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Sciara y la compra de vacunas por las provincias: “En pandemia lo electoral hace que queden a un lado los escrúpulos”

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud informó que para terminar con la pandemia hacen falta 11.000 millones de dosis de vacunas en todo el mundo y que, hasta el momento, se han provisto sólo 2.000 millones. El economista y político francés Jacques Attali, en el mismo sentido, declaró que la prioridad es vacunar a la totalidad de los habitantes del planeta. Estamos de acuerdo, pero para vacunar hay que disponer de vacunas y no guardarlas ¿Cuántas dosis se necesitarían en nuestro país?

Los cinco contratos que están en análisis de la Auditoría General de la Nación suman 50 millones de dosis (AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm) por un monto de 380 millones de dólares. Esos contratos están parcialmente cumplidos, en un 35%. Ahora bien, ¿son suficientes esas dosis para cumplir el programa de vacunación? ¿Y para después? ¿Habrá que mantener la inmunidad de rebaño con más dosis?

Sin embargo, en tiempos de pandemia del Covid-19, los procesos electorales hacen que queden a un lado los escrúpulos: estos no son tenidos en cuenta por los políticos y por algún otro sector que alienta la compra privada de vacunas. Las desigualdades entre las personas, y también entre las mismas provincias argentinas, son reveladas así en toda su crudeza por la pandemia. Los medios de comunicación han puesto en boga dos consignas electorales que lo ilustran: “gobernar es vacunar” y “una vacuna, un voto”.

La mayoría de los gobernadores de provincias argentinas, por no decir todos, lo pusieron en práctica. Lo que se armó, en verdad, es un galimatías en torno a las metas de vacunación y su cumplimiento, difícil de comprender para la sociedad.

Semanas atrás fue noticia la intención de algunas provincias de comprar vacunas: empezó Tierra del Fuego y le siguieron otras, como Jujuy, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en este caso funcionarios porteños viajaron a Estados Unidos con tal propósito), Buenos Aires y Santa Fe ¿Quién no anunciaría eso en un año electoral? Todos hacen política. El oficialismo y las oposiciones. Unos a favor, los otros en disconformidad, todos siguieron la consigna estratégica. De un lado se acusa a funcionarios nacionales de impedir a las provincias el acceso a la compra de vacunas. Deel otro, se responde que siempre fue posible ese tipo de transacciones, que no estuvieron ni están prohibidas y que todas las provincias pueden comprarlas, que los gobernadores siempre estuvieron autorizados, etcétera.

Es decir, el gobierno central no oponía reparos a un imposible. Y esto tiene sentido político: aunque eso estaba permitido por la incorporación de un artículo en la ley nacional de compra de vacunas 27573/20, no se reparó en el comportamiento que iban a tener los vendedores: los laboratorios respondieron que “aún no habían podido cumplir con los compromisos con los Estados nacionales” y, entonces, no podían firmar contratos con los “Estados subnacionales”, según explicó en su momento el ministro de Salud de CABA, Fernán Quirós.

Al mismo tiempo, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al ruedo diciendo que había comenzado tratativas con cinco laboratorios productores y que, de conseguir las vacunas, siendo “generosos y solidarios”, las entregaría al gobierno nacional para su correcta distribución. En ese contexto, Kicillof firmó un acuerdo con un laboratorio indio, Bharat BioNTech, por 15 millones de dosis de Covaxin, para distribuir luego entre todas las provincias argentinas: serán ofrecidas al gobierno nacional para su distribución en el marco de su campaña de vacunación.

“Si conseguimos vacunas —dijo Kicillof—, no vamos a destinarlas a vacunar primero en la provincia (de Buenos Aires). De esta nos salvamos todos juntos. Firmamos un convenio que esperamos que sirva para toda la Argentina”. Pero aclaró: “es un contrato de aprovisionamiento de vacunas, pero condicionado a determinadas cuestiones que deben cumplirse: la aprobación de la Anmat, la eliminación de restricciones a la exportación de parte de la India, la disponibilidad de dosis del laboratorio y de que aquí lo requiera la campaña de vacunación planificada a nivel nacional”.

