Todos los martes iban a comer a la misma parrilla, en Moreno y Mendoza. Y compartían amigos de confianza. Fue natural que un día los contactos en común los presentaran y terminaran sentándose en la misma mesa. Así fue como se conocieron Marcelo Basilio Jaef y Jorge Luis Oneto.
La amistad entre el contador y el agente de bolsa concluyó con el escándalo de la mega estafa, como se conoce a la causa por fraudes inmobiliarios en la que terminaron involucrados. Fue en octubre de 2016, cuando estaban detenidos en una dependencia policial de Avenida de la Travesía y Oneto se enteró de la forma en que Jaef lo aludía en conversaciones con otros acusados: “La paloma ya está en el nido, puso la firma”.
Jaef pronunció al menos dos veces la frase, como quien paladea un triunfo. El agente de bolsa acababa de comprar un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia, cuyo título de propiedad era falso. Según comunicaciones interceptadas en la investigación, aquellas palabras fueron una especie de bálsamo para los nervios crecientes de Pablo Abdala, el gerente general del diario La Capital, también envuelto en la trama, y de Leandro David “Lelo” Pérez, empresario del rubro automotor con relaciones en el ambiente del delito trasnacional.
La compra, en realidad, se inscribió en una telaraña de deudas entre distintas personas. “Lelo” Pérez le debía 600 mil dólares a Oneto por la adquisición de un piso en la Torre Aqualina; Jaef, a su vez, tenía una deuda con Abdala y al mismo tiempo era acreedor por 300 mil dólares de Maximiliano González de Gaetano, el pretendido dirigente de un sindicato de fantasía y, en los papeles convenientemente arreglados, el dueño del campo.
“Lelo” tenía un convenio de pagos mensuales con Oneto por el piso en la Torre Aqualina. Pero no era puntual con las cuotas y un día hizo una oferta que el agente de bolsa y desarrollador inmobiliario no pudo rechazar: cancelar la deuda a cambio de un campo.
Había una particularidad. El campo era de Pérez pero al mismo tiempo no era de Pérez. No estaba a su nombre sino de Jaef y Abdala. Las versiones divergen: el ex dueño de Reina Automotores, la agencia donde trabajó Germán Tovo, cuyo asesinato se atribuye a Esteban Alvarado, no tenía respaldo económico formal para justificar la propiedad o quería ponerse a distancia de la estafa original o ambas cosas.
Oneto quedó desligado de la causa junto con Abdala en 2018, cuando ambos resarcieron a la dueña legítima del campo, Ana Josefina Luppi de Navarro, y fueron beneficiados por un principio de oportunidad, según las instrucciones que impartió el expeditivo fiscal general de Rosario, Patricio Serjal. Por entonces el agente de bolsa había cambiado de abogados: Héctor Superti, obligado a apartarse por el Partido Socialista según allegados a los protagonistas, fue reemplazado por Jorge Ilharrescondo y Oscar Romera.
Siete años después los caminos están bien separados. Oneto retomó su actividad y sostiene reclamos por daños y perjuicios contra los que lo embarcaron en lo que iba a ser un negocio redondo y terminó con una irrupción de la Gendarmería en su casa. Y Marcelo Jaef afronta un pedido de siete años de prisión y el pago de una multa millonaria, realizado el jueves pasado por el fiscal Sebastián Narvaja en su alegato final durante el juicio oral y público que transcurre en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
El derecho a la defensa
El ambiente se notaba espeso en la sala de audiencias durante el alegato de la fiscalía, que se extendió durante tres días en doble jornada ante el tribunal integrado por Nicolás Vico Gimena, Román Lanzón e Ismael Manfrin. Los cruces entre el fiscal, los defensores y los imputados que se quejan de una persecución injusta son constantes desde el inicio de la investigación y se reactivaron a partir del 27 de febrero, cuando comenzó el juicio.
“El derecho a la defensa no es el derecho a tener impunidad —dijo Narvaja, antes de pedir las condenas para los acusados—. Es el derecho a cuestionar por medios legales las evidencias presentadas por la acusación ante un tribunal imparcial. No hay un derecho a zafar del juicio ni a lograr que un juicio no se haga”.
La declaración apunta a un chat pesquisado durante la investigación y seguramente tendrá respuesta en los alegatos de los defensores esta semana. “Está respondiendo a algo que nadie dijo”, afirma el abogado Juan Lewis, defensor de los escribanos Luis Kurtzemann y Juan Aliau, para quien lo que en realidad está en disputa “es la regularidad de la investigación: se hicieron escuchas telefónicas a los defensores”.
