El objetivo es investigar y alcanzar los estratos más altos de las estructuras criminales para “superar la selectividad propia del derecho penal” que en la persecución del narcomenudeo descarga el peso de la ley sobre los niveles más bajos. Los esfuerzos están dirigidos en cambio hacia “las cúpulas de las organizaciones y los actores ocultos en las redes narcocriminales, en particular financistas y organizadores”. Estos objetivos de la Procuraduría de Narcrocriminalidad (Procunar) se ponen a prueba alrededor de los cargamentos de cocaína detectados en campos de la provincia de Santa Fe.
“No tenemos la segunda parte, todavía”, dice un investigador a propósito de la ruta que iban a seguir los 442 kilos de cocaína secuestrados el 5 de mayo en un campo de La Sarnosa, un paraje del departamento Vera, y los 321 kilos de cocaína secuestrados en otro establecimiento de Villa Eloísa, departamento Iriondo. Pero hay pistas: la ciudad de Zárate, en el primer caso, y Rosario, en el segundo.
Los hermanos Santiago Emmanuel y Juan Cruz Borras, vinculados a la cocaína secuestrada de Villa Eloísa, los imputados por el cargamento descubierto en Vera y la red de Brian Walter Bilbao, desarmada en noviembre pasado, constituyeron tres grupos independientes entre sí. “Eran pequeños emprendedores”, ironiza un investigador, y “se dedicaban al mismo rubro en Santa Fe: servicios de logística en narcotráfico”. También compartían un proveedor: el ciudadano boliviano José Pedro Rojas Velasco, alias Pepa.
La “logística” del negocio consiste en recibir cargamentos de cocaína y trasladarlos a un punto de despacho hacia el exterior o de redistribución para el mercado interno. También requiere servicios añadidos: propietarios o arrendatarios de campos donde aterrizan las avionetas con la cocaína y transportistas que llevan la droga a la posta siguiente. Si “la segunda parte” todavía no está despejada en los casos actuales, la previa a las operaciones parece más clara mediante el intercambio de información con el Estado de Bolivia: según fuentes de la Procunar, Rojas Velasco era uno de los cinco proveedores de cocaína vinculados con redes logísticas de Santa Fe.
El número 1
La Procunar cuenta además con la información proporcionada por un “imputado colaborador”. Esta fuente de primera mano sobre el narcotráfico describió a Rojas Velasco como “el número uno en la distribución y organización” de los envíos de cocaína a Santa Fe. “Pepa”, asesinado el 26 de abril en Santa Cruz de la Sierra, controlaba todos los pasos de la transacción: fecha y modalidad de la entrega, encargados del traslado aéreo y receptores de la droga, y él mismo se puso al mando de avionetas “por lo menos entre siete y diez oportunidades”.
El 16 de septiembre de 2025 la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos reportó a la Policía Federal que un teléfono de Rojas Velasco registraba llamadas salientes hacia un número telefónico con prefijo 3498, correspondiente a localidades del centro de Santa Fe. Esta línea estaba a nombre de Alexis Espinosa, de 32 años, un insospechable empleado de una estancia de Bombal. Las conversaciones se extendieron hasta principios de abril y quedaron cerradas poco antes del crimen del proveedor.
Rojas Velasco estaba por correr un rally, una de sus aficiones, cuando un encapuchado lo ametralló sin decir palabra. Fue el 26 de abril. La policía boliviana atribuyó el crimen a una banda rival o al reacomodamiento de la misma red después de la captura del uruguayo Sebastián Marset, detenido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra y extraditado ipso facto a los EEUU. Lo cierto es que el lugar del número 1 quedó vacante.
Pero la muerte de “Pepa” no suspendió el envío programado: la avioneta despegó desde un punto no revelado de Bolivia hacia el norte de Santa Fe a primera hora del 5 de mayo y pasadas las 9 llegó a su punto de destino, el Establecimiento Don Julio. Nadie parece irreemplazable en el negocio narco.
Las comunicaciones intervenidas entre Espinosa y Jorge Díaz, otro de los imputados, fueron expuestas por el fiscal Matías Scilabra en audiencia. Ambos se preocuparon concienzudamente por los diversos detalles de la operación, desde el estado de los caminos rurales, el acondicionamiento de una pista y el almacenamiento de combustible para el vuelo de regreso. Al crimen de Rojas Velasco se sumó una lluvia como contratiempo y otro hecho que los puso nerviosos: el alquiler del campo a nuevos arrendatarios.