En tanto, su ministro de Salud, Daniel Gollán, aclaró que, si aparecían inconvenientes, el contrato podría transferirse al gobierno nacional. No se entiende. Suena extraño ¿Qué se logra con todo esto? ¿mejoras en calidad? ¿en cantidad? ¿en gasto? Nada de eso. Sólo aplicar la consigna: “una vacuna, un voto”, aunque la vacuna sea hipotética. Más aún, el gobierno nacional ha dicho, reiteradas veces, que descontará de las cuotas correspondientes a cada provincia la cantidad de vacunas que éstas compren por su cuenta.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Santa Fe. Omar Perotti, no se podía quedar atrás y en un programa radial, a fines de mayo, anunció el inicio de gestiones para la compra de vacunas. Es una decisión política tomada, indicó; “los recursos están”, agregó, en una manifestación de riqueza que estuvo de más. Así, dio paso al anuncio de un convenio para la compra de un millón de dosis de la vacuna Convidecia del laboratorio Cansino Biologics y a su reiterativa propaganda por los medios.

Omar Perotti prosiguió: “Este convenio será complementario del proceso que viene llevando adelante la Nación. Entre todos, estamos buscando más vacunas”. Y añadió: “En medio de la complejidad actual y la escasez de dosis, tenemos acuerdos para la provisión de vacunas con Bharat Biotech International (vacuna Covaxin), con Johnson & Johnson (vacuna Janssen) y con el Laboratorio G42 de Emiratos Árabes (vacuna Sinopharm)”. Le faltó decir que también con Pfizer y estaría completa la nómina para competir con las negociaciones del gobierno central. Un despropósito económico.

Sin embargo, su ministra de Salud, Sonia Martorano, aclaró que, si el gobierno central descuenta de sus envíos a las provincias la cantidad adquirida por éstas, entonces el cálculo es otro, ya no hay suma de dosis: “Suponte que llegaran un millón de vacunas (compradas por Santa Fe), entonces Nación no nos daría el próximo millón de vacunas (compradas por el gobierno nacional).Como consideran que ya tenés esa cantidad, te van restando en lo que te tienen que dar”. Y aventuró: “Supongo tiene que ver con un principio de equidad de quién pueda o no pueda comprar”. ¡Acertado! Pero la estrategia política de “una vacuna, un voto” y “gobernar es vacunar” sigue incólume.

Cómo se compra

Hay otros temas, no menores, en relación con la hipotética compra de vacunas por parte de las provincias. Al estar en juego la salud de la población, ¿se exime la compra por licitación pública?, ¿cuál es el mecanismo adoptado?, ¿cuál es el precio de cada dosis? Todo eso está dentro de las confidencialidades contractuales. En el caso de Santa Fe, suponiendo que se compren al precio medio estimado por la AGN, el monto total ascendería a 7.780.000 de dólares o aproximadamente 800.000.000 de pesos. ¿En qué moneda se paga? ¿En dólares que hay que comprarle al Banco Central? No olvidar que los recursos de que se hace gala están, en pesos, depositados en el banco (70.000 millones). ¿Se paga en pesos a un proveedor nacional? Puede ser, ya que hay un intermediario: el laboratorio argentino Cassará. Al igual que lo hubo, y fue clave, en la compra de la vacuna Sputnik V a la Federación Rusa: el cineasta Fernando Sulichin, según informó el portal Infobae el 22 de junio pasado.