Entre los testigos convocados por la fiscalía comparecieron Abdala y Oneto. El gerente de La Capital tuvo blancos en la memoria cuando Narvaja lo interrogó sobre su relación con Jaef. En cambio, Oneto se mostró dispuesto a contestar las preguntas y volvió a escuchar en la audiencia aquellas palabras que lo dejaron helado cuando cumplía preventiva: “la paloma está en el nido”. Y hasta esbozó un mea culpa: “la voracidad nos hizo ir hacia adelante”. Su pecado fue la ambición.
Narvaja retomó los términos de su alegato inicial y pidió 20 años de prisión para González de Gaetano, el gestor Juan Roberto Aymo y Eduardo Martín Torres, “el escribano del poder falopa” como lo llaman en las escuchas; 9 años de prisión y 12 años de inhabilitación para Aliau; 5 años y 6 meses de prisión y 10 de inhabilitación para Kurtzemann; 7 años de prisión y 12 de inhabilitación para el escribano José Gordó; 7 años para Jaef, también implicado en el caso Marelli, un intento de apoderamiento de una propiedad que se frustró casualmente porque el empleado de una escribanía notó que la firma del dueño era, de nuevo, falopa.
En una segunda fila, Ramona Rodríguez, Vanina Viglione, Sandra Moresco, Magalí De Gaetano, Omar Busellato y Andrés Alejandro Martin afrontan pedidos de entre 5 años y medio y 2 años de cárcel. El fiscal solicitó además la imposición de multas por el triple del valor del monto de operaciones de lavado, cuando es el caso.
El chofer Jonatan Javier Zárate, Nicolás Aymo y Juan Cruz González de Gaetano, “testaferros pobres” según el informe de la investigadora y especialista en delitos económicos Marina Marsili, acordaron procesos abreviados y no llegaron al juicio oral. “Lelo” Pérez también optó por esa salida, a cambio de tres años de cárcel, una multa superior a 200 millones de pesos y el decomiso de bienes por 360 mil dólares; fue una estrategia coherente con sus movimientos en torno al campo de Villa Amelia, donde tuvo una participación destacada sin aparecer en escena, sin “poner los dedos en todos lados” como se lamentó Jaef en una escucha.
Los principales delitos imputados son tentativa de estafa, falseamiento ideológico de instrumento público y lavado de activos agravado. Este será otro punto atacado en los alegatos. Los defensores afirman que la fiscalía se retrajo de un planteo que asociaba las estafas con circulación de dinero narco y coinciden en invocar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 10 de mayo de 2006 en la causa “Olivetto, José Luis y otro” por infracción al artículo 303 2 A que establece que el lavado de activos es un delito de competencia federal.
El juicio comprende los inmuebles de Pasco 1038, cuyos dueños vivían fuera del país (caso Downes); Córdoba y Rodó (caso Giménez); Larrea y Viamonte, donde Busellato cobraba un alquiler al ocupante (caso Coman); media hectárea en Monte Flores, Villa Amelia (caso Achaga); Presidente Roca y el río (caso Marelli); 9 de Julio y San Nicolás y propiedades en Funes, arrebatadas a un hombre de 88 años que padecía demencia senil (caso Bona) y cuatro lotes de campo en General Lagos y Arroyo Seco, cuya propietaria se mudó en 2011 a Italia (caso Lacava).
El más resonante es el caso Luppi, por el campo de 124 hectáreas en Villa Amelia que se convirtió en objeto de un pasamano frenético una vez que el escribano Torres, según la investigación, fraguó un poder a nombre de Aymo. En esa rueda, Aymo se lo vendió a González de Gaetano, que se lo vendió a Jaef, que se asoció con Abdala para vendérselo a Oneto, que se lo vendió a Juan Borghi, comprador de buena fe bajo control de la Inmobiliaria Gilli. Los escribanos Aliau y Kurtzemann quedaron implicados en ese movimiento.
Según la acusación esa cadena de operaciones era un espejismo y apuntaba a ocultar el origen ilegal de la propiedad. Oneto pactó valores acordes al precio de mercado del campo (1 millón 200 mil dólares) y como parte de pago entrega dos departamento en la Torre Aqualina (Alem y San Luis) y una oficina en el edificio Embajador (9 de Julio y Dorrego) cuya devolución todavía reclama, al tiempo que recibió (y después devolvió) un departamento en la Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de pago de Borghi, quien también pagó una seña de 30 mil dólares al abogado Jorge Robiolo.
El agente estaba al tanto de la maniobra según el alegato de la fiscalía, y compró el campo cuando ya lo tenía vendido en 1 millón 700 mil dólares. El escribano Kurtzemann se topó con el rechazo del Registro de la Propiedad para inscribir la escritura. Ana Luppi, la dueña, había presentado una denuncia el 13 de mayo de 2015 y no era una persona incapaz, con las facultades mentales alteradas o residente en el extranjero: “Es la mujer del camarista Navarro. Y todo el Poder Judicial la va a defender”, según el comentario del abogado Diego Bianchi, patrocinante de la propietaria, ante Oneto.