De las conversaciones entre Espinosa y Díaz se desprenden otras inferencias. La principal, que el líder de la organización local, al que llamaban “el patrón” y “el Gordo”, no está detenido. El mal tiempo en la zona demoró casi diez días el transporte, lo que impacientó al “patrón” según las comunicaciones.
Los organizadores también habían previsto el traslado del cargamento en dos camionetas y dos camiones. En ese plano se explicaría la participación de Francis Santiago Ramírez, de 40 años, también imputado, un camionero de Garupá, provincia de Misiones, que terminó de cumplir una condena por narcotráfico en agosto de 2025. Faltaría ubicar los sitios destinados a depósito —entre ellos el galpón que “el Gordo” tiene “dentro del monte”, según las conversaciones— y la ruta de la droga, probablemente en la ciudad de Zárate, donde Espinosa viajaba con frecuencia “sin tener nada que hacer en el lugar”, según el investigador.
El campo del narcotráfico
Eduardo Delpiano aseguró que no tenía ninguna relación con los cargamentos de cocaína destinados a sus propiedades en el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, encargados por Bilbao. Pero los testimonios se sumaron en su contra: en el WhatsApp de los pilotos que se precipitaron con una avioneta en Estación Díaz, referencias a coordenadas exactas de “punto de recogida” y “lugar que está tranquilo” que coinciden con campos de su propiedad; la declaración del imputado colaborador, quien detalló una tarifa por cada aterrizaje; su mención en conversaciones telefónicas de Carlos Equioiz y Pablo Aranda, vinculados con Bilbao.
Jorge Fernando Senn, de 39 años, y su padre Mario Senn, de 79, son los arrendadores del establecimiento Don Julio, en Vera, y juran a su turno no tener ningún vínculo con el envío de la cocaína. “Pero estaban en el campo cuando llegó la avioneta, quisieron escapar cuando se presentó la Policía Federal y hasta ahora no tienen una explicación”, apunta el investigador.
El campo de Villa Eloísa donde los hermanos Borras esperaban su pedido de cocaína presenta un rectángulo despejado con todo el aspecto de una pista y allí aterrizó el Cessna 210 tripulado por dos pilotos bolivianos. Pero hasta el momento no hay pruebas que involucren al propietario como colaborador de la logística narco. Hay más líneas abiertas en la investigación: otras personas implicadas en la operación, como Agustín Subiela, también detenido e imputado como parte de la logística; el empleo de los hermanos Borras en la empresa Servicios Portuarios; la supuesta vinculación de los Borras con Alejandro Zamudio, lo que reenvía a la barra brava de Rosario Central y la banda Los Menores.
La investigación sobre los Borras y otras personas vinculadas a sus actividades comenzó el 11 de noviembre de 2025, cuando un vecino de Arequito encontró una avioneta Cessna accidentada en su campo, sin ocupantes y con 62 kilos de cocaína. Horas después Brian Walter Bilbao fue detenido con 956 kilos de cocaína en un peaje del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Los planetas se alinearon ese día contra el narcotráfico, además porque en la avioneta los investigadores encontraron un teléfono celular que había olvidado el piloto y con él se abrió una trama desconocida.
Las investigaciones en curso tocan un punto sensible en la estrategia de la Procunar: el ascenso en la cadena de responsabilidad, de manera que no se corte con los eslabones visibles. Ese objetivo se logró en particular con la avioneta que cayó a tierra en zona de Holt Ibicuy, Entre Ríos, el 22 de enero de 2025.
La investigación de la Fiscalía Federal y la Procunar estableció entonces que la avioneta tripulada por el brasileño Leonardo Monte Monte Alto Gusmao y Jade Callaú Barriga —sobrina política de Javier Adalid Granier Ruiz, ayer importante proveedor de cocaína desde Bolivia, hoy preso en la cárcel federal de Ezeiza— comenzó su viaje en Santa Ana, departamento del Beni, en Bolivia; cargó los 358 kilos de cocaína secuestrados en un punto de la frontera de Bolivia con Paraguay e ingresó a la Argentina con destino final en el partido bonaerense de Luján. Uno de los detenidos en esta causa fue requerido por la Justicia de España.
Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2025 fueron incautadas 13,5 toneladas de cocaína en Argentina, lo que representa un aumento del 14 % respecto del año anterior y un récord. Las cifras incluyen tanto clorhidrato de cocaína como base de cocaína. Pero la producción aumenta al mismo ritmo que los secuestros y derrama sobre la Argentina, declaró esta semana el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier. Si ese volumen podría buscar otra ruta de salida, si hay otros “emprendedores” capaces de suministrar logística en Santa Fe, son más preguntas que quedan abiertas.
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