Mientras las provincias salen al mercado a buscar vacunas, sin agregar nada salvo relato de buenas intenciones, el gobierno nacional sigue negociando, tarde y lentamente, con todos los laboratorios. Al fin, el gobierno nacional modificó por un Decreto de Necesidad y Urgencia la ley 27573/2, con lo que se destrabaría la compra de vacunas Pfizer, Moderna, y Jonhson y Johnson/Jansen. También de ese modo se liberarían las trabas para acceder totalmente a la iniciativa del Fondo Covax y el país recibiría otros 14 millones de dosis, al tiempo que se abriría la aceptación de donaciones, por ejemplo, de Estados Unidos.

Pero la ineficiente descentralización de las compras condimenta el desconcierto en el país y, al romper con el poder negociador de las adquisiciones masivas, se favorece a la industria farmacéutica y a sus intermediarios, que están de parabienes. Veamos: entre marzo del 2020 y marzo del 2021, el precio de las acciones de Pfizer aumentó 3,87%, de AstraZeneca el 8,39%, de Moderna 338,25%; de Johnson y Johnson 17, 38% y las de Cansino Biologics 253,79%. Esta industria farmacéutica concentrada geográfica (localización de las casas matrices) y comercialmente (participación en la facturación), que produce el 1,3% del PBI mundial, tiene el poder económico para garantizar negocios y ganancias para pocos, dados los nuevos emprendimientos, vía la vacuna contra el coronavirus.

Las vacunas han sido, según puede inferirse, un vehículo diplomático y de articulación geopolítica. Quizá en ello se basó la decisión de Sputnik V sí y Pfizer no, en nuestro país, con la nunca explicada palabra “negligencia” en una ley. No lo sabemos. Sí sabemos que la diplomacia de las vacunas ha permitido que China y Rusia hayan penetrado en gran parte del mundo y en particular en América latina; también se reconoce que Europa podría haber tenido más participación en la distribución de vacunas per se o a través del proyecto Covax. Las vacunas contra el coronavirus traen conflictos geopolíticos: España y Francia impiden el ingreso de los vacunados con la Sputnik V, esperando el visto bueno de la Comunidad Europea y de la OMS; Europa no autoriza la versión india de la vacuna de AstraZeneca, etcétera.

Hay países a los que les sobran vacunas. Otra vez el centro y la periferia, países ricos y países pobres. Las desigualdades sociales tienen su correlato en las desigualdades espaciales. Y lo mismo ocurre a nivel país. Por ello es relevante la experiencia de otros espacios geográficos donde se centralizaron las compras para garantizar la equidad entre los países involucrados. Es el caso de la compra conjunta de vacunas por parte de los 27 países de la Unión Europea. De haber ido separados, algunos países habrían sacado ventajas sobre otros y para estos últimos hubiese sido desastroso.

En nuestro país, en cambio, se acepta la compra por las provincias, otros sectores piden que las puedan comprar los privados y no restañamos los errores de no hacer cumplir fielmente los contratos y los acuerdos de participación en la producción de vacunas (caso AstraZeneca). Pareciera que la inequidad entre provincias y entre ciudadanos no es una cuestión a tener en cuenta. Comprar más caro en situación de escasez de divisas no es un tema menor, pero legitimar que las provincias con recursos puedan comprar vacunas, y otras no, agravaría las desigualdades territoriales, que no deben existir en un país federal.

Es cierto, como se suele decir, que no hay peor diligencia que la que no se hace, pero también hay otro aforismo que indica que no hay que gastar pólvora en chimangos. Los anuncios no son más que golpes de efecto publicitario. Cortoplacistas, electorales. Lo esencial, lo estructural, lo político, está ausente. La información del gobierno ha sido confusa y falaz, y la de la oposición absurda y malintencionada. Haciendo política mintiendo, la Argentina no tiene futuro.

¿No se entiende? Sí se entiende. Es la política, amigo. Pero no es la buena política para salir del atolladero, sino la mala política que deberíamos desterrar. Pensar en la normalidad que vendrá es pensar en una vida que tendrá que ser distinta a la que nos condujo a esta pandemia y a las estrategias para su final.


(*) El autor de la nota es economista, ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe.

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