“Eso era lo que los preocupaba: la capacidad que tenía la legítima propietaria para disponer medidas judiciales”, resaltó Narvaja y recordó la frase “hago el fronting (la venta) y salimos adelante”, dicha por Oneto en una conversación con Jaef. “Todo el tiempo la consigna entre los involucrados es que no nos tenemos que pelear entre nosotros. Porque si se peleaban perdían la operación con Borghi”, agregó el fiscal.
En esa trama hay un deus ex machina: Leandro David Pérez. “Lelo” fue quien ofreció el campo a Oneto para cancelar su deuda y el único que obtuvo beneficios: terminó de pagar una propiedad y obtuvo un departamento y una oficina a cambio de un campo ajeno. Los dos siguen siendo vecinos en la Torre Aqualina, aunque tratan de no cruzarse. Según la descripción de los fiscales Narvaja y Valeria Haurigot en el juicio abreviado que aceptó Nicolás Aymo (hijo de Juan Roberto), “desde una posición no visible” Pérez “participa en las operatorias planeando la colocación, estratificación e integración de los activos ilícitos, al tiempo que obtiene réditos económicos que se encarga de disimular dentro del capital de las sociedades comerciales que conforma”.
Entre esas sociedades la investigación focalizó en Palabra Santa SRL, una empresa que Pérez constituyó el 4 de mayo de 2015 con el objeto declarado de comprar y vender ropa y autos usados.
Mr. Antipatía
Carlos Varela interviene en el juicio como defensor de Jaef. En su alegato inicial asoció un lenguaje coloquial, “para que se entienda”, y referencias de la filosofía y la literatura para sostener una causa que se ve difícil. Citó el “principio de suspensión de la incredulidad” de Coleridge para apelar a la consideración de los jueces y en otro tramo recordó el principio de la navaja de Ockham al criticar a Narvaja por no haber seguido lo que a su criterio era la explicación más simple del caso.
“Quizá las características de nuestro defendido no son las más simpáticas. El señor Jaef es una persona antipática”, dijo Varela, como quien concede un cargo en contra. La foto más difundida del contador, en la que posa en un auto descapotable, con un habano y la mirada desafiante, no es precisamente una imagen que lo favorezca, como tampoco el antecedente de haber violado la prisión domiciliaria en un barrio cerrado para dar un paseo en yate por el río. “Pero fue víctima, y un juicio no se puede resolver por simpatía o antipatía”, argumentó su abogado.
“Jaef tuvo que salir (del juicio) con Abdala. Si Abdala se fue, Jaef se tenía que ir”, agregó Varela, y en el final de su presentación cuestionó: “En el mundo penal todo lo que roza el dinero es antipático. Jaef es un self made man, una persona rica. Esa atribución que viene de ser un empresario exitoso se da de bruces con que él, para cancelar una deuda (de González de Gaetano), acepta un bien maculado. Tiene que estar mal de la cabeza. En ese caso no vendríamos en su defensa; pediríamos su inimputabilidad”.
El abogado Juan Lewis, quien sigue a Varela en los alegatos, también cuestiona los efectos del “principio de oportunidad” en el juicio. “Cuando se van Oneto y Abdala de la causa —dice— se van el que vende y el que compra el campo y solo queda el escribano. Es absurdo. El fiscal dice que Kurtzemann presta sus conocimientos jurídicos para armar la maniobra. En realidad lo llamaban como escribano, no participó en ninguna reunión. Y no se demostró que hubiera lavado de activos”.
La acusación contra Kurtzemann cayó como una bomba en el mundo de los escribanos rosarinos. “No solamente no se probaron muchas conjeturas sino que son disparatadas. Los investigadores demostraron un absoluto desconocimiento de lo que es un estudio de títulos y de cuáles son las obligaciones de un escribano. Kurtzemann actuó conforme a lo que tiene que hacer cualquier escribano, sin conocimiento de que había una maniobra estafatoria”, afirma Lewis, quien considera “desvaríos de la investigación” la imputación por lavado de activos.
El pato de la boda
Narvaja describió un desarrollo histórico de las estafas: “Se empieza con maniobras rudimentarias, sin escribanos. Al sumarse Torres comienza el desapoderamiento de bienes e inmuebles, en principio de poco valor. González de Gaetano aporta a continuación a los escribanos Aliau y Gordó. Si fuera un negocio lícito, su ingreso coincide con una expansión desde un microemprendimiento a una pyme con una visión ambiciosa. Perez aporta el vínculo con Jaef y Oneto”. Aymo se presentaba como corredor inmobiliario pero no lo era y, según la acusación, actuó como pivot entre los “testaferros pobres” y el siguiente eslabón.
