El ruido de los tambores de guerra global taparon los chirridos de la economía local durante el cambio de año. El gobierno afrontó con dificultad el primer vencimiento grande de deuda de 2026 merced a una ingeniería financiera muy onerosa. El riesgo país y las tasas en pesos se entonaron mientras el Banco Central empezó a acumular reservas en un mercado cambiario intervenido para evitar el contagio del nuevo pulso inflacionario. Los aumentos de precios coquetean con el 3 % mensual pese a la profundidad del ajuste y la fuerte caída de actividad y empleo formal. En este contexto, la discusión política se abstrae en el poroteo legislativo del proyecto de reforma laboral.
Salvo para Scott Bessent, el secretario del Tesoro de EEUU que ganó “decenas de millones de dólares” con el repago del salvataje que le dio a Javier Milei para superar la prueba electoral de octubre, el arranque de 2026 no fue auspicioso. Encadenando los préstamos de las fintech con los saldos de la tarjeta, el equipo económico construyó un delicado castillo de endeudamiento para pagar el primer vencimiento, por 4.300 millones de dólares, de un exigente calendario anual para la deuda en moneda dura, cercano a los 20 mil millones. Con esa arquitectura cerró también las cuentas con su padrino de Wall Street y renovó billonarios pasivos en pesos.
El nivel del riesgo país, las tasas y los descuentos en el valor de los activos que tuvo que convalidar dan cuenta de las dificultades que enfrenta para recuperar el financiamiento internacional, que es su preciado objetivo. Mientras lo intenta, trata de administrar las tensiones del nuevo régimen de bandas cambiarias y exhibe el superávit financiero, al que llega sin contar los intereses de la deuda capitalizable, como muestra de voluntad de pago.
Todos ponen
En su último informe, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) inventarió los recortes fiscales más significativos que la Nación realizó en los últimos dos años para llegar a este superávit. En términos reales, el más significativo fue en la obra pública (-79,7 %), y le siguieron las transferencias a provincias (-64 %), los subsidios económicos (-54,2 %), los giros a universidades (-40 %) y el pago de salarios del sector público (-30%).
Pero es el peso de cada rubro en el gasto total lo que determina cuánto aportó cada uno al ajuste. En ese ranking destacan las prestaciones sociales, que explican el 26 % del total del esfuerzo. Dentro de este rubro, jubilados y pensionados concentraron la mayor parte del ajuste (7,7 % del total). Luego están la obra pública (21,4 %), los subsidios económicos (19 %), el empleo público (13,6 %), y las transferencias corrientes a provincias (8 %) y universidades (5 %).
El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) enfocó el detalle de algunas partidas de la administración pública nacional que hablan de las preferencias fiscales de Javier Milei. La Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), por ejemplo, recibió un aumento real del 52 % respecto de 2023. En cambio, el Instituto Malbrán sufrió un recorte del 26 %, la Anmat del 25 %, el Conicet del 32 %, el Inta del 41 %, la Policía Federal del 31 %, el Fondo Nacional de Incentivo Docente del 100 % y las rutas nuevas y obras de pavimentación del 98 %.
Dura de bajar
Postales de un sacrificio desigual que debería redundar en una pulverización de la inflación. ¿Ocurrió? El gobierno celebró el aumento del 31,5 % que registró el Indice de Precios al Consumidor (IPC) durante 2025, el menor en ocho años. La comparación con el 211,4 % de 2023 agranda su logro, sobre todo si no se descuenta el 25,5 % mensual al que la catapultó el propio Milei en diciembre de ese año tras el salto cambiario de 118 %. Y si no se actualiza la comparación en base a la canasta de gastos de los hogares realizada 2017/18, a partir de la cual se comenzó a medir la evolución de precios desde este enero. Es que el cambio de ponderación entre servicios y bienes revela que hasta ahora se sobrestimó el ritmo general de aumento de los precios en la etapa previa al cambio de gobierno y se lo subestimó en el período posterior. Si se aplicara al pasado el nuevo criterio, la evolución inflacionaria de 2025 sería todavía superior a la de 2020.
Son apenas apuntes dentro de un proceso que muestra otra cara preocupante. La tasa de inflación, según el Indec, se acelera desde hace siete meses. El 2,8 % de diciembre fue el nivel más alto de ese sendero, empujado tanto por los precios de los servicios pero también por los alimentos, liderados por el sostenido aumento de la carne vacuna. En el índice santafesino, incluso, los bienes de la canasta alimentaria pasaron a liderar los aumentos. En noviembre, el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) había registrado una suba de 2,6 % en este rubro. En diciembre, de 3,8 %.
La novedad importa porque durante buena parte de este período de gobierno se verificó un cambio en la dinámica de precios relativos. Los bienes desaceleraron, por efecto de la caída de la demanda y las importaciones, pero subieron los servicios, por la desregulación de sus precios. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) analizó este cambio a la luz de la inflación de los últimos ocho años. Señaló, por ejemplo, que el componente integrado por alquileres y servicios públicos de energía registró su precio relativo mínimo en diciembre de 2023. Era la mitad en relación al mismo mes de 2017. Si aquel año fuera un índice cien.
Milei lo encontró en 48,6 y lo llevó a 83,7 hasta ahora. Es un 72 % de aumento que, siguiendo la lógica del instituto que dirige Nadin Argañaraz, todavía tiene resto para subir otro 19 % hasta alcanzar el ritmo de hace ocho años.
En el otro extremo, las bebidas alcohólicas son las que más se abarataron relativamente en en ese período: un 25 %. Si en estos términos el razonamiento pudiera inducir al consumidor a gastar la plata destinada al alquiler en alcohol, se hace más difícil practicar ese arbitraje con la carne vacuna, que subió 54 % en el último año, contra una inflación del 31,5 %. en diciembre subió más de 14 % en diciembre.
La actualización de la canasta de gastos del Indec aparece otra vez, en este sentido, como oportuna, ya que ayudará a moderar el impacto de esta presión en el índice general.
En el mercado de ganados y carnes, la relación entre oferta y demanda no parece dar señales de que esta tendencia se revierta en el cortísimo plazo. El primer remate del año en el Rosgan, la última semana, dio cuenta de la fortaleza de los valores en las primeras etapas de producción.
El sector bovino es uno de los que más claramente se beneficiará del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, a través de las mejoras en el acceso y la ampliación de los cupos de ingreso al mercado del viejo continente. En un contexto en el que la demanda internacional ya le sonríe.
El fin de la industria
El impacto no será tan positivo, en cambio, para el sector industrial. El tratado entre los dos grandes bloques comerciales, que todavía debe ser aprobado en los parlamentos, consolida una estrategia de política exterior orientada a obturar la salida manufacturera como vía del desarrollo. Uno de los rubros tensionados será el automotor, que de a poco va convirtiendo sus estructuras fabriles en canales de distribución de vehículos importados. El presidente de Ford Argentina viene de vaticinar hace unos días que podrían cerrar fábricas en el país.
Los datos que se conocieron en las últimas semanas muestran que todo marcha de acuerdo al plan oficial. El Indec informó que el Estimador Mensual de Actividad Industrial (Emae) cayó 8,7 % interanual en noviembre. Días después reportó que la utilización de la capacidad instalada en las fábricas había bajado al 57,7 %. Hay casos extremos, como el de los textiles, cuyos establecimientos operan a menos del 30 % de su potencial.
La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) expuso también los números del mes en la provincia: un derrumbe general del 5,4 % con bajas interanuales en el 75 % de las ramas fabriles. El tímido repunte que había experimentado el sector en los primeros meses del año, apoyado en una base de comparación deprimida, se borró y se convirtió en caída durante el segundo semestre. “La industria santafesina sigue impactada por los altos costos financieros, el menor volumen exportado, las mayores importaciones de bienes y la débil actividad en el sector de la construcción”, expresó el informe de la entidad.
El trabajo citó datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para exponer que entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, la cantidad de empleadores asegurados en la provincia cayó 4,7 %, es decir 279 empresas industriales, y la de trabajadores cubiertos 5,2 %, es decir 7.428 puestos de trabajo.
Las industrias, sobre todo las metalúrgicas, son más de la mitad de las 44 firmas que pactaron suspensiones de personal en el marco del artículo 223 Bis de la ley de contrato de trabajo. Es decir, con acuerdo del gremio en el Ministerio de Trabajo de la provincia.
El 2026 arrancó con casi 4 mil trabajadores suspendidos en Santa Fe. Son menos que los once mil que llegaron a registrarse a mediados de 2024 pero son más que en el arranque de 2025 y que en el mes de noviembre.
Universos paralelos
El secretario de Trabajo provincial, Julio Genesini, advirtió que no se ve un cambio de tendencia en el nuevo año. Y alertó sobre el crecimiento de los conflictos laborales originados en incumplimientos de los empresarios con los trabajadores.
Son casos como el de Vassalli y Lácteos Verónica, en el que los dueños dejaron caer incluso los planes de pago acordados en forma reciente para saldar las deudas salariales. En ambas situaciones, los obreros se convirtieron en garantes de cuidado de las instalaciones paralizadas. Los empleados del frigorífico Euro hicieron punta al ocupar directamente el establecimiento de Villa Gobernador Gálvez, prácticamente abandonado por la patronal.
Curiosamente, este desparramo ocurre a lo largo y ancho del país mientras la rosca política del verano se concentra en el proyecto oficialista de reforma laboral, presentado como una reparación a los empresarios por los supuestos “abusos” que sufren por el peso de la ley de contrato de trabajo y los límites que impone a la libertad de despedir, bajar salarios y extender las jornadas de trabajo. Si no fuera tan claro que lo que buscan es precisamente legalizar y sostener esa masacre, induciría a pensar que los funcionarios nacionales, legisladores y gobernadores que impulsan este debate viven en una realidad paralela.
Autor
