El proyecto del gobierno local de construir un parque acuático en una de las pocas áreas de acceso público gratuito al Paraná, en la costanera norte de la ciudad, destapó canales de opinión y de protesta ciudadana que escalaron tan rápido que en dos semanas ya existe una comisión (Comisión Rambla Pública) que congrega a unas treinta agrupaciones barriales, deportivas, culturales y socioambientales que se oponen al plan de la Intendencia. En paralelo, la escena política local activó al entender que había un conflicto absolutamente subestimado por el Ejecutivo, que encontró un lugar importante en las márgenes todavía vivas del concentradísimo sistema de medios de comunicación local y que comenzó a marcar la agenda de discusión no solo en los veredones rotos de la zona de la playa pública, sino también en las redes sociales y en los despachos céntricos de funcionarios y concejales.
Tan grande es la discusión que en pocos días a la vereda de la rambla, las redes sociales y los despachos formales se sumaron los escritorios judiciales, tras la presentación de una cautelar por parte de vecinos, así como de un amparo por parte de la Asociación de Kayakistas, pidiendo que el proyecto se suspenda. Ciudadanos, políticos y ahora la Justicia encontraron en esta pelea un espacio para discutir, en el fondo, cuestiones que hacen o deberían hacer a la vida en comunidad: ¿quién planifica las decisiones que le cambian la vida a los habitantes de Rosario? ¿Cómo se toman esas decisiones? Quienes deciden, ¿conocen los usos y costumbres barriales? Quienes deciden, ¿entienden el marco de la naturaleza de Rosario y el sentido de pertenencia que para muchos significa?
Sin consultas previas, sin conocimiento de los usos populares del lugar, ni ninguna sensibilidad por la integración que siempre existió entre el paisaje ribereño y muchos habitantes de esta ciudad, el parque acuático es —como dijo uno de los nadadores que participa de la Comisión— un elefante en un bazar. Algo que no encaja y que viene a romper el equilibrio previo, y que carece por completo de eso que se llama “licencia social”.
La gente
La Comisión Rambla Pública nació después de una asamblea abierta que se convocó a pocos metros del río, pocos días después de que se conociera de forma pública que la Municipalidad proyecta construir piletas y toboganes plásticos en un sector de la ribera norte rosarina que, para la gestión, está “abandonado”. La velocidad de la respuesta ciudadana, así como la propia composición de la Comisión —que abarca actores sociales tan heterogéneos como pescadores artesanales, kayakistas, nadadores de aguas frías, ambientalistas, vecinos, músicos, educadores, arquitectos y windsurfistas, entre muchos otros— ofrece una primera pista de porqué lo que a primera vista lucía como una intervención urbana más del gobierno local en una zona que precisa mejoras, se convirtió en objeto del mayor debate público del último tiempo en la ciudad: para todos estos actores sociales, el lugar no está “abandonado” más que por las gestiones municipales. En Alberdi y La Florida, una zona con mucha historia, la zona ribereña se usa desde hace más de un siglo para pescar, pasear, caminar, tomar mate, hacer deporte, buscar inspiración artística o simplemente conectar con el paisaje local del río marrón, los camalotes que flotan, los barcos que pasan y las islas del delta medio del Paraná. Un paisaje antiguo, por supuesto preexistente a cualquier intento de ciudad posterior, muy fuerte y arraigado que está en las antípodas de un parque acuático que se busca incrustar de forma inconsulta. Aparece un primer punto que ayuda a desentrañar por qué el conflicto no para de crecer: lejos de estar abandonada, la rambla norte de Rosario está apropiada por sus usos populares tradicionales: remite a personas que trabajan en torno al río, a quienes comparten momentos familiares y a quienes han tejido una historia propia con el paisaje natural de la ciudad, todos aspectos que —de manera alarmante— la gestión local parece ignorar o hasta despreciar de forma absoluta. Querer importar un complejo de toboganes plásticos en una porción de rambla donde todavía todos pueden ver el río sin pagar, sin instrucciones, sin horarios ni imposiciones de un tercero privado, no cierra: va contra lo histórico, va contra lo natural, va contra lo arraigado y va contra lo colectivo. La Comisión, entonces, defiende un bien colectivo genuino y con sentido (un lugar, un paisaje) frente a un proyecto que no encaja con nada de lo previo ni de lo local.
La política
La política partidaria entendió muy rápido que el conflicto no sólo es genuino y masivo, sino que además se fue volviendo difícil de defender por el gobierno local, más allá de los argumentos endebles de la necesidad de construir un nuevo atractivo turístico en una zona que es por excelencia la síntesis del mejor atractivo turístico de la ciudad: el río Paraná. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, todos los espacios opositores tomaron el tema, en todos los casos con posturas contrarias a la que defiende el intendente Pablo Javkin, para quien la obra se va a hacer ya que está atada al financiamiento millonario que llega desde Provincia (unos 8,5 millones de dólares). Para el concejal oficialista Fabricio Fiatti “la discusión es más amplia que el parque acuático. Más allá de la polémica desatada, se trata de un proyecto que va a revalorizar toda la costa norte y del cual el parque acuático es una parte, pero no es la única”, explicó, para agregar que el discutido parque “va a estar montado sobre un espacio que hoy ya es de cemento, compuesto por 46.000 adoquines”.
Desde Ciudad Futura armaron una dura crítica al proyecto, sobre tres ejes centrales: falta de participación ciudadana, el tipo de proyecto propuesto y la forma en que se llevó adelante la licitación: “una cosa así sucede cuando hay un intendente que se cree el dueño de la ciudad: una vez más, pasa por arriba del espacio público sin pasar por el Concejo Municipal. ¿Por qué no podemos activar mecanismos de participación ciudadana para que decidan directamente los rosarinos? Por eso nosotros desde Ciudad Futura proponemos la Consulta Popular”, dijo Julián Ferrero, de ese espacio político y presidente de la comisión de Ecología del Concejo, quien además señaló que el parque “no tiene nada que ver con la identidad del río y de la zona norte”. Desde ese espacio también marcaron “la irregularidad del proceso de licitación”, que fue “apurado, exigido y repleto de inconsistencias”.