El escribano Torres y el gestor Aymo parecen menos visibles ante la tragicomedia de enredos por el campo de Villa Amelia pero tienen asistencia perfecta en las estafas: están acusados en los ocho casos que presentó la fiscalía. En los corrillos del juicio se comenta que otros escribanos y otros gestores no fueron imputados pese a que les corresponderían las generales de la ley. También tenían contactos en el Registro de la Propiedad, donde una empleada fue desplazada después de comprobarse que recibía comisiones en efectivo y otra porque tuvo cuidadosamente paralizada una investigación interna.
La lupa de la investigación se posó en los patrimonios de los involucrados. Oneto tenía un patrimonio significativo, pero escasa liquidez. Abdala, ingresos elevados pero también un nivel de gastos que lo mantenía en rojo. González de Gaetano una casa en Pueblo Esther edificada en un lote de una hectárea; otra donde vivía su ex pareja; las oficinas de San Lorenzo 1067; dos departamentos, uno vecino a la Torre Aqualina y dos cocheras que pagó en efectivo. “Pero no surge ninguna actividad lícita. Algo que no hace nunca es reunirse con monteros o irse al monte”, dijo al respecto Narvaja.
El fiscal fue enfático al describir “el dolo” del escribano Kurtzemann en el caso del campo y su confianza en burlar los controles del Estado: “Sabe todo el tiempo lo que está pasando. Sabe que la documentación no es lo que dice ser. Sabe que mantiene oculto a Leandro Pérez. Interviene en lo que perfecciona la operación: la venta de Oneto a Borghi por opción irrevocable de compra”.
El proyecto era lotear el campo para desarrollar un polígono industrial. Había una ganancia estimada en 20 millones de dólares. Narvaja puso énfasis en el “daño potencial” que tenían esos planes y recordó cuestionamientos en los desarrollos de Funes City, Funes Town, Logaritmo y un barrio de Villa Constitución. “En estos casos el pato de la boda lo paga el Estado con fondos públicos. El Estado tiene que salir a hacer las obras que no se hicieron y garantizar los servicios que no se garantizaron”, dijo.
Una verdad irrefutable
El miércoles, a pocos pasos de la sala donde Narvaja desarrollaba su alegato, los fiscales Haurigot y Franco Carbone imputaron a Francisco Ezequiel Riquelme, preso en Ezeiza, y otras personas por crímenes y tiroteos contra escuelas. Dos mundos desconectados solo en apariencia, porque los nombres que sobrevolaban una audiencia también se escucharon en la otra.
Aymo estaba en relaciones con Los Monos. No sólo porque vendió el Bora utilizado en el crimen de Diego Demarre —el primer “ajusticiado” en la venganza por el asesinado de Claudio Cantero— y tampoco sólo porque se acreditaron 19 operaciones de venta a Andrés “el Gitano” Fernández, condenado por ese homicidio sino porque visitó a Ariel “Guille” Cantero en la cárcel de Piñero. Y en conversaciones telefónicas se refiere al líder de la banda criminal con respeto y familiaridad: es “el Uno”, “Guille”.
González de Gaetano se presentaba como secretario general de Suma, el Sindicato de Monteros, y presidente de Amasma, una obra social no menos ficticia pero útil para disponer de chequera y cuenta corriente. En sus conversaciones llama “enjuagues” a los negocios que realiza en distintos ámbitos, y en un caso lo salpica la sangre: en los papeles Amasma tenía su sede en San Lorenzo 1067, la misma dirección de Luzmen y Yazmin, la empresas-pantalla del empresario narco Luis Medina, asesinado en una emboscada en 2013.
Las relaciones de González de Gaetano también incluyeron a Yamil Azum, “un vínculo importante en el crimen organizado”, según Narvaja. Y las de Leandro Pérez a Ariel Gustavo Spadoni, el empresario condenado por intentar un contrabando de cocaína hacia Portugal.
González de Gaetano guardaba papeles viejos. En el allanamiento a su casa se encontraron contratos en negro de jugadores de Central y Newell´s, ya vencidos, 13 páginas de fotocopias de cheques firmados por Eduardo J. López —el ex presidente de Newell´s— y otras 38 páginas de fotocopias de cheques del Bingo Montpanarsse, ese monumento al juego que estaba erigido en pleno centro de Rosario. Otros movimientos que llamaron la atención fueron las periódicas sumas en dólares que retiraba de la Mutual 18 de Julio, allanada en mayo por la Policía Federal y considerada una cueva de operaciones ilegales.
Entre tantos papeles “que dicen lo que no era”, Narvaja rescató una certeza irrefutable en la declaración de convivencia de González de Gaetano con su ex mujer. “Era falso que convivían —aclaró—. Pero cuando tiene que informar su profesión, González de Gaetano se presenta como desocupado. Es probablemente el único documento donde dice una verdad”.
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