Mientras la política santafesina juega a “hacer historia” en la Convención Constituyente, el temblor económico y social se siente cada vez más fuerte. La dificultad que encuentran los referentes del gobierno nacional para pisar la calle avisan de una nueva fase en el ciclo de la crisis. Le agrega dramatismo a la espiral de conflictos laborales y salariales que recorren casi todas las ramas y territorios del país.
El Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec), que depende de las Bolsas de Santa Fe y Rosario, publicó el viernes su medición de actividad correspondiente a julio. El ICA ARG (Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica Argentina) mostró una caída mensual de 0,5%, la tercera consecutiva. Los economistas atribuyeron el retroceso a “la debilidad del consumo e inversión, que se vieron desfavorecidos por las fluctuaciones de las tasas de interés”.
El indicador arroja otros datos inquietantes. El primero es que “tras el amesetamiento de los meses previos, entró en trayectoria descendente, con caídas en junio y julio”. El segundo es que el freno se generaliza. “El índice de difusión de series coincidentes se mantiene por debajo del 50%, señal de que el deterioro alcanza a la mayoría de los sectores”.
El martes pasado estuvo en la seccional rosarina de La Bancaria el titular del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), Andrés Asiaín. El economista, uno de los más agudos observadores del actual proceso económico, analizó la “transición” por la que atraviesa el plan que ejecuta Luis Caputo.
Los ciclos de Caputo
“Esta gestión se puede dividir en etapas, la del fuerte ajuste y devaluación inicial, que generó una caída muy grande de la actividad y permitió equilibrar el sector externo”, recordó. Luego llegó la del “éxito parcial”, cuando se usó el dólar como ancla. La inflación descendió y hubo cierta recuperación de ingresos y actividad. Llegó hasta principios de año, cuando las presiones cambiarias desembocaron en el acuerdo con el Fondo Monetario y el sistema de bandas. “Frente a este cambio, el gobierno empezó a usar las paritarias del sector privado como ancla antiinflacionaria, con lo cual el consumo se estancó y, con ello, la actividad”, señaló.
El fallido desarme de las Lefi, que obligó a subir tasas y encajes bancarios, conectó la crisis real con la financiera. “Cortó el crédito al sector privado y terminó de boicotear el último motor que había de crecimiento en algunos sectores de consumo”, señaló el economista.
Cambio de escenario
Hacia adelante, Asiaín ve dos escenarios. En el primero, la volatilidad del dólar tiene bajo impacto en los precios y amplía los márgenes de la política económica a través de cierta mejora en la competitividad cambiaria. La hipótesis incluye un buen resultado electoral y una baja en el riesgo país que permita refinanciar los casi u$s 30 mil millones de vencimientos de deuda externa del año próximo. En el segundo, “el más probable”, la inflación y las presiones cambiarias persisten y el riesgo país no baja por el rojo en las cuentas externas. En ese marco, el gobierno se vería obligado a avanzar “una reestructuración amigable de la deuda, que significa aceptar todos los pedidos al acreedor, lo cual a su vez significa aumentarla”.
“El programa de Milei no tuvo grandes inversores desde que arrancó, por eso tuvo que apelar mucho al ajuste como forma de estabilizar el dólar, de hecho su gran mérito político fue ganar apoyo electoral para una política de ajuste como herramienta de estabilización”, describió.
Vas a correr
Ese apoyo viene siendo sometido a pruebas más exigentes desde principios de año, cuando, en simultáneo con el fin de la pax cambiaria, arrancaron los primeros escándalos y errores no forzados del gobierno. En paralelo, se fueron generalizando las crisis y conflictos relacionados con la paralización de empresas o disputas salariales. Y actores otrora amigables comenzaron a dar señales de malestar, desde algunas organizaciones del sector agropecuario hasta los gobernadores. La espiral de inestabilidad financiera sumó incluso a actores de la city a esta tensión.
La inquietud comenzó a ganarle al miedo que inspiraba el oficialismo y, en medio de un brusco frenazo de la actividad, el escándalo de las coimas en el área de discapacidad llevó esa relación a otra escala. En una semana, Rosario, Junín, Lomas de Zamora, Corrientes y Firmat le mostraron que la calle está dura y poco abierta a las provocaciones.
Por otra parte, para un espacio político que hizo de la intimidación pública una fuerza electoral, la victimización tampoco es un activo vendible. Las cotizaciones de referentes que hicieron campaña prometiendo correr, balear, sodomizar o enterrar a diferentes colectividades políticas y sociales, bajan cuando huyen en camión, en moto o en chancletas. El piso de tolerancia social que el gobierno alcanzó a perforar con la represión sistemática a los jubilados, pareció tocarse con el robo y la violencia contra los discapacitados.
El espectáculo de la crueldad comienza a perder “gracia”. La abogada mediática Florencia Arietto lo experimentó cuando, como representante de los dueños de la fábrica de cosechadoras Vassalli, viajó a Firmat para intimidar a los trabajadores y las trabajadoras de la firma que reclaman que les paguen los salarios, después de un atraso de dos meses. La incursión en clave porteña terminó con los pies en polvorosa.
“Los trabajadores y sus familias le hicieron saber cuál es la realidad, esta persona está equivocada, se piensa que está en Buenos Aires, nosotros tenemos toda una historia en Vassalli y queremos que siga abierta”, señaló Diego Romero, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Firmat, el viernes a la salida de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia, a la que no se presentó la empresa. La nueva jugada de la firma es trasladar la gestión del conflicto con sus 280 trabajadores a la Secretaría de Trabajo nacional, donde esperan una cancha más inclinada a su favor.
Un mapa de crisis
En esa instancia político administrativa transcurren otros conflictos que golpean al tejido provincial, como el de la láctea Verónica, cuyas audiencias se realizan por zoom mientras la empresa avanza con retiros “voluntarios”. El diputado Carlos Del Frade llamó la atención sobre la pasividad de la política santafesina sobre este panorama. “La empresa apuesta a la aprobación del preventivo de crisis que supone congelamiento salarial, despidos, suspensiones e impunidad sobre el manejo del dinero en los últimos tres años, siguen en vilo 700 familias santafesinas, les deben alrededor de 6 millones de pesos por cada trabajador”, dijo. También expresó su preocupación sobre el futuro de los 350 obreros de Algodonera Avellaneda, del grupo Vicentin, que vienen cobrando la quincena con problemas, mientras asisten a desvinculaciones por vía de despidos y retiros voluntarios.
En Villa Constitución, Acindar activó una vez más, en el marco del acuerdo firmado a principios de año con la UOM de Villa Constitución, el sistema de suspensiones en la planta del sur de Santa Fe para ajustar la producción a una demanda que no levanta. Esta vez el plan incluyó una parada de 72 horas en la acería y la inactividad durante una semana en el sector de laminados. Sumados a los 100 obreros que están suspendidos permanentemente por la paralización de un tren desde mayo, la situación involucra a casi 200 trabajadores.
El deterioro y conflictividad crecen lenta, repetitiva y progresivamente, convirtiéndose en parte del paisaje. Cristian Fiereder, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, reversionó el concepto de “fábricas oscuras” para referirse a la situación que enfrentan las pequeñas y medianas empresas del rubro. “En el mundo, el término significa innovación, robótica e inteligencia artificial, en Argentina, lamentablemente, es sinónimo de persianas bajas, fábricas paradas y empleos perdidos”.
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