En las antípodas ideológicas, el concejal libertario Juan Pedro Aleart —quien interpuso un reclamo administrativo formal solicitando la suspensión inmediata de la licitación— también fue lapidario: “estamos viendo un nivel de atropello institucional y falta de transparencia gravísimo. Antes de adjudicar la obra, antes de publicar los estudios ambientales y antes de que el Concejo pueda debatir seriamente el proyecto, el Ejecutivo ya empezó demoliciones, vallados y movimientos en el predio con recursos municipales”, dijo.
Fernanda Gigliani, del peronismo local, también salió duramente contra el intendente: “sólo alguien que no conoce la dinámica de la ciudad puede proponer proyectos como estos. Es un sector de la ciudad que tiene una función clave en los últimos 40 años, que ha recibido diferentes intervenciones a lo largo de ese tiempo, de distintas gestiones municipales. Debería preguntarse él, por qué ese sector nunca estuvo dentro de sus preocupaciones. Habla del abandono de la zona costera de La Florida y se olvida de que hace más de seis años que gobierna”.
La Justicia
Sin intervención de oficio, la arena judicial también aparece como un lugar en el cual se discute el plan de la Municipalidad, cuestionado bajo la forma de —hasta ahora— dos presentaciones distintas: una medida cautelar presentada por un grupo de vecinos, y un amparo motorizado por la Asociación de Kayakistas. La medida cautelar pide la “inmediata suspensión de las obras” argumentando falta de información pública, licitación dudosa, falta de estudios de impacto ambiental y ausencia de instancias de participación ciudadana. La presentación se basa en la Ley Provincial 10.000, conocida como de “intereses difusos” y pide que se suspendan las obras para así garantizar “la inmediata protección judicial del ambiente, del espacio público ribereño y del acceso colectivo al río Paraná”. A su vez, se retoman los artículos 33, 34 y 35 de la flamante Constitución santafesina: “el proyecto importa una afectación directa al derecho al ambiente consagrado en el artículo 33 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. También se verifica la vulneración del artículo 34 de la Constitución Provincial, que reconoce al agua como bien colectivo, y compromete el artículo 35 que consagra el derecho a la ciudad, fundado en el uso pleno y equitativo del espacio urbano”. Finalmente, la cautelar concluye: “la intervención proyectada sobre la costa del río Paraná implica una degradación del ecosistema costero, incompatible con los principios de prevención y no regresividad ambiental y supone la sustitución de un entorno natural por un modelo artificial intensivo de gran impacto”. Será interesante ver las repercusiones de estas argumentaciones, así como el accionar de los actores del poder judicial y de los propios actores políticos ante los argumentos de defensa del ambiente retomados. Será interesante ver la coherencia entre lo dicho y lo que se puede hacer, en base al nuevo texto constitucional con el que tantos y tantas representantes de los partidos oficialistas a nivel provincial y local se llenaron la boca en defensa del ambiente.
Miradas críticas, doble vara y contradicciones
La discusión abierta en torno al parque acuático se abre sobre varios planos, todos importantes, todos distintos. El ciudadano, el político partidario, el judicial y también el de la construcción de sentido. En este último plano pueden ubicarse las palabras del abogado ambientalista Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, que durante su exposición en el ciclo “Incertidumbres Urbanas” realizado hace pocos días en el Colegio de Arquitectos local habló del plan de Javkin como un ejemplo acabado de “extractivismo urbano”: esto es, la apropiación y deterioro de un espacio público natural —el río, su ribera, su horizonte, su paisaje— para un uso que será privatizado y se volverá exclusivo de quienes puedan pagarlo. “Los metros cuadrados son los commodities que venden las ciudades. El metro cuadrado se convierte en un bien de cambio y el ocio se privatiza” dijo Viale, para quien las piletas y toboganes desconectan totalmente con el entorno propio del lugar y van en contra de la tendencia global de pensar ciudades re-naturalizadas, donde el entorno es algo que debe ser respetado e integrado y no plastificado ni privatizado. Allí aparece otro concepto interesante que aplica muy ajustadamente a la idea del parque acuático: la espectacularización de la política. La editora, ensayista y crítica cultural Bárbara Pistoia, quien también estuvo en el Colegio de Arquitectos, lo sintetizó así: “Para qué se quiere hacer un parque acuático en un espacio público que ya funciona social y culturalmente? ¿Para qué imponer un entretenimiento con horario y valor de entrada donde se puede mejorar libre y gratuitamente lo que ya acontece social y culturalmente? Negocios, claro. Espectacularización de la obra pública, sin dudas. Pero también, de nuevo, controlar tu uso del espacio público porque es la forma de mediar tu relación con tu entorno, con tu barrio, y sobre todo, con tu vecino, con tus pares, con los que podés reconocer y abordar como social lo que estás cómodo resolviéndolo individualmente”. Finalmente, vale retomar el concepto de “política plástica” del periodista y escritor uruguayo Federico Leicht, de Montevideo (esa ciudad con la que Rosario ama compararse y tiene decenas de kilómetros de rambla pública gratuita), a la que define como una política “performática, inmediatista, carente de raíces simbólicas, generada por algoritmos, sin trascendencia conceptual”. Como inmortalizaron Les Luthiers: caramba, que coincidencia.
Intervención integral de la Costa Norte by Municipalidad de Rosario
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