten el aglomerado que hoy encabeza el índice de desempleo a nivel nacional, el cordón del acero que integran Villa Constitución y San Nicolás.
Lo que el río hace
El entrelazamiento biprovincial incluye alguna curiosidad como el hecho de que el presidente de la Cámara Santafesina de la Industria Naval (Casin) es el dueño del astillero Río Paraná Sur, ubicado en Lima, localidad del norte bonaerense. Junto con el de Punta Alvear, adquirido por Rocktree, el establecimiento es uno de los más importantes jugadores de una rama fabril con larga tradición en el país pero que, a nivel general, trabaja a la mitad de su capacidad instalada, según señaló Silvia Martínez, titular de la Federación de la Industria Naval Argentina (Fina).
Los representantes de este conglomerado industrial animaron uno de los paneles en Exportolog, la primera exposición portuaria y logística, organizada por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) y GloblaPorts. Expusieron sobre una paradoja: el potencial de demanda que les promete el crecimiento proyectado en el transporte de la hidrovía Paraná – Paraguay, contrapuesto al impacto de la desindustrialización y desnacionalización de la renta logística que impulsa el actual modelo económico.
Las tensiones en las cadenas de valor que se vinculan al desarrollo de la vía navegable troncal también fueron parte del debate en la cumbre de referentes del sistema portuario y logístico realizada en la Terminal Fluvial de Rosario. Por caso, en la puerta hubo un acto organizado por los sindicatos vinculados al sector de navegación para protestar contra el proyecto oficialista de desregular el régimen de cabotaje y liquidar los restos de la marina mercante.
Igualmente, buena parte de la expectativa de los participantes se concentró en la exposición del jefe operativo de Jan De Nul, la firma que seguirá realizando el dragado y balizamiento del río Paraná pero desde septiembre como nueva concesionaria por 25 ó 30 años. El plan de llevar la profundidad de navegación a 40 pies en menos de cinco años desde Timbúes al Océano, junto con el recambio de la tecnología de señalización, control y monitoreo, anima al complejo agroexportador portuario a soñar con un ciclo de expansión de sus negocios similar al que provocó la primera privatización del servicio a mediados de los 90.
La plana mayor del Ministerio de Desarrollo Productivo se afincó en la terminal durante esos dos días para grabar a fuego su plan de convertir a Santa Fe en un hub logístico, no solo de la hidrovía y la región pampeana sino de la minería cordillerana. Tanto para la exportación, como ya ocurrió en el caso del litio, como para la importación de insumos y la conexión con los enclaves energéticos del sur. La mesa provincial de la arena, por caso, se armó con la idea de integrar el sistema fluvio marítimo a la cadena de suministro de ese producto clave para el fracking de Vaca Muerta, que se extrae del litoral.
El último tren
Como parte de esa estrategia, la convocatoria a la licitación para concesionar el ferrocarril Belgrano Cargas entusiasma también a la provincia, que logró que la culminación de las obras del Circunvalar en Santa Fe se incluyan en los pliegos. También al círculo rojo cerealero que, previa exclusión de socias chinas por presión de Estados Unidos, aspira a competir por el control de ese corredor.
Otra curiosidad de la “articulación público privada” en Argentina. Los resultados de la privatización ferroviaria de los 90, que tuvieron también protagonismo cerealero, no son precisamente los más elogiados de aquel ciclo de enajenación de activos públicos.
El caso de la empresa que hoy sale a la venta es todavía más particular, toda vez que su principal ramal, el más extenso del país, luego de ser casi desmantelado en esa época en la que se superpusieron gestiones estatales, sindicales y de grupos económicos ligados a la política, se recuperó de la mano de los acuerdos marco del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con China. Con financiamiento de ese origen se realizó la inversión que puso en valor ese sistema durante la década que antecedió a la llegada de Javier Milei al gobierno. Luego vino una historia repetida: el deterioro autocumplido y la bandera de remate para una infraestructura que quedó en la mira por las urgencias fiscales del gobierno nacional, los cambios geopolíticos y la necesidad de explorar nuevas fronteras de negocios privados con el patrimonio del Estado